Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Colectivo #SeguridadSinGuerra rechazamos el proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para construir un complejo militar en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, con una inversión estimada de 1,658 millones de pesos y una superficie de 55,624 metros cuadrados.

El proyecto, que  aún requiere autorización de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), contempla un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como un Centro Nacional de Historia Militar, y representa una nueva forma de la expansión presupuestaria y patrimonial de las Fuerzas Armadas. Se trata de un ejercicio con la intención de normalizar el proceso de militarización nacional, que debe ser frenado.

La construcción de este complejo no puede analizarse como un proyecto aislado, sino que se suma a un proceso sostenido de ampliación de los recursos, funciones, infraestructura y patrimonio bajo control de las Fuerzas Armadas que, en su conjunto, ha fortalecido el poder simbólico, político y económico de estas instituciones, en detrimento directo del carácter civil de nuestras instituciones. 

Una de las formas más directas del empoderamiento de las FFAA es precisamente la relacionada con el ejercicio y control cada vez mayor de dinero e infraestructura pública: la tercera edición de la investigación El Negocio de la Militarización documenta que el gasto efectivamente ejercido por las Fuerzas Armadas puede superar de manera importante lo aprobado originalmente por el Congreso. Por ejemplo, sólo en 2024, la Sedena registró un sobreejercicio de 111% en su gasto neto ejercido.

A esta expansión presupuestaria se suma una creciente participación de las Fuerzas Armadas en la administración de empresas, infraestructura y fideicomisos. El incremento del patrimonio de estas corporaciones no sólo es preocupante por la misma acumulación de poder económico, sino también por la falta de mecanismos democráticos para dar cuenta del uso adecuado de estos recursos.

En este contexto, es injustificable destinar 1,658 millones de pesos de recursos públicos a una nueva infraestructura militar mientras persisten necesidades sociales y de seguridad que requieren atención presupuestaria, por ejemplo, presupuesto para la localización y búsqueda de personas desaparecidas o para el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia. La discusión no debe limitarse a si existe capacidad financiera para construir el complejo, sino a qué prioridades debe atender el presupuesto público y bajo qué controles civiles se decide su asignación y ejercicio.

En lugar de seguir ampliando el patrimonio y los recursos públicos bajo control de las Fuerzas Armadas, consideramos indispensable fortalecer los controles civiles sobre el presupuesto que actualmente administran, creando mecanismos efectivos de supervisión, fiscalización y rendición de cuentas que garanticen que los recursos millonarios que ya reciben se ejercen conforme a lo aprobado y bajo control civil: entre 2006 y 2026 el presupuesto de Sedena creció a una tasa anual promedio de 7.9%, frente a 3.4% del gasto federal total, según hallazgos de la tercera edición de El Negocio de la Militarización.

Rechazamos la construcción de este museo porque pretende convertir la militarización en cultura y la expansión castrense en la normalidad de la sociedad mexicana, en un contexto de violencia armada extrema. Financiar con recursos públicos un espacio de exaltación de las Fuerzas Armadas profundiza su poder simbólico y social, en lugar de fortalecer instituciones civiles, una cultura de paz y no violencia y, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.

Adicionalmente, el proyecto plantea una preocupación ambiental: pretende intervenir 55,624 metros cuadrados de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, una superficie que actualmente tiene más del 70% cubierta por árboles y que es reconocida como Área de Valor Ambiental, de acuerdo con su Programa de Manejo Ambiental. La obra tendría una duración estimada de 36 meses e incluiría, entre otras instalaciones, estacionamientos con capacidad para 447 automóviles y ocho autobuses, según fuentes periodísticas. La magnitud de la intervención obliga a aplicar el principio de prevención y a priorizar la protección de un espacio que presta servicios ambientales fundamentales para la ciudad.

Este complejo es innecesario. Llamamos a la Sedema a no autorizar el proyecto y al Gobierno Federal a revalorar el uso más eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sociales, de seguridad y derechos ambientales de la población. Asimismo, llamamos a dejar de ampliar el poder económico, patrimonial y político de las instituciones militares y a fortalecer los controles civiles sobre sus recursos.

La expansión sostenida de las Fuerzas Armadas, documentada por organizaciones civiles y en las tres ediciones de El Negocio de la Militarización, no puede desvincularse del equilibrio democrático: un Estado democrático requiere instituciones militares sujetas a controles civiles efectivos y límites claros a la concentración de recursos, funciones y patrimonio.

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Precisamente en este mes, en que conmemoramos las luchas por la igualdad laboral, salarial y política de las mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por tener un evento con las Fuerzas Armadas en el Campo Militar Número 1. Ya habían dedicado todo el mes de febrero a dichas instituciones castrenses con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y el Día del Ejército Mexicano, en los que afirmó que estas instituciones tienen un “gen revolucionario” y una “esencia social”, y señaló: “les reconocemos, les admiramos y les agradecemos”. Incluso ha afirmado en otras ocasiones que las instituciones militares son constructoras de paz.

Resulta especialmente preocupante que, en el 8M, una fecha dedicada a visibilizar las violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres, la Presidenta y las mujeres de su Gabinete, hayan optado por cerrar filas con las Fuerzas Armadas.

