Hacemos esta intervención en nombre de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y la democracia, especialmente en América Latina.

En su Informe Anual de 2025, la JIFE expresó preocupación por el aumento de las ejecuciones extrajudiciales por sospecha de narcotráfico, señalando que violan los derechos humanos y las convenciones internacionales de control de drogas.

Uno de los problemas en América Latina está siendo el uso del marco antiterrorista para combatir a las organizaciones criminales. La imposición del término “narcoterrorismo” se usa para entender un conjunto de problemas heterogéneos. Se trata de una confusión deliberada de categorías que busca introducir una nueva ola de medidas de excepción y militarización.

No se trata de relativizar la gravedad de las actividades del crimen organizado, que han consolidado formas de gobernanza criminal que derivan en gravísimas violaciones de derechos humanos.

El uso del marco antiterrorista implica, por la forma en que se configuró luego del 11S de 2001, la militarización, la suspensión de garantías, y la alta opacidad estatal con ausencia de rendición de cuentas. Recientemente varios gobiernos reciclaron este marco para justificar una nueva fase de militarización y legislación de excepción para abordar la criminalidad organizada, ahora recategorizada como “narcoterrorismo”.

Las consecuencias del fracaso de la “guerra a las drogas” han sido evidenciadas. Todas ellas vuelven a estar vigentes y se intensifican con la expansión de la idea de “narcoterrorismo”. En los últimos meses este problema fue llevado al extremo al utilizar esa categoría como herramienta para habilitar intervenciones militares, ignorando la legalidad internacional.

Los países que adoptan este marco rápidamente lo expanden para perseguir a la disidencia política, a sectores vulnerables como migrantes y pueblos indígenas, y para achicar el espacio cívico.

El problema no es sólo el tipo de políticas antiterroristas. Esta categoría invisibiliza dos dinámicas clave de la criminalidad organizada: la connivencia estatal y su imbricación en la economía. Al ocultarlas, el marco antiterrorista aumenta la violencia y resulta ineficaz. El problema es la gobernanza criminal, no el terrorismo.

Es necesario terminar con la “guerra a las drogas”, fortalecer los controles de flujos financieros y garantizar investigaciones independientes. Si las autoridades locales no garantizan el acceso a la justicia y la rendición de cuentas debe ser la comunidad internacional quien las promueve para evitar la impunidad.

Instamos a la CND a trabajar junto con los Estados, emitiendo recomendaciones para limitar el uso de la herramienta militar en estos problemas y restringir los regímenes de excepción justificados por “narcoterrorismo”

Por todo ello llamamos a los Estados a abstenerse de utilizar el marco antiterrorista para abordar los problemas de la criminalidad organizada y a desarrollar políticas integrales especialmente enfocadas en las comunidades más vulnerables, sin convertirlas en zonas de guerra.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CEA Justicia Social

Elementa DDHH

IDPC

WOLA

Instituto Ria

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Amnistía Internacional

Dejusticia

Apenas este 3 de diciembre se aprobó una reforma en materia de drogas que prohíbe a nivel constitucional los vapeadores y otras drogas sintéticas, bajo el argumento de proteger la salud de las y los mexicanos. Esta reforma es la última de las aprobadas por la actual Legislatura, y corresponde al paquete de reformas que fueron enviadas desde febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobra decir que, esta reforma apunta al camino incorrecto para transformar la política de drogas, pues se ha comprobado que el prohibicionismo ha probado ser el enfoque incorrecto para atender los problemas asociados con las drogas.

Esta reforma hará poco por terminar con los problemas asociados con estas drogas y generará otros nuevos, por ejemplo, al abrir la posibilidad de que el crimen organizado capte el mercado en ascenso de los vapeadores, e introducir una categoría sumamente ambigua sobre “drogas sintéticas”, y prohibir la producción, tráfico y consumo. Esto último afectará más a personas usuarias, volviéndolas objeto de persecución y represión estatal, y al personal médico y científico, que enfrentarán más barreras legales para usar “drogas sintéticas” con fines médicos legítimos, por ejemplo el fentanilo.

