Ciudad de México, 10 de julio de 2024. La iniciativa de Reforma al Poder Judicial enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, lejos de mejorar el Poder Judicial, complejiza y compromete su actuar, afectando los derechos de las víctimas de delitos, imponiendo nuevas barreras al acceso a la justicia, comprometiendo la independencia judicial, creando nuevos y costosos mecanismos de selección de perfiles, entorpeciendo la eficiencia en su actuar y, sobre todo, dejando intactas las causas estructurales de la impunidad en México.

Una de las principales promesas de la propuesta es que desaparecerá la impunidad y se garantizará justicia. Sin embargo, en México, del 100% de los delitos que se cometen, sólo 10% es denunciado a las Fiscalías y, de esos delitos denunciados, únicamente el 1% llegan al Poder Judicial, al ser presentados ante un juez, de modo que la Reforma no resolverá de ninguna manera la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México. 

Pero tampoco garantizará justicia a los pocos casos que sí lleguen al Poder Judicial. De hecho, hace el proceso menos eficiente: las elecciones de nuevos jueces podrían pausar, retrasar e incluso ¡reiniciar juicios desde cero! Esto pasaría en los casos de delitos federales como trata de personas, desaparición forzada, secuestro y corrupción. Los procesos podrían quedar atorados, desatendidos o sencillamente inválidos sin importar la etapa en que se encuentren, antes, durante y después de cada elección de jueces. En el peor de los casos las víctimas corren el riesgo de tener que recomenzar sus juicios enteros porque el Sistema Penal Acusatorio establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio de principio a fin.

Por otro lado, la Reforma va limitar todavía más la capacidad de la ciudadanía para defenderse con amparos ante leyes que violen sus derechos humanos y los de sus comunidades, porque propone prohibir constitucionalmente las suspensiones y sentencias con efectos generales. Así que si una persona logra ganar un amparo contra leyes violatorias a derechos humanos no podrá beneficiar a la colectividad. Todavía peor: la prohibición de la suspensión con efectos generales se amplía también a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Otro obstáculo para la ciudadanía surgirá de que la reforma no garantiza que las personas juezas, magistradas y ministras elegidas por voto popular realmente estén capacitadas para impartir justicia, pues elimina el requisito de contar con experiencia y preparación especializada a través de la carrera judicial. Lamentablemente, las elecciones abren el riesgo de que importe más el carisma o la popularidad política de quienes quieran ocupar un puesto dentro del Poder Judicial, que su experiencia, conocimientos y capacidad técnica.

Mientras que la ciudadanía que logre llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se verá afectada. Esto porque la reforma reducirá el número de integrantes de la Corte (de 11 a 9) y habrá menos ministros que elaboren proyectos. Además, eliminará las dos salas que existen actualmente, por lo que concentrará todos los asuntos en el Pleno, independientemente de su trascendencia. Para la Corte, la reforma significará rezago, acumulación y menos casos resueltos.

Otra alarmante afectación a las personas que buscan justicia surgirá a causa de la discrecionalidad que le darán al nuevo Tribunal Disciplinario del Poder Judicial cuyos criterios para sancionar y fiscalizar no son claros y se prestan a interpretaciones inciertas. Tal como está redactada la propuesta, el Tribunal podría castigar con sanciones -incluida la remoción- a las personas juezas, magistradas y ministras cuyos fallos no sean bien vistos por ese nuevo órgano; o bien, echar atrás fallos y resoluciones alcanzadas por las personas víctimas que han luchado por sus derechos.

La segunda gran promesa de la reforma es eliminar la corrupción y el alto gasto público que implica mantener al Poder Judicial. Para lograrlo propone la votación directa como un nuevo método de selección de personas juezas, magistradas y ministras. Lamentablemente, no existe relación directa entre la disminución de la corrupción y la elección popular, de haberla, no existirían los conocidos y escandalosos actos de corrupción de nuestros representantes electos. Además la organización de estas nuevas elecciones supone un altísimo gasto y labor titánicos para el Estado, particularmente para los órganos electorales.

La magnitud de este proceso sería tal, que pone en serias dudas la capacidad gubernamental de realizarlas debido a la ausencia de reglas claras, presupuesto suficiente, recursos materiales y personas capacitadas. Sólo en períodos ordinarios de elección, a nivel federal, se tendría que elegir entre 9,972 y 10,512 personas funcionarias del Poder Judicial, sin contar las elecciones locales. Organizar elecciones de este tamaño costará muchísimo presupuesto público, contrario a la promesa de ahorrar.

Respecto de las elecciones, la reforma abre espacios para la corrupción y prácticas antidemocráticas por parte de las y los candidatos pues al mismo tiempo que prohíbe cualquier financiamiento público y privado para hacer campañas, permite a las candidaturas ejecutarlas sin establecer qué tipo de recursos usar ni fiscalizar su uso y procedencia. Esto abre la puerta a la corrupción. La propuesta tampoco establece un límite o prohibición para que una misma persona se postule o sea postulada para varios cargos con tal de que lo ocupe. 

Además, la propuesta golpea el escaso avance que ha habido en materia de paridad de género en el Poder Judicial,  pues no garantiza la elección paritaria de mujeres y representación de poblaciones vulnerables, al tiempo que abre mayores posibilidades al Ejecutivo Federal para que sus propuestas de perfiles primen en las elecciones u ocupen los lugares vacantes sin elección popular.

El Poder Legislativo no debe aprobar esta Reforma al vapor, pues se trata de un rediseño institucional que no atiende las causas estructurales de la injusticia y complejiza el actuar del Poder Judicial. Es urgente atender los temas de fondo, los aspectos que sí lastiman la dignidad de miles de personas que buscan justicia, como la sobrecarga de trabajo en juzgados y tribunales; la insuficiencia presupuestal y la poca planeación estratégica para el uso eficiente de éstos; la poca o nula inversión en la infraestructura; la falta de personal altamente calificado y profesionalizado; la baja capacidad técnica para implementar reformas constitucionales; la terrible lentitud y burocratización de los procesos; los altos costos para acceder a la justicia para la ciudadanía; la falta de transparencia y la ausencia de sanciones que combatan la corrupción; así como el fortalecimiento de los poderes judiciales locales.

Consulta el análisis completo de la reforma

13 de septiembre de 2022 – En la madrugada del 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma que le entrega a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional (GN). Esto, luego de que el 3 de septiembre dicha reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Con ello, las FFAA quedan a cargo del único cuerpo de seguridad pública federal y se hacen de un poder político y económico sin precedentes, lo que amenaza la primacía civil de nuestras instituciones.

Esta reforma hará permanente la conducción militar de la seguridad pública ignorando toda la evidencia sobre su fracaso como estrategia para reducir el delito y contener la violencia. Desde que en 2006 se recurrió al despliegue masivo de militares para “mejorar la seguridad” el homicidio se cuadruplicó, pasando de 8,000 víctimas anuales a más de 36,000 en 2021. Lo mismo sucedió con los delitos que más afectan a las personas: hoy en día tenemos más extorsión que nunca y las cifras de victimización e impunidad han aumentado de forma constante.

Ahora los militares ejecutarán tareas policiales para las que no están entrenados y podrán actuar en nuestra contra deteniéndonos, cateando nuestros domicilios y vehículos, interviniendo nuestras comunicaciones y hasta cometiendo abusos contra nosotros. En caso de cometer faltas en estos procesos, sus elementos solo serán presentados ante la justicia militar, violando nuestros derechos humanos y aumentando los riesgos de ser victimizados.

Al día de hoy, el 78% de los elementos de la GN son militares y desde 2021 la institución supera a la SEDENA en el número de quejas por violaciones a derechos humanos que se han presentado en su contra. Además, la letalidad de las FFAA ha aumentado en este gobierno, es decir, que cuando participan en operativos o tareas de seguridad pública matan a más personas de las que hieren o detienen. Actualmente, las FFAA tienen cifras de 4.15 muertos por cada herido en sus operativos, en comparación con 3.98 en la administración pasada.^[1]

La reforma también permite que se viole la constitución y que se someta a los gobiernos, poderes e instituciones civiles de seguridad a la voluntad militar. Desde ahora, ya no serán las FFAA quienes auxilien de manera excepcional a los civiles y actúen bajo su mando; serán los civiles quienes auxiliarán a las FFAA y habrán de aceptar la conducción militar de las decisiones y los operativos, en detrimento del desarrollo y la profesionalización de las verdaderas instituciones de seguridad pública.