Como feministas y defensoras de los derechos humanos de todas las mujeres, sabemos que las instituciones militares son profundamente patriarcales, machistas y sexistas en su interior y en su interacción con la población. Pese a que ahora hay mujeres en diversas áreas dentro de las instituciones militares, sabemos que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional no previenen, atienden ni reparan las violencias que ejercen sus integrantes hombres contra sus integrantes mujeres. Es más, cuando ellas buscan verdad, justicia y memoria se les suele perseguir, estigmatizar, criminalizar y revictimizar.

Después de más de dos décadas de políticas de militarización, sabemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles no ha sido efectiva para reducir la violencia que nos afecta y que, por el contrario, puede constituir un factor de riesgo para el ejercicio de nuestros derechos. Además ahora también enfrentamos una corporativización e integración militar con megaproyectos a cargo de empresas militares.

Estos procesos tienen impactos negativos, específicos y diferenciados, sobre las mujeres, especialmente, en aquellas que habitan y transitan los territorios irrumpidos militarmente por ellos.

En los últimos años hemos visto cómo las instituciones militares utilizan cada vez más la imagen de mujeres para legitimarse ante la población civil. Eso ya es cuestionable en sí, pero aparte, no podemos olvidar la historia reciente de América Latina ni la experiencia cotidiana de miles de personas —particularmente mujeres— que han tenido que enfrentar la presencia, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios. Tampoco podemos ignorar las denuncias actuales: tan sólo en la Ciudad de México existen decenas de carpetas de investigación por delitos sexuales contra mujeres en las que los presuntos responsables son elementos de las fuerzas armadas.

Quienes suscribimos este posicionamiento sostenemos que la seguridad ciudadana, el desarrollo y la erradicación de la violencia contra las mujeres no se garantizarán mediante el involucramiento de las Fuerzas Armadas, sino a través de instituciones civiles capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Presidenta tiene la oportunidad de hacer historia, no sólo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por adoptar una perspectiva verdaderamente feminista y de género sobre el gobierno en México. La igualdad sustantiva de las mujeres pasa por reconocer y revertir la violencia institucional, por prevenir y proteger efectivamente a las mujeres de posibles violaciones a derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como no estatales. Las Fuerzas Armadas no deben ser incuestionables o tratadas como superiores o excepcionales al resto de la administración pública. La Presidenta y su Gabinete deben poner límites claros –legales, presupuestales, operativos y simbólicos– a las Fuerzas Armadas y avanzar hacia estrategias efectivas centradas en los derechos humanos, la prevención, la justicia y la protección efectiva de las mujeres.

Organizaciones y colectivos firmantes:

Abogadas Con Glitter
Bajo tierra ediciones
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Centro de Estudios Ecuménicos
Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género, Nduva Ndandi A.C
Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
Colibrí por la Legítima Defensa A.C.
ControlaTuGobierno A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Fundación Ius Género, A.C.
Global Thought
Impunidad Cero
Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.
Justicia Pro Persona, A.C.
Lxs Hijxs de Isis
Magma Transfeminista
México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD)
Mujeres Libres COLEM A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Pandeo
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Raíces, Análisis de género para el desarrollo
Red Feminista Antimilitarista
Restauradoras con glitter
Tumbalacasa ediciones

Suscripciones individuales

Abril Castro
Agnes Mondragon
Aleida Hernández Cervantes
Alethia Fernández de la Reguera
Amalia De Montesinos
Amy Sanchez
Ana Castillo Espinosa
Ana Elena C
Ana María Sánchez Hernández
Ana Yeli Pérez Garrido
Andrea Villers
Andrés Sánchez Grobet
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Araceli Osorio Martínez
Arely Orozco
Arturo Isidro Saucedo González
Arturo Sánchez
Ayla Diaz Salas
Berenice Vargas Ibañez
Brenda lara hernandez
Carlos Garza
Carlos H. Babún
Cerrucha
Christine Brault
Claudia Cecilia Rivera Carrera
Claudia Chávez Argüelles
Cristina Reyes Ortiz
Cynthia Isabel Hernández Esparza
Daira Arana Aguilar
Daniela Pascual Cáceres
Dawn Marie Paley
Emanuela Brozacchiello
Evangelina Flores Ceceña
Eliana García
Eréndira Gómez Gómez
Fabrizio Lorusso
Gabriela Rioja
Gizella Garciarena
Irasema Fernández
Irmgard (Gardi) Emmelhainz
Ishtar Laguna Monroy
Jannen Contreras Vargas
Jimena Guadalupe Sánchez Gochi
Joásil Pantoja
Julia Escalante De Haro
Julieta Cano Lujano
Karla Sandoval Mendoza
Laura Elena Sosa Cáceres
Liliana E. Vidó Zamora
Liliana Quintanar
Lorena Wolffer
Lourdes Enriquez
Lucía Alvarado Gonzalez
Lucia Melgar Palacios
Lucía Raphael
Magali Lara
Marcela Méndez
Maria Antonia Paz Cervera
Mariana Chavez Berron
Marisol Valdez Valdez
Mercedes Caso
Mirna Roldán
Nora Nagels
Pamela RG
Raquel Gutiérrez Aguilar
Sara San Martín R
Sofía Riojas Paz
Suhayla Bazbaz Kuri
Tabatta Salinas Caballero
Tania Islas
Víctor Manuel Juárez Martínez
Wilma Esquivel Pat
Xóchitl Rodríguez Quintero