Ciudad de México, 22 de abril de 2026. Las organizaciones civiles firmantes saludamos la visita a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y le extendemos un respetuoso llamado público a considerar los retrocesos en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho, para que formen parte de las recomendaciones que derivarán de su visita a nuestro país. 

Pese a las recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano para un plan de retiro de las fuerzas armadas, su uso en seguridad pública continúa. Sin embargo, la violencia no ha disminuido y, por el contrario, preocupa que el uso de la militarización para atenderla ha causado violaciones graves a los derechos humanos. 

Advertimos también que el poder político y económico de las fuerzas armadas se ha extendido a otros rubros civiles, como la administración de puertos, la construcción de infraestructura y el control de empresas. Incluso, en 2024, se eliminaron de la Constitución las normas que impedían a las fuerzas armadas emprender tareas civiles en tiempos de paz, incluidas las funciones de seguridad. Esto erosiona al Estado de Derecho, por lo que es urgente implementar mecanismos de control democrático y rendición de cuentas a las fuerzas armadas, además de insistir en la importancia de un modelo civil de la seguridad.

La estrategia de combate armado contra el crimen organizado no ha funcionado para reducir la violencia y la criminalidad. Por el contrario, la violencia letal y la crisis de desapariciones en México se agravan. Es indispensable que el Alto Comisionado conmine al gobierno de México a cooperar con instancias internacionales para adoptar medidas inmediatas para la prevención, búsqueda y protección de las víctimas.

La impunidad generalizada es una prioridad urgente: como señalamos al Alto Comisionado, sólo 1 de cada 100 delitos se resuelve en México. Es indispensable atender sus causas estructurales: la débil capacidad investigativa, la ausencia de protección a testigos, la corrupción y la falta de autonomía real de las Fiscalías.

La reforma judicial removió a más de 6,000 personas juzgadoras de carrera para sustituirlas mediante voto popular. Esto sin garantizar conocimientos, aptitudes e independencia, generando un retroceso en la división de poderes. Las elecciones judiciales de 2025 tuvieron consecuencias graves: resultaron electas personas sin capacidad jurisdiccional, muchas vinculadas al poder político o al crimen organizado. 

Resaltamos la necesidad de abolir la prisión preventiva oficiosa —en lugar de aumentarla, como ha sucedido en los últimos años— para que las autoridades sólo puedan recurrir a la prisión preventiva cuando se justifique como necesaria y proporcional caso por caso; así como garantizar mecanismos de control constitucional como el amparo. 

Confiamos en que la visita del Alto Comisionado será una oportunidad para que el Estado mexicano abra caminos de diálogo, cooperación y acciones concretas necesarias para atender las diversas problemáticas vinculadas con las violaciones a derechos humanos. Por lo que consideramos indispensable integrar las documentaciones, testimonios y voces expertas de víctimas, colectivos y sociedad civil defensora de derechos humanos, en busca de un mejor país.

Organizaciones firmantes:

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Amnistía Internacional México.

Intersecta.

Juicio Justo.

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.

Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

Contacto con medios: Paola Ramos | comunicacion@mucd.org.mx | (+52) 5518 400457 

Registro de asistencia: https://forms.gle/hARWsheAGqNTieVU7

Ciudad de México, 24 de marzo de 2025. La reciente revocación y cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de un centenar de organizaciones civiles por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una situación preocupante que no sólo restringe la labor del sector, sino que impacta directamente en la vida de miles de personas beneficiarias de sus actividades, así como al espacio cívico. 

Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, el impulso de la participación ciudadana, la observación del actuar de las autoridades, la construcción de mejores políticas públicas, la protección de territorios y comunidades, el acceso a la justicia, entre otras actividades indispensables para la mejora de las condiciones de vida.