El énfasis de la reforma en el fentanilo es un punto importante. El fentanilo es un opioide sintético más potente que la morfina, usado para tratar a pacientes con enfermedades terminales y que están pasando por procedimientos invasivos. Esta sustancia comenzó a aparecer en el mercado ilícito de Estados Unidos en el contexto de la crisis de los opioides, y a sustituir a opioides de menor intensidad como la heroína. Su mayor intensidad y la saturación del mercado llevó a un aumento drástico en las sobredosis, que ha llevado a que el país haya tenido más de 100 mil muertes anuales por sobredosis desde 2021. Sólo en 2022, la CDC atribuyó más de 80 mil de estas muertes a sobredosis por opioides y mucha de este fentanilo es traficado desde e incluso producido en México.

Desde el gobierno anterior, México ha carecido de datos sobre consumo del fentanilo, por lo que sus estrategias, campañas y políticas han partido de supuestos morales y no de la evidencia científica. En el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma de la política de drogas no ha sido un tema central, y en cambio se ha optado por continuar con la estrategia prohibicionista y estigmatizante del gobierno anterior. En ese sentido, el prohibicionismo reflejado por esta reforma parece responder menos a la convicción de que ésta es la respuesta a los problemas de drogas, y más a una combinación entre la continuidad con la política del gobierno anterior, y la reciente llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. 

Al respecto, aunque la presión por atender el tráfico de fentanilo ya existía, Donald Trump ganó la elección prometiendo medidas estrictas si el gobierno mexicano no hace más por detener la entrada del fentanilo, que van desde aranceles a productos mexicanos hasta invadir unilateralmente al país para enfrentar a los cárteles de drogas. Esta última medida, en particular, haría poco por detener el tráfico de sustancias, y sólo aumentaría la violencia y violaciones a derechos humanos en México. 

La influencia de estos discursos y la poca disposición a defender alternativas es particularmente paradójica si consideramos que, por primera vez desde 2018, las muertes anuales por sobredosis están bajando en Estados Unidos. Aunque es difícil saber qué factor es el determinante en esta reducción, la atención a esta crisis desde un enfoque de salud pública y reducción de daños por el gobierno de Joe Biden definitivamente ha influido en esto, por ejemplo facilitando el acceso a medicamentos como la naloxona que pueden detener una sobredosis de opioides. 

Si bien es pronto para cantar victoria, este tipo de enfoques parecen ya estar dando resultados, y abren la puerta para encontrar soluciones comunes entre ambos países a los problemas de las drogas sintéticas. Seguir apostándole al prohibicionismo no sólo es inútil, también abre la puerta a justificar medidas como la que actualmente está  proponiendo el presidente electo. Bajo este contexto, es necesario tomar esta oportunidad para construir una alternativa a esta política fracasada, para atender el problema de drogas desde la salud pública y no la seguridad.

Ciudad de México, 5 de enero de 2023. México Unido Contra la Delincuencia condena los hechos violentos de este 5 de enero en Culiacán y otros municipios de Sinaloa sucedidos luego de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera y uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.

A lo largo de este jueves, ciudadanía y medios han reportado despojos, quemas de vehículos, bloqueos en la vía pública y enfrentamientos con la participación de grupos armados e integrantes de fuerzas de seguridad estatales y federales. La violencia ha sido tal que autoridades locales declararon, de facto, un estado de excepción y suspendieron actividades en varios puntos de la entidad, sin que al momento se conozcan los alcances, límites y controles existentes para garantizar la protección y vigencia de los derechos de las y los habitantes.

Resulta inaceptable que el Estado no considerara el grave impacto que este operativo tendría sobre la seguridad de la población ni estableciera medidas preventivas para protegerla. Es urgente que autoridades locales y federales realicen acciones tendientes a prevenir y detener los actos criminales desplegados en la entidad sin afectar a la sociedad civil y garantizando, en todo momento, que no exista abuso del uso de la fuerza pública y se restablezcan las condiciones para el ejercicio de todos los derechos.

