Ciudad de México, 24 de marzo de 2025. La reciente revocación y cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de un centenar de organizaciones civiles por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una situación preocupante que no sólo restringe la labor del sector, sino que impacta directamente en la vida de miles de personas beneficiarias de sus actividades, así como al espacio cívico. 

Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, el impulso de la participación ciudadana, la observación del actuar de las autoridades, la construcción de mejores políticas públicas, la protección de territorios y comunidades, el acceso a la justicia, entre otras actividades indispensables para la mejora de las condiciones de vida.

Desde México Unido Contra la Delincuencia no ignoramos la importancia de que las organizaciones operemos con transparencia y apego a la legalidad, así como la necesidad de estudiar su cumplimiento caso por caso, no obstante, destacamos que en México y otros países de América Latina, el sector actualmente enfrenta barreras fiscales y normativas cada vez más difíciles de superar que terminan por reducir la posibilidad operación, alcance e incidencia de las organizaciones. Por ejemplo, imponiendo requisitos burocráticos que bloquean su posibilidad de captar los de por sí escasos recursos económicos necesarios para realizar su labor.

Las OSC en México viven una fiscalización desproporcionada: la solicitud de tramitología y burocracia excesiva termina por golpear la creación, subsistencia y actuación de estos grupos, impide la obtención o recuperación del estatus de donatarias autorizadas, disminuye las posibilidades de donaciones, reduce la sostenibilidad y dignidad de la labor, y termina por forzar la extinción de organizaciones que no pueden acceder a asesoría legal o contable por falta de recursos.

Estas medidas disuaden a las personas y grupos de organizarse, participar y aportar a un país mejor. Desde MUCD, realizamos un llamado al gobierno de México a promover y garantizar la labor de organizaciones civiles que, de la mano de todos los sectores, incluido el gubernamental, han demostrado ser capaces de fortalecer el tejido social e impulsar la protección y defensa de derechos.

Contacto con prensa:
p.ramos@mucd.org.mx

Precisamente en este mes, en que conmemoramos las luchas por la igualdad laboral, salarial y política de las mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por tener un evento con las Fuerzas Armadas en el Campo Militar Número 1. Ya habían dedicado todo el mes de febrero a dichas instituciones castrenses con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y el Día del Ejército Mexicano, en los que afirmó que estas instituciones tienen un “gen revolucionario” y una “esencia social”, y señaló: “les reconocemos, les admiramos y les agradecemos”. Incluso ha afirmado en otras ocasiones que las instituciones militares son constructoras de paz.

Resulta especialmente preocupante que, en el 8M, una fecha dedicada a visibilizar las violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres, la Presidenta y las mujeres de su Gabinete, hayan optado por cerrar filas con las Fuerzas Armadas.

Como feministas y defensoras de los derechos humanos de todas las mujeres, sabemos que las instituciones militares son profundamente patriarcales, machistas y sexistas en su interior y en su interacción con la población. Pese a que ahora hay mujeres en diversas áreas dentro de las instituciones militares, sabemos que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional no previenen, atienden ni reparan las violencias que ejercen sus integrantes hombres contra sus integrantes mujeres. Es más, cuando ellas buscan verdad, justicia y memoria se les suele perseguir, estigmatizar, criminalizar y revictimizar.

Después de más de dos décadas de políticas de militarización, sabemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles no ha sido efectiva para reducir la violencia que nos afecta y que, por el contrario, puede constituir un factor de riesgo para el ejercicio de nuestros derechos. Además ahora también enfrentamos una corporativización e integración militar con megaproyectos a cargo de empresas militares.

Estos procesos tienen impactos negativos, específicos y diferenciados, sobre las mujeres, especialmente, en aquellas que habitan y transitan los territorios irrumpidos militarmente por ellos.

En los últimos años hemos visto cómo las instituciones militares utilizan cada vez más la imagen de mujeres para legitimarse ante la población civil. Eso ya es cuestionable en sí, pero aparte, no podemos olvidar la historia reciente de América Latina ni la experiencia cotidiana de miles de personas —particularmente mujeres— que han tenido que enfrentar la presencia, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios. Tampoco podemos ignorar las denuncias actuales: tan sólo en la Ciudad de México existen decenas de carpetas de investigación por delitos sexuales contra mujeres en las que los presuntos responsables son elementos de las fuerzas armadas.