Desde México Unido Contra la Delincuencia no ignoramos la importancia de que las organizaciones operemos con transparencia y apego a la legalidad, así como la necesidad de estudiar su cumplimiento caso por caso, no obstante, destacamos que en México y otros países de América Latina, el sector actualmente enfrenta barreras fiscales y normativas cada vez más difíciles de superar que terminan por reducir la posibilidad operación, alcance e incidencia de las organizaciones. Por ejemplo, imponiendo requisitos burocráticos que bloquean su posibilidad de captar los de por sí escasos recursos económicos necesarios para realizar su labor.

Las OSC en México viven una fiscalización desproporcionada: la solicitud de tramitología y burocracia excesiva termina por golpear la creación, subsistencia y actuación de estos grupos, impide la obtención o recuperación del estatus de donatarias autorizadas, disminuye las posibilidades de donaciones, reduce la sostenibilidad y dignidad de la labor, y termina por forzar la extinción de organizaciones que no pueden acceder a asesoría legal o contable por falta de recursos.

Estas medidas disuaden a las personas y grupos de organizarse, participar y aportar a un país mejor. Desde MUCD, realizamos un llamado al gobierno de México a promover y garantizar la labor de organizaciones civiles que, de la mano de todos los sectores, incluido el gubernamental, han demostrado ser capaces de fortalecer el tejido social e impulsar la protección y defensa de derechos.

Contacto con prensa:
p.ramos@mucd.org.mx

Precisamente en este mes, en que conmemoramos las luchas por la igualdad laboral, salarial y política de las mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por tener un evento con las Fuerzas Armadas en el Campo Militar Número 1. Ya habían dedicado todo el mes de febrero a dichas instituciones castrenses con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y el Día del Ejército Mexicano, en los que afirmó que estas instituciones tienen un “gen revolucionario” y una “esencia social”, y señaló: “les reconocemos, les admiramos y les agradecemos”. Incluso ha afirmado en otras ocasiones que las instituciones militares son constructoras de paz.

Resulta especialmente preocupante que, en el 8M, una fecha dedicada a visibilizar las violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres, la Presidenta y las mujeres de su Gabinete, hayan optado por cerrar filas con las Fuerzas Armadas.

Como feministas y defensoras de los derechos humanos de todas las mujeres, sabemos que las instituciones militares son profundamente patriarcales, machistas y sexistas en su interior y en su interacción con la población. Pese a que ahora hay mujeres en diversas áreas dentro de las instituciones militares, sabemos que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional no previenen, atienden ni reparan las violencias que ejercen sus integrantes hombres contra sus integrantes mujeres. Es más, cuando ellas buscan verdad, justicia y memoria se les suele perseguir, estigmatizar, criminalizar y revictimizar.

Después de más de dos décadas de políticas de militarización, sabemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles no ha sido efectiva para reducir la violencia que nos afecta y que, por el contrario, puede constituir un factor de riesgo para el ejercicio de nuestros derechos. Además ahora también enfrentamos una corporativización e integración militar con megaproyectos a cargo de empresas militares.

Estos procesos tienen impactos negativos, específicos y diferenciados, sobre las mujeres, especialmente, en aquellas que habitan y transitan los territorios irrumpidos militarmente por ellos.

En los últimos años hemos visto cómo las instituciones militares utilizan cada vez más la imagen de mujeres para legitimarse ante la población civil. Eso ya es cuestionable en sí, pero aparte, no podemos olvidar la historia reciente de América Latina ni la experiencia cotidiana de miles de personas —particularmente mujeres— que han tenido que enfrentar la presencia, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios. Tampoco podemos ignorar las denuncias actuales: tan sólo en la Ciudad de México existen decenas de carpetas de investigación por delitos sexuales contra mujeres en las que los presuntos responsables son elementos de las fuerzas armadas.

Quienes suscribimos este posicionamiento sostenemos que la seguridad ciudadana, el desarrollo y la erradicación de la violencia contra las mujeres no se garantizarán mediante el involucramiento de las Fuerzas Armadas, sino a través de instituciones civiles capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Presidenta tiene la oportunidad de hacer historia, no sólo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por adoptar una perspectiva verdaderamente feminista y de género sobre el gobierno en México. La igualdad sustantiva de las mujeres pasa por reconocer y revertir la violencia institucional, por prevenir y proteger efectivamente a las mujeres de posibles violaciones a derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como no estatales. Las Fuerzas Armadas no deben ser incuestionables o tratadas como superiores o excepcionales al resto de la administración pública. La Presidenta y su Gabinete deben poner límites claros –legales, presupuestales, operativos y simbólicos– a las Fuerzas Armadas y avanzar hacia estrategias efectivas centradas en los derechos humanos, la prevención, la justicia y la protección efectiva de las mujeres.

Organizaciones y colectivos firmantes:

Abogadas Con Glitter
Bajo tierra ediciones
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Centro de Estudios Ecuménicos
Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género, Nduva Ndandi A.C
Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
Colibrí por la Legítima Defensa A.C.
ControlaTuGobierno A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Fundación Ius Género, A.C.
Global Thought
Impunidad Cero
Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.
Justicia Pro Persona, A.C.
Lxs Hijxs de Isis
Magma Transfeminista
México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD)
Mujeres Libres COLEM A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Pandeo
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Raíces, Análisis de género para el desarrollo
Red Feminista Antimilitarista
Restauradoras con glitter
Tumbalacasa ediciones

Suscripciones individuales

Abril Castro
Agnes Mondragon
Aleida Hernández Cervantes
Alethia Fernández de la Reguera
Amalia De Montesinos
Amy Sanchez
Ana Castillo Espinosa
Ana Elena C
Ana María Sánchez Hernández
Ana Yeli Pérez Garrido
Andrea Villers
Andrés Sánchez Grobet
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Araceli Osorio Martínez
Arely Orozco
Arturo Isidro Saucedo González
Arturo Sánchez
Ayla Diaz Salas
Berenice Vargas Ibañez
Brenda lara hernandez
Carlos Garza
Carlos H. Babún
Cerrucha
Christine Brault
Claudia Cecilia Rivera Carrera
Claudia Chávez Argüelles
Cristina Reyes Ortiz
Cynthia Isabel Hernández Esparza
Daira Arana Aguilar
Daniela Pascual Cáceres
Dawn Marie Paley
Emanuela Brozacchiello
Evangelina Flores Ceceña
Eliana García
Eréndira Gómez Gómez
Fabrizio Lorusso
Gabriela Rioja
Gizella Garciarena
Irasema Fernández
Irmgard (Gardi) Emmelhainz
Ishtar Laguna Monroy
Jannen Contreras Vargas
Jimena Guadalupe Sánchez Gochi
Joásil Pantoja
Julia Escalante De Haro
Julieta Cano Lujano
Karla Sandoval Mendoza
Laura Elena Sosa Cáceres
Liliana E. Vidó Zamora
Liliana Quintanar
Lorena Wolffer
Lourdes Enriquez
Lucía Alvarado Gonzalez
Lucia Melgar Palacios
Lucía Raphael
Magali Lara
Marcela Méndez
Maria Antonia Paz Cervera
Mariana Chavez Berron
Marisol Valdez Valdez
Mercedes Caso
Mirna Roldán
Nora Nagels
Pamela RG
Raquel Gutiérrez Aguilar
Sara San Martín R
Sofía Riojas Paz
Suhayla Bazbaz Kuri
Tabatta Salinas Caballero
Tania Islas
Víctor Manuel Juárez Martínez
Wilma Esquivel Pat
Xóchitl Rodríguez Quintero

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026. Con mucha emoción y responsabilidad, compartimos con nuestra querida comunidad que, tras 8 años al frente de nuestra organización, Lisa Sánchez concluirá su gestión como directora general de MUCD el próximo 31 de marzo, dando paso a una renovación generacional en la que, a partir del 1 de abril, Cristina Reyes Ortiz asumirá el liderazgo de nuestro equipo, continuando el trabajo en defensa de la seguridad, la justicia y la paz en México.

