Ciudad de México, 28 de noviembre de 2025. Ante la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) hace un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que el proceso de designación de la nueva persona titular se conduzca bajo los más estrictos estándares de probidad, legalidad, máxima publicidad y participación ciudadana.

El artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: el Senado debe integrar una lista de al menos diez candidaturas para enviarla al Ejecutivo, quien formulará una terna para la votación final en la Cámara Alta. Este mecanismo no debe ser un mero trámite burocrático, sino un filtro riguroso para asegurar la idoneidad del cargo.

Sin embargo, ante la especulación de posibles sucesores, expresamos nuestra profunda preocupación por la mención de perfiles cuya trayectoria sugiere una subordinación política o partidista. La autonomía de la FGR es la piedra angular para combatir la corrupción y la impunidad; la verdadera justicia nunca llegará si esta no se respeta.

La gestión de Alejandro Gertz Manero se caracterizó por una alarmante indiferencia hacia las víctimas, altos índices de impunidad y un uso patrimonialista y faccioso del aparato de justicia, utilizado frecuentemente para dirimir conflictos personales o políticos en lugar de perseguir delitos de alto impacto.

En un país atravesado por una crisis humanitaria con más de 130 mil personas desaparecidas, es inadmisible que la FGR continúe siendo una institución de puertas cerradas. A diferencia de la administración saliente, quien asuma la titularidad debe poseer no solo las credenciales técnicas y jurídicas más altas, sino una calidad moral incuestionable y una sensibilidad genuina ante el dolor de las familias víctimas de la violencia.

Desde MUCD, urgimos a los Poderes de la Unión a cumplir con su responsabilidad histórica. El proceso de selección debe ser público, con comparecencias que permitan el escrutinio social de los aspirantes. Se debe priorizar la capacidad técnica, la experiencia en litigio penal y derechos humanos, y la independencia política probada. Además, la nueva persona titular debe comprometerse públicamente con la localización inmediata de personas desaparecidas y el esclarecimiento de la verdad.

La designación de la próxima persona Fiscal General no debe servir a pactos de impunidad ni a intereses económicos o de grupo, sino a la ciudadanía. La justicia en México no puede esperar más.

Esta solicitud se fundamenta en el menosprecio evidente hacia la decisión previa del Senado de desechar la primera terna. La inclusión de dos personas de la terna anterior: Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, quienes reconocieron en sus entrevistas su alta cercanía con el presidente de la República y el partido en el poder, se contrapone con el principio de ser y parecer independiente. Además, la tercera persona postulada, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, es actualmente funcionaria del Gobierno Federal, lo que también compromete la independencia de su perfil.

En la reciente discusión de la terna pasada, tanto el pleno del Senado como la Comisión de Justicia se centraron en darle trámite, sin siquiera ratificar el cumplimiento de los requisitos de cada persona aspirante y mucho menos se apegaron a estándares internacionales de idoneidad para la designación de personas operadoras de justicia, establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión, en un acto mínimo de seriedad legislativa, pedimos que el Acuerdo y la metodología establezcan criterios objetivos y rigurosos para evaluar la independencia y los perfiles de las personas que integran esta segunda terna; así como mecanismos de participación ciudadana efectivos y vinculantes en el marco de una deliberación amplia sobre su idoneidad.

Cabe rememorar que, desde el colectivo La Justicia Que Queremos (@LaJusticiaQQ), hemos apuntado que este proceso de designación es irregular, al surgir de la renuncia de Arturo Zaldívar –aprobada por el Ejecutivo y el Senado–, sin que se hubiesen acreditado las causas graves que debieron sustentarla. Con ella, se vulnera el diseño constitucional de nombramientos escalonados en la Suprema Corte, toda vez que ésta es la quinta designación de una persona ministra por parte del actual presidente, dos de ellas por renuncias no justificadas, lo cual es un atropello al diseño que procura la no concentración de nombramientos en un solo periodo presidencial.

El fortalecimiento del máximo tribunal del país depende crucialmente por la designación de personas operadoras de la justicia independientes, precisamente para garantizar que su actuación sea imparcial y no responda a lealtades pactadas ni intereses particulares. Es nuestro derecho que la justicia sea pareja para todas las personas. Por ello, desde el colectivo La Justicia Que Queremos, hacemos un enérgico llamado al Senado de la República para que ¡RECHACEN LA TERNA!

#SinIndependenciaNoHayJusticia

#LaJusticiaQueQueremos

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La Justicia Que Queremos es un colectivo de 27 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, colectivos y personas que trabajamos para que la impunidad deje de ser costumbre y para que la justicia sea pareja y proteja los derechos de todas las personas. Se compone por las siguientes organizaciones nacionales: Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), BORDE, Búscame – Buscando Desaparecidos México, Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara), Colectivo Buscadoras Guanajuato, Colectivo Justicia y Esperanza, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana, Derechos humanos y litigio estratégico mexicano (DLM), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Fundación para la Justicia (FJEDD), Impunidad cero, Instituto de Justicia Procesal Penal AC, Justicia Pro Persona A.C., Justicia Transicional en México (JTMX), Magistrada Ya, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Mexiro A.C., Observatorio de Designaciones Públicas (ODP), Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Sin Fronteras IAP; así como las siguientes organizaciones internacionales: Cyrus R. Vance Center for International Justice, Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).