Quienes suscribimos este posicionamiento sostenemos que la seguridad ciudadana, el desarrollo y la erradicación de la violencia contra las mujeres no se garantizarán mediante el involucramiento de las Fuerzas Armadas, sino a través de instituciones civiles capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Presidenta tiene la oportunidad de hacer historia, no sólo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por adoptar una perspectiva verdaderamente feminista y de género sobre el gobierno en México. La igualdad sustantiva de las mujeres pasa por reconocer y revertir la violencia institucional, por prevenir y proteger efectivamente a las mujeres de posibles violaciones a derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como no estatales. Las Fuerzas Armadas no deben ser incuestionables o tratadas como superiores o excepcionales al resto de la administración pública. La Presidenta y su Gabinete deben poner límites claros –legales, presupuestales, operativos y simbólicos– a las Fuerzas Armadas y avanzar hacia estrategias efectivas centradas en los derechos humanos, la prevención, la justicia y la protección efectiva de las mujeres.

Organizaciones y colectivos firmantes:

Abogadas Con Glitter
Bajo tierra ediciones
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Centro de Estudios Ecuménicos
Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género, Nduva Ndandi A.C
Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
Colibrí por la Legítima Defensa A.C.
ControlaTuGobierno A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Fundación Ius Género, A.C.
Global Thought
Impunidad Cero
Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.
Justicia Pro Persona, A.C.
Lxs Hijxs de Isis
Magma Transfeminista
México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD)
Mujeres Libres COLEM A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Pandeo
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Raíces, Análisis de género para el desarrollo
Red Feminista Antimilitarista
Restauradoras con glitter
Tumbalacasa ediciones

Suscripciones individuales

Abril Castro
Agnes Mondragon
Aleida Hernández Cervantes
Alethia Fernández de la Reguera
Amalia De Montesinos
Amy Sanchez
Ana Castillo Espinosa
Ana Elena C
Ana María Sánchez Hernández
Ana Yeli Pérez Garrido
Andrea Villers
Andrés Sánchez Grobet
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Araceli Osorio Martínez
Arely Orozco
Arturo Isidro Saucedo González
Arturo Sánchez
Ayla Diaz Salas
Berenice Vargas Ibañez
Brenda lara hernandez
Carlos Garza
Carlos H. Babún
Cerrucha
Christine Brault
Claudia Cecilia Rivera Carrera
Claudia Chávez Argüelles
Cristina Reyes Ortiz
Cynthia Isabel Hernández Esparza
Daira Arana Aguilar
Daniela Pascual Cáceres
Dawn Marie Paley
Emanuela Brozacchiello
Evangelina Flores Ceceña
Eliana García
Eréndira Gómez Gómez
Fabrizio Lorusso
Gabriela Rioja
Gizella Garciarena
Irasema Fernández
Irmgard (Gardi) Emmelhainz
Ishtar Laguna Monroy
Jannen Contreras Vargas
Jimena Guadalupe Sánchez Gochi
Joásil Pantoja
Julia Escalante De Haro
Julieta Cano Lujano
Karla Sandoval Mendoza
Laura Elena Sosa Cáceres
Liliana E. Vidó Zamora
Liliana Quintanar
Lorena Wolffer
Lourdes Enriquez
Lucía Alvarado Gonzalez
Lucia Melgar Palacios
Lucía Raphael
Magali Lara
Marcela Méndez
Maria Antonia Paz Cervera
Mariana Chavez Berron
Marisol Valdez Valdez
Mercedes Caso
Mirna Roldán
Nora Nagels
Pamela RG
Raquel Gutiérrez Aguilar
Sara San Martín R
Sofía Riojas Paz
Suhayla Bazbaz Kuri
Tabatta Salinas Caballero
Tania Islas
Víctor Manuel Juárez Martínez
Wilma Esquivel Pat
Xóchitl Rodríguez Quintero

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026. Con mucha emoción y responsabilidad, compartimos con nuestra querida comunidad que, tras 8 años al frente de nuestra organización, Lisa Sánchez concluirá su gestión como directora general de MUCD el próximo 31 de marzo, dando paso a una renovación generacional en la que, a partir del 1 de abril, Cristina Reyes Ortiz asumirá el liderazgo de nuestro equipo, continuando el trabajo en defensa de la seguridad, la justicia y la paz en México.