Lisa Sánchez se incorporó a MUCD hace más de 13 años y su paso por la organización estuvo marcado por importantes hitos: con ella inauguramos nuestro trabajo en política de drogas y entramos a agendas determinantes para el país como la militarización de la seguridad. Bajo su dirección, MUCD rediseñó su forma de trabajo, amplió sus metodologías e incrementó su alcance, abriendo nuevos procesos de investigación, litigio, incidencia pública y construcción de redes de seguridad ciudadana que sirvieron para consolidar a MUCD como una organización líder con fuerte presencia nacional e internacional. Satisfechas con lo logrado, nos entusiasma anunciar esta transición de liderazgo y dar la bienvenida a nuestra querida colega Cristina Reyes Ortiz como nueva directora. 

Cristina es una destacada abogada que se unió a nuestro equipo en 2018 y desde 2022 dirige el área de litigio estratégico, una herramienta que ha sabido consolidar en favor del cambio social y los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especialista en Sistema Penal Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho y maestrante en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera ha trabajado en la implementación del sistema penal acusatorio y se ha distinguido como defensora de los derechos humanos, particularmente de mujeres, infancias y víctimas del delito. En los últimos años, su trabajo se ha consolidado en agendas centrales para MUCD: la defensa de la legalidad institucional, la oposición a la militarización de la seguridad pública y la promoción de una política de drogas alternativa basada en derechos. En la organización también ha liderado el acompañamiento jurídico y la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo a colectivos de familias buscadoras. Su sensibilidad, trayectoria y compromiso serán fundamentales para dar continuidad a nuestro trabajo y liderar un equipo que ha sabido construir bases y perspectiva de futuro. 

En MUCD continuaremos impulsando acciones para la prevención, atención y reducción del delito; incidiendo en la creación de políticas de seguridad integrales y en beneficio de la ciudadanía; defendiendo personas y colectivos de víctimas del delito; así como fortaleciendo las instituciones, la legalidad y la promoción del Estado de derecho.

Entérate a detalle en nuestro análisis: https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2026/03/Responsabilidad-de-los-Estados.pdf

Hacemos esta intervención en nombre de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y la democracia, especialmente en América Latina.

En su Informe Anual de 2025, la JIFE expresó preocupación por el aumento de las ejecuciones extrajudiciales por sospecha de narcotráfico, señalando que violan los derechos humanos y las convenciones internacionales de control de drogas.

Uno de los problemas en América Latina está siendo el uso del marco antiterrorista para combatir a las organizaciones criminales. La imposición del término “narcoterrorismo” se usa para entender un conjunto de problemas heterogéneos. Se trata de una confusión deliberada de categorías que busca introducir una nueva ola de medidas de excepción y militarización.

No se trata de relativizar la gravedad de las actividades del crimen organizado, que han consolidado formas de gobernanza criminal que derivan en gravísimas violaciones de derechos humanos.

El uso del marco antiterrorista implica, por la forma en que se configuró luego del 11S de 2001, la militarización, la suspensión de garantías, y la alta opacidad estatal con ausencia de rendición de cuentas. Recientemente varios gobiernos reciclaron este marco para justificar una nueva fase de militarización y legislación de excepción para abordar la criminalidad organizada, ahora recategorizada como “narcoterrorismo”.

Las consecuencias del fracaso de la “guerra a las drogas” han sido evidenciadas. Todas ellas vuelven a estar vigentes y se intensifican con la expansión de la idea de “narcoterrorismo”. En los últimos meses este problema fue llevado al extremo al utilizar esa categoría como herramienta para habilitar intervenciones militares, ignorando la legalidad internacional.

Los países que adoptan este marco rápidamente lo expanden para perseguir a la disidencia política, a sectores vulnerables como migrantes y pueblos indígenas, y para achicar el espacio cívico.

