Desde su creación en 2012, nuestro programa ha conquistado importantísimos logros, entre los que destaca: el histórico fallo de la SCJN que declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana y autorizó a 4 personas a producirla y consumirla sin recurrir al mercado negro…

Objetivos y Logros

El Programa de Política de Drogas de MUCD tiene como objetivo terminar la guerra contra las drogas y lograr que las nuevas políticas post-prohibición se basen en evidencia científica e integren las perspectivas de salud pública, derechos humanos, género, reducción del daño y desarrollo sostenible.

Para lograrlo, nuestro programa ha dedicado los últimos 5 años a establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones de la sociedad civil, universidades, gobiernos y organismos internacionales que nos han permitido incidir efectivamente en los procesos de toma de decisión y consolidarnos como un actor clave de la reforma, tanto a nivel nacional como internacional.

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Asimismo, y gracias a la producción de publicaciones especializadas, hemos podido influir positivamente en el debate público sobre drogas tanto en México como en América Latina, documentando tanto los costos de la prohibición como los beneficios de la regulación legal y los impactos de las políticas alternativas allí donde se han implementado.

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Desde su creación en 2012, nuestro programa ha conquistado importantísimos logros, entre los que destacan: el histórico fallo de la SCJN que declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana y autorizó a 4 personas a producirla y consumirla sin recurrir al mercado negro; la realización de un debate nacional con procesos de consulta y participación directa sobre las alternativas regulatorias para la marihuana; y la aprobación de la Ley de Cannabis medicinal que autoriza la investigación científica y la creación de una industria nacional.

De estos logros, se desprenden otras conquistas más amplias como la multiplicación de sentencias que reconocen y utilizan las tesis establecidas por el Ministro Arturo Zaldívar en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley General de Salud (que reconoce el uso personal del cannabis como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad), o por el Juez Tercero de Distrito de la Ciudad de México en materia administrativa en el Caso de Graciela Elizalde (que no sólo reconoce las propiedades terapéuticas de la marihuana sino la capacidad de los pacientes para elegir el tratamiento que más les convenga)

Nuestra postura frente a las drogas

  1. La política prohibicionista ha fracasado en sus propios términos. No ha eliminado o reducido significativamente ni el consumo ni la producción de drogas ilegales. Por el contrario, ha aumentado su disponibilidad y se han reducido los precios.

Los precios de las drogas ilícitas han seguido una tendencia histórica a la baja, de acuerdo con estimaciones realizadas por la DEA y otras agencias de interdicción. La baja de precios en drogas como la cocaína o las metanfetaminas se explica, tanto por los cambios organizacionales implementados por los traficantes para aumentar su eficiencia (como el mejoramiento de los procesos de manufactura y transporte hacia y en los mercados de destino) como por factores económicos como la reducción de los márgenes entre costos (de tráfico) y precios finales (al consumidor). Asimismo, ésta puede atribuirse a cambios tecnológicos (como uso del dark web y los sistemas de envío remoto) y la ausencia de cargas tributarias.

  1. Según la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dicha política ha generado una serie de “consecuencias negativas no esperadas” entre las que destacan: la creación de un enorme mercado criminal, el desplazamiento de la producción y el tránsito hacia nuevas áreas (efecto globo), la desviación de recursos del área de la salud a la de aplicación de la ley, la inclinación hacia el uso de nuevas drogas (a menudo más dañinas y peligrosas), y la estigmatización y marginalización de las personas que usan drogas.
  1. A nivel mundial, los costos de mantener el régimen actual no se han repartido equitativamente entre todos los países. México y América Latina, por ejemplo, han sufrido desproporcionadamente las consecuencias de la “guerra contra las drogas” pese a no ser países de alto consumo. Esto debido al daño individual y social que generan los esfuerzos de interdicción impuestos por otros países (como Estados Unidos) con el objetivo de que las drogas sean detenidas antes de llegar a los mercados de consumo.
  1. La regulación legal de los mercados de drogas es la mejor alternativa para revertir esta situación pues permitiría eliminar el mercado negro y gestionar más eficientemente el fenómeno mediante el establecimiento de controles regulatorios estrictos a la producción, el comercio y el consumo. Asimismo y asumiendo que la eliminación total de la oferta y la demanda de drogas no debe ser la prioridad de la política de drogas, la regulación permitiría establecer prioridades y objetivos realistas orientados a mejorar la salud, reducir la criminalidad, optimizar el gasto y garantizar los DDHH.
  1. En MUCD estamos convencidos que el camino de la represión y el castigo –que ilegaliza las drogas y persigue criminalmente a sus usuarios- no es el adecuado y por ello abogamos por una reforma integral que nos permita tener una política de drogas humana y eficaz.