Quienes aprobaron estas modificaciones legales mintieron diciendo que no se trata de una militarización de la GN o la seguridad pública, pues la reforma establece que los pocos miembros civiles de la corporación serán dados de baja y sustituidos por más militares. Esto dejará a la GN con menos personal capacitado para hacer labores de seguridad pública. Solo 15% de los elementos de la guardia tienen el Certificado Único Policial y el 84% de éstos lo obtuvieron siendo parte de la Policía Federal.^[2]

Finalmente, expresamos nuestra preocupación extrema por el aumento de recursos económicos y poder político que supone esta reforma y cuestionamos la motivación de aumentar presupuestos sin fortalecer los mecanismos de supervisión civil de las FFAA. Algo que claramente abre la puerta a la corrupción. En control de la Guardia Nacional, la SEDENA pasará a administrar un presupuesto total de $146 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a 5 veces el presupuesto asignado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ($30 mil 395 millones de pesos), mientras enfrentamos un desabasto de medicinas para tratamiento de cáncer infantil.

Desde MUCD, consideramos que esta reforma no es solo inconstitucional sino nociva para la seguridad de las personas y la prevalencia del carácter civil de nuestras instituciones de gobierno. Por ello, le exigimos a las y los legisladores de la minoría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentar de manera inmediata una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismo que a estados y municipios a presentar Controversias Constitucionales ante el mismo tribunal. A la SCJN le exigimos resolver todos los asuntos pendientes sobre militarización y analizar esta reforma de manera expedita. A la ciudadanía la invitamos a oponerse a una medida que no mejorará la seguridad y solo fortalecerá el control militar sobre el país.

^[1] Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. CNDH. https://bit.ly/3U2Y7Tt ; Daen, Arturo. “Es engañoso este dicho de AMLO, letalidad del Ejército en su sexenio ha sido más alta que con EPN”. Animal Político, 13 de mayo de 2022. https://bit.ly/3RCLvAP.

^[2] Arista, Lidia. “Solo 15% de la Guardia Nacional está certificada para labores de seguridad”. ADNPolítico, 12 de enero de 2022. https://bit.ly/3RIwtcP

Súmate a la discusión si tú también quieres que México designe cuanto antes a su primer o primera Fiscal de Derechos Humanos.

Más información en: BuscamosFiscalQue

27 de junio de 2019

Por Lisa Sánchez[1]

La explosión de violencia causada por la declaración del combate frontal al narcotráfico constituye una demostración irrefutable de la dimensión y el alcance de las llamadas “consecuencias no deseadas” de la guerra contra las drogas. Sin embargo, muchas otras áreas del quehacer nacional se han visto igualmente afectadas sin que se repare adecuadamente en ellas. De acuerdo a las cifras oficiales provistas por el INEGI, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2006-2018) más de 251,000 personas murieron en episodios de violencia relacionados con el combate al narcotráfico. Las mismas cifras indican que cuando el presidente Calderón asumió el cargo, México vivía la menor violencia de su historia y que, durante su gobierno, la tasa de homicidios se triplicó para alcanzar niveles de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011. Y aunque la tendencia al alza tuvo dos momentos de reversión, los últimos años han vuelto a registrar un repunte importante de la violencia letal que no parece tener fin. Ninguna prohibición, vale esta masacre.

Pero la violencia no es el único indicador de cómo las políticas de drogas afectan nuestros derechos. La corrupción, por ejemplo, fluye también habilitada por los enormes recursos financieros que actualmente se encuentran a disposición de los principales beneficiarios del tráfico de drogas y les permite asegurar y expandir sus negocios a través del soborno y la compra de autoridades a todos niveles. La efectividad de esta forma de corrupción se ha ido perfeccionando mediante la introducción de otras prácticas nocivas como la extorsión, fenómeno que, a su vez, provoca la paulatina normalización de una cultura de impunidad que debilita aún más a las instituciones y aprovecha la necesidad económica de las comunidades más pobres para concentrar allí el grueso de las actividades ilícitas. El resultado es la erosión de la gobernabilidad y la desestabilización de regiones enteras donde los habitantes, abandonados por el Estado, se ven obligados a emigrar, delinquir o morir.

Irónicamente, la creciente militarización de la lucha anti-drogas que hoy se expande hacia otros delitos sólo ha servido para socavar la seguridad pública gracias a los incentivos perversos que la presencia del ejército en las calles genera. Sólo en 2010, la combinación de inseguridad y violación sistemática de los Derechos Humanos a lo largo de la zona fronteriza México-Estados Unidos condujo a más de 230,000 personas a huir de sus hogares (Norwegian Refugee Council, 2010). Esta migración específica es, a su vez, alimentada por el creciente número de civiles muertos en operaciones militares. De acuerdo a investigaciones de la Dra. Catalina Pérez-Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el índice de letalidad del Ejército mexicano ha alcanzado niveles de 19 civiles muertos por cada herido (Forné, Pérez-Correa, Gutiérrez., 2015); un fenómeno que incluso podría interpretarse como la autorización de facto para aniquilar supuestos criminales sin llevarlos a juicio.

De la misma manera, los últimos años han sido testigos del endurecimiento de las sanciones por delitos relacionados con drogas y el uso excesivo de la detención preventiva, ambos importantes factores que inciden en el aumento del número de personas privadas de su libertad. Otra realidad a resaltar la constituyen la gran mayoría de personas que se encuentran tras las rejas por delitos menores relacionados con drogas. Según datos de la entonces PGR, entre 2006 y 2014 fueron detenidas 453,069 personas en el ámbito federal por delitos contra la salud, de los cuales el 73.27% fueron arrestados por posesión y consumo (Pérez-Correa, 2015). De la misma manera, y de acuerdo a los datos arrojados por la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales de 2012, el 35.9% de los presos sentenciados a nivel federal lo están por delitos relacionados con la mariguana. Por su parte, y aunque las mujeres representan sólo el 5% de la población carcelaria, alrededor del 50% de las procesadas fueron sentenciadas por delitos contra la salud (Azaola, Pérez-Correa., 2012). Semejante realidad pone de manifiesto el gran daño colateral que implica la ruptura del tejido social producto de la desintegración de familias enteras por la detención de alguno de sus miembros.

Finalmente, y según cifras provistas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011 se recibieron 11,680 quejas en contra de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la (extinta) Secretaría de Seguridad Pública y la PGR. Esto sin contar el aumento en el número de personas maltratadas al momento de su detención (que crecieron 37.31% para las patadas, 37.45% para asfixia y 44.85% para toques eléctricos en el caso de los delitos de drogas) (Magaloni, 2015), o las violaciones graves a los DDHH perpetradas por actores estatales en los paradigmáticos casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.

Al analizar todos estos datos queda claro que el enfoque actual no ha servido. Pero ¿sabemos con qué tipo de política queremos sustituirlo? La respuesta es sí. La guerra contra las drogas no es más que una opción política y por lo tanto, la decisión de ponerle fin también lo es. No por nada, el proceso de exploración de alternativas ya está en marcha en otras partes del mundo con opciones que van desde la no persecución de ciertos delitos de drogas hasta la despenalización efectiva de la tenencia y el consumo, y la regulación legal.