El operativo realizado este día se realiza como parte de una política de drogas prohibicionista que, desde hace décadas, convirtió un problema de salud en uno de seguridad, y ha provocado un aumento exponencial de la inseguridad y la violencia, aunado a la militarización de la seguridad pública.

Esta política ha permitido el potencial empoderamiento de organizaciones criminales, garantizando la continuidad de un mercado negro que les es sumamente rentable, gestionando apenas el fenómeno y desatando enfrentamientos -como el de hoy- que no lograrán su eliminación. Se trata de una política generadora de violencia, centrada en exacerbar el conflicto y poner en peligro la integridad y seguridad de la ciudadanía.

El evento de este día no es aislado: estados como Michoacán, Jalisco y el propio Sinaloa han registrado olas de enfrentamientos que han marcado nuestra historia reciente, signos inequívocos de que es imprescindible que, de inmediato, el Gobierno Federal revise con seriedad estas políticas y opte por alternativas.

Exigimos reformar la política de drogas actual para transitar a la eliminación del mercado ilegal, la devolución del control civil sobre la seguridad pública, la priorización de mecanismos de seguridad ciudadana, la revisión de la política de control de armas y el fortalecimiento de las instituciones de justicia para, efectivamente, comenzar a reconstruir el tejido social.

Atentado contra secretario de seguridad pública en Ciudad de México no debe quedar impune

• México Unido Contra la Delincuencia condena categóricamente los actos de violencia cometidos contra Omar García Harfuch y se solidariza con las víctimas del atentado
• Imperativo detener y revertir la crisis de inseguridad y violencia que vivimos y que afecta tanto a la ciudadanía como a las instituciones que deben protegerla

Ciudad de México, a 26 de junio de 2020-. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena el atentado contra el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México ocurrido el día de hoy y se solidariza con las víctimas. Actos criminales e intimidatorios como este deben ser sancionados de manera ejemplar y conforme a derecho, imposibilitando su utilización por parte del crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá realizar una investigación profunda y transparente que garantice que esta afrenta no quede impune.

Nuestro país no puede ni debe permitir que lo sucedido hoy en Ciudad de México, y antes en otros estados de la República como Colima o Guerrero, siga ocurriendo. Ningún juez, policía, fiscal o servidor público encargado de proteger a la población debe ser atacado por cumplir su deber. Permitirlo sólo empeorará el clima de violencia e inseguridad en el que las y los mexicanos vivimos todos días.

Detener la espiral de violencia, incluida aquella que se dirige directamente contra la autoridad, requiere que nos tomemos en serio el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y de procuración de justicia, así como la regulación estricta del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sólo así podremos ser efectivos contra el crimen y garantizar que estos actos no se repitan.

Desde MUCD insistimos en que el combate a la impunidad es prioritario para disuadir la actividad criminal y reparar efectivamente el daño a las víctimas. Nos solidarizarnos con el secretario de seguridad y también con las víctimas de la violencia y sus familias. Hoy más que nunca, es urgente redirigir la estrategia de seguridad.

Contacto para prensa

Ulises Vera

Director de comunicación | México Unido Contra la Delincuencia

comunicacion@mucd.org.mx

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Homicidio de juez Uriel Villegas Ortiz representa una afrenta contra el Poder Judicial de la Federación y la sociedad mexicana

• México Unido Contra la Delincuencia condena enérgicamente el homicidio del juez Uriel Villegas y exige a la Fiscalía General el esclarecimiento de este caso y del rezago de casos anteriores
• Imperativo detener y revertir la crisis de inseguridad y violencia que vive nuestro país y que afecta a la ciudadanía y a las instituciones que deben protegerla

Ciudad de México, a 17 de junio de 2020-. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condenamos enérgicamente el reciente homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurrido el día de ayer en Colima, y exigimos a la Fiscalía el esclarecimiento del caso y la sanción a los responsables. Este crimen, al representar un acto intimidatorio que busca minar la independencia del Poder Judicial de la Federación, afecta no solo la impartición de justicia en México, sino constituye una afrenta a los derechos de la ciudadanía para contar con autoridades independientes que nos puedan defender como sociedad.

