Ciudad de México, 29 de junio de 2026. En marzo y mayo de este año, el gobierno federal presentó una iniciativa de Ley de Feminicidio y su Programa para atender las violencias contra las mujeres 2026-2030, para responder a la crisis de feminicidios y violencia extrema de género en nuestro país.

Al respecto, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres reconocemos que esto representa un avance al colocar nuevamente la violencia feminicida en la agenda pública nacional e impulsar acciones como la homologación de protocolos. Particularmente, el Programa Integral recupera una visión que entiende las violencias contra las mujeres como un fenómeno estructural y plantea la prevención y coordinación institucional.

No obstante, en nuestro análisis ¿Prevenir o sancionar? hallamos que ambos instrumentos serán insuficientes si no fortalecen las capacidades del Estado y las instituciones a cargo, pues la atención a estos temas no puede reducirse al endurecimiento de las penas ni a planes generales sin visión preventiva efectivamente operativa, presupuesto suficiente y una ruta clara de ejecución y evaluación.

Por un lado, la iniciativa de Ley tiene una visión punitiva, que privilegia el endurecimiento de las sanciones, amplia agravantes, restringe beneficios procesales y refuerza el uso del sistema penal como principal herramienta para enfrentar el feminicidio. Esta apuesta no sólo resulta insuficiente para reducir la violencia, sino que puede reproducir desigualdades, generar nuevos riesgos para mujeres en situación de vulnerabilidad y dejar intactos los problemas que hoy impiden investigar los casos con diligencia.

Nuestro análisis identifica diversos riesgos que podrían debilitar, en lugar de fortalecer, el acceso de las mujeres a la justicia. Entre ellos destacan la ausencia de presupuesto para implementar nuevas obligaciones en fiscalías y servicios periciales; que el análisis de contexto (que es fundamental para investigar con perspectiva de género) quede sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público; la inexistencia de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los protocolos de investigación; disposiciones que pueden generar efectos adversos para mujeres sobrevivientes y grