Ciudad de México, 07 de julio de 2026. Luego de que este 25 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que la emisión de una única autorización conjunta autorice el autoconsumo de cannabis a varias personas a la vez, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aseguró este martes en un comunicado que efectivamente trabaja para acatar la Declaratoria de Inconstitucional la Corte que desde hace cinco años la obliga a emitir permisos de uso personal y adulto de la planta y tetrahidrocannabinol.

Al respecto, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), advertimos que a lo largo de estos años hemos identificado y recibido numerosos reportes de personas usuarias a quienes el inicio del trámite, así como el permiso mismo, se les ha negado de forma sistemática e injustificada por parte de la COFEPRIS, lo que implica un incumplimiento de sus obligaciones.

En un contexto de criminalización de las personas usuarias, que se expresa en perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y violencia policial, hacemos un llamado a la COFEPRIS y al Gobierno Federal para que impulsen las normativas y lineamientos claros y necesarios para garantizar la obtención del permiso, así como el ejercicio mismo del consumo personal y adulto de cannabis de manera accesible y segura.

En MUCD hemos señalado que la prohibición absoluta de la cannabis no sólo no elimina el consumo sino que fomenta la permanencia de los mercados ilícitos que generan violencia en el territorio mexicano. La regulación del consumo de cannabis desde un enfoque de salud y derechos permitiría que se generen políticas de atención al consumo adecuadas, sobre todo en personas menores de edad.

Saludamos pues, el compromiso que hizo público COFEPRIS al respecto de que trabajarán “de manera transparente, eficiente y apegada al principio de legalidad, procurando que cada acto administrativo emitido en cumplimiento de mandatos judiciales permita el pleno goce de los derechos de las personas en México”, por lo que continuaremos monitoreando las medidas que tomen para que así sea.

Ciudad de México, 29 de junio de 2026. En marzo y mayo de este año, el gobierno federal presentó una iniciativa de Ley de Feminicidio y su Programa para atender las violencias contra las mujeres 2026-2030, para responder a la crisis de feminicidios y violencia extrema de género en nuestro país.

Al respecto, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres reconocemos que esto representa un avance al colocar nuevamente la violencia feminicida en la agenda pública nacional e impulsar acciones como la homologación de protocolos. Particularmente, el Programa Integral recupera una visión que entiende las violencias contra las mujeres como un fenómeno estructural y plantea la prevención y coordinación institucional.

No obstante, en nuestro análisis ¿Prevenir o sancionar? hallamos que ambos instrumentos serán insuficientes si no fortalecen las capacidades del Estado y las instituciones a cargo, pues la atención a estos temas no puede reducirse al endurecimiento de las penas ni a planes generales sin visión preventiva efectivamente operativa, presupuesto suficiente y una ruta clara de ejecución y evaluación.

Por un lado, la iniciativa de Ley tiene una visión punitiva, que privilegia el endurecimiento de las sanciones, amplia agravantes, restringe beneficios procesales y refuerza el uso del sistema penal como principal herramienta para enfrentar el feminicidio. Esta apuesta no sólo resulta insuficiente para reducir la violencia, sino que puede reproducir desigualdades, generar nuevos riesgos para mujeres en situación de vulnerabilidad y dejar intactos los problemas que hoy impiden investigar los casos con diligencia.

Nuestro análisis identifica diversos riesgos que podrían debilitar, en lugar de fortalecer, el acceso de las mujeres a la justicia. Entre ellos destacan la ausencia de presupuesto para implementar nuevas obligaciones en fiscalías y servicios periciales; que el análisis de contexto (que es fundamental para investigar con perspectiva de género) quede sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público; la inexistencia de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los protocolos de investigación; disposiciones que pueden generar efectos adversos para mujeres sobrevivientes y grupos históricamente discriminados; así como una lógica centrada en el castigo que deja sin atender las causas estructurales de la violencia y las condiciones que hoy producen impunidad.

Asimismo, ¿Prevenir o sancionar? advierte que incluso el Programa Integral, pese a su enfoque preventivo, mantiene indicadores que privilegian el incremento de sentencias sobre la evaluación de las acciones dirigidas a prevenir la violencia feminicida, lo que puede generar incentivos institucionales que reproduzcan una visión centrada en la sanción y no en la garantía de derechos.

Frente a este escenario, MUCD, Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres llamamos a que estas propuestas de política pública coloquen verdaderamente a las víctimas en el centro. Esto implica  establecer obligaciones claras y exigibles para las autoridades; garantizar recursos suficientes para fortalecer fiscalías, servicios periciales y mecanismos de atención; hacer obligatorio el análisis de contexto en todas las investigaciones; establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas; incorporar una perspectiva interseccional que considere a niñas, adolescentes y mujeres de la diversidad sexual y de género; fortalecer los sistemas de información con protección de datos; y priorizar acciones orientadas a prevenir las violencias y reparar integralmente el daño en lugar de concentrar la respuesta estatal en el endurecimiento de las penas.

Tal como fue presentada, la iniciativa de Ley de Feminicidio apuesta por ampliar el poder punitivo del Estado, mientras deja sin resolver las condiciones institucionales que hoy generan impunidad y obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia. Mientras que el Programa Integral reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y plantea una ruta más preventiva e integral, pero requiere mayor claridad en su implementación y compromisos presupuestales efectivos.

México necesita una política pública capaz de transformar las condiciones que producen la violencia feminicida, no únicamente de sancionarla cuando ya ocurrió. Más castigo no significa más justicia para las mujeres

Firman:
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Balance A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres

Contacto con prensa:
Balance | xochitl@balancemx.org
MUCD| 55 1840 0457

Ciudad de México, 29 de mayo de 2026. En un procedimiento acelerado y sin apertura al diálogo con sociedad civil y especialistas, el Congreso Federal aprobó una reforma constitucional que modifica las elecciones judiciales, tanto a nivel local como federal, pero sin hacer más accesible la justicia para quienes son parte de un proceso legal en México, ni garantizar que la participación en las votaciones judiciales sean más sencillas. 

La nueva reforma constitucional contempla que las siguientes elecciones judiciales se aplacen a 2028 para que no sean coincidentes con el proceso electoral de 2027, en donde se renovará toda la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos. Este aplazamiento es positivo y resultaba necesario para evitar la complejización y sobrecarga para la ciudadanía y la autoridad electoral. Sin embargo, la reforma omitió atender que esta coincidencia electoral problemática se repetirá en los procesos electorales de 2033 y 2036. 

Por otro lado, las y los legisladores desperdiciaron una oportunidad clave para realizar mejoras de fondo a la Reforma Judicial de 2024. Por ejemplo: si bien la reforma introduce mejoras sobre la homologación de criterios de idoneidad y disposiciones para la capacitación y actualización permanente de las personas juzgadoras, permanece un sistema de selección de candidaturas que, con estándares sumamente bajos de profesionalización y con comités de evaluación integrados al arbitrio de actores políticos, no asegura el nombramiento de perfiles preparados e independientes de la política partidista.

Por otro lado, al crear dos nuevas Secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma corrige el error de la eliminación de sus dos Salas en 2024, que tanto ha mermado la celeridad en la impartición de justicia. No obstante, se mantienen obstáculos para su operatividad, como la propensión al empate dentro de las nuevas Secciones, dada la disminución de la integración de la Corte a nueve ministros y ministras.

Finalmente, la reforma omite atender distintas problemáticas que surgieron con la reforma de 2024, como la habilitación de que juicios penales sean dirigidos y resueltos por jueces sin rostro (una figura opaca y violatoria de derechos humanos); la falta de garantías de probidad y capacidad para acceder a los distintos cargos jurisdiccionales; o el mismo mecanismo de integración de juzgados y tribunales que ha demostrado no ser ajeno a las lógicas partidistas e intereses particulares que no son compatibles con la justicia para las víctimas de delitos. 

Al respecto, ponemos a consideración de las y los legisladores, activistas y público en general, nuestro análisis técnico detallado en: https://www.mucd.org.mx/compartir/La-reforma-a-la-reforma-judicial-25-mayo/

Registro de asistencia: https://forms.gle/hARWsheAGqNTieVU7

Ciudad de México, 24 de marzo de 2025. La reciente revocación y cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de un centenar de organizaciones civiles por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una situación preocupante que no sólo restringe la labor del sector, sino que impacta directamente en la vida de miles de personas beneficiarias de sus actividades, así como al espacio cívico. 

Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, el impulso de la participación ciudadana, la observación del actuar de las autoridades, la construcción de mejores políticas públicas, la protección de territorios y comunidades, el acceso a la justicia, entre otras actividades indispensables para la mejora de las condiciones de vida.

Desde México Unido Contra la Delincuencia no ignoramos la importancia de que las organizaciones operemos con transparencia y apego a la legalidad, así como la necesidad de estudiar su cumplimiento caso por caso, no obstante, destacamos que en México y otros países de América Latina, el sector actualmente enfrenta barreras fiscales y normativas cada vez más difíciles de superar que terminan por reducir la posibilidad operación, alcance e incidencia de las organizaciones. Por ejemplo, imponiendo requisitos burocráticos que bloquean su posibilidad de captar los de por sí escasos recursos económicos necesarios para realizar su labor.