Proyectos y actividades

“Foro Drogas: Un balance a un siglo de su prohibición”

En su corta existencia, el programa de política de drogas ha cosechado enormes triunfos. Lamentablemente, la renuencia con la que una y otra vez los poderes ejecutivo y legislativo abordaron el tema, retrasando o desdibujando acuerdos, nos llevó a tomar otro tipo de acciones y optamos por involucrar también al poder judicial. Es ahí donde se ubican SMART y #PorGrace.

La Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) es una iniciativa creada por miembros de MUCD que, ante la imposibilidad del poder judicial de intervenir en lo general en materia de drogas, decidieron darle un caso concreto a partir del cual se pudiera pronunciar. SMART es entonces una Asociación Civil constituida en 2013 con el único objetivo de solicitar autorización sanitaria a las autoridades para que sus miembros (adultos en pleno uso de sus facultades mentales) pudieran producir y consumir cannabis de manera recreativa y sin fines de lucro. Desde siempre, los miembros de SMART tuvieron claro que dicha solicitud les sería negada, por lo que recurrieron a la asesoría legal de Aguinaco Abogados para interponer una demanda de amparo en la que luego expresaron que sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y la disposición de la propia salud eran violados en virtud de la prohibición. La demanda llegó ante un juez de distrito quien desestimó los reclamos de los quejosos por considerarlos infundados. Ante esta segunda negativa, se interpuso un recurso de revisión que llegó a un tribunal colegiado, quien a su vez se declaró incompetente para dirimir la controversia y turnó el asunto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en vista de su relevancia. Una vez en la corte, el caso SMART llegó a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien elaboró un proyecto de sentencia favorable a los quejosos argumentando la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud. El proyecto fue votado y aprobado el 4 de noviembre de 2015

smart

#PorGrace. En junio de 2015, Raúl Elizalde, padre de Graciela Elizalde Benavides o Grace, solicitó apoyo para acceder a un medicamento a base de cannabinoides que le pudiera proporcionar alivio a su hija, una pequeña de 8 años con un tipo de epilepsia refractaria denominado Síndrome Lennox-Gastaut. Raúl y Mayela, padres de la niña, recurrieron a diversos actores para hacerse de dicha medicina luego de haber intentado todo tipo de tratamientos y enfrentarse al hecho de que incluso sus médicos no podían más que recomendar los cannabinoides de manera informal dada la prohibición de consumir y prescribir la planta y sus derivados. Es así como, ante una flagrante violación al derecho a la salud de Grace, MUCD decidió participar de una estrategia legal para acompañar a la familia en la travesía de conseguir acceso legal al cannabidiol (CBD). A grandes rasgos, el proceso consistió en solicitar autorización a COFEPRIS para importar el medicamento. Cuando dicha dependencia se negó a otorgarlo, se interpuso un juicio de amparo al que un juez otorgó primero una suspensión provisional y luego una definitiva. Con dicha suspensión, se pudo iniciar y completar el trámite de importación del medicamento, que Grace empezó a consumir el 20 de octubre de 2015. El juicio siguió su curso hasta que el juez de distrito emitió una sentencia definitiva en la que confirmó que la negación de COFEPRIS para otorgar el permiso de importación constituía una violación al derecho a la salud

Para más información, puedes contactar a Lisa Sánchez, Directora del Programa, o a Victor Gutiérrez, Coordinador de Proyectos.