Lisa Sánchez se incorporó a MUCD hace más de 13 años y su paso por la organización estuvo marcado por importantes hitos: con ella inauguramos nuestro trabajo en política de drogas y entramos a agendas determinantes para el país como la militarización de la seguridad. Bajo su dirección, MUCD rediseñó su forma de trabajo, amplió sus metodologías e incrementó su alcance, abriendo nuevos procesos de investigación, litigio, incidencia pública y construcción de redes de seguridad ciudadana que sirvieron para consolidar a MUCD como una organización líder con fuerte presencia nacional e internacional. Satisfechas con lo logrado, nos entusiasma anunciar esta transición de liderazgo y dar la bienvenida a nuestra querida colega Cristina Reyes Ortiz como nueva directora. 

Cristina es una destacada abogada que se unió a nuestro equipo en 2018 y desde 2022 dirige el área de litigio estratégico, una herramienta que ha sabido consolidar en favor del cambio social y los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especialista en Sistema Penal Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho y maestrante en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera ha trabajado en la implementación del sistema penal acusatorio y se ha distinguido como defensora de los derechos humanos, particularmente de mujeres, infancias y víctimas del delito. En los últimos años, su trabajo se ha consolidado en agendas centrales para MUCD: la defensa de la legalidad institucional, la oposición a la militarización de la seguridad pública y la promoción de una política de drogas alternativa basada en derechos. En la organización también ha liderado el acompañamiento jurídico y la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo a colectivos de familias buscadoras. Su sensibilidad, trayectoria y compromiso serán fundamentales para dar continuidad a nuestro trabajo y liderar un equipo que ha sabido construir bases y perspectiva de futuro. 

En MUCD continuaremos impulsando acciones para la prevención, atención y reducción del delito; incidiendo en la creación de políticas de seguridad integrales y en beneficio de la ciudadanía; defendiendo personas y colectivos de víctimas del delito; así como fortaleciendo las instituciones, la legalidad y la promoción del Estado de derecho.

El pasado domingo 22 de febrero, nuestro país sintió con mucha más fuerza e intensidad la violencia y la creciente vulnerabilidad de nuestras vidas. Si bien en muchos territorios del país la situación de violencia se ha “normalizado”, después del domingo se ha tenido una sensación generalizada de miedo y desesperanza.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y el posterior abatimiento de otros líderes de dicha organización criminal, desencadenó una intensa ola de violencia en por lo menos 22 estados del país, lo que demuestra el poderío y capacidad organizativa del CJNG.

Una situación que no se ha abordado en los medios de comunicación y en los análisis realizados tras los hechos ha sido el tema de las armas de fuego. Tras el operativo se incautaron siete armas largas, así como cartuchos, cargadores y un par de lanzacohetes de uso militar de fabricación rusa y bélica. Sin embargo, tal incautación no toca ni la estructura ni el flujo constante de armamento de índole militar hacia y dentro del país.

La estimación más conservadora sobre la cantidad de armas de fuego que se trafican desde Estados Unidos a México cada año es de 135,000, es decir, 369 armas por día. Esto sugiere que, mientras el operativo contra Oseguera logró la incautación de siete, ese mismo día cruzaron al menos 369 armas ilegales por la frontera norte. Los grupos del crimen organizado en México utilizan cientos de miles de armas compradas en armerías estadounidenses autorizadas, y el 82% de ellas son confiscadas en entidades mexicanas donde predomina la presencia del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, de acuerdo con autoridades mexicanas, cerca de la mitad de los cartuchos calibre .50 que se han asegurado a los cárteles desde 2012 han sido rastreados hasta una planta de municiones ubicada en las afueras de Kansas City, Misuri, la cual pertenece al gobierno de Estados Unidos.