Pero antes de ahondar en los detalles, es importante tener claro lo que se pretende lograr con la reforma. La mayor parte de la política de drogas se ha dedicado a perseguir la sola meta de reducir o eliminar el consumo creando un mundo libre de dichas sustancias. La Historia sugiere, sin embargo, que ésta no es una meta realista y que los intentos de controlar los niveles de consumo mediante la aplicación de medidas punitivas no son eficaces (Murkin, 2012). De ahí que un enfoque más pragmático y efectivo debe aceptar que en toda sociedad existirá siempre un nivel de demanda y que éste siempre será preferible abastecerlo por una vía legal que criminal. De la misma manera, un enfoque sensato hacia las drogas deberá privilegiar la reducción de los daños asociados al consumo y minimizar las externalidades causadas por los esfuerzos de control. En resumen, una política de drogas integral deberá tener como objetivos la protección de la salud pública, el mejoramiento de la seguridad, la protección de los grupos poblacionales más vulnerables y la eficiencia del gasto.

Ahora, sabiendo que el statu quo ha causado tanto daño, quienes defendemos la idea de la reforma argumentamos que ésta no puede ser tímida, y debe intentar, en la medida de lo posible, transitar hacia un modelo de mercados regulados garantizando en el proceso que el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas sean efectivamente despenalizados. Por razones históricas, culturales y pragmáticas, tanto activistas como académicos y especialistas en políticas públicas hemos propuesto que el cambio comience con la mariguana, aunque esto de ninguna manera excluye la necesidad de continuarlo con otras sustancias. De hecho, y aunque en las siguientes páginas me concentraré en el estado del debate mexicano sobre la legalización del cannabis, es preciso mencionar que actualmente existe en el ambiente político un interés particular para regular también la producción de amapola para usos médicos, algo que no se había visto en décadas anteriores.

El debate sobre la necesidad de legalizar el cannabis y reformar las políticas de drogas en México no es algo nuevo. Sin embargo, la proliferación de los esfuerzos orientados a la reforma coincide con dos factores decisivos: la entrada al debate de actores no asociados a la lucha cannábica y la intensificación del sentido de urgencia para detener no sólo la guerra sino sus impactos legales –específicamente el régimen de excepción para la persecución de los delitos de drogas que se habilitó desde 2008 cuando Calderón permitió el arraigo, la puesta a disposición ante un juez en los 4 días subsecuentes a la detención (y no a las 48 horas como estipula el Código Penal para el resto de los delitos), la incomunicación en la cárcel, la reclusión en prisiones especiales y el derecho al anonimato del acusador contra los infractores de las leyes de drogas (Madrazo, 2012).

Es precisamente en respuesta a este régimen que la sociedad civil especializada en política de drogas introdujo al poder legislativo diversas iniciativas de ley con las que se pretendía impedir la excesiva criminalización del usuario de mariguana, y legalizar su producción y comercialización para uso recreativo, medicinal o industrial (dependiendo del proyecto) (Barra, 2015). Sobra decir que ninguna de estas iniciativas ha prosperado y que lo que sigue sucediendo es el endurecimiento sostenido de las respuestas estatales. Sin embargo, como las consecuencias nocivas de este enfoque son también cada vez más visibles, el vigor del movimiento se ha intensificado.

Pero para lograr este crecimiento se necesitó ejercer presión desde muchos lugares y, sobre todo, forzar un debate a través de la exploración de nuevas estrategias de incidencia que incluyeron tanto las vías tradicionales (presión mediática, cabildeo y educación pública) como las no tradicionales (el famoso litigio estratégico). Es precisamente a partir de éste último que las cosas parecerían empezar a cambiar. Iniciado en 2012 por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el litigio estratégico en materia de drogas ha logrado hasta el momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la prohibición administrativa de la mariguana (por considerar que el Estado incurre en una intromisión excesiva en la vida privada de los individuos al prohibir una sustancia cuyo daño relativo es menor al de otras sustancias legales y violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de aquellas personas que, sin dañar a terceros, eligen consumir) y acumulara 5 fallos para constituir la jurisprudencia necesaria para obligar a un cambio legislativo.

Así, hoy en día nos encontramos frente a una cuenta regresiva en la que el Congreso de la Unión deberá legislar de acuerdo al criterio de la Corte y emitir las reglas de un mercado regulado de cannabis que ya no extienda su prohibición. ¿Cuál será el resultado de todos estos esfuerzos? No lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que el trabajo continuará por mucho tiempo más, pues aún ante la posibilidad de lograr algún tipo de reforma, queda la titánica tarea pendiente de lograr la misma justicia para los usuarios de otras drogas y para las víctimas de una política punitiva que no se restringe al cannabis.

En la antesala de lo que esperamos sea el inicio del cambio legislativo sobre mariguana, un incansable grupo de reformistas seguimos visibilizando la impostergable necesidad de tener una conversación seria sobre el tema y hablar sobre las opciones políticas a futuro. Hoy en día sabemos que la prohibición nos ha sido vendida como una idea de prevención que protege a la humanidad cuando en realidad sólo se preocupa algunos, desconociendo el sufrimiento de otras personas involucradas voluntaria o involuntariamente en el circuito de las drogas.

Sabemos que las políticas punitivas causan más daños que beneficios y que mantenernos ciegamente en esta lógica previene el desarrollo no sólo de mejores políticas de drogas sino de acciones más amplias que pudieran coadyuvar a alcanzar el tan esperado desarrollo y la paz. Tristemente, incluso estas certezas tienen todavía dificultad para instalarse al centro del debate y propiciar un proceso de reforma nacional que asuma el reto de revertir el daño. Sin embargo, las pequeñas batallas ganadas por la sociedad civil en los tribunales podrían ser el inicio de lo que esperamos sea el fin de la prohibición y de sus consecuencias sobre nuestros derechos.

Artículo vía: vozyvoto

Bibliografía

Aguilar, Rubén y Jorge Castañeda. Los saldos del narco. México, 2012

Azaola, E. y C. Pérez Correa. Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, CIDE, México, 2012.

Barra, A. Después de la guerra perdida ¿qué? El debate sobre la legalización de las drogas en México, FES, México, 2010.

INEGI (2015). Estadísticas de mortalidad: Defunciones por homicidios. [En línea] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy

Internal Displacement Monitoring Centre, Briefing paper by the Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement, Monitoring Centre on forced displacement in Mexico due to drug cartel violence, Diciembre 2010.

Madrazo, A. Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación. CIDE, México, 2012

Magaloni, Ana Laura (2015). “La arbitrariedad como método de trabajo: la persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón” en Catalina Pérez-Correa (ed.), La justicia penal mexicana: Una evaluación empírica de las instituciones del sistema de justicia penal federal, CIDE, México, 2015.

Murkin, G. ¿Se incrementará el consumo de drogas? Explorando una preocupación clave respecto a descriminalizar o regular las drogas, Transform Drug Policy Foundation, Bristol, 2012.

Pérez-Correa, C. “La marihuana no es importante ¿O sí?” [En línea] Disponible en: http://horizontal.mx/la-marihuana-no-es-importante-o-si/.

Silva, C., Pérez-Correa, C. y R. Gutiérrez. Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad. [En línea] Disponible  en: http://www.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf.

Julio Salazar, abogado senior de México Unido Contra la Delincuencia, ha llevado casos que han tenido impacto en cambios en políticas públicas a nivel nacional en temas como: debido proceso, derechos sexuales y reproductivos y derecho a un medio ambiente sano, entre otros.

Al hablar sobre la problemática de contaminación que se vive en varias ciudades del país, incluida Durango, comentó que para poder generar una indemnización por los efectos de la contaminación en la salud de las personas, lo más efectivo son las acciones colectivas, “lamentablemente en este momento no han tenido muchos frutos, las sentencias que se han obtenido han sido muy pocas”, reconoció.

Ante ello, consideró que más abogados deberían explorar esta posibilidad además de una responsabilidad patrimonial del Estado que implica una regulación de las acciones que generen un daño a las personas, vía que registra un mayor avance.

En tal sentido, expuso que, ante la crisis mundial de contaminación y las advertencias de organismos internacionales que, con base en estudios, prevén que si no se hace algo para el año 2030 el daño será irreversible, urge explorar mecanismos para que cada instancia cumpla con lo que le corresponde para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a la salud.

Esto debido a que las autoridades son las responsables de regular el funcionamiento de las industrias que generan contaminación.

