Ciudad de México, 13 de febrero de 2023. El Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió hoy un segundo amparo en contra del despliegue de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, que se suma al primer recurso presentado por México Unido Contra la Delincuencia y admitido este 1 de febrero.

La decisión del Juzgado federal aumenta la posibilidad de contrarrestar las políticas orientadas a aumentar la presencia de militares en los espacios y políticas de carácter público. Nuestros amparos exigen al gobierno capitalino retirar a los elementos de la GN de las instalaciones y destinar sus recursos al mantenimiento y mejora de la movilidad.

En esta ocasión, el PJF tiene la obligación de incidir como un contrapeso frente a una medida que no reduce accidentes ni mejora la calidad del servicio, por el contrario: vulnera los derechos a la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, movilidad urbana y buen gobierno de las y los usuarios.

Para ambos amparos, el PJF se limitó a admitir las demandas y omitió declarar medidas cautelares, como la suspensión temporal del despliegue de la GN en el Metro en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. Instamos a las autoridades judiciales a demostrar su autonomía e independencia, así como proteger el orden constitucional y los derechos humanos, para que la Guardia Nacional militarizada se retire de un sistema de transporte capitalino que requiere mantenimiento y no militarización.

#MantenimientoSíMilitaresNo

Contacto con medios:
p.ramos@mucd.org.mx
Cel. 55 39 50 09 82

Ciudad de México, 2 de febrero de 2023. Este 1 de febrero el Poder Judicial de la Federación admitió un amparo México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en el que se solicita el retiro de los casi 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en 190 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de una persona usuaria de este transporte para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México proteja los derechos de quienes utilizan este sistema destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización.

Tras el anuncio público del despliegue de la Guardia Nacional, el pasado 12 de enero, el Gobierno capitalino envió a los elementos a las instalaciones del Metro sin aclarar cuáles serían sus actividades, objetivos, presupuesto asignado, alcances de su participación, sus parámetros de coordinación o supervisión ni las implicaciones legales o administrativas de su incursión en estas actividades.

Con esta decisión, en primera instancia, el Gobierno capitalino viola el derecho a la seguridad jurídica de las y los usuarios debido a que esta acción fue tomada sin importar que la Guardia Nacional no cuenta con facultades jurídicas para intervenir las estaciones del Metro, pues su marco jurídico establece como autoridades encargadas de la seguridad a elementos de la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad CIudadana de la Ciudad de México.

Debido a que la Guardia Nacional es una institución mayoritariamente militar -más de 70% de sus elementos provienen de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina– la presencia de éste cuerpo de seguridad también viola el derecho a la seguridad ciudadana de las personas usuarias, pues no cumple con los requisitos que componen la seguridad pública, una función estatal que debería estar a cargo de instituciones policiales civiles, formadas y profesionalizadas en la materia.

Su despliegue vulnera también el derecho a la movilidad urbana, pues la presencia de la Guardia Nacional en el metro representa un elemento intimidatorio capaz de persuadir a las personas de reducir o suspender el uso del Metro, con lo que provoca un efecto inhibidor de este derecho. Y el temor es objetivamente justificable: la Guardia Nacional ha sido, en los últimos dos años, el cuerpo de seguridad con mayor número de quejas acumuladas por violaciones a derechos humanos, sólo por debajo de la Sedena, con señalamientos de hechos de detención arbitraria; tortura; violencia desproporcionada durante detenciones; delitos contra la libertad sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La decisión del gobierno capitalino, finalmente, afecta el derecho a un buen gobierno de las y los capitalinos, debido a que el uso de recursos del presupuesto que deberían ser destinados a la reparación, mejora, modernización, ampliación y mantenimiento del STC Metro está siendo desviado para costear la presencia elementos de Fuerzas Armadas que no responden a estos objetivos, por cierto, sin que hasta el momento se haya informado públicamente el costo de esta operación.

Los efectos negativos de estos despliegues se han hecho evidentes a menos de un mes de haber comenzado: apenas unas 48 horas después de su presencia, dos agentes de la Guardia Nacional participaron en la detención de un joven que se manifestó de manera pacífica en una de las estaciones bajo su vigilancia. Poco después, el Secretario de Gobierno de la CDMX, anunciaría sanciones contra ellos.

El pasado 12 de enero, la ciudadana Viviana Salgado fue injustamente detenida, privada de la libertad y acusada de presuntos actos de sabotaje en una línea del metro por haber “arrojado” aspas de una lavadora a las vías del metro. A dos semanas de los hechos, la Fiscalía la exoneró tras haber comprobado que se trató, sencillamente, de un accidente: a Viviana las aspas se le cayeron a las vías, y las había comprado para arreglar un electrodoméstico de uso familiar.

El Metro capitalino es más que un transporte: es un espacio de encuentro, de expresión, de protesta… La Guardia Nacional no debe tener presencia en sus instalaciones.