El problema no es sólo el tipo de políticas antiterroristas. Esta categoría invisibiliza dos dinámicas clave de la criminalidad organizada: la connivencia estatal y su imbricación en la economía. Al ocultarlas, el marco antiterrorista aumenta la violencia y resulta ineficaz. El problema es la gobernanza criminal, no el terrorismo.

Es necesario terminar con la “guerra a las drogas”, fortalecer los controles de flujos financieros y garantizar investigaciones independientes. Si las autoridades locales no garantizan el acceso a la justicia y la rendición de cuentas debe ser la comunidad internacional quien las promueve para evitar la impunidad.

Instamos a la CND a trabajar junto con los Estados, emitiendo recomendaciones para limitar el uso de la herramienta militar en estos problemas y restringir los regímenes de excepción justificados por “narcoterrorismo”

Por todo ello llamamos a los Estados a abstenerse de utilizar el marco antiterrorista para abordar los problemas de la criminalidad organizada y a desarrollar políticas integrales especialmente enfocadas en las comunidades más vulnerables, sin convertirlas en zonas de guerra.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CEA Justicia Social

Elementa DDHH

IDPC

WOLA

Instituto Ria

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Amnistía Internacional

Dejusticia

El pasado domingo 22 de febrero, nuestro país sintió con mucha más fuerza e intensidad la violencia y la creciente vulnerabilidad de nuestras vidas. Si bien en muchos territorios del país la situación de violencia se ha “normalizado”, después del domingo se ha tenido una sensación generalizada de miedo y desesperanza.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y el posterior abatimiento de otros líderes de dicha organización criminal, desencadenó una intensa ola de violencia en por lo menos 22 estados del país, lo que demuestra el poderío y capacidad organizativa del CJNG.

Una situación que no se ha abordado en los medios de comunicación y en los análisis realizados tras los hechos ha sido el tema de las armas de fuego. Tras el operativo se incautaron siete armas largas, así como cartuchos, cargadores y un par de lanzacohetes de uso militar de fabricación rusa y bélica. Sin embargo, tal incautación no toca ni la estructura ni el flujo constante de armamento de índole militar hacia y dentro del país.

La estimación más conservadora sobre la cantidad de armas de fuego que se trafican desde Estados Unidos a México cada año es de 135,000, es decir, 369 armas por día. Esto sugiere que, mientras el operativo contra Oseguera logró la incautación de siete, ese mismo día cruzaron al menos 369 armas ilegales por la frontera norte. Los grupos del crimen organizado en México utilizan cientos de miles de armas compradas en armerías estadounidenses autorizadas, y el 82% de ellas son confiscadas en entidades mexicanas donde predomina la presencia del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, de acuerdo con autoridades mexicanas, cerca de la mitad de los cartuchos calibre .50 que se han asegurado a los cárteles desde 2012 han sido rastreados hasta una planta de municiones ubicada en las afueras de Kansas City, Misuri, la cual pertenece al gobierno de Estados Unidos.

Además de sumarnos a las preocupaciones e indignación de toda la sociedad mexicana contra el aumento de la violencia y la inseguridad en diversas localidades del país, la Alianza Binacional Desarmando el Miedo hace un llamado a que los gobiernos de México y Estados Unidos cooperen de manera efectiva para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego. En el caso del gobierno mexicano, también lo instamos a que garantice las condiciones materiales y de seguridad para el regreso a la cotidianidad en las diversas regiones.

Dentro de la tragedia que nos aqueja como sociedad, se abre una oportunidad única para trabajar una política integral de control de armas en el país, pues cada día nos recuerda que las armas de fuego son el principal instrumento de la violencia. Trabajar en la pacificación y el desarme del país requiere de la cooperación entre México y Estados Unidos, pero también del involucramiento de todos los actores políticos y sociales de ambos lados de la frontera que tengan la capacidad para generar propuestas concretas, basadas en los derechos humanos y con el fin último de contener el flujo de las armas de fuego.