Nota completa en: elsiglodedurango

Notas relacionadas:

‘Responder por daños de contaminación, obligatorio’  elsiglodedurango

329 ONG instan a los líderes mundiales a que enfrenten la crisis global de salud y derechos humanos entre las personas que usan drogas con motivo de la 26ª Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños

Con motivo de la 26ª Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, que reúne a representantes de la sociedad civil y especialistas de todo el mundo en la ciudad de Porto, 329 ONG instan a la comunidad internacional a que enfrente la crisis global de salud y derechos humanos entre las personas que usan drogas.

Las últimas cifras sobre la epidemia del VIH, que acaba de publicar ONUSIDA, son alarmantes. Pese a que la incidencia del VIH a escala mundial disminuyó un 25 % entre 2010 y 2017, está aumentando entre las personas que se inyectan drogas. Fuera del África subsahariana, las personas que se inyectan drogas y sus parejas sexuales siguen representando aproximadamente la cuarta parte de todas las personas que contraen el VIH.[i] Seis de cada diez personas que usan drogas en todo el mundo viven con hepatitis C, mientras que, solo en 2015, se notificaron 168 000 muertes por sobredosis entre personas usuarias de drogas.[ii] 

Quedan poco más de 10 años, de aquí a 2030, para cumplir el compromiso de promover la salud y el bienestar, reducir las desigualdades y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y todas, tal como se consagra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para lograr estos objetivos, se necesita con urgencia un liderazgo político reforzado en todos los niveles.

En 2011, la comunidad internacional se comprometió a reducir la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas en un 50 % para 2015.[iii] Este objetivo se incumplió de forma evidente, por un asombroso porcentaje del 80 %; el número de personas que se inyectan drogas que contrajo el VIH durante ese período aumentó un tercio.[iv] En lo que se refiere al número de todas las muertes relacionadas con las drogas (contando las sobredosis, así como las vinculadas con el VIH, la hepatitis y la tuberculosis), estas aumentaron un preocupante 60 % entre 2009 y 2015, hasta alcanzar un total estimado de 450 000 muertes en 2015. Estas cifras equivalen a 50 muertes cada hora; muertes que son evitables. En los ODS se consagraron nuevos compromisos para hacer frente a la crisis global de salud que afecta a las personas que usan drogas,[v] que se reiteraron en el documento final del UNGASS de 2016.[vi] En la Declaración Ministerial de 2019, que se acordó hace apenas un mes en Viena, se solicita a la comunidad internacional que acelere la aplicación de estos compromisos globales.[vii]

Sin embargo, si no se despliega un auténtico liderazgo, estas serán promesas vacías. Es imprescindible que se intensifiquen en todo el mundo las iniciativas para que las personas que usan drogas formen parte de la respuesta global. Hoy en día, aunque la cobertura mundial de los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH ha mejorado para la población general, menos del 1 % de las personas que usan drogas viven en países que ofrecen una alta cobertura de intervenciones de reducción de daños que salvan vidas.[viii] La financiación de los servicios relacionados con el VIH dirigidos a las personas que usan drogas también se ha estancado a nivel mundial y se mantiene en apenas un 13 % de lo que se calcula que se debería invertir anualmente.[ix] Se estima que la brecha de financiación de todas las intervenciones de reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios alcanza casi un 90 %. Por otro lado, tal como reconocieron 12 organismos de la ONU en 2017, las personas que usan drogas siguen sufriendo un alto grado de estigmatización y discriminación en el acceso a los centros sanitarios.[x]

Aún más preocupante resulta el hecho de que las personas que usan drogas a menudo sigan siendo “una población atacada”.[xi] Una de cada cinco personas encarceladas en el mundo está en prisión por un delito de drogas y, de estas, la inmensa mayoría, por posesión para uso personal.[xii] Centenares de miles de personas que usan drogas son retenidas en centros de detención obligatoria, donde se les niega la atención médica y son víctima de humillaciones, malos tratos físicos y mentales, y trabajos forzados.[xiii] Al menos 10 países someten a las personas que usan drogas a castigos corporales ―como azotes, latigazos, flagelación, lapidación y mutilación corporal―, en algunos casos, incluso a niños y niñas.[xiv] En la mayoría de las regiones del mundo, las personas que usan drogas también sufren violencia institucionalizada, estigmatización y discriminación.[xv] Uno de los ejemplos más extremos de este tipo de enfoques represivos se encuentra en las Filipinas, donde han aumentado en gran medida las ejecuciones extrajudiciales de presuntos autores de delitos de drogas. Estos inaceptables abusos contra los derechos humanos deben terminar.

En el plano mundial, sentimos una grave preocupación por la capacidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para encabezar la respuesta global en materia de salud para las personas que usan drogas.[xvi]

La ONUDD, por su propio mandato y estructura, sigue siendo un organismo que se encuentra más en sintonía con las respuestas represivas frente a las drogas. Resulta alarmante que este organismo muestre dificultades para adoptar, respaldar y encarnar plenamente en el ámbito de las políticas de drogas unas respuestas basadas en la salud y los derechos. La posición de la ONUDD ante la reducción de daños presenta varios años de retraso en comparación con otras entidades de la ONU y se siguen desaprovechando oportunidades importantes para incorporar la reducción de daños en el trabajo y los proyectos de la ONUDD, como, por ejemplo, en las medidas recientes para responder a la crisis mundial de opioides.[xvii] Aunque han surgido iniciativas progresistas y documentos normativos significativos sobre la reducción de daños liderados por algunos integrantes del personal de la ONUDD y sus oficinas en los países, el liderazgo de alto nivel de la Oficina no ha defendido de forma sistemática e inequívoca la reducción de daños, los derechos humanos y la descriminalización, y muchas veces ha permanecido en silencio ante algunos de los casos más graves de violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas que usan drogas.

Si no se produce un cambio notable en la actitud y el compromiso del liderazgo de la ONUDD con respecto a la reducción de daños y la reforma de la política de drogas, no cabría otra opción que replantear el papel de la ONUDD como el principal organismo de la ONU encargado de la respuesta de salud hacia las personas que usan drogas. Debido a todas estas preocupaciones, puede que haya llegado el momento de analizar si los avances se podrían alcanzar mejor bajo la dirección directa de la Oficina del Secretario General de la ONU, o bien a través de ONUSIDA o la OMS como entidades principales. En todo caso, ante el cambio de liderazgo que se podría producir de forma inminente en la ONUDD, se deben estudiar posibles reformas estructurales de este organismo para velar por un liderazgo más firme en materia de reducción de daños y una cooperación más estrecha con otros organismos de las Naciones Unidas, tal como se insta en la Declaración Ministerial de 2019 y en la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas sobre la política mundial de drogas.[xviii]

Garantizar una mejor respuesta de salud para las personas que usan drogas también exige un liderazgo político firme en el plano nacional.

La sociedad civil ha acogido favorablemente la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas[xix] —aprobada en las más altas esferas de la toma de decisiones de la ONU, en noviembre de 2018— y el documento de discusión publicado posteriormente y cuyo título se traduciría al español como “Qué hemos aprendido en los últimos diez años”.[xx] Ambos documentos —así como el último informe de ONUSIDA sobre salud, derechos y drogas[xxi]— formulan recomendaciones concretas para que se adopten políticas nacionales de drogas más eficaces y humanas, como, por ejemplo:

• La prestación, ampliación y financiación de intervenciones de reducción de daños
• La descriminalización del uso y la posesión de drogas para uso personal, así como la proporcionalidad de las penas para todos los delitos relacionados con drogas
• El fin de la estigmatización y la discriminación de las personas que usan drogas
• La inclusión, el apoyo, la financiación y la capacitación de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones y las redes de personas que usan drogas.

