Pasaron tres años para resolver el asunto, originalmente del conocimiento de la Segunda Sala, después elevado al Pleno y finalmente returnado a la Segunda Sala, donde fue resuelto sin un análisis de fondo. Tras hacer públicos distintos proyectos, la Ministra Ortiz Ahlf omitió analizar nuestro argumento principal: el carácter militarista de la configuración de la Guardia Nacional. En su lugar, únicamente argumentó que MUCD no contaba con interés para reclamar en un juicio de amparo la inconstitucionalidad de la Ley de Guardia Nacional. 

El proyecto aprobado por la Segunda Sala niega a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de formular sus exigencias ante actos que son violatorios de la Constitución y los derechos humanos, bajo el argumento de que el juicio de amparo sólo puede tener efectos que beneficien a quien acude al juicio. Lo anterior, a pesar de que existen múltiples precedentes en los que el juicio de amparo ha tenido efectos de carácter general. Con este argumento la Corte evita analizar si el diseño institucional de la Guardia Nacional contraviene el artículo 21 constitucional que ordena que dicha institución debe tener carácter civil.

Lamentamos la postura de la Segunda Sala, pues teniendo la oportunidad de analizar de fondo nuestro reclamo, optó por ignorar que la Guardia Nacional es, en los hechos, militar: a finales de 2022 ésta contaba con un 85% de elementos provenientes de Sedena y Semar, 14% de la Policía Federal y apenas 1% nuevos reclutas civiles. Lamentablemente, las consecuencias de utilizar al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública se han traducido en violaciones graves a los derechos humanos y en el aumento de la violencia en todo el país. 

Con esta resolución la Suprema Corte se ha negado una vez más, como lo ha hecho en diversas resoluciones el último semestre, a imponer límites constitucionales contundentes a la participación castrense en actividades ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz y, aún más: obstaculiza a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil para cuestionar normas que contravienen derechos humanos a través de juicios de amparo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que exija a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva los dos casos que tiene pendientes sobre militarización de manera transparente, teniendo en cuenta el contexto de violaciones graves a los derechos humanos y con un debate abierto a la ciudadanía. 

Pese a las estrategias sistemáticas de las autoridades para desestimar las exigencias de la sociedad civil organizada respecto de la desmilitarización de la seguridad y la función pública, en México Unido Contra la Delincuencia refrendamos nuestro compromiso con la lucha por un país cuya seguridad tenga enfoque ciudadano, sea respetuosa de los derechos humanos y, nunca más, vuelva a tener a militares desplegados en nuestras calles violando impunemente nuestros derechos.

Ciudad de México, 13 de febrero de 2023. El Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió hoy un segundo amparo en contra del despliegue de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, que se suma al primer recurso presentado por México Unido Contra la Delincuencia y admitido este 1 de febrero.

La decisión del Juzgado federal aumenta la posibilidad de contrarrestar las políticas orientadas a aumentar la presencia de militares en los espacios y políticas de carácter público. Nuestros amparos exigen al gobierno capitalino retirar a los elementos de la GN de las instalaciones y destinar sus recursos al mantenimiento y mejora de la movilidad.

En esta ocasión, el PJF tiene la obligación de incidir como un contrapeso frente a una medida que no reduce accidentes ni mejora la calidad del servicio, por el contrario: vulnera los derechos a la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, movilidad urbana y buen gobierno de las y los usuarios.

Para ambos amparos, el PJF se limitó a admitir las demandas y omitió declarar medidas cautelares, como la suspensión temporal del despliegue de la GN en el Metro en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. Instamos a las autoridades judiciales a demostrar su autonomía e independencia, así como proteger el orden constitucional y los derechos humanos, para que la Guardia Nacional militarizada se retire de un sistema de transporte capitalino que requiere mantenimiento y no militarización.

#MantenimientoSíMilitaresNo

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Ciudad de México, 2 de febrero de 2023. Este 1 de febrero el Poder Judicial de la Federación admitió un amparo México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en el que se solicita el retiro de los casi 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en 190 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de una persona usuaria de este transporte para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México proteja los derechos de quienes utilizan este sistema destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización.

