Ciudad de México, 25 de julio de 2024. Ante la noticia de que el próximo 1 de agosto de 2024 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados celebrará a una sesión plenaria para discutir y dictaminar diversas iniciativas presentadas por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero, urgimos nuevamente a las y los legisladores a no aprobar el dictamen de reforma constitucional que militariza a la Guardia Nacional y quita el último candado que existe para limitar las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

La reforma de la GN busca eliminar el límite democrático que nuestra Constitución impone sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su disciplina, mismo que está expresado en el artículo 129 y limita su participación en tareas civiles como la seguridad pública. De aprobarse en sus términos, la reforma significará la militarización total y permanente de la seguridad pública a nivel federal, así como la profundización del proceso de militarización en México pues las FFAA podrán desempeñar cualquier tarea, aún sin ser de seguridad nacional.

Adicionalmente, la reforma busca modificar 12 artículos de la Constitución para poner a la GN bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa Nacional y con ello eliminar toda posibilidad de que la institución sea civil. Al hacerlo, la GN pasaría a formar parte de la Fuerza Armada Permanente del Estado mexicano junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Además, con esta reforma, la persona titular del Poder Ejecutivo podrá disponer de FFAA en tareas de seguridad de manera ordinaria, lo que contraviene con compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado. 

Preocupa también que la reforma concederá fuero militar a los elementos de la GN que cometan delitos y violaciones a derechos humanos. Esto porque expande la jurisdicción de los tribunales militares a una institución que está facultada para la investigación de los delitos del fuero federal civil, lo que representa un riesgo para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la GN. La justicia militar se caracteriza por ser opaca y en el pasado ha garantizado la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.  

México Unido Contra la Delincuencia y otras organizaciones civiles hemos documentado extensamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y marinos en su desempeño en tareas de seguridad, así como el proceso de enriquecimiento de las FFAA con motivo de la asignación de obras de infraestructura y otras funciones como la administración de empresas desde las que controlan aeropuertos, puertos, aduanas y otras actividades ajenas a la seguridad.

Preocupados por la rapidez con la que se pretende discutir cambios tan profundos en el diseño del Estado mexicano, desde MUCD hicimos llegar a las y los legisladores del Congreso de la Unión el análisis técnico que realizamos de la iniciativa. En él se detallan los puntos que consideramos más riesgosos no sólo para la seguridad sino para los derechos humanos y nuestro sistema democrático. Por ello, instamos al Poder Legislativo a desechar la iniciativa y a defender los plazos de retiro gradual de las FFAA en tareas de seguridad pública que ya están establecidos en la Constitución.

Consulta el análisis completo de la reforma en bit.ly/AnalisisReformaGN

13 de septiembre de 2022 – En la madrugada del 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma que le entrega a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional (GN). Esto, luego de que el 3 de septiembre dicha reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Con ello, las FFAA quedan a cargo del único cuerpo de seguridad pública federal y se hacen de un poder político y económico sin precedentes, lo que amenaza la primacía civil de nuestras instituciones.

Esta reforma hará permanente la conducción militar de la seguridad pública ignorando toda la evidencia sobre su fracaso como estrategia para reducir el delito y contener la violencia. Desde que en 2006 se recurrió al despliegue masivo de militares para “mejorar la seguridad” el homicidio se cuadruplicó, pasando de 8,000 víctimas anuales a más de 36,000 en 2021. Lo mismo sucedió con los delitos que más afectan a las personas: hoy en día tenemos más extorsión que nunca y las cifras de victimización e impunidad han aumentado de forma constante.

Ahora los militares ejecutarán tareas policiales para las que no están entrenados y podrán actuar en nuestra contra deteniéndonos, cateando nuestros domicilios y vehículos, interviniendo nuestras comunicaciones y hasta cometiendo abusos contra nosotros. En caso de cometer faltas en estos procesos, sus elementos solo serán presentados ante la justicia militar, violando nuestros derechos humanos y aumentando los riesgos de ser victimizados.

Al día de hoy, el 78% de los elementos de la GN son militares y desde 2021 la institución supera a la SEDENA en el número de quejas por violaciones a derechos humanos que se han presentado en su contra. Además, la letalidad de las FFAA ha aumentado en este gobierno, es decir, que cuando participan en operativos o tareas de seguridad pública matan a más personas de las que hieren o detienen. Actualmente, las FFAA tienen cifras de 4.15 muertos por cada herido en sus operativos, en comparación con 3.98 en la administración pasada.^[1]

La reforma también permite que se viole la constitución y que se someta a los gobiernos, poderes e instituciones civiles de seguridad a la voluntad militar. Desde ahora, ya no serán las FFAA quienes auxilien de manera excepcional a los civiles y actúen bajo su mando; serán los civiles quienes auxiliarán a las FFAA y habrán de aceptar la conducción militar de las decisiones y los operativos, en detrimento del desarrollo y la profesionalización de las verdaderas instituciones de seguridad pública.

Quienes aprobaron estas modificaciones legales mintieron diciendo que no se trata de una militarización de la GN o la seguridad pública, pues la reforma establece que los pocos miembros civiles de la corporación serán dados de baja y sustituidos por más militares. Esto dejará a la GN con menos personal capacitado para hacer labores de seguridad pública. Solo 15% de los elementos de la guardia tienen el Certificado Único Policial y el 84% de éstos lo obtuvieron siendo parte de la Policía Federal.^[2]

Finalmente, expresamos nuestra preocupación extrema por el aumento de recursos económicos y poder político que supone esta reforma y cuestionamos la motivación de aumentar presupuestos sin fortalecer los mecanismos de supervisión civil de las FFAA. Algo que claramente abre la puerta a la corrupción. En control de la Guardia Nacional, la SEDENA pasará a administrar un presupuesto total de $146 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a 5 veces el presupuesto asignado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ($30 mil 395 millones de pesos), mientras enfrentamos un desabasto de medicinas para tratamiento de cáncer infantil.

Desde MUCD, consideramos que esta reforma no es solo inconstitucional sino nociva para la seguridad de las personas y la prevalencia del carácter civil de nuestras instituciones de gobierno. Por ello, le exigimos a las y los legisladores de la minoría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentar de manera inmediata una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismo que a estados y municipios a presentar Controversias Constitucionales ante el mismo tribunal. A la SCJN le exigimos resolver todos los asuntos pendientes sobre militarización y analizar esta reforma de manera expedita. A la ciudadanía la invitamos a oponerse a una medida que no mejorará la seguridad y solo fortalecerá el control militar sobre el país.

^[1] Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. CNDH. https://bit.ly/3U2Y7Tt ; Daen, Arturo. “Es engañoso este dicho de AMLO, letalidad del Ejército en su sexenio ha sido más alta que con EPN”. Animal Político, 13 de mayo de 2022. https://bit.ly/3RCLvAP.

^[2] Arista, Lidia. “Solo 15% de la Guardia Nacional está certificada para labores de seguridad”. ADNPolítico, 12 de enero de 2022. https://bit.ly/3RIwtcP

07/11/2018, EL SIGLO DE TORREÓN, Redacción

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy un proyecto de decreto de ley en el Senado para la regulación del cannabis, contemplando su siembra y comercialización para fines terapéuticos, farmacéuticos y lúdicos.

“El modelo que se propone impulsar es el modelo de regulación legal estricta. Es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, explica el proyecto, publicado en la página oficial del Senado.

La próxima ministra de Gobernación y actual senadora, Olga Sánchez Cordero, presentó la iniciativa para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis en la Cámara Alta, donde Morena tiene 59 de los 128 escaños.

Esta ley busca “minimizar riesgos y daños relacionados con el consumo de cannabis” y a la vez “promover su uso para obtener mayores ganancias”.

Entre las características del mercado “estrictamente regulado” se destaca que será “legal” y monitoreado “en toda la cadena de valor”.

Así, se llevará a cabo la creación de un padrón o registro de volúmenes de producción y se coordinarán los distintos organismos de gobierno encargados.

Pese a su comercialización, se buscará la prohibición de la promoción, patrocinio y publicidad de cannabis y sus derivados para uso personal.

La ley se basa en el interpretación de la Constitución que permite que cada individuo “elija su propio plan de vida” y donde el Estado debe “respetar la autonomía” personal pero evitar “que dicha autonomía afecte a los demás”.

Esta iniciativa llega luego de que el 31 de octubre la Suprema Corte estableciera jurisprudencia para el consumo recreativo de marihuana al dictaminar, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

Para el secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Juan Francisco Torres Landa, la iniciativa supone “oxígeno” en materia de regulación de drogas.

No obstante, este abogado manifestó a Efe su expectativa de que solo sea el inicio de un camino “más radical” hacia la regulación de todas la drogas.

Positivamente, consideró que de aprobarse esta iniciativa impactará en el narcotráfico, que tiene en la siembra y venta de marihuana uno de sus principales mercados.

Sin embargo, alertó que no se ha de apostar por un libre mercado que, por ejemplo, termine potenciando a la industria farmacéutica.

Torres Landa, que en 2015 recibió un amparo para cultivar y consumir marihuana con fines lúdicos, recordó que Morena tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Además, la iniciativa es presentada por Sánchez Cordero, exmagistrada de la Suprema Corte y considerada mano derecha de López Obrador.

Todo ello redundaría en que la iniciativa prosperara con facilidad en ambas cámaras, siendo aprobada en las próximas semanas, estimó el experto.

Nota completa en: elsiglodetorreon

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