La 26ª Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños que se celebra en Portugal esta semana pondrá de relieve el progreso alentador realizado por varios países que han adoptado estas reformas, con efectos directos en la vida de las personas que usan drogas, sus familias y comunidades. Todavía hay tiempo para realizar unos avances significativos y que salvan vidas con miras a lograr los objetivos fijados para 2030 en materia de salud, pero el momento de actuar es ahora. La posición común de la ONU constituye un paso importante en la dirección adecuada, y todos los gobiernos deben poner en práctica, con el respaldo de un sistema de la ONU sólido y coordinado, sus recomendaciones sobre reducción de daños, descriminalización, enfoques basados en derechos y la reducción de la estigmatización. Pero, para ello, se necesitará una verdadera voluntad política, liderazgo y acción por parte del conjunto de la comunidad internacional. Ante la crisis actual, no hay lugar para la autocomplacencia.

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Lista de organizaciones firmantes

1. International Drug Policy Consortium
2. 1Tribe1Nation Consulting Services
3. A New PATH (Parents for Addiction Treatment & Healing)
4. AAFNO Nepal
5. Acción Semilla Bolivia
6. Acción Técnica Social
7. Action Jeunesse Maroc
8. AFEW International
9. African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and neglect
10. Agencia Piaget para o Desenvolvimento
11. AIDES
12. AIDS and Rights Alliance for Southern Africa
13. AIDS United
14. Aidsfonds
15. Aksion Plus
16. akzept e.V. Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik
17. Alberta Addicts Who Educate and Advocate Responsibly
18. All Peoples’ Encinitas Inc.
19. Alliance for Public Health
20. Ana Liffey Drug Project
21. Andean Information Network
22. Apoyo Positivo
23. Ares do Pinhal
24. Arewa Youth Trust Foundation
25. AS – Center for the Empowerment Youth of people who are living with HIV and AIDS in Serbia
26. Asia Catalyst
27. Asian Harm Reduction Network (AHRN Myanmar)
28. Asian Network of People who Use Drugs
29. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas
30. Associació Reus Som Útils
31. Association de Défense des Droit Humains
32. Association de Lutte Contre le Sida
33. Association des intervenants en dépendance du Québec
34. Association for Safer Drug Policies
35. Association Guyanaise de Réduction des Risques
36. Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues
37. Association HERA-XXI
38. Association Kénédougou Solidarité
39. Association Margina
40. Association Nationale de Réduction de Risques au Maroc
41. Association of Rehabilitation of Dependencies of Macau
42. Association Osons Parler de la Drogue au Mali
43. Association PROI
44. Association Québécoise des centres d’intervention en dépendance
45. Australian Injecting and Illicit Drug Users League
46. Auto-Support des Usagers de Drogues
47. BABSEACLE

48. Bensther Development Foundation Nigeria
49. BLM Memphis
50. Brazilian Drug Policy Platform
51. Broken No More
52. Cactus Montreal
53. CAFAC
54. Canadian Association of People who Use Drugs
55. Canadian Drug Policy Coalition
56. Canadian HIV/AIDS Legal Network
57. Canadian Students for Sensible Drug Policy
58. Cannabis Sans Frontières
59. Caring Ambassadors Program, Inc.
60. Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy
61. CAZAS Montenegro
62. CCDAC
63. CEHURD
64. Center for Humane Policy
65. Center for Prisoner Health and Human Rights
66. Centre Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C
67. Centre des R.O.S.É.S. de l’Abitibi -Témiscamingue
68. Centre for Law Enforcement and Public Health
69. Centre for Research and Information on Substance Abuse
70. Centre for Research and Information on Substance Abuse
71. Centre Marocain Pour la sécurité et la Démocratie
72. Centre on Drug Policy Evaluation
73. Centre sida Amitié in Québec
74. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos
75. Centro de Orientación e Investigación Integral
76. Children Education Society
77. Children’s Education Foundation
78. Chunikhel society Nepal
79. CIRC
80. Citywide Drugs Crisis Campaign
81. Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
82. Coalition Marocaine de Droits à la Santé
83. Coalition Marocaine pour la Justice Climatique
84. Coalition PLUS
85. Coalition Sida des Sourds du Québec
86.Collectif Police Contre la Prohibition
87. Collectif Urgence Toxida
88. Comité Binacional de VIH y sida e ITS
89. Community Alliance Georgia
90. Conectas Human Rights
91. Corporación Humanas Colombia
92. Corporación Kimirina
93. Cultura Joven A.C.
94. Death Penalty Focus
95. Dee-Dee Stout Consulting
96. Dejusticia
97. Deutsche AIDS-Hilfe
98. Diogenis Drug Policy Dialogue
99. Dopamine
100. Drug Policy Action Group
101. Drug Policy Alliance
102. Drug Policy Australia
103. Drug Policy Network South East Europe
104. Drug Salvation Foundation
105. Drug User Advocacy League
106. Drug War Memorial
107. Drugs Peace Institute
108. Društvo AREAL
109.E-JOUSSOUR : Association des radios associatives et communautaire au Maroc
110. Eastern African Harm Reduction Network

111. ECHO Citoyen
112. ECPI-Euroregional Center for Public Initiatives
113. Ecumenical Advocacy Network on the Philippines
114. Elementa
115. Élixir
116. Empower India
117. Energy Control
118. Equal Health and Rights Access Advocacy Initiative Nigeria
119. Equis: Justicia para las mujeres
120. Estonian Network PLWHIV
121. Estudiantes por una Politica de Drogas Bolivia
122. Estudiantes por una Políticia Sensata de Drogas Latinoamerica
123. Eurasian Harm Reduction Association
124. European Association for Palliative Care
125. European Network of People who Use Drugs
126. European Treatment Action Group
127. FAAAT
128. Fachverband Sucht
129. Family Drug Support Aotearoa New Zealand
130. Family Drug Support Australia
131. Father Bob Maguire Foundation
132. Federación Andaluza ENLACE
133. Fédération Addiction
134. Fedito BXL
135. Finnish Broadcasting Co
136. Fondazione Villa Maraini
137. Forum des alternatives Maroc
138. Forum Droghe
139. Frontline AIDS
140. Fundacao Oswablo Bruz
141. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
142. GAP-VIES Montréal QC
143. Gay Men’s Health Collective
144. Geneva Platform on human rights, Health, and psychoactive substances
145. Georgia Harm Reduction Network
146. Georgia Red Cross Society
147. Georgian Network of People Who Use Drugs–For humane drug policy
148. Global Fund Advocates Network
149. Groupe d’Entraide à l’intention des Personnes Séropositives et Itinérantes
150. Groupement Romand d’Etudes des Addictions
151. Grupo de Ativistas em Tratamentos
152. HaliFIX Overdose Prevention Society
153. Harm Reduction Afghanistan
154. Harm Reduction Australia
155. Harm Reduction Coalition
156. Harm Reduction International
157. Harm Reduction Nurses Association
158. Hawai’i Health & Harm Reduction Center
159. Health GAP (Global Access Project)
160. Health Poverty Action
161. Healthy Options Project Skopke
162. Help Not Harm
163. Hep Free Hawai’i
164. Hepa+
165. Hepatitis C Mentor & Support Group, Inc.
166. Hepatitis Education Project
167. ICEERS
168. ICF “AIDS Foundation East-West”
169. India HIV/AIDS Alliance
170. Indonesian Harm Reduction Network
171. INSERM
172. Institute for Drug Control and Human Security
173. Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible

174. Instituto para el Desarrollo Humano
175. Instituto RIA
176. Intercambios Civil Association
177. Intercambios Puerto Rico
178. International Center Women and Modern World
179. International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe
180. International CURE
181. International Doctors for Healthier Drug Policies
182. International Federation of Non Governmental Organizations
183. International Indigenous HIV & AIDS Community
184. International Network of Nicotine Consumer Organizations
185. International Network of People Who Use Drugs
186. Ishonch va Hayot
187. Italian League for Fighting AIDS
188. Italian Network of People Who Use Drugs
189. Japan Advocacy Network for Drug Policy
190. John Mordaunt Trust
191. Juventas Montenegro
192. Kazakhs Union of People Living with HIV
193. Kenya AIDS NGOs Consortium
194. Kethea Exelixis
195. Latin American Network of People Who Use Drugs
196. Latinoamérica Reforma
197. Law Enforcement and HIV Network
198. Law Enforcement and HIV Network
199. Lawyers Collective
200. LBH Mayarakat
201. LEAP
202. LEAP UK
203. Legalize Belarus
204. Life Quality Improvement Organisation FLIGHT
205. Magazine Youth Group
206. MAHAMATE health care organization
207. Mahamate Myanmar
208. Mainline
209. Marborg
210. Médecins du Monde
211. México Unido Contra la Delincuencia
212. Middle East and North Africa Network of People Who Use Drugs
213. MIELS-Québec
214. Moms Stop the Harm
215. Montenegrin Harm Reduction Network LINK
216. Mukikute
217. mumsDU–Moms united and mandated to saving the lives of Drug Users
218. Namibia Diverse Women’s Association
219. NASTAD
220. National Alliance for Medication Assisted Recovery
221. National Organization for Women Foundation
222. National Users Network of Nepal
223. NC Survivors Union
224. Netherlands Drug Policy Foundation
225. New England User Union
226. New Vector
227. New Way, Center of Psychosocial Information and Counseling
228. New Zealand Drug Foundation
229. NGO Labyrinth
230. NGO Volunteer Tajikistan
231. Nigerian Network of People Who Use Drugs
232. NoBox Philippines
233. Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty
234. Normal Norway
235. NORML France
236. Norwegian Association for Humane Drug Policy (FHN)

237. Norwegian Association for People in OST (proLAR Nett)
238. Nova+
239. NSW Users and AIDS Association
240. Observatoire Marocain des Libertés Publiques
241. Observatoire Marocain des Prison
242. Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos
243. ORFED
244. Organisation Marocaine des droits Humains
245. Pan African Positive Women’s Coalition
246. Paroles Autour de la Santé (Mali, Côte d’Ivoire, Guadeloupe, Niger)
247. Partnership Network
248. Peer Based Harm Reduction WA
249. PeerNUPS
250. Penington Institute
251. PITCH Uganda
252. Pla d’accions sobre drogues de Reus
253. Polish Drug Policy Network
254. Portail VIH/sida du Québec
255. Positive Malaysia Treatment Access & Advocacy Group
256. Positive Voice the Greek Association of People Living with HIV
257. PREKURSOR Foundation for Social Policy Poland
258. Principes Actifs
259. Psychologists and Psychotherapists Association of Georgia
260. Public Justice Center
261. Re Generation
262. Real People Real Vision Georgia
263. Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos
264. Reframe Health and Justice
265. Release
266. Research, Education & Clinical Care for At Risk Populations
267. REVS PLUS
268. REZO
269. Rhode Island Drug User Union
270. Rights Reporter Foundation
271. Rise up America
272. Romanian Angel Appeal Foundation
273. Romanian Association Against AIDS
274. Romanian Harm Reduction Network
275. Rubiconi
276. Rumah Cemara
277. Safe Streets Arts Foundation
278. SAND – Homeless
279. Sankalp Rehabilitation Trust
280. SAOL Project
281. SATHI SAMUHA
282. Seattle Hempfest
283. Sidalys
284. SIFMA NOW!
285. Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec
286. Society Association HIV.LV
287. SOS Addictions
288. South African Congress of Nonprofit Organisations
289. South African Network of People Who Use Drugs
290. St. Ann’s Corner of Harm Reduction
291. Stella, l’amie de Maimie
292. Steps Non-Governmental Organisation
293. Stop Overdose Now
294. StoptheDrugWar.org
295. Streetworks
296. Students for Sensible Drug Policy
297. Students for Sensible Drug Policy, Sierra Leone
298. Support Foundation “RIGRA”
299. Table des Organismes Communautaires Montréalais de lutte contre le VIH/sida

300. Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS
301. TB/HIV Care Association
302. Temblores ONG
303. Tennessee Recovery Alliance
304. Teras Interventions & Counseling Inc.
305. Thunderbird Partnership Foundation
306. Transform Drug Policy Foundation
307. Transnational Institute – Drugs & Democracy programme
308. Treatment Action Group
309. Trystereo/New Orleans Harm Reduction Network
310. Uganda Harm Reduction Network
311. Unharming Ohio
312. UNITE Global Network of Parliamentarians to End HIV/AIDS, viral hepatitis and other infectious diseases
313. Urban Survivors Union
314. Veterans for Medical Cannabis Access
315. Virginia Harm Reduction Coalition
316. Washington Office on Latin America
317. We Help Ourselves
318. West Africa Drug Policy Network-Ghana
319. Western Harm Reduction Network
320. White Noise Movement
321. Women for Health
322. Women’s Coalition Against Cancer
323. World Hepatitis Alliance
324. Yamaka Youth Network
325. Young Wave
326. Youth Organisations for Drug Action
327. Youth RISE
328. Zimbabwe Civil liberties and Drug Network
329. СВОН Плюс

Notas finales

[i]  ONUSIDA (2019) Health, rights and drugs: Harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf

[ii]  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018) World Drug Report 2018, https://www.unodc.org/wdr2018/

[iii]  Asamblea General de la ONU (8 de julio de 2011) Resolución 65/277. Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA, A/ RES/65/277, http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65-277_es.pdf

[iv]  ONUSIDA (2018) Miles to go: Closing gaps, breaking barriers, righting injustices, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf

[v] http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

[vi]  Disponible aquí: https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf

[vii]  Disponible aquí: https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/ECN72019_CRP11_V1901487.pdf

[viii] Larney S, Peacock A, Leung J, Colledge S, Hickman H, Vickerman P et al. Global, regional and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who inject drugs: a systematic review. The Lancet. 2017;5(12):PE1208–E1220

[ix]  Harm Reduction International (2018) The lost decade: Neglect for harm reduction funding and the health crisis among people who use drugs, https://www.hri.global/files/2018/09/25/lost-decade-harm-reduction-funding-2018.PDF

[x]  ONUSIDA, ACNUDH, ACNUR, Programa Mundial de Alimentos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNFPA, ONU Mujeres, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Salud, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Organización Internacional para las Migraciones (2017) Declaración Conjunta de las Naciones Unidas para poner fin a la discriminación en los centros sanitarios, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ending-discrimination-healthcare-settings_es.pdf

[xi]  ONUSIDA (2019) Health, rights and drugs: Harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf

[xii]  Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (enero de 2013) Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas cuestiones y respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal, Nota de la Secretaría, E/CN.15/2013/9, https://undocs.org/es/E/CN.15/2013/9

[xiii]  Kamarulzaman, A. y McBrayera, J. L. (febrero de 2015) ‘Compulsory drug detention centres in East and Southeast Asia’, International Journal of Drug Policy, 26(1): S33-S37; Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (enero de 2015) Throughout Asia, criminalisation and hard punishment are imposed on people who use drugs, https://idpc.net/alerts/2015/01/throughout-asia-criminalisation-and-hard-punishment-are-imposed-on-people-who-use-drugs; Organización Mundial de la Salud, ATLAS of substance use disorders – Country profile: EGYPT, http://www.who.int/substance_abuse/publications/atlas_report/profiles/egypt.pdf; Organización Mundial de la Salud, ATLAS of substance use disorders – Country profile: SAUDI ARABIA, http://www.who.int/substance_abuse/publications/atlas_report/profiles/saudi_arabia.pdf

[xiv]  Harm Reduction International (2011) Inflicting harm: Judicial corporal punishment for drug and alcohol offences in selected countries, https://www.hri.global/files/2011/11/08/IHRA_CorporalPunishmentReport_Web.pdf

[xv]  Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (2018) Balance de una década de políticas de drogas: Informe sombra de la sociedad civil, https://idpc.net/es/publications/2018/10/balance-de-una-decada-de-politicas-de-drogas-informe-sombra-de-la-sociedad-civil

[xvi]  La posición común de las Naciones Unidas alude al “papel de coordinación general” que desempeña la UNODC y señala que el Equipo de trabajo estará dirigido por la Oficina. En la Declaración Ministerial de 2019 también se reafirma el papel de la UNODC como “la principal entidad del sistema de las Naciones Unidas para abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas”. Además, la UNODC sigue siendo el principal copatrocinador en el ONUSIDA de las personas que usan drogas.