Además de sumarnos a las preocupaciones e indignación de toda la sociedad mexicana contra el aumento de la violencia y la inseguridad en diversas localidades del país, la Alianza Binacional Desarmando el Miedo hace un llamado a que los gobiernos de México y Estados Unidos cooperen de manera efectiva para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego. En el caso del gobierno mexicano, también lo instamos a que garantice las condiciones materiales y de seguridad para el regreso a la cotidianidad en las diversas regiones.

Dentro de la tragedia que nos aqueja como sociedad, se abre una oportunidad única para trabajar una política integral de control de armas en el país, pues cada día nos recuerda que las armas de fuego son el principal instrumento de la violencia. Trabajar en la pacificación y el desarme del país requiere de la cooperación entre México y Estados Unidos, pero también del involucramiento de todos los actores políticos y sociales de ambos lados de la frontera que tengan la capacidad para generar propuestas concretas, basadas en los derechos humanos y con el fin último de contener el flujo de las armas de fuego.

Ciudad de México, 4 de febrero de 2026.  La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sobreseer el amparo promovido por MUCD contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República constituye una traición a las víctimas del delito y de otras violaciones a los derechos humanos por quienes deberían velar por sus derechos. El máximo tribunal se ha negado a analizar las fuertes restricciones impuestas a sus derechos desde 2021 y en su lugar ha optado por cerrar un caso que podría haber obligado a la Fiscalía General de la República a respetarlos.

La Ley de la Fiscalía General de la República, impulsada por Gertz Manero en 2021, eliminó y restringió derechos de las víctimas previamente reconocidos en la Ley Orgánica de 2018, afectando la posibilidad de las víctimas de coadyuvar en la investigación de sus casos, tener acceso a su carpeta de investigación, impugnar negativas de la FGR para atraer sus casos e investigarlos, acceder a medidas de protección y obligar a la fiscalía a coordinarse con otras dependencias en mecanismos nacionales clave, como el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Dichos derechos son importantes porque frente al actuar ineficiente, corrupto e indolente de los ministerios públicos (fiscalías), las víctimas necesitan coadyuvar en sus procesos de investigación para aportar pruebas, indicios o apurar acciones de búsqueda; porque ante la opacidad y falta de diligencia, requieren acceso ilimitado a sus carpetas de investigación para saber si las autoridades han avanzado en sus casos o no; y porque ante la falta de acción y contundencia de fiscalías locales, muchas veces las víctimas necesitan que la Fiscalía General atraiga sus casos para que alcancen justicia. Adicionalmente, el riesgo que supone defender derechos humanos como hacen las madres buscadoras vuelve indispensable que la FGR les dicte medidas de protección y que, frente a la magnitud de los fenómenos criminales y de desaparición, las instituciones deban obligatoriamente intercambiar información para resolver casos.

Por eso desde MUCD promovimos este juicio de amparo y por eso litigamos durante 4 años para restablecer los derechos de las víctimas y mejorar su acceso a la justicia. Lamentablemente, con la resolución de hoy en la Corte, que avaló un proyecto del Ministro presidente Hugo Aguilar, todas estas necesidades, estos derechos, quedaron desprotegidos.

Con una votación de siete votos a favor y dos en contra, la mayoría del Pleno decidió que MUCD no cuenta con interés legítimo para impugnar la mencionada ley, argumentando que los artículos impugnados eran atribuciones internas de la Fiscalía que no generaban derechos exigibles. En otras palabras, la Corte redujo la votación a una cuestión abstracta de atribuciones institucionales y omitió deliberadamente que lo que se impugnó fue un rediseño regresivo que eliminó derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito.

Esta resolución confirma una tendencia preocupante del máximo tribunal: evitar el análisis de fondo de leyes que impactan la seguridad y la justicia mediante una interpretación cada vez más restrictiva del interés legítimo, particularmente cuando se trata de organizaciones de la sociedad civil. En los hechos, esta postura limita el acceso a la justicia constitucional y deja sin control normas que afectan de manera directa a quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad frente al Estado y quienes defendemos derechos.

