Ciudad de México, 12 de enero de 2023. La decisión del Gobierno de la Ciudad de México de desplegar  6,060 elementos de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) es inadmisible e injustificada.

Se trata de una decisión autoritaria, pues, al tratarse de una corporación de conformación militar, disponer de ella para vigilar el STC Metro resulta infundada y desproporcionada. Además, demuestra que la militarización es una estrategia nacional que ha rebasado con creces el ámbito de la seguridad pública para invadir los aspectos más cotidianos de la gobernabilidad: el medio ambiente, la infraestructura pública, las telecomunicaciones, la educación, ¡y ahora también la movilidad!

El anuncio se hace a escasos días de un accidente ocurrido este 7 de enero en la Línea 3 del Metro que dejó víctimas mortales y que evidenció, entre otras cosas, la necesidad urgente de llevar a cabo acciones de revisión, mantenimiento y renovación de este transporte. Contrario a esta amplia y conocida exigencia ciudadana, el gobierno local optó por militarizarlo con la incompleta, ambigua y falaz argumentación de que es “para proteger a los usuarios del metro frente a acontecimientos recientes”. De hecho, la decisión parecería responder más a evitar movilizaciones por parte de las personas usuarias, como las que se dieron en los días posteriores al accidente.

La decisión contempla utilizar presupuesto del STC Metro para costear el despliegue de 6,060 elementos en este transporte, una cantidad equiparable a la desplegada hasta marzo de 2022 en los estados de Jalisco (6,745 elementos), Guanajuato con (6,613 elementos) y Michoacán con (6,518 elementos) y 2.7 veces más elementos que en Baja California (2,209 elementos), segundo estado con mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio de enero a noviembre de 2022. Recursos que deberían utilizarse para atender las necesidades urgentes de mantenimiento que requiere el sistema de transporte público de la capital.

Las tragedias ocurridas en los últimos años en el Metro de la CDMX han afectado principalmente a las personas que menos recursos tienen, por lo que es imperante que se invierta en la protección de la movilidad y la vida de las personas usuarias.

A partir de las 14:00 horas de este 12 de enero sólo el STC Metro tendrá tantos o más elementos de la Guardia Nacional que la mayoría de los estados a los que la corporación fue enviada para atender temas de seguridad pública.

Este número, además, corresponderá a un 46% del total de elementos que ya estaban desplegados en la Capital del país con corte a marzo de 2022 (13,112 elementos), lo que de por sí colocaba a la CDMX como la entidad con mayor despliegue de esta fuerza militares, seguida por el Estado de México, con 9,937 elementos; Jalisco, Guanajuato y Michoacán. 

Mientras se concreta la militarización del transporte público en la capital, el metro adolece de reducciones e insuficiencia presupuestal, con las áreas de mantenimiento, reparación, compra de equipo ferroviario e inversión en infraestructura como las áreas más afectadas.

Es claro que la decisión no abona en lo absoluto a evitar sucesos como el ocurrido el pasado 7 de enero en la Línea 3 del STC Metro o de mayo de 2021, en la Línea 12, se trata de una acción más para ampliar la estrategia de militarización de la política pública y, con ello, lastimar el sentido democrático del Estado.

En México Unido Contra la Delincuencia exigimos que la Guardia Nacional sea retirada tanto del transporte público como de otros ámbitos de la vida pública del país, entre ellos, la seguridad.

Únete al tuitazo #MantenimientoSíMilitaresNo

La próxima jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encara el momento más sangriento en dos décadas bajo la promesa de una transformación política.

La capital mexicana batió en 2017 su récord de asesinatos. Hubo 1.085 homicidios dolosos, según datos oficiales. Hasta octubre de este año van 990 muertes violentas y si la incidencia crece al ritmo de los últimos meses, Ciudad de México cerrará 2018 -otra vez- como el año más sangriento desde que empezaron los registros públicos, en 1997. Sheinbaum ha adelantado que el combate a la violencia será su prioridad, en una ciudad en la que ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros, según cifras oficiales.

El próximo Gobierno tendrá que remar contra índices delictivos al alza, crímenes más violentos, la población que más desconfía de la impartición de justicia en el país e instituciones que arrastran deficiencias considerables de la anterior Administración, apunta Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Sheinbaum ha apostado por un Gabinete de Seguridad experimentado, tecnología para geolocalizar los ilícitos, programas sociales para la prevención, así como una reorganización del sistema de cuadrantes y la capacitación de la Policía. También ha prometido duplicar las 15.000 cámaras de seguridad que vigilan la ciudad, pese a que su funcionalidad e impacto en la disminución del crimen han sido cuestionados. “En general el diagnóstico es correcto, aunque existe el riesgo de caer en falsas soluciones, guiadas por la inmediatez y el populismo punitivo”, opina Sánchez.

Nota completa en: percepcion.mx