[xvii] Por ejemplo, resulta preocupante que la última estrategia de la UNODC en materia de opioides no incorpore un componente de reducción de daños, sino que se centre en la aplicación de la ley. Véase: https://www.unodc.org/unodc/en/opioid-crisis/index.html

[xviii]  Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (noviembre de 2018) United Nations system common position supporting the implementation of the international drug control policy through effective inter-agency collaboration, https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB-2018-2-SoD.pdf

[xix]  Ibídem

[xx]  Equipo de trabajo de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas con las drogas (marzo de 2019) What we have learned over the last ten years, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/What_we_have_learned_over_the_last_ten_years_-_14_March_2019_-_w_signature.pdf

[xxi]  ONUSIDA (2019) Health, rights and drugs: Harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf

08/04/2019, Comunicación Senado, Boletín 1642

Al inaugurar el Foro “Hacía una política de regulación de la Cannabis”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la voluntad de los legisladores para escuchar todas las voces y tomar una decisión sensata que le permita al país avanzar por el camino correcto.

Estamos aquí escuchándolos y deliberado, para que cuando concluyan este tipo de audiencias, en las comisiones redactoras de Justica, Salud y Puntos Constitucionales habremos de emitir un dictamen, aprobable o no, sobre la despenalización y legalización del uso de la marihuana.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, indicó que la eliminación, prohibición o despenalización de la marihuana en su uso, implica regular la producción, distribución, comercialización, consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales o cualquier otra mercancía. El propósito, que el producto cumpla controles de calidad, no dañe la ecología, ni la salud.

Se trata, agregó, de arrebatarle al narcotráfico, a las bandas del crimen organizado, el control de este proceso productivo, distributivo. Que en la actualidad se realiza en una atmosfera irremediablemente violenta, corrupta, sin control ni calidad, ni gravámenes fiscales, en una situación de riesgo para el consumidor, que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y a poder ser privado de su libertad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar, subrayó la urgencia de regular la producción, distribución y consumo de la Cannabis, ya que las implicaciones no son únicamente para consumo lúdico, sino que representa una opción para quienes la utilizan con fines medicinales y la participación del Estado.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló a su vez que México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de las drogas. La política prohibicionista seguida en los últimos años, ha incrementado la violencia en el país, dijo.

“Esta estrategia ha fallado para proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los consumidores”, comentó. Lejos de inhibir el problema, apuntó, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales, derivado del aumento en el consumo internacional y nacional del cannabis y otras drogas.

Indicó que este tema debe analizarse desde una óptica de salud pública, que establezca el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor, como ejes rectores.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que el mayor reto que enfrenta cualquier modelo de regulación es equilibrar el enfoque de salud pública con los intereses comerciales.

Planteó un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana, que tome en cuenta: proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo; respetar la autonomía de las personas; promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de consumo.

Durante el foro también participaron representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, de México Unido Contra la Delincuencia, Padres Activos por la Discapacidad, ProCanna, Familias y Retos Extraordinarios, el Instituto RIA y ReverdeSer.

Nota completa: comunicacion.senado.gob.mx

Notas relacionadas:

Debaten regulación de la Cannabis meridiano.mx

México, 07 de abril de 2019

Sra. Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

P R E S E N T E

Ref.: Visita a México

Estimada Alta Comisionada:

Quienes suscribimos la presente carta le damos una calurosa bienvenida a México. Su visita, al igual que las de sus predecesores y predecesoras, es fundamental para mantener la agenda de derechos humanos como un tema actual, necesario y urgente en nuestro país.

Como es de su conocimiento, México vive una crisis en materia de derechos humanos. Las visitas y pronunciamientos de distintos mecanismos especiales[1], los informes de los órganos de tratados[2], los resultados del Examen Periódico Universal[3], los pronunciamientos de su Oficina en México[4] y los realizados desde la sede en Ginebra lo demuestran[5]. De lo anterior, es razonable afirmar que todos los derechos humanos en México necesitan una atención prioritaria.

Las altas tasas de violencia que vive el país y la falta de una respuesta adecuada, proporcional, coordinada y basada en derechos humanos, nos preocupan sobremanera. Esa violencia se ve reflejada en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país[6], las más de 40,000 personas desaparecidas -y cuyo número sigue en ascenso-, las torturas y malos tratos, las indignas condiciones penitenciarias, la prisión preventiva oficiosa, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia.  Esas y otras facetas, hacen que la violencia sea desmesurada y descontrolada.

A lo anterior se suma el escenario relacionado con la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la falta de calidad y acceso a la educación; la precarización de los derechos laborales y sindicales; los servicios de salud sin gratuidad, medicamentos o personal suficiente y profesional para garantizar una amplia cobertura; la pésima calidad del agua a partir de la contaminación de la hidrografía mexicana; la tala ilegal, la presencia de proyectos de desarrollo que dividen comunidades y afectan seriamente territorios y el medio ambiente; y la carencia de una vivienda que respete los estándares internacionales, son algunos de los temas de preocupación actuales.

Más aún, esas violaciones de derechos humanos tienen un mayor impacto en sectores históricamente discriminados: niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas y campesinos/as; mujeres; personas adultas mayores; personas en contextos de movilidad interna e internacional; y personas integrantes de la comunidad LGBTTTI.

Todos esos temas -y muchos más- encuentran mayor preocupación en un contexto en el que tanto el actual gobierno federal como los de las 32 entidades federativas tienen una concepción paternalista y clientelar, y se encuentran en proceso de recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad. Ello, aunado a la visión de seguridad militarizada a partir de la reforma a la Constitución Política mexicana para la conformación de una Guardia Nacional integrada en su mayoría por elementos militares y navales; al ataque a instituciones autónomas; la designación de funcionarios y funcionarias cercanas al Presidente de la República; la firma de permisos de explotación de aguas o recursos naturales sin previo informe de impacto ambiental; la posición sobre ciertos medios de comunicación (como “adversarios”); o la deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil (como intermediarias de recursos o simuladoras pero no transformadoras de la realidad). Esa y otras posiciones nos hacen temer que durante el sexenio de la administración federal actual se vaya a avanzar decididamente en materia de derechos humanos.

En nuestro país es excepcional tener una investigación adecuada y diligente que termine en una sentencia judicial cuando se cometen violaciones de derechos humanos, como lo reflejan tanto el subregistro[7] en la denuncia como la tasa de 98% de impunidad. La colusión e incapacidad de las instituciones se ve reflejada en la saturación de servicios forenses que tienen miles de personas asesinadas sin ser identificadas y sin lograr cruces de identificación eficaces; en la falta de coordinación entre autoridades (lo cual se dificulta aún más por la organización política de un país federal), en la falta de sensibilidad y debida diligencia de las fiscalías; en servicios periciales carentes de autonomía; y, salvo excepciones, en un poder judicial más enfocado en la formalidad de sus actuaciones que en abordar las causas estructurales que siguen generando violaciones masivas de derechos humanos en el país.

Ante ese escenario desolador y adverso, quienes defendemos derechos humanos hemos encontrado en quienes integran la Oficina en México a grandes aliados y aliadas que, desde un rol de acompañamiento técnico a las instituciones mexicanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos y colectivos, han logrado mantener una interlocución fundamental para el avance del discurso y de políticas públicas de derechos humanos en el país. La capacidad técnica que han demostrado, sumada a una dosis de creatividad, inteligencia, análisis estratégico y mediación, hacen que la Oficina en México se haya posicionado como uno de los interlocutores más importantes y legítimos en el tema.

Pero la Oficina en México ha ido más allá de su mandato oficial: su sensibilidad, solidaridad y acompañamiento para quienes hemos estado en situaciones de desprotección y desesperanza, les han merecido un infinito agradecimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, defensores y defensoras en riesgo, periodistas que han sufrido diversas agresiones, académicos/as e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Jan Jarab, junto con su incansable y valiente equipo, nos siguen reafirmando la relevancia del escrutinio internacional para el avance nacional de los derechos humanos y, asimismo, han demostrado el lado humano de las Naciones Unidas.

