México Unido Contra la Delincuencia es una organización de la sociedad civil que, desde hace más de 20 años, trabaja para mejorar las condiciones de seguridad, justicia y paz en el país. Buscamos promover la creación y aplicación de programas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia. Para dicha tarea, resulta fundamental contar con datos, así como con evidencia que permita atender los fenómenos a partir de sus particularidades.

El Atlas de Homicidios 2018 de MUCD, representa un esfuerzo inédito para caracterizar el fenómeno de la violencia homicida a nivel municipal, estatal y nacional. Se construyó a partir del seguimiento y análisis de los principales instrumentos que miden el fenómeno, como la base de datos de defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los datos de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

A partir de dicho procesamiento se logró obtener una caracterización del fenómeno a partir de dimensiones geográficas, evoluciones temporales y diferenciación por sexo, que nos permite afinar la comprensión de la violencia homicida en los tres niveles. Con ello se logra además tener un acercamiento específico a quiénes son las víctimas de violencia homicida en cada contexto. Se busca que la información generada por este Atlas sea de utilidad para la toma de decisiones y la generación de políticas específicas que respondan a las particularidades de los distintos fenómenos.

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08/07/2019, Reporte Índigo, David Martínez

En marzo pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, indicó que iban a incrementarse los operativos contra las parejas de motociclistas para disminuir ese tipo de asaltos.

“Se harán revisiones contra las (motocicletas) que presenten alguna irregularidad, como viajar en parejas, motos de bajo cilindraje, portar cangureras, en fin. Son características, no es en general ni pretendemos que sea en general. Estamos convencidos que tenemos que regular”, indicó.

De acuerdo con el texto, “Robo en motos, preocupación en las grandes urbes”, que realizó el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicado en junio pasado, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC capitalina abrió 350 carpetas de investigación por delitos perpetrados a bordo de motos, como homicidio doloso, robo y lesiones, del 5 de diciembre de 2018 al 12 de marzo de 2019.

Y según datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital, los asaltos a bordo de motocicletas crecieron cinco veces más al pasar de 802 robos en 2016 a 4 mil en 2018

No obstante, motociclistas piden que la próxima regulación que se prepara para su vehículo no se preste a la discriminación con el pretexto de abatir la inseguridad.

El 20 de mayo pasado, el Congreso de la Ciudad de México informó que estaban trabajando en la regulación del uso de la motocicleta con el fin de reducir el número de asaltos cometidos por personas que las usan para delinquir.

Sin embargo, motociclistas temen que estas nuevas disposiciones a nivel de ley o reglamento puedan ir contra todos los que viajan en pareja en dichos vehículos y no sólo para los que tienen el perfil referido por Orta.

La iniciativa, presentada por la diputada federal Adriana Gabriela Medina Ortiz en octubre de 2018, pretendía exhortar a los Congresos de las 32 entidades a aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicletas, sin proporcionar casco y excediendo la disponibilidad de asientos.

ATACAR LAS CAUSAS, NO EL USO DE MOTOCICLETAS

Juan Francisco Torres Landa, especialista en seguridad de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), asegura que si se pretende sancionar a quienes exceden el número de asientos en una moto, se están dejando las causas principales a un lado.

“Las medidas principales son las que tendríamos que abatir, los índices de impunidad, lo que pase por los sistemas de prevención y que el sistema de justicia penal funcione”, explica.

Añade que no se puede discriminar a quienes usan motoneta de manera compartida porque esa es una medida “draconiana” que podría tener resultados al principio, pero después los asaltos con estos vehículos volverían a tener la misma tasa los asaltos.

“Hoy en día quieren regular porque no están haciendo lo que les corresponde, son acciones que tocan la rama, pero no el tronco. Si no le pegas a las raíces, los delincuentes van a encontrar formas para seguir violentando”, indica Torres Landa.

Nota completa en: reporteindigo

Durante el mes de junio atendimos a 129 víctimas del delito directas e indirectas.

