Ciudad de México, 8 de agosto de 2023. Este miércoles 9 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos decidir el futuro de los fondos de apoyo a víctimas.
La Sala discutirá el amparo en revisión 675/2022 promovido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en contra de una modificación realizada en 2020 por el Congreso de la Unión a la fracción I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas (LGV), mediante la que se eliminó la obligación de aportar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la atención a víctimas y la prohibición legal de que estos recursos se emplearan para otro fin distinto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas. Dicho monto fijo fue eliminado por el Congreso con la justificación de que la reducción del presupuesto era necesaria para atender la contingencia sanitaria por COVID-19.

Esta reforma implicó la supresión de una garantía que tenía como finalidad la protección y defensa del derecho humano a una reparación integral del daño. En ese sentido, el litigio no se oponía a la eliminación del fideicomiso, sino de la afectación a estas otras garantías tan relevantes para la protección de las miles de víctimas en nuestro país, quienes a más de 10 años de la creación de la LGV, siguen sin contar con un verdadero sistema de atención eficiente para atender sus necesidades.

El proyecto de resolución que la Sala discutirá mañana está a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha propuesto otorgar la protección constitucional al Centro ProDH y revertir la modificación legislativa para garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación continúe respetando la existencia del fondo de asistencia para víctimas. Resulta relevante que el Ministro reconoce que el Fondo de Asistencia existe como una respuesta del Estado Mexicano ante su responsabilidad de prevenir la criminalidad, pues ante dicha responsabilidad debe restituir a las personas que son víctimas.

MUCD celebra el proyecto del Ministro y solicita públicamente a la Primera Sala que vote favorablemente este proyecto.

Es inaceptable que, mientras que la Administración Pública y el Congreso de la Unión justificaron la reducción del fondo de atención a víctimas por la contingencia sanitaria, a las Fuerzas Armadas no se les redujo ni un sólo peso del presupuesto. Los recursos para la asistencia y atención a víctimas deberían ser una prioridad para el Estado Mexicano y estar garantizados.

La decisión que tome la Sala respecto de este asunto será fundamental para el acceso a la justicia de víctimas y la reparación del daño de las mismas. Acompañamos y celebramos al Centro ProDH en su lucha por el derecho de las víctimas.

A los colectivos de víctimas,
A las organizaciones de Derechos Humanos
Al gobierno en sus tres órdenes y
A la sociedad en general

La Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como un órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad, así como de opinión y asesoría emanado de la Ley General de Víctimas, expresa en las siguientes líneas algunas consideraciones y reitera que el proceso de consolidación de una política integral de atención a víctimas requiere de un esfuerzo en conjunto, de la participación de todos los órganos de gobierno y sus instituciones y de un reconocimiento a las víctimas quienes han luchado para que la LGV sea un realidad.

Derivado de la reciente renuncia del comisionado Jaime Rochín, consideramos de suma importancia un proceso transparente y apegado a la Ley para la elección del titular de la CEAV, que la terna que analizará el Senado cumpla con los requisitos indispensables, de acuerdo al Art. 85 de la Ley incluyendo especialmente la consulta previa a colectivos, expertos y sociedad civil. Asimismo el perfil debe ser el adecuado para tan importante encargo, tal como lo marca el Art. 86 del mismo ordenamiento, pues a 6 años del inicio de esta política pública de atención a las víctimas, existen avances, obstáculos y retos y quien asuma dicho cargo deberá ser una persona cabal.

Ley General de Víctimas (LGV) promulgada en 2013 y con revisión en 2017, como toda política pública requiere de una constante evaluación y reingeniería. Consideramos urgente la instalación inmediata del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas señalada en la LGV, que es presidida por el presidente de la República. Así mismo, solicitamos cumplimiento de la primera reunión de la Junta de Gobierno de la CEAV con la nueva administración federal, presidida por la SEGOB, tal como mandata la LGV en su Art. 84 Quinquies.

Para el seguimiento de la política de atención a víctimas, se requiere poner énfasis en parte administrativas aun con obstáculos o burocratismos, uno de ellos es la emisión del reglamento de la Ley que a hoy en día no ha sido posible, así como las reparaciones colectivas por citar otro ejemplo.

Emprender la construcción de la paz ante un panorama de violaciones a derechos humanos, del reconocimiento de las víctimas del Estado y de las terribles condiciones en que se encuentra nuestro país en reconstrucción, requiere un cumplimiento cabal de la LGV, lo que implica garantizar las condiciones y recursos para que ello suceda, teniendo siempre como centro a las víctimas.

Atentamente,

ASAMBLEA CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS

Irma Leticia Hidalgo Rea, Fuerzas Unidas por Nuestras(as) Desaparecidos(as) en Nuevo León (FUNDENL).
Laura Adriana Bautista Hernández, Red de Feministas Peninsulares.
Liz Ivett Sánchez Reyna, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC)
Norma Librada Ledezma Ortega, Justicia para Nuestras Hijas.
Carlos Alberto Cruz Santiago, Cause Ciudadano A.C
José Pablo Girault Ruiz, México Unido contra la Delincuencia A.C
Juan Manuel Estrada Juárez, Fundación FIND.
Luis Enrique González Araiza, Dignidad y Justicia en el Camino A. C “FM4 Paso Libre”.