Señora Alta Comisionada: el 7 de octubre de 2015, su antecesor emitió una declaración al finalizar su visita a México. También presentó 14 recomendaciones, las cuales mantienen una indiscutible vigencia.[8] Esperamos que en su visita al país usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De nuestra parte, tendrá todo el apoyo y agradecimiento por su interés y acompañamiento porque tenemos el convencimiento que el dolor, la desolación, la discriminación, la violencia y la impunidad en nuestro país deben terminar.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

ATENTAMENTE,

Organizaciones y colectivos: Abogadas Demócratas; Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados Desaparecidos de Nuevo León (Grupo Amores); Alondras Unidas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Búsqueda de Familiares Regresando a su Casa Morelos A.C.; Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.; Causa en Común A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro Nacional de Comunicación Social A.C.; CIC Propuesta Cívica; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México); Colectivo Colibrí; Colectivo contra la Trata de Personas; Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba – Córdoba; Colectivo Más Derechos Humanos; Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C. (DIA); Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro; Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Ecos de Mirabal; El día después; Fátima I.B.P.; Equipo de Seguimiento de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad); Equis Justicia para las Mujeres; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM); Fundación Find; Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GDPC); Grupo Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (Grupo VIDA); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Infancia Común A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. (IJPP); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y la Democracia. A.C. (INSYDE); La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual; Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.; Lekil Kuxlejal A.C.; México Unido contra la Delincuencia (MUCD); Observa Ciudadana, Observatorio Latinoamericano contra  la trata de Personas (ObservaLaTrata) Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Observatorio Designaciones Públicas; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, A.C.; Organización Popular Independiente A.C.; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana; Programa Compañeros A.C.; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Red de Desaparecidos en Tamaulipas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; Red por la Participación Ciudadana A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Renacer Lagunero; Sabuesos Guerreras A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz); Sin Violencia A.C.; Tierra Nativa A.C.; Unión Campesina Democrática Chihuahua (UCD Chihuahua); Uno de Siete Migrando A.C.; Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y de la Oficina en Washington para Asuntos Internacionales (WOLA).

Personas: Alberto Athié, Alejandro Anaya Muñoz, Carlos Alberto Galindo López, Carlos Garza Falla, Denise Dresser Guerra, Eliana García Laguna, José Mario de la Garza Marroquín, Jorge Javier Romero, Jorge Verástegui González, Juan Carlos Páez, Juan Manuel Estrata Juárez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Luis Daniel Vázquez, Maite Azuela, Mara I. Hernández, María Elena Morera, Nicomedes Fuentes, Pablo Girault, Paola Zavala Saeb, Santiago Corcuera Cabezut, Sergio González Cárdenas, Silvano Cantú, Silvia Ortíz de Sanchezviesca.

Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): Agencia Familiar Binacional A.C. (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD);  Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Derecho a la Identidad A.C.; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana A.C.;  Casa Refugiados A.C.; Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante de Monterrey, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C. (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.;  Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG) ; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE);  Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C.; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Deportados Unidos en la Lucha (DUL); Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante A.C.; Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana A.C. (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Inclusión y Equidad, AC; Ana Stern-Incide Social; Fabiola Mancilla; Hugo Ángeles;  Jorge Romero León; Leticia Calderón-Instituto Mora; Lorena Cano; Marta Villarreal; Martha Rojas-ECOSUR; Mayela Blanco Ramírez; Mónica Salmón Gómez; Nadia Nehls; Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdG); Patricia Zamudio-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Rocío Osorno; Rodolfo García Zamora -Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Ximena Gallegos; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI); Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos; Mujeres Unidas y Activas-Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud A.C. (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante A.C. (PRECADEM); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México (PRAMI-UIA); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF)/Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex);  Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM); y Washington Office on Latin America (WOLA).

Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM): Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 39 organizaciones de 24 entidades de la República Mexicana: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gauges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C. (COLEM); Coahuila: Centro de Derechos humanos Fray Juan de Larios; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humanos y Género; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Estado de México: Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de Promotoras de Ecatepec; Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC); Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero A.C.; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México);Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.;Quintana Roo: Mayas sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas;Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. (Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala, Hgo.); Bowerasa A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi” A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada” A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz” A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima no gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa A.C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chis).

[1] Ver, entre otros, los informes de visita de los y las relatores sobre personas defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas; libertad de expresión; derecho al agua; empresas y derechos humanos; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada e involuntaria; independencia de magistrados y abogados; y venta de niños/as, prostitución infantil y utilización de niños/as en pornografía. A lo anterior, vale la pena añadir los pronunciamientos individuales y conjuntos de procedimientos especiales sobre todo en el marco de las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, así como los informes individuales del Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria.

[2] En los dos últimos años, el Estado mexicano ha sido revisado por los Comités sobre Desapariciones forzadas (2018), discriminación contra la mujer (2018), económicos, sociales y culturales (2018) y trabajadores migratorios y sus familiares (2017). En este año se encuentra pendiente la revisión el CAT, el CERD, el CRPD y el CCPR.

[3] Recientemente acaba de finalizar el tercer ciclo de evaluación de México por el Consejo de Derechos Humanos. En marzo pasado, el Estado mexicano compareció ante el Consejo y aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas. Ver, Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México. Adición: Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. Doc ONU A/HRC/40/8/Add.1, de 12 de febrero de 2019.

[4] Existe un sinnúmero de pronunciamientos de la Oficina en México en los que expresa preocupación o saluda los avances en distintas materias: periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo o asesinados/as; políticas de seguridad adoptadas; decisiones judiciales y de otros órganos autónomos relevantes; búsqueda de personas desaparecidas; reformas legislativas; etc.

[5] A ello se suman los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, entre otros.

[6] De acuerdo con una nota periodística, durante 2018 “fueron asesinadas, en promedio, casi 94 personas todos los días, un aproximado de cuatro personas asesinadas violentamente cada hora.” Asimismo, “[e]ste balance también confirma un incremento de los homicidios dolosos por cuarto año consecutivo. Mientras que en 2014 la tasa de homicidio doloso era de 12.96 casos por cien mil habitantes, para 2015 pasó a 13.32, en 2016 ascendió a 16.49, en 2017 se disparó hasta 20.27 casos, y 2018 cierra con 23.1 casos.” De acuerdo a la misma fuente, “en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74%. Para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas (siempre de acuerdo con los datos del SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.” Ver, Animal político. 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9%. Nota de 21 de enero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delitos-mexico/(Resaltado en el original)

[7] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra (subregistro) de 2017 fue de 93.2%: “En 2017 se denunció el 10.4% de los delitos” y en ese mismo año “se inició averiguación previa en el 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.” Ver, INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018). Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf.

[8] Las recomendaciones fueron las siguientes: 1) establecer un consejo asesor sobre derechos humanos e impunidad; 2) investigar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos; 3) reformar las normas militares para asegurar que el fuero militar no conozca de ninguna violación de derechos humanos; 4) garantizar un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con enfoque de derechos humanos; 5) adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación; 6) crear una institución nacional forense autónoma e independiente; 7) implementar un registro de todas las detenciones; 8) garantizar la autonomía de distintos órganos, incluyendo las instituciones de procuración y administración de justicia; 9) ratificar algunos instrumentos internacionales pendientes; 10) establecer un mecanismo interinstitucional de alto nivel participativo para la implementación de estándares y decisiones internacionales; 11) garantizar una consulta indígena adecuada en temas que les afecten; 12) reforzar las políticas públicas a favor de las mujeres; 13) implementar efectivamente la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH; y 14) Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Tanto la declaración del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein del 7 de octubre de 2015 como las recomendaciones emitidas y la respuesta del Estado mexicano a las mismas se encuentran disponibles en: http://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf.

27/03/2019, El Sol de Durango, Margarita Valdéz

Nota completa en: elsoldedurango