Tras el anuncio público del despliegue de la Guardia Nacional, el pasado 12 de enero, el Gobierno capitalino envió a los elementos a las instalaciones del Metro sin aclarar cuáles serían sus actividades, objetivos, presupuesto asignado, alcances de su participación, sus parámetros de coordinación o supervisión ni las implicaciones legales o administrativas de su incursión en estas actividades.

Con esta decisión, en primera instancia, el Gobierno capitalino viola el derecho a la seguridad jurídica de las y los usuarios debido a que esta acción fue tomada sin importar que la Guardia Nacional no cuenta con facultades jurídicas para intervenir las estaciones del Metro, pues su marco jurídico establece como autoridades encargadas de la seguridad a elementos de la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad CIudadana de la Ciudad de México.

Debido a que la Guardia Nacional es una institución mayoritariamente militar -más de 70% de sus elementos provienen de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina– la presencia de éste cuerpo de seguridad también viola el derecho a la seguridad ciudadana de las personas usuarias, pues no cumple con los requisitos que componen la seguridad pública, una función estatal que debería estar a cargo de instituciones policiales civiles, formadas y profesionalizadas en la materia.

Su despliegue vulnera también el derecho a la movilidad urbana, pues la presencia de la Guardia Nacional en el metro representa un elemento intimidatorio capaz de persuadir a las personas de reducir o suspender el uso del Metro, con lo que provoca un efecto inhibidor de este derecho. Y el temor es objetivamente justificable: la Guardia Nacional ha sido, en los últimos dos años, el cuerpo de seguridad con mayor número de quejas acumuladas por violaciones a derechos humanos, sólo por debajo de la Sedena, con señalamientos de hechos de detención arbitraria; tortura; violencia desproporcionada durante detenciones; delitos contra la libertad sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La decisión del gobierno capitalino, finalmente, afecta el derecho a un buen gobierno de las y los capitalinos, debido a que el uso de recursos del presupuesto que deberían ser destinados a la reparación, mejora, modernización, ampliación y mantenimiento del STC Metro está siendo desviado para costear la presencia elementos de Fuerzas Armadas que no responden a estos objetivos, por cierto, sin que hasta el momento se haya informado públicamente el costo de esta operación.

Los efectos negativos de estos despliegues se han hecho evidentes a menos de un mes de haber comenzado: apenas unas 48 horas después de su presencia, dos agentes de la Guardia Nacional participaron en la detención de un joven que se manifestó de manera pacífica en una de las estaciones bajo su vigilancia. Poco después, el Secretario de Gobierno de la CDMX, anunciaría sanciones contra ellos.

El pasado 12 de enero, la ciudadana Viviana Salgado fue injustamente detenida, privada de la libertad y acusada de presuntos actos de sabotaje en una línea del metro por haber “arrojado” aspas de una lavadora a las vías del metro. A dos semanas de los hechos, la Fiscalía la exoneró tras haber comprobado que se trató, sencillamente, de un accidente: a Viviana las aspas se le cayeron a las vías, y las había comprado para arreglar un electrodoméstico de uso familiar.

El Metro capitalino es más que un transporte: es un espacio de encuentro, de expresión, de protesta… La Guardia Nacional no debe tener presencia en sus instalaciones.

Con este amparo, MUCD busca que el Poder Judicial reconozca estas violaciones a derechos humanos, revierta la medida de despliegue de este cuerpo militarizado y ordene al Gobierno capitalino redireccionar sus esfuerzos en la verdadera protección del derecho a una movilidad segura para las y los usuarios.

El Poder Judicial tiene la oportunidad de actuar como un contrapeso ante las decisión del Ejecutivo local de contribuir al empoderamiento de las Fuerzas Armadas y ampliar su participación a cada vez más distintos ámbitos civiles y, con ello, defender los derechos humanos de más de cuatro millones de personas usuarios del Metro.

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