Ciudad de México, 25 de julio de 2023. Según datos preliminares del INEGI, este 2022 México registró la tasa de homicidios a nivel nacional más baja desde 2017, con 25 por cada 100 mil habitantes, lo que corresponde a un total de 32,223 homicidios, es decir: 10% menos que en 2021.

Tomando en cuenta que estos valores pueden cambiar al momento de publicarse las cifras definitivas, en octubre, los datos presentados hoy nos muestran un panorama general presumiblemente alentador pero, pese a estas posibles reducciones, los mismos datos arrojan que la estrategia actual de seguridad sigue teniendo como resultado el aumento de la violencia a nivel local, como en los casos de Colima y Guanajuato.

En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) destacamos la urgente necesidad de no perder de vista aspectos de fondo que perpetúan la continuidad de una grave crisis de inseguridad y violencia, vinculada directamente a contexto de alta impunidad.

• Urge establecer estrategias de seguridad a nivel local para reducir los asesinatos

Para 2022, a nivel estatal, Colima fue la entidad con la tasa más alta de homicidios: 113 por cada 100 mil habitantes, seguida por Zacatecas, con 87, Baja California, con 70 y Guanajuato, con 68. Se trata de cuatro estados que, por lo menos los últimos dos años (2021-2022) se han mantenido entre las 5 entidades federativas más letales para su población.

Adicionalmente, destacan tres entidades federativas que presentaron un preocupante crecimiento en la cantidad de casos de asesinatos: Colima, con +43%, Hidalgo, con +32% y Nuevo León, con +30%. Mientras que Campeche y Colima presentaron los máximos históricos de casos de homicidios de sus respectivas poblaciones, con 110 y 867 casos respectivamente.

En MUCD entendemos que la violencia letal se expresa de forma distinta en cada territorio y es diversa dependiendo de las víctimas, por lo que cada demarcación requiere políticas preventivas basadas en evidencia para garantizar que se atienden sus necesidades específicas.

En el caso de cada entidad es necesario evaluar la efectividad real de las políticas de seguridad actuales, tendientes a la militarización, pues lo que se requiere, sin duda, son políticas de seguridad ciudadana que prioricen la prevención del delito, así como su adecuada investigación, persecución y sanción; en las que se priorice el bienestar de las personas y sus comunidades, así como el adecuado funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

• El uso de armas de fuego para asesinar en México es alarmante: 7 de cada 10 homicidios son con armas de fuego

En 2022, 68% de homicidios registrados fueron cometidos por disparo de arma de fuego, esto incluye las categorías del INEGI: Agresión con disparo de arma corta; agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga; agresión con material explosivo y, abrumadoramente: agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas. 

Como lo hemos advertido antes: la amplia e indiscriminada disponibilidad de armas de fuego y municiones es uno de los principales determinantes de la inseguridad, la incidencia delictiva y la violencia en México. 

Es urgente una estrategia nacional de reducción de la violencia armada que incluya registros de armas de fuego confiables que permitan conocer la magnitud del problema; mecanismos efectivos y profesionales de coordinación para el control de armas; políticas públicas de prevención de la violencia armada diseñadas con base en evidencia; y más y mejores programas de desarme.

• Se requiere evaluar la evidencia sobre disminuciones en violencia letal  

Las cifras publicadas este martes por el INEGI ofrecen elementos para realizar un primer análisis que evalúe cuáles fueron las medidas relacionadas con la reducción -hasta ahora preliminar- de la violencia letal en México.

Mientras que las entidades con mayores disminuciones en el número de casos de asesinatos en su territorio fueron Tamaulipas 37%, Veracruz 32% y Ciudad de México 31%; siete entidades registraron mínimos históricos en el total de casos registrados: Ciudad de México, con 742 casos; Coahuila, con 169; Durango, con 125; Guerrero, con 1,378; Sinaloa, con 558; Tamaulipas, con 467 y Veracruz, con 641.

Es momento de que la sociedad civil, en conjunto con los gobiernos locales y federal, replanteen la política de seguridad pública, con enfoque ciudadano, para reforzar las medidas preventivas que efectivamente contribuyen a la disminución de la violencia e inseguridad en el país. En MUCD, estamos ciertas de que una vía necesaria y urgente para continuar con esta disminución de los homicidios y el uso de armas de fuego, es el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. 

La permanencia de las FFAA en estas tareas ha demostrado que su participación no ha contribuido a disminuir la inseguridad ni la violencia. 

Las cifras hoy mostradas por el INEGI deben ser analizadas con cautela, pues México aún vive una crisis de violencia y seguridad alarmantes. Las propuestas que realizan las organizaciones de la sociedad civil deben ser consideradas para cambiar el rumbo de la actual política de seguridad, pues la militarización ha demostrado no ser la solución. ¡Se requiere un enfoque de seguridad ciudadana! 

04/07/2019, Global Media, Jonathan Flores

Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, en entrevista para “Así las cosas” consideró que el nuevo cuerpo de seguridad de la Guardia Nacional no está diseñado para labores de seguridad pública y que ahora es usada para la detención de migrantes; labores que expuso no son las indicadas, siendo problemas muy fuertes, porque la GN está siendo vista como un botín político que tiene el sello del Poder Ejecutivo, que tiene un carácter militar.