Con este amparo, MUCD busca que el Poder Judicial reconozca estas violaciones a derechos humanos, revierta la medida de despliegue de este cuerpo militarizado y ordene al Gobierno capitalino redireccionar sus esfuerzos en la verdadera protección del derecho a una movilidad segura para las y los usuarios.

El Poder Judicial tiene la oportunidad de actuar como un contrapeso ante las decisión del Ejecutivo local de contribuir al empoderamiento de las Fuerzas Armadas y ampliar su participación a cada vez más distintos ámbitos civiles y, con ello, defender los derechos humanos de más de cuatro millones de personas usuarios del Metro.

#MantenimientoSíMilitaresNo

Contacto con prensa:
p.ramos@mucd.org.mx
Cel. 55 39 50 09 82

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022. México se encuentra ante el riesgo inminente de volver permanente e irreversible la militarización de la seguridad pública y el establecimiento de atribuciones inconstitucionales y desproporcionadas a las Fuerzas Armadas.

Esto, gracias a que en los últimos días, la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de Senado de la República aprobaron una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca entregar a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN) y con ello perpetuar una estrategia de seguridad fallida que, lejos de prevenir el delito y pacificar al país, ha agravado los problemas de violencia, impunidad, violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las autoridades civiles.

Aunque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador afirma que la GN seguirá siendo de carácter civil, como lo ordena la Constitución desde su creación, en los hechos le concede a la SEDENA un control total sobre la corporación y reduce a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a un cascarón. Entre otras cosas, la reforma faculta a militares a hacerse cargo de la seguridad pública de manera permanente y establece una GN militar enteramente controlada desde la SEDENA. Además, garantiza fuero militar a sus integrantes y faculta al Presidente de la República para disponer de ella como una institución auxiliar y complementaria de las Fuerzas Armadas. 

Se trata de un texto legislativo a todas luces inconstitucional, que contraviene los dispuesto en los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, que establecen que la seguridad pública debe ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La iniciativa viola también el Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, donde se permitió el uso excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024 en auxilio de la GN y no al revés.

Otro aspecto preocupante de la iniciativa del Presidente López Obrador, es que pone en riesgo el predominio civil sobre el Estado, pues fortalece de manera excesiva a las Fuerzas Armadas al entregarles poder, recursos y facultad política para tomar decisiones en materia de seguridad, por encima de las instituciones civiles establecidas para ello. Así, la reforma también representa el riesgo de disminuir el carácter democrático de nuestro gobierno, al reducir el control que las autoridades civiles democráticamente electas tienen sobre las militares. 

Desde hace por lo menos 15 años colectivos de víctimas, activistas y organizaciones de sociedad civil hemos alertado sobre los impactos negativos de la militarización y los graves riesgos que corremos como país al profundizarla. Hemos documentado el aumento de las detenciones arbirtrarias y su impunidad, el uso de tortura y malos tratos por parte de militares, el aumento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, así como el nulo impacto del despliegue militar en la reducción de los homicidios o de delitos como el secuestro y la extorsión.

Además, hemos denunciado cómo desde 2019 el gobierno ignoró la petición de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de construir una GN civil, lo que ha generado que casi el 80% de los elementos de la corporación pertenezcan a la Sedena o a la Semar y solo el 20% a la extinta Policía Federal. De aprobarse esta iniciativa, los pocos elementos de procedencia civil con los que cuenta la GN pasarían a formar parte de la Sedena eliminando toda posibilidad de crear una institución policial. 

La evidencia es contundente: militarizar la seguridad pública aumenta la violencia y pone en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos. Desde 2007, cuando en nombre de la llamada  “guerra contra las drogas” se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles, los homicidios se triplicaron. Y con la GN militarizada no ha sido diferente: en sus primeros 3 años de operación los asesinatos en México se han mantenido por encima de 35 mil casos anuales. Además, tan solo en 2021, la Guardia Nacional acumuló un total de 504 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos y, la Sedena, 436.

Aumentar el poder del Ejército no es la vía que nos conducirá a vivir con seguridad y en paz.  Este 6 de septiembre, la sociedad civil realizará una movilización pacífica para instar al Senado de la República a oponerse a esta iniciativa. Las y los senadores tienen la posibilidad de evitar el avance de una grave amenaza: deben votar en contra de esta propuesta, que implica la continuidad de una estrategia contraproducente y un abierto desdén por la Constitución y los mandatos de instancias internacionales especializadas en Derechos Humanos.

El carácter civil de la seguridad pública debería fortalecerse, no debilitarse. 

Por las víctimas y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada durante años.

 #MilitarizarNoEsPaz. 

Consulta nuestro análisis de la iniciativa

Tabla comparativa de la iniciativa

Iniciativa

Contacto con medios | p.ramos@mucd.org.mx | Cel. 55 39 50 09 82