Únicamente dos ministros votaron en contra de sobreseer el caso: Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que a la Corte no correspondía pronunciarse sobre la procedencia del juicio de MUCD, cuando ya era un tema resuelto por un Tribunal Colegiado; y Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo la necesidad de reconocer un interés legítimo amplio a las asociaciones civiles.

Desde MUCD rechazamos esta decisión, que implica dar la espalda a las víctimas del delito y cerrar espacios de exigencia y defensa de derechos en un contexto de impunidad. La SCJN decidió no escuchar a quienes las acompañan. Son las organizaciones civiles, las víctimas y los colectivos quienes empeñamos centrales esfuerzos en documentar y superar fallas estructurales del sistema de justicia.

Aunque esta resolución no pone fin a esta lucha, sí marca un momento crítico que obliga a reflexionar sobre el rumbo que está tomando el sistema de justicia.

Este día, la Corte decidió cerrar la puerta a un avance necesario y callar sobre una necesidad central de un país de fosas, de miles y miles de víctimas de delitos victimizantes, crímenes que roban la paz a familias enteras. Las y los ministros, privilegiaron la forma sobre los derechos, el silencio institucional sobre el dolor y esfuerzo de las víctimas.

Ciudad de México, 3 de febrero de 2026. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de resolución presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se discutirá este 4 de febrero y propone sobreseer el amparo promovido contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Este proyecto no sólo evade escuchar a las víctimas, sino que sienta un precedente peligroso para el acceso a la justicia de las organizaciones civiles, como MUCD, que por más de 27 años hemos acompañado a las víctimas del delito en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

La Ley de la FGR impulsada en 2021 eliminó y restringió derechos que las víctimas ya tenían reconocidos en la legislación de 2018. Entre ellos, se debilitaron mecanismos fundamentales como la participación activa de las víctimas a través de la coadyuvancia en la investigación, el acceso a la carpeta, la posibilidad de impugnar decisiones clave del Ministerio Público, la adopción de medidas de protección y el nivel de responsabilidad de la Fiscalía en el Mecanismo de Apoyo Exterior y el Sistema Nacional de Búsqueda. Estos cambios han dejado a las víctimas en una situación de mayor indefensión, profundizando una crisis de acceso a la justicia que arrastran desde hace años.

En junio de 2021, MUCD promovió este amparo, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, precisamente para denunciar el carácter regresivo de dichas reformas, en contravención directa al principio constitucional y convencional de progresividad de los derechos humanos. Es decir, la prohibición de restringir derechos que ya han sido reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, como el derecho de las víctimas a participar plenamente en la investigación y proceso judicial de sus casos. En julio de 2025, un Tribunal Colegiado reconoció de manera expresa nuestro interés legítimo, atendiendo a nuestro objeto social y a nuestra labor sostenida de acompañamiento a víctimas, y remitió el asunto a la SCJN para que se analizara el fondo de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Sin embargo, el proyecto del Ministro Hugo Aguilar elige una interpretación excesivamente formal: sostiene que los artículos impugnados sólo regulan asuntos internos de la Fiscalía y afirma que no causan un impacto directo en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. Con ello, la SCJN no sólo evita entrar al fondo del asunto, sino que deja la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas al arbitrio de la FGR.

Esta interpretación es inaceptable, pues no es jurídicamente válido desconocer el principio de no regresividad ni negar el interés legítimo cuando se han eliminado mecanismos que materializaban derechos. La Corte no puede afirmar que no existe afectación cuando se han cerrado espacios de participación, control y acceso a la verdad para las víctimas. Hacerlo implica negar la realidad que enfrentan miles de personas en este país.

Con este proyecto, la SCJN le da la espalda al pueblo y, en particular, a las víctimas de la violencia y la impunidad. Pretende negarle a nuestra organización la posibilidad de defender derechos frente a un sistema de justicia que sistemáticamente le falla a las víctimas. Esta decisión cierra la puerta del acceso a la justicia constitucional, no solo para MUCD, sino para las personas a las que representamos.