Las OSC en México viven una fiscalización desproporcionada: la solicitud de tramitología y burocracia excesiva termina por golpear la creación, subsistencia y actuación de estos grupos, impide la obtención o recuperación del estatus de donatarias autorizadas, disminuye las posibilidades de donaciones, reduce la sostenibilidad y dignidad de la labor, y termina por forzar la extinción de organizaciones que no pueden acceder a asesoría legal o contable por falta de recursos.

Estas medidas disuaden a las personas y grupos de organizarse, participar y aportar a un país mejor. Desde MUCD, realizamos un llamado al gobierno de México a promover y garantizar la labor de organizaciones civiles que, de la mano de todos los sectores, incluido el gubernamental, han demostrado ser capaces de fortalecer el tejido social e impulsar la protección y defensa de derechos.

Contacto con prensa:
p.ramos@mucd.org.mx

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026. Con mucha emoción y responsabilidad, compartimos con nuestra querida comunidad que, tras 8 años al frente de nuestra organización, Lisa Sánchez concluirá su gestión como directora general de MUCD el próximo 31 de marzo, dando paso a una renovación generacional en la que, a partir del 1 de abril, Cristina Reyes Ortiz asumirá el liderazgo de nuestro equipo, continuando el trabajo en defensa de la seguridad, la justicia y la paz en México.

Lisa Sánchez se incorporó a MUCD hace más de 13 años y su paso por la organización estuvo marcado por importantes hitos: con ella inauguramos nuestro trabajo en política de drogas y entramos a agendas determinantes para el país como la militarización de la seguridad. Bajo su dirección, MUCD rediseñó su forma de trabajo, amplió sus metodologías e incrementó su alcance, abriendo nuevos procesos de investigación, litigio, incidencia pública y construcción de redes de seguridad ciudadana que sirvieron para consolidar a MUCD como una organización líder con fuerte presencia nacional e internacional. Satisfechas con lo logrado, nos entusiasma anunciar esta transición de liderazgo y dar la bienvenida a nuestra querida colega Cristina Reyes Ortiz como nueva directora. 

Cristina es una destacada abogada que se unió a nuestro equipo en 2018 y desde 2022 dirige el área de litigio estratégico, una herramienta que ha sabido consolidar en favor del cambio social y los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especialista en Sistema Penal Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho y maestrante en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera ha trabajado en la implementación del sistema penal acusatorio y se ha distinguido como defensora de los derechos humanos, particularmente de mujeres, infancias y víctimas del delito. En los últimos años, su trabajo se ha consolidado en agendas centrales para MUCD: la defensa de la legalidad institucional, la oposición a la militarización de la seguridad pública y la promoción de una política de drogas alternativa basada en derechos. En la organización también ha liderado el acompañamiento jurídico y la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo a colectivos de familias buscadoras. Su sensibilidad, trayectoria y compromiso serán fundamentales para dar continuidad a nuestro trabajo y liderar un equipo que ha sabido construir bases y perspectiva de futuro. 

En MUCD continuaremos impulsando acciones para la prevención, atención y reducción del delito; incidiendo en la creación de políticas de seguridad integrales y en beneficio de la ciudadanía; defendiendo personas y colectivos de víctimas del delito; así como fortaleciendo las instituciones, la legalidad y la promoción del Estado de derecho.

Entérate a detalle en nuestro análisis: https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2026/03/Responsabilidad-de-los-Estados.pdf

Hacemos esta intervención en nombre de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y la democracia, especialmente en América Latina.

En su Informe Anual de 2025, la JIFE expresó preocupación por el aumento de las ejecuciones extrajudiciales por sospecha de narcotráfico, señalando que violan los derechos humanos y las convenciones internacionales de control de drogas.

Uno de los problemas en América Latina está siendo el uso del marco antiterrorista para combatir a las organizaciones criminales. La imposición del término “narcoterrorismo” se usa para entender un conjunto de problemas heterogéneos. Se trata de una confusión deliberada de categorías que busca introducir una nueva ola de medidas de excepción y militarización.

No se trata de relativizar la gravedad de las actividades del crimen organizado, que han consolidado formas de gobernanza criminal que derivan en gravísimas violaciones de derechos humanos.

El uso del marco antiterrorista implica, por la forma en que se configuró luego del 11S de 2001, la militarización, la suspensión de garantías, y la alta opacidad estatal con ausencia de rendición de cuentas. Recientemente varios gobiernos reciclaron este marco para justificar una nueva fase de militarización y legislación de excepción para abordar la criminalidad organizada, ahora recategorizada como “narcoterrorismo”.