Hoy, más que nunca, es urgente redirigir la estrategia de seguridad para frenar la violencia y la delincuencia, y revertirla a través de la inversión decidida en desarrollo policial, el combate a la impunidad y la prevalencia del Estado de derecho. En particular, llamamos a emprender acciones tendientes a prevenir la victimización de la sociedad en su conjunto y garantizar la seguridad e independencia de quienes se encargan de impartir justicia. La situación actual del país requiere de una judicatura libre de presiones externas.

Exigimos a la Fiscalía General de la República el esclarecimiento de los hechos a partir de una investigación completa, profesional y apegada a derecho. También exhortamos al Consejo de la Judicatura Federal para que eficiente los procesos de evaluación de riesgos de los más de 300 jueces y magistrados que en 2019, solicitaron algún tipo de medida de seguridad y garantice su disponibilidad y continuidad.

México Unido Contra la Delincuencia se solidariza con el Poder Judicial de la Federación y refuerza su compromiso con las víctimas de la violencia.

Contacto para prensa

Ulises Vera

Director de comunicación | México Unido Contra la Delincuencia

comunicacion@mucd.org.mx | l.vera@mucd.org.mx

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En México te secuestran sin importar si eres rico o pobre

• El secuestro es uno de los más graves crímenes y afecta a todos los mexicanos sin importar su estrato socioeconómico
• 59% de los hogares afectados por el secuestro fueron de estratos socioeconómicos “bajo” y “medio bajo”
• 67% en el caso de desapariciones forzadas

Ciudad de México, a 16 de junio de 2020-. En conferencia matutina del 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras abordaba algunas de las recomendaciones para volver a la nueva normalidad tras la pandemia de COVID-19, y de cómo el gobierno tiene el deber de proteger a la sociedad en esta, como otras circunstancias en materia de seguridad, afirmó que en materia de secuestro, “no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene” (sic.). Además de lo preocupante que significa negarle el estatuto de víctima a las personas privadas de la libertad que tienen bajos ingresos, en México Unido Contra la Delincuencia, nos parece importante que los diagnósticos sobre delitos violentos y victimización se sustenten en evidencia. En este sentido, nos dimos a la tarea de corroborar qué tan acertada es esa afirmación.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, los estratos socioeconómicos “bajos” también son victimizados. De hecho, 754 hogares que fueron entrevistados por el INEGI y clasificados en estratos “bajo” o “medio bajo”, afirmaron que alguno de sus integrantes había sido víctima de secuestro. Esto equivale a 59% de los hogares victimizados (contra 41% de estratos “medio alto” o “alto”). En el caso de las desapariciones forzadas, los estratos socioeconómicos “bajo” y “medio bajo” incluso representan el 67% de los hogares afectados^[1].

En un país en el que el acceso a la justicia es difícil, tal como lo muestran los porcentajes altísimos de cifra negra (93.2%)[2] y de impunidad (96.1%)[3], las y los que viven en condiciones socioeconómicas más vulnerables son los que más dificultades tienen para acceder a asesoría y representación jurídica de calidad e in fine obtener una reparación por los daños sufridos.

Por otro lado, aún recordamos que en 2019 se dio a conocer una serie de secuestros (y tentativas de secuestro) de mujeres en instalaciones y alrededores del metro de Ciudad de México. Entre las víctimas, en su mayoría jóvenes estudiantes, las que lograron escapar, reportaron procesos de revictimización (incluyendo comentarios machistas) por parte de las autoridades cuando acudieron a denunciar los hechos^[4].

Reiteramos nuestro llamado a prevenir los secuestros, así como a garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas las familias directas e indirectas. México es ciertamente un país con altos niveles de desigualdad socioeconómica que requieren políticas redistributivas, pero éstas no solucionarán los fenómenos de violencia por los que atraviesa nuestra sociedad. No se podrá lograr buenos resultados en la agenda de seguridad ciudadana sin la consolidación del sistema de justicia penal, el desarrollo de corporaciones policiales civiles y el respeto de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.

