Ciudad de México, 14 de diciembre de 2023. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México falló a favor de un amparo de México Unido Contra la Delincuencia para que el Gobierno Federal retome la aplicación de la Encuesta Nacional de Adicciones, por lo que ordenó a autoridades sanitarias generar y difundir información actual en materia de consumo de drogas a través de una encuesta en los mismos términos de la ENCODAT, o bien, de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA).

Esto significa que, por fin, tras más de un lustro en que las autoridades fueron omisas en su obligación de generar información sobre el tema -la última ENCODAT data de 2016-2017-. Gracias a este amparo la autoridad deberá proveer de información que permita conocer, entre otras cosas, la prevalencia del consumo y las características sociodemográficas de las personas consumidoras para generar, actualizar y mejorar las políticas públicas de atención desde la evidencia, sin discriminación ni estigma.

La jueza a cargo destacó que la Secretaría de Salud es la instancia encargada de conducir la política nacional de adicciones en coordinación con dependencias y entidades federales y resolvió que las autoridades responsables de esta aplicación son la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Dirección General del Instituto Nacional de Salud Pública y la Dirección General del Instituto Nacional de Psiquiatría. 

La sentencia dicta, tal como reclamó MUCD en su juicio de amparo, que la falta de la aplicación de la ENCODAT los últimos años ha violado el derecho al acceso a la información y el derecho a la salud de las personas consumidoras, lo que obstruye la generación de políticas públicas sustentadas en evidencia y, a su vez, deviene en la profundización de la estigmatización, criminalización y exclusión de las personas usuarias de drogas, quienes tienen cada vez más dificultades para acceder al sistema de salud.

“El deber del Estado de generar información científica y especializada sobre el fenómeno de las adicciones forma parte del derecho a la protección de la salud, en su dimensión social, para emprender las acciones necesarias como el desarrollo de políticas públicas, planes y programas que prevengan y remedien este problema de salud pública”, dicta la sentencia, que menciona también que “la generación y difusión de información actual sobre el consumo de drogas en el país constituye una obligación progresiva a cargo del Estado mexicano, para garantizar que todas las personas disfruten del más alto nivel de salud posible”.

En México, el consumo de sustancias ha sido abordado desde la criminalización en el marco de una política prohibicionista que ha dado malos resultados en materia de salud y seguridad, por lo que nuestro amparo abona a la construcción de una política de drogas sustentada en datos confiables que permitan entender mejor el problema y atenderlo con perspectiva de derechos humanos y justicia social, y no desde el prohibicionismo, la criminalización y el estigma. 

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