Las consecuencias del fracaso de la “guerra a las drogas” han sido evidenciadas. Todas ellas vuelven a estar vigentes y se intensifican con la expansión de la idea de “narcoterrorismo”. En los últimos meses este problema fue llevado al extremo al utilizar esa categoría como herramienta para habilitar intervenciones militares, ignorando la legalidad internacional.

Los países que adoptan este marco rápidamente lo expanden para perseguir a la disidencia política, a sectores vulnerables como migrantes y pueblos indígenas, y para achicar el espacio cívico.

El problema no es sólo el tipo de políticas antiterroristas. Esta categoría invisibiliza dos dinámicas clave de la criminalidad organizada: la connivencia estatal y su imbricación en la economía. Al ocultarlas, el marco antiterrorista aumenta la violencia y resulta ineficaz. El problema es la gobernanza criminal, no el terrorismo.

Es necesario terminar con la “guerra a las drogas”, fortalecer los controles de flujos financieros y garantizar investigaciones independientes. Si las autoridades locales no garantizan el acceso a la justicia y la rendición de cuentas debe ser la comunidad internacional quien las promueve para evitar la impunidad.

Instamos a la CND a trabajar junto con los Estados, emitiendo recomendaciones para limitar el uso de la herramienta militar en estos problemas y restringir los regímenes de excepción justificados por “narcoterrorismo”

Por todo ello llamamos a los Estados a abstenerse de utilizar el marco antiterrorista para abordar los problemas de la criminalidad organizada y a desarrollar políticas integrales especialmente enfocadas en las comunidades más vulnerables, sin convertirlas en zonas de guerra.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CEA Justicia Social

Elementa DDHH

IDPC

WOLA

Instituto Ria

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Amnistía Internacional

Dejusticia

El pasado domingo 22 de febrero, nuestro país sintió con mucha más fuerza e intensidad la violencia y la creciente vulnerabilidad de nuestras vidas. Si bien en muchos territorios del país la situación de violencia se ha “normalizado”, después del domingo se ha tenido una sensación generalizada de miedo y desesperanza.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y el posterior abatimiento de otros líderes de dicha organización criminal, desencadenó una intensa ola de violencia en por lo menos 22 estados del país, lo que demuestra el poderío y capacidad organizativa del CJNG.

Una situación que no se ha abordado en los medios de comunicación y en los análisis realizados tras los hechos ha sido el tema de las armas de fuego. Tras el operativo se incautaron siete armas largas, así como cartuchos, cargadores y un par de lanzacohetes de uso militar de fabricación rusa y bélica. Sin embargo, tal incautación no toca ni la estructura ni el flujo constante de armamento de índole militar hacia y dentro del país.

La estimación más conservadora sobre la cantidad de armas de fuego que se trafican desde Estados Unidos a México cada año es de 135,000, es decir, 369 armas por día. Esto sugiere que, mientras el operativo contra Oseguera logró la incautación de siete, ese mismo día cruzaron al menos 369 armas ilegales por la frontera norte. Los grupos del crimen organizado en México utilizan cientos de miles de armas compradas en armerías estadounidenses autorizadas, y el 82% de ellas son confiscadas en entidades mexicanas donde predomina la presencia del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, de acuerdo con autoridades mexicanas, cerca de la mitad de los cartuchos calibre .50 que se han asegurado a los cárteles desde 2012 han sido rastreados hasta una planta de municiones ubicada en las afueras de Kansas City, Misuri, la cual pertenece al gobierno de Estados Unidos.

Además de sumarnos a las preocupaciones e indignación de toda la sociedad mexicana contra el aumento de la violencia y la inseguridad en diversas localidades del país, la Alianza Binacional Desarmando el Miedo hace un llamado a que los gobiernos de México y Estados Unidos cooperen de manera efectiva para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego. En el caso del gobierno mexicano, también lo instamos a que garantice las condiciones materiales y de seguridad para el regreso a la cotidianidad en las diversas regiones.

Dentro de la tragedia que nos aqueja como sociedad, se abre una oportunidad única para trabajar una política integral de control de armas en el país, pues cada día nos recuerda que las armas de fuego son el principal instrumento de la violencia. Trabajar en la pacificación y el desarme del país requiere de la cooperación entre México y Estados Unidos, pero también del involucramiento de todos los actores políticos y sociales de ambos lados de la frontera que tengan la capacidad para generar propuestas concretas, basadas en los derechos humanos y con el fin último de contener el flujo de las armas de fuego.