Postura de MUCD sobre la falta de información relacionada con los fallecimientos vinculados al crimen organizado en 2011

México, D.F., a 9 de enero de 2011

La transparencia y el acceso a la información son atributos de una sociedad democrática madura. Por ello la rendición de cuentas de las acciones de gobierno generan confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. En nuestro país el derecho al acceso a la información constituye una garantía individual de acuerdo al artículo sexto constitucional, el cual establece que el “derecho a la información será garantizado por el Estado”.

A pesar de esta disposición constitucional, nos encontramos ante una situación de falta de información por parte de la autoridad federal sobre el número de fallecimientos ocurridos por “presunta rivalidad delincuencial” ocurridos durante 2011.

En 2009 se conformó un grupo[1] responsable de generar un registro sistematizado y confiable de los homicidios generados por la violencia ocurrida en el contexto de la rivalidad entre las organizaciones criminales. Como resultado de su conformación, este grupo de trabajo estableció el indicador de “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, integrando tres bases de datos: una en la que se registran las ejecuciones, otra de enfrentamientos (contra la autoridad y entre delincuentes) y la tercera de agresiones hacia la autoridad.

La base de datos mencionada se encuentra disponible en la página web de la Presidencia de la Republica con información de diciembre de 2006 a diciembre de 2010. Sin embargo, durante todo 2011 esta base de datos no fue actualizada ni puesta a disposición para su consulta como en años anteriores. Incluso, ante solicitudes de acceso a información pública específicas de ciudadanos (vgr. Folio 0001700114211_092), tramitadas ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer las cifras mencionadas, se recurrió a señalamientos engañosos como el dirigir al peticionario al link de la base de datos de homicidios a sabiendas que la información es inexistente; también se han dado largas con la excusa de una “minuciosa y exhaustiva busqueda de información”, e inclusive se optó por la reserva de datos, aún y cuando es información de carácter estadístico y con fines analíticos, tal y como lo documenta la metodología elaborada al efecto, misma que está disponible en el portal electrónico de la Presidencia de la República.

Otra respuesta que se dio en este caso lo constituye el comunicado emitido por la General de la República (PGR), argumentando que se está esperando la validación de cifras por parte de las procuradurías de justicia de las entidades federativas para darlas a conocer. Sin embargo, tradicionalmente esta circunstancia no había sido un obstáculo para dar a conocer la información. Por ejemplo, en el sitio oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se publican constantemente los datos de la incidencia delictiva del Fuero Común compuesta por los delitos denunciados en las averiguaciones previas iniciadas – en el caso de 2011 las 32 entidades se encuentran al corriente para los meses de enero a octubre y el último corte informativo se realizó el 4 de enero de 2012. Así las cosas, resulta incongruente la respuesta de la PGR puesto que la información está disponible y se hace pública por otra dependencia de gobierno.

Además, haciendo un análisis de la información contenida en la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial y los homicidios dolosos denunciados en el país, se muestra que hay una gran similitud, tal y como lo expresa la gráfica inferior. Con esto se puede inferir que se cuenta con la información, pero no existe voluntad de la Presidencia de la República para hacerla pública.

En adición a la falta de información, se encontró que en forma por demás extraña la propia base de datos disponible en el portal de Presidencia arroja diferencias significativas entre la sumatoria parcial de las muertes registradas por agresiones, enfrentamientos y ejecuciones, respecto al total de fallecimientos que, por ejemplo, en 2010 superó los 1,000 casos de discrepancia con las cifras parciales.

Con estos antecedentes, MUCD refrenda su exigencia a las autoridades para que transparenten su información, lo hagan oportunamente, y siempre con precisión y veracidad. Dichos datos son necesarios para que la sociedad pueda actuar oportunamente al revisar la actuación de las autoridades, para retroalimentarlas respecto a la eficiencia de los programas de seguridad pública, y sobre todo para ser partícipes reales en la conformación de las políticas públicas que permitan que los resultados sean los que la población en general merece y que a esta fecha no se han logrado.

Nota: En 2011 la cifra es preliminar y hasta noviembre.

Para mayor información, favor de contactar a Rosa Elena Luna: rluna@gcya.net, tel. 52460100 ext. 359 o a Daniel Soto: dsoto@gcya.net, tel. 52460100 ext. 249.