Desde México Unido Contra la Delincuencia exigimos que la Suprema Corte asuma su responsabilidad constitucional y entre al fondo del asunto. Las víctimas llevan demasiado tiempo en estado de indefensión. Ignorar el carácter regresivo de la ley y negar el interés legítimo de nuestra organización para defender estos derechos -ya reconocido previamente- significa consolidar un precedente que niega derechos, debilita la rendición de cuentas de la Fiscalía, consolida la restricción de derechos para las víctimas del delito y profundiza la crisis de impunidad en el país.

Las víctimas merecen ser escuchadas. La Corte no puede seguir evadiendo esa obligación.

Consulta más información al respecto aquí.

El asunto corresponde al amparo promovido por MUCD contra la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en mayo de 2021, que sustituyó a la Ley Orgánica de 2018 y redujo de manera significativa derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito como: el derecho de ayudar a la autoridad y participar efectivamente en los procesos de investigación de sus casos, el acceso ilimitado a sus carpetas de investigación, la posibilidad de que la FGR atraiga casos del fuero local y el derecho a que la FGR les dicte medidas de protección a testigos y víctimas. Esta ley, además, eliminó la obligación de la FGR a coordinarse con mecanismos nacionales clave para dar justicia a las víctimas como el Mecanismo de Apoyo exterior, el Sistema Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En junio de 2021, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, MUCD promovió un amparo al considerar que estos cambios constituyen una medida regresiva y contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, y que afectan de manera directa a las víctimas del delito, así como nuestra labor de acompañamiento a víctimas y defensa de derechos.

Tras un largo recorrido judicial, un Tribunal Colegiado reconoció expresamente que MUCD cuenta con interés legítimo para impugnar la ley y ordenó que el caso fuera analizado por la Suprema Corte. Sin embargo, el proyecto de resolución listado para discutirse este 4 de febrero, elaborado bajo la ponencia del ministro Hugo Aguilar Morales, propone sobreseer el juicio, al considerar que los artículos impugnados son meramente “orgánico-competenciales”, es decir, que son simples atribuciones internas de la Fiscalía y no generan derechos exigibles.

Este enfoque resulta preocupante y pone en absoluto riesgo la posibilidad de restablecer derechos a las víctimas del delito, ya que reduce el debate a una cuestión formal y omite analizar el impacto real de la ley en el acceso a la justicia, pues ignora que se eliminaron mecanismos de control, participación y coadyuvancia que estaban directamente vinculados a derechos de las personas que buscan justicia por un delito.

De aprobarse este proyecto, la SCJN evitaría pronunciarse sobre el fondo del asunto, negando el acceso a la justicia constitucional y dejando sin respuesta la pregunta central: si es constitucional que una ley debilite derechos de las víctimas y elimine derechos adquiridos.

Desde MUCD hacemos un llamado enérgico a la Corte a no sobreseer el caso, a no darle la espalda a las víctimas, sino a garantizar mecanismos que faciliten su acceso a la justicia.

Sin las víctimas no

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2025. Ante la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) hace un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que el proceso de designación de la nueva persona titular se conduzca bajo los más estrictos estándares de probidad, legalidad, máxima publicidad y participación ciudadana.

El artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: el Senado debe integrar una lista de al menos diez candidaturas para enviarla al Ejecutivo, quien formulará una terna para la votación final en la Cámara Alta. Este mecanismo no debe ser un mero trámite burocrático, sino un filtro riguroso para asegurar la idoneidad del cargo.

Sin embargo, ante la especulación de posibles sucesores, expresamos nuestra profunda preocupación por la mención de perfiles cuya trayectoria sugiere una subordinación política o partidista. La autonomía de la FGR es la piedra angular para combatir la corrupción y la impunidad; la verdadera justicia nunca llegará si esta no se respeta.

La gestión de Alejandro Gertz Manero se caracterizó por una alarmante indiferencia hacia las víctimas, altos índices de impunidad y un uso patrimonialista y faccioso del aparato de justicia, utilizado frecuentemente para dirimir conflictos personales o políticos en lugar de perseguir delitos de alto impacto.

En un país atravesado por una crisis humanitaria con más de 130 mil personas desaparecidas, es inadmisible que la FGR continúe siendo una institución de puertas cerradas. A diferencia de la administración saliente, quien asuma la titularidad debe poseer no solo las credenciales técnicas y jurídicas más altas, sino una calidad moral incuestionable y una sensibilidad genuina ante el dolor de las familias víctimas de la violencia.

Desde MUCD, urgimos a los Poderes de la Unión a cumplir con su responsabilidad histórica. El proceso de selección debe ser público, con comparecencias que permitan el escrutinio social de los aspirantes. Se debe priorizar la capacidad técnica, la experiencia en litigio penal y derechos humanos, y la independencia política probada. Además, la nueva persona titular debe comprometerse públicamente con la localización inmediata de personas desaparecidas y el esclarecimiento de la verdad.

La designación de la próxima persona Fiscal General no debe servir a pactos de impunidad ni a intereses económicos o de grupo, sino a la ciudadanía. La justicia en México no puede esperar más.

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2025. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) nos sumamos a la condena por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido este 1° de noviembre en un evento público, rodeado de su comunidad. Instamos a las autoridades del estado y de la federación a no dar solamente con los autores materiales de este hecho, sino a desarticular a las redes criminales responsables de la violencia que aqueja a Michoacán, a partir de investigaciones criminales sistémicas que identifiquen tanto al resto de los actores criminales involucrados como a sus redes de complicidad y protección.

El asesinato de funcionarios públicos es un delito cuyas consecuencias trascienden a la agresión contra la víctima, pues constituye un atentado contra las instituciones del Estado que además impacta negativamente la confianza que la ciudadanía tiene en sus autoridades. Son precisamente la propagación del miedo y la imposibilidad de recurrir a medios legales e institucionales para denunciar y sancionar el delito lo que permite la instalación de formas de gobernanza criminal en el territorio. Por eso, hechos como este no deben ser normalizados, sino vigorosamente rechazados, y la respuesta de los gobiernos locales, estatales y federal debe ser contundente, reforzando el trabajo conjunto que permita dar una pronta solución a la crisis de inseguridad no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional.

Ante hechos como estos, insistimos en la urgencia de recuperar la fortaleza y profesionalización de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia para que sean éstas quienes, con el apoyo subsidiario de la federación, puedan garantizar las condiciones de seguridad en las comunidades y asegurar la correcta prevención, persecución y sanción del delito, terminando con la impunidad. Es urgente salir de las lógicas reactivas y centralizadoras y, en su lugar, apostar por el fortalecimiento de capacidades policiales y ministeriales, así como por la profesionalización de sus estándares de actuación y la adopción de enfoques sistémicos de investigación que nos permitan des-capturar al Estado y reducir significativa y sosteniblemente la actividad criminal.

Esfuerzos como los de Carlos Manzo a su llegada a la municipalidad son los que deben mantenerse y escalarse; es el caso de la promoción de la denuncia, la investigación de colusiones institucionales con la delincuencia o el fortalecimiento de las capacidades y los salarios policiales que son la base de cualquier política de seguridad seria. La crisis de inseguridad en Michoacán no podrá solucionarse si la entidad sigue teniendo uno de los salarios policiales más bajos del país (29 de 32), con un ingreso promedio de $13,154.08 mensuales¹, y si la acción federal en su territorio no se usa para la investigación y desarticulación del crimen organizado sino para la persecución del delito común².

Desde MUCD instamos a las autoridades de todos los niveles a apostar por iniciativas integrales con enfoque local para disminuir la inseguridad y la violencia en nuestras comunidades. Esta perspectiva implica profundizar la coordinación entre niveles y órdenes de gobierno; estudiar los desafíos particulares de cada entidad y utilizar las capacidades locales y federales adecuadamente; capacitar y fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia locales para terminar con la impunidad y fortalecer la investigación y persecución del delito con enfoque sistémico para atender el fenómeno de violencia y criminalidad en su actual magnitud.

1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2025). Informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, 20 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025.  ︎
2. Almanaque 2024, Balance de la Justicia Penal en México. World Justice Project ︎