Dijo coincidir con el comandante de la Guardia Nacional cuando pide no tener altas expectativas del nuevo cuerpo policial en el corto plazo, pero agregó que ni siquiera en el largo plazo “porque éste plazo nunca llegará”.

“Lo que vamos a ver es que la Guardia Nacional la vemos como los bomberos… que van a llegar con mangueras a apagar fuegos que ya estaban prendidos. Muchas veces el agua genera mayores daños que el incendio en sí mismo; mientras no acabemos con la cadena de impunidad las calles no van a estar seguras”.

Ante ello, sostuvo que la Guardia Nacional en las calles que tendrá labores de seguridad pública se creó en medio de la improvisación, solo con un logo en el brazo, que se concentrará en las detenciones de criminales y no contribuirá en la baja de la incidencia de delitos y que solo aumentará la impunidad. A su parecer el enfoque debería estar en el combate a la impunidad, en el fortalecimiento policial, en protocolos de actuación claros, en la prevención.

Aseveró que al detener únicamente a personas “infraganti” y a los consumidores de drogas, se llenarán las cárceles mientras seguirá la GN sin protocolos claros de operatividad en las calles, y con órdenes y capacitación estrictamente militar.

Nota vía: globalmedia

16/06/2019, Sin Filtro, Foro TV noticieros.televisa

13/06/2019, Noticieros Televisa, Despierta con Loret

La promesa de regular las drogas en el país que retomó recientemente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su programa de Desarrollo 2019-2014, podría reducir la violencia y los homicidios en el país, coincidieron expertos en seguridad consultados por Publimetro.

En una entrevista con Publimetro explicó que al documento del mandatario federal le hace faltan muchos detalles que lo hacen parecer más una declaración que un verdadero plan para aplicar durante su gobierno.

“Nosotros aplaudimos que se reconozca la política fallida que ha sido contraproducente en el país y que se planté la necesidad de un cambio radical: sin embargo, deja muchas preguntas en el aire pues no plantea cómo se medirán los resultados”, apuntó.

Además, aseguró que el periodo de seis años resulta tiempo suficiente para sentar las bases de la regulación que apuesta por reducir no sólo la violencia, sino mejorar la seguridad y eliminar los grupos que el mercado ilegal de  drogas.

“Las autoridades deben regular dosis, calidad, cantidad y consumo, como temas que se puedan controlar y tener así medido el posible daño a la salud. Es una enorme hipocresía la idea de que regular las drogas traerá un consumo superior”, puntualizó.

Nota completa e imagen tomada de: publimetro

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Organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron imposible que delitos como el robo y el homicidio disminuyan 50% como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues criticaron que no hay una estrategia para lograrlo.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no dice cómo va a lograr esa meta, en términos generales parece ser un documento aspiracional y no uno que indique cómo lograr sus objetivos”, señaló Juan Francisco Torres Landa, de la asociación México Unido contra la Delincuencia.

El experto criticó que hasta el momento el único plan para disminuir la violencia es Guardia Nacional, sin embargo no confió en que esto sea suficiente.

Se debe fortalecer el sistema penal acusatorio para inhibir la comisión de delitos, de lo contrario todo seguirá igual. El uso de las Fuerzas Armadas para este fin es algo ya probado y no obtuvo resultados”, dijo.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que los homicidios y los delitos en menores de edad no disminuirán durante este gobierno, pues el PND no tomó en cuenta a este sector.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) no está mencionado en ningún párrafo del Plan. No estamos seguros de cómo van a cumplir la promesa de reducir la violencia, si no hay una estrategia”, refirió.

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Integrantes de organismos no gubernamentales consideraron que los asesinatos contra alcaldes y civiles van a continuar y no observan acciones contundentes por parte del Gobierno federal y ni de las administraciones estatales.

Juan Francisco Torres, secretario General del Consejo de México Unido Contra la Delincuencia, expresó que el país está en un grado de violencia inusitado.

“La realidad es que hay falta de paz en todo el territorio. Es el reflejo de que cuando uno no hace la tarea los resultados no pueden ser, los que uno desea”.

Por otra parte, Juan Luis Contreras, presidente municipal de Churintzio, Michoacán, y compañero de David Otlica, alcalde de Nahuatzen, quien fue asesinado este martes, dijo que hay puntos frágiles en el sistema de seguridad.

“Por ejemplo, en el artículo 96 fracción sexta, específica que los municipios debemos pagar si queremos la Guardia Nacional, creo que es lamentable para todos los municipios del país, porque finalmente no nos toman en cuenta”, criticó.

Cabe recordar que ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que “no debe haber ningún costo para los alcaldes, en principio no lo habrá”. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también confirmó que dicho apartado existe en el documento, pero que se quitaría, aunque no especificó cómo.

Nota completa en: 24-horas

No hay una herencia más tremenda que la del país en llamas por la violencia desatada de casi todas las maneras posibles.

En 2018: hubo 18 mil 22 delitos contra la libertad personal; 41 mil 955 contra la libertad y la seguridad sexual, un millón 13 mil 358 contra el patrimonio… Así lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las voces de distintos expertos en seguridad se unen para afirmar que el primer trimestre de 2019 será el más violento del que se tenga registro. Lo mismo dijimos en 2018. Lo mismo en 2017. La inercia no será fácil de frenar.

El reporte diario de homicidios dolosos del gobierno federal cuenta que en los primeros tres meses del año se registraron 7 mil 56 muertes violentas en el país, un promedio de 78 al día. Este es el país que nos dejaron dos sexenios de una supuesta lucha contra el crimen organizado. “Supuesta”, porque ahí están las noticias que casi todos los días muestran qué tan involucradas estaban algunas autoridades con aquellos criminales que “supuestamente” debían combatir.

Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, asegura que el principal problema es que en México, tanto el costo total como el costo marginal de utilizar la violencia es prácticamente cero. “Asesinar a alguien en México es gratis, porque las consecuencias prácticamente siempre son nulas”, ha dicho. O sea, nadie paga las consecuencias, excepto los ciudadanos de a pie.

Ahí, precisamente ahí, reside la gran oportunidad de gobierno de AMLO. Si eso cambia, si la justicia se administra diferente, si los culpables van a la cárcel… entonces estas cifras de horror descenderán.

Si Andrés Manuel López Obrador tiene razón en pensar que los planes sociales no sólo sirven para darle de comer a la gente, sino también para generarán un cambio social a largo plazo; si la Guardia Nacional funciona como una respuesta a las falencias de los sistemas de seguridad policíacos, entonces… estas cifras de horror descenderán.

Nota completa en: heraldodemexico

Los hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, durante el fin de semana, en que varios integrantes de una familia fueron asesinados, no son normales y nadie puede decir que no le afectan, advirtió Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido contra la Delincuencia.

Se trata de una situación de violencia y de desprecio ante la vida que llega al grado de la lesa humanidad y por lo tanto se debe atender de manera urgente, para que los responsables sean castigados, señaló en entrevista con Notimex.

Torres Landa explicó que así como ocurrieron estos terribles hechos en Minatitlán, también se han dado otros hechos violentos en otras partes del país y seguirán ocurriendo más, mientras las autoridades no comprendan que se debe intentar otro modelo.

Son hechos que ofenden de manera brutal y todos deberíamos sentirnos afectados, porque lamentablemente pueden repetirse en cualquier parte del país en todo momento, pues hay un gran ambiente de impunidad para quienes cometen este tipo de atrocidades a las que calificó de “crudeza esquizofrénica”.

Urgió al gobierno local a no evadir su responsabilidad y no limitarse a señalar que son rencillas que vienen del pasado, sino ver el presente y el futuro para resolver la situación, porque por algo los eligieron, precisamente con base en su oferta de campaña de terminar con la violencia.

Durante los últimos 12 años o más, alertó, hemos visto un modelo que no funciona. Antes se llamó Policía Federal, luego Gendarmería y ahora Guardia Nacional, pero todos son un simple intento de ponerle el sello político a una estrategia “¡que no funciona!”

En ese sentido, indicó que la única forma de acabar con la violencia, la impunidad y la inseguridad, es establecer un trabajo conjunto entre sociedad, empresarios y policías civiles fortalecidas con capacitación, entrenamiento, equipo y certeza jurídica y laboral para los policías.

Esto se demostró en Nuevo León, donde la inseguridad bajó de manera notable cuando se capacitó y dignificó a las policías con el apoyo de ciudadanos y empresarios; como también ocurrió en Tijuana y Ciudad Juárez, que vieron disminuir considerablemente su grado de violencia.

La clave está en hacer las cosas de manera diferente, pues quien hace las cosas igual está condenado a repetir los mismos resultados, tal como ocurrirá ahora con la Guardia Nacional.

Más aún, comenzar a hacer las cosas de manera diferente no cambiará las cosas de manera inmediata; a este escenario llegamos después de mucho tiempo y tardaremos en salir, pero lo importante es empezar a cambiar el enfoque.

El representante de México Unido Contra la Delincuencia comparó el tema con los bomberos que, a veces, cuando llegan a apagar un incendio lo controlan y terminan por causar más daños al inmueble en esa labor, pero no investigan las causas ni detienen a los culpables.

El esquema de la Guardia Nacional es como tener más bomberos, más carros tanque y más agua, pero sin investigar ni detener a los piromaníacos, decomisarles las antorchas y los tambos de combustible.

De hecho, insistió en la propuesta del organismo que representa, en el sentido de despenalizar las drogas y en cambio regularlas como ocurre con el tabaco y el alcohol, con lo cual disminuiría drásticamente el poder económico y corruptor de la delincuencia organizada, haciéndolo más manejable.

A la par, se debe fortalecer a las policías civiles con la debida capacitación, depuración, dignificación y condiciones laborales que garanticen compromiso, siempre de la mano con la ciudadana, atacando las causas de la inseguridad, en lugar de “llegar a apagar el fuego”.

Nota vía: pulsoslp

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