^[1] Todos los porcentajes fueron calculados a partir del conjunto de datos “TPer_Vic2_ENVIPE_2019”, descargable en la sección de datos abiertos de la ENVIPE 2019

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/default.html#Datos_abiertos. Dado que no se aplicó ningún factor de expansión, estos porcentajes representan estrictamente la proporción de víctimas sobre el total de 91,986 observaciones registradas en la encuesta (personas seleccionadas en los hogares como informantes).

[2] INEGI (2019) – ENVIPE 2019

[3] México Evalúa (2019) – Hallazgos 2018

^[4] A. Rojas, “Secuestros en el metro de CDMX”, BBC News Mundo, 14 de febrero de 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47236730

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Ulises Vera

Director de comunicación | México Unido Contra la Delincuencia

comunicacion@mucd.org.mx | l.vera@mucd.org.mx

Ante el avance progresivo de la regulación del uso adulto de la cannabis en los Estados Unidos, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) elaboró este documento que explora los doce modelos de regulación existentes en Estados Unidos. Ello, con el fin de crear un instrumento de experiencia comparada que reconozca la diversidad de esquemas y contribuya a nutrir la construcción de una regulación integral y responsable de la cannabis en México.

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Como complemento de este trabajo y para adentrarse en un análisis detallado de las lecciones en la implementación de las distintas regulaciones en Estados Unidos, recomendamos ampliamente consultar la investigación elaborada por nuestro socio Transform Drug Policy Foundation: “Altered States: Cannabis regulation in the US”.

Ciudad de México, 01 de junio de 2020.

Ciudad de México a 26 de febrero de 2020. Como parte de la estrategia de MUCD que propone la regulación de todas las drogas como una herramienta que permita transitar hacia un México más seguro y en paz, conseguimos los primeros permisos de importación de semillas legales en el país. Sin embargo, realizar los trámites de importación involucra un costo aproximado de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.).

Lamentablemente, el proyecto que se discute en estos momentos en el Senado de la República establece como obligatoria la importación de semillas tanto para personas que deseen realizar autocultivo, como para los actores que deseen participar en actividades comerciales, incluyendo los grupos vulnerables. Lo que involucra una barrera de acceso que sólo podrá ser costeada por grandes empresas.

Adicionalmente, este proyecto contiene otros puntos preocupantes, entre los que destacan: Establecer un sistema de trazado que es caro y complejo; los empaques deberán ser reciclables, compostales, herméticos, resellables, a prueba de niñas, niños y adolescentes; y establece como requisito contar con RFC y contar con una opinión positiva del SAT, excluyendo a la comunidad campesina y favoreciendo a las empresas establecidas.

Finalmente, queremos destacar el hecho de que este proyecto establece la necesidad de una licencia para poseer, transportar, sembrar, cultivar y en general cualquier actividad relacionada con el uso del cannabis independientemente de la cantidad, abre la puerta a las autoridades para que realicen inspecciones en las casas de las personas consumidoras y una vez más, recurre al derecho penal para establecer penas en algunos supuestos en los que las personas no cuenten con el permiso correspondiente.

MUCD realizó un análisis con recomendaciones específicas, disponible en nuestra página web, y exige que el Senado de la República emita una regulación completa, evaluable, balanceada, cuidadosa e incluyente que se adapte a las necesidades de nuestro país y que nos permita transitar hacia un México más seguro y en paz.

Análisis y artículos disponibles en https://www.mucd.org.mx/cannabis-cuenta-regresiva/

En el siguiente esquema se observa que cada país opta por distintas alternativas de acuerdo a sus necesidades particulares.

México debe hacer los mismo a la hora de regular.

Agradecemos el esfuerzo realizado por Transform Drug Policy Foundation  para sintetizar esta importante información.

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Agradecemos el esfuerzo realizado por Transform Drug Policy Foundation  para que las personas interesadas alrededor del mundo tengan acceso a esta información.

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