Sobre el programa de atención a víctimas en MUCD

La atención brindada por MUCD es gratuita, confidencial y se da en un ambiente de privacidad, con un lenguaje claro y comprensible, respetando en todo momento la voluntad de la víctima sobre su derecho a denunciar o abstenerse, aunque promovemos la denuncia por considerarla una responsabilidad cívico-ciudadana.

Si tú, un familiar o una persona que conoces es víctima del delito y necesitan ayuda, comuníquense a MUCD:

• Teléfono 24 horas: 46020461
• WhatsApp: 5546020461
• Chat en línea las 24 horas, a través de nuestra página: mucd.org.mx
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Los homicidios dolosos con arma de fuego crecieron 102% considerando los primeros seis meses de ambos mandatos, de acuerdo a las cifras oficiales

30/06/2019, PUBLIMETRO, Jennifer Alcocer Miranda

Al cumplirse seis meses de que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente, los homicidios dolosos con arma de fuego se duplicaron en comparación con el mismo periodo del ex mandatario Enrique Peña Nieto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De diciembre de 2012 a mayo de 2013, este delito registró cinco mil 61 carpetas de investigación y en el mismo lapso del mandato de López Obrador los expedientes alcanzaron los 10 mil 258 a nivel nacional.

LA PROYECCIÓN

Las cifras cobran relevancia a un año de que el político tabasqueño se impusiera en la jornada electoral del pasado 1 de julio de 2018, con más de 30 millones de votos que le dieron la victoria histórica que inició con la llamada “cuarta transformación del país”.

Este domingo, en el Campo Militar Marte, el mandatario echó a andar oficialmente la Guarda Nacional, nuevo cuerpo de seguridad con el que busca combatir los altos niveles de inseguridad en que se encuentra el país.

Ante este panorama, López Obrador, proyectó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que su administración logrará reducir a la mitad la incidencia delictiva en todo el territorio nacional en cinco años, con lo que este flagelo de “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”.

“Los índices delictivos –de homicidios dolosos, secuestros; robo de vehículos y a casa habitación, asalto en las calles, en el transporte público y otros– se habrán reducido en 50% en comparación con los de 2018”, establece el documento.

Además de que aseguró que para ese periodo México habrá dejado de ser “la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos”.

ERRÓNEA ESTRATEGIA

El secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Francisco Torres Landa, aseguró que estas cifras son el resultado de una combinación de recortes presupuestales a machetazos y una cadente manera de atender los problemas, situación que ha generado un descontrol en las tareas y por lo tanto un mayor espacio para que la delincuencia haga de las suyas.

¿Cuál es la opinión sobre estas cifras?

-Nos preocupan pero no nos deben sorprender. Lo que hemos visto en estos seis meses, o 12 meses –según se quiera ver– es que hay una enorme improvisación que contra las grandes deficiencias en materia de inseguridad es fácil advertir que los resultados serán el empeoramiento de lo que ya era un problema grave. Hasta ahora la autoridad ha brillado por su ausencia, ha hecho este recorte indiscriminado y las capacidades de las autoridades se están viendo mermadas, si a eso le agregas que hoy se echa a andar la Guardia Nacional, que va a ser otro enorme dispendio de recursos sin que haya diagnóstico de que las cosas puedan mejorar. Se trata de más de lo mismo; militarizar la seguridad pública y olvidar que lo importante es ir a las mismas causas de la impunidad.

¿La Guardia Nacional no abonara al combate a la inseguridad?

-No se están atacando las causas, están dándole vueltas a ver si encuentran algo mejor, lo único que han hecho es tener un cuerpo con capacidades táctica para reprimir y atender emergencia, no con talento de prevención y de investigación que es lo que se requiere para que la seguridad pública mejore. En la medida en que no puedas procesar a los presuntos delincuentes y obtengas sentencias condenatorias, el resultado no puede ser satisfactorio y yo no veo los protocolos de actuación para que el sistema penal acusatorio dé resultados. Lo que vimos fue un show de fuerzas, de dispendio de recursos y clara visión de militarizar la seguridad pública porque hubo cero mando civil, en prevención y generación de prevención, procesamiento de datos que sirva para alimentar al sistema penal.

¿Qué se tendría que hacer?

–El país está sobre diagnosticado, aquí tristemente no requieres de una tarea muy complicada para saber qué es lo que está pasando y lo que se tiene que hacer. Lo triste del caso es que a pesar de la recomendaciones y los resultados de estudios que han tomado lustros y décadas las autoridades apuestan a tomar las riendas con una mayor violencia y militarización. Tendrías que empoderar a las policías civiles; mejorar las capacidades de las policías municipales para tener interacción directa con las fiscalías; avanzar en eliminar la prohibición de drogas con los que se quitaría el poder económico a la delincuencia organizada y apostarse a la prevención de delitos.

Nota completa en: publimetro

Marcela Perales de Multimedios, entrevista para Telediario a Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Atención a Víctimas o a sus familiares las 24 horas en el 46020461.

21/06/2019, El Popular, Puebla, Marcos Nucamendi

Luego de una violación, una menor de edad acude con su madre a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en Puebla capital, y es canalizada con el Ministerio Público Orientador. Existen al menos tres filtros este primer día: la narración de hechos al orientador jurídico, al Ministerio Público y al perito médico, quien sólo le hará un estudio general; la valoración especializada, que debería hacerse en el Hospital General, no se hará de inmediato, pues la madre de la víctima no recibe indicación alguna.

Tres días más tarde, el Ministerio Público solicita a la víctima que se presente a la Unidad, nuevamente, para iniciar la carpeta de investigación; la entrevista no se realiza, por problemas con el perito traductor. Tres semanas después, el Ministerio Público no se ha comunicado con ella, por lo que acude a la Unidad y a la sociedad civil para ejercer presión.

Medio mes después, un asunto importante se resuelve: personal ministerial realiza otra entrevista a la víctima y levanta la denuncia, esta vez con la presencia de un perito traductor adecuado; ni la madre ni su hija hablan bien español, pues pertenecen a una comunidad indígena de la Ciudad de Puebla que habla una variante específica del náhuatl.

Un mes ha pasado para iniciar la carpeta de investigación y la víctima, sin embargo, no ha acudido a un hospital para ser valorada por un perito médico. Cuando finalmente acude a un hospital, se da cuenta que está embarazada; sólo recibió la profilaxis (prevención, control de una infección) ante una posible exposición al VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Ante situaciones como ésta, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), esto para implementar un proyecto de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas que reduzca las irregularidades que tienen lugar durante el inicio de las carpetas de investigación, especialmente las que se refieren al tiempo de espera y a la necesidad de contar, desde el primer contacto del denunciante, con todas las personas que deben escuchar su declaración.

El monitoreo

Durante los próximos tres años, el MUCD y el CCSJ realizarán un monitoreo y una evaluación de las actuaciones del personal ministerial en tres agencias seleccionadas —de 9 de la mañana a 6 de la tarde—, con vistas a elaborar propuestas que entre otras cosas, mejoren la evaluación de las personas denunciantes, reduzcan las deficiencias procedimentales y consigan que las autoridades adopten las “recomendaciones de política pública que le den sostenibilidad a los impactos logrados para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia”.

Además de los objetivos generales, el convenio prevé que al finalizar el proyecto —una vez adoptadas las propuestas de mejora—, se reduzcan efectivamente los actos de ilegalidad y victimización secundaria, haciendo más “diligente y eficaz” el servicio que se le da a los denunciantes, así como la consolidación de “mecanismos eficientes de denuncia ciudadana y sanción de servidores públicos que incurran en actos de ilegalidad y/o corrupción”, se lee en el comunicado conjunto.

Hacia un modelo replicable

“Si esto nos sale bien, esperamos que, al tercer año de trabajo, podamos llegar al menos a un 50 por ciento de agencias del Ministerio Público con un modelo de gestión integral tipo”, comentó para El Popular, diario imparcial de Puebla Alfredo Peña, director de Cultura de la Legalidad de MUCD.

“La gradualidad con la que nos extenderemos va a depender, sobre todo, de las negociaciones que hagamos con la propia Fiscalía, y en particular con el nuevo o la nueva fiscal”, con quien espera tener una colaboración igual o incluso más productiva que con el actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal. En un máximo dos semanas, aseguró, MUCD, el CCSJ y la FGE estarán delimitando la muestra, para empezar el monitoreo a mediados de julio, iniciando así los trabajos al interior de las agencias del Ministerio Público.

Aunque los índices delictivos son un punto a considerar, Alfredo Peña detalló que antes de “ir a las urgencias” se debe atender “lo importante”, pues los criterios con los que se escogen las muestras tienen que ver más con que las agencias cuenten con la mayor cantidad de servicios: denuncias con y sin detenido, servicios periciales, policía de investigación, psicólogo y medicina forense; “entre más datos puedan obtenerse, mejor”, así podrá construirse un modelo “integral, replicable y escalable” a otras agencias del Ministerio Público que no estén necesariamente en la capital.

“Sé que esto (el tiempo y el alcance inicial) para las víctimas no son las mejores noticias, nosotros somos conscientes de eso; pero también sería una burla para ellas decir que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. El proceso de implementación del proceso de justicia penal no cumplió con los estándares mínimos, y en muchos casos incluso, generó deficiencias adicionales. Aun así, si podemos aspirar —luego de esos tres años— al 100 por ciento de alcance, ahí estaremos”, estimó.

Nota vía: elpopular.mx

Notas relacionadas:

La cara de la Fiscalía General del Estado elpopular

19/06/2019, Sputnik News, Víctor Flores García

“Cancelar los subsidios a las organizaciones civiles ha sido uno de error garrafal de este Gobierno, a partir de este año”, dijo a esta agencia Graciela Colin de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (Catwlac, en inglés),

La coordinadora del Sistema de Alerta Roja (SAT) de la asociación civil sin fines de lucro, con 16 años de lucha contra la esclavitud sexual y trata de mujeres, niñas, y adolescentes, asegura que la decisión del mandatario “afecta muchísimo a todas las víctimas y usuarios de los servicios sociales”.

Estima que son unos 50 casos que esa asociación no podrá atender correctamente por falta de recursos, que además se aplican como coinversiones con otras instituciones, inclusive internacionales.

Sociedad civil donde el Estado se ausenta

Por su parte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, lamentó la cancelación de las rondas de financiamiento del presupuesto federal a organizaciones con roles muy diferentes de atención a víctimas de distintos delitos.

La activista señala que el presidente limita el rol de las organizaciones ciudadanas a simples “intermediarias” entre el Gobierno y los beneficiarios de los programas sociales.

“En realidad la intermediación no ha sido el papel de la sociedad civil, si bien conforman un puente entre las instituciones de gobiernos y los beneficiarios finales de los programas”, responde Sánchez.

La directora de la entidad, que participa en influyentes colectivos ciudadanos como “Seguridad sin Guerra”, considera que “al contrario, las organizaciones se convierten muchas veces en vehículos de llegada y alcance hacia espacios donde no hay presencia estatal, justo donde este Gobierno tiene mayor debilidad, en su capacidad de llegar a la gente”.

López Obrador ha dicho en varias ocasiones, desde su campaña electoral, que desconfía de las organizaciones que se definen como “sociedad civil o iniciativas independientes”.

La activista que cuenta con un doctorado en la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, considera que “ese discurso es peligroso, porque las medidas de austeridad en el gasto público, en el largo plazo, terminan por desarticular la capacidad organizativa de la sociedad, sobre todo fuera de la capital”.

La experta que diseñó el Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de su organización, dijo que “ese enfoque debilita muchísimo las estructuras civiles que son verdaderamente comunitarias, fortaleciendo solo a las que tienen una capacidad de gestión superior”.

El mayor daño de esa política recae en organizaciones ciudadanas que ofrecen albergues a víctimas del tráfico o de personas.

Esas pequeñas organizaciones “tienen una menor capacidad para poder concursar por fondos de la cooperación internacional o hacer alianzas más grandes con sectores empresariales o académicos”, puntualizó Sánchez.

Lo público como monopolio del Gobierno

Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo a Sputnik que el presidente “tiene una concepción de lo público como monopolio del Gobierno y no como un espacio donde compiten diferentes sectores e ideas, con la misma legitimidad, con un sinfín de acuerdos”.

Nota completa en: sputniknews

A los colectivos de víctimas,
A las organizaciones de Derechos Humanos
Al gobierno en sus tres órdenes y
A la sociedad en general

La Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como un órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad, así como de opinión y asesoría emanado de la Ley General de Víctimas, expresa en las siguientes líneas algunas consideraciones y reitera que el proceso de consolidación de una política integral de atención a víctimas requiere de un esfuerzo en conjunto, de la participación de todos los órganos de gobierno y sus instituciones y de un reconocimiento a las víctimas quienes han luchado para que la LGV sea un realidad.

Derivado de la reciente renuncia del comisionado Jaime Rochín, consideramos de suma importancia un proceso transparente y apegado a la Ley para la elección del titular de la CEAV, que la terna que analizará el Senado cumpla con los requisitos indispensables, de acuerdo al Art. 85 de la Ley incluyendo especialmente la consulta previa a colectivos, expertos y sociedad civil. Asimismo el perfil debe ser el adecuado para tan importante encargo, tal como lo marca el Art. 86 del mismo ordenamiento, pues a 6 años del inicio de esta política pública de atención a las víctimas, existen avances, obstáculos y retos y quien asuma dicho cargo deberá ser una persona cabal.

Ley General de Víctimas (LGV) promulgada en 2013 y con revisión en 2017, como toda política pública requiere de una constante evaluación y reingeniería. Consideramos urgente la instalación inmediata del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas señalada en la LGV, que es presidida por el presidente de la República. Así mismo, solicitamos cumplimiento de la primera reunión de la Junta de Gobierno de la CEAV con la nueva administración federal, presidida por la SEGOB, tal como mandata la LGV en su Art. 84 Quinquies.

Para el seguimiento de la política de atención a víctimas, se requiere poner énfasis en parte administrativas aun con obstáculos o burocratismos, uno de ellos es la emisión del reglamento de la Ley que a hoy en día no ha sido posible, así como las reparaciones colectivas por citar otro ejemplo.

Emprender la construcción de la paz ante un panorama de violaciones a derechos humanos, del reconocimiento de las víctimas del Estado y de las terribles condiciones en que se encuentra nuestro país en reconstrucción, requiere un cumplimiento cabal de la LGV, lo que implica garantizar las condiciones y recursos para que ello suceda, teniendo siempre como centro a las víctimas.

Atentamente,

ASAMBLEA CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS

Irma Leticia Hidalgo Rea, Fuerzas Unidas por Nuestras(as) Desaparecidos(as) en Nuevo León (FUNDENL).
Laura Adriana Bautista Hernández, Red de Feministas Peninsulares.
Liz Ivett Sánchez Reyna, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC)
Norma Librada Ledezma Ortega, Justicia para Nuestras Hijas.
Carlos Alberto Cruz Santiago, Cause Ciudadano A.C
José Pablo Girault Ruiz, México Unido contra la Delincuencia A.C
Juan Manuel Estrada Juárez, Fundación FIND.
Luis Enrique González Araiza, Dignidad y Justicia en el Camino A. C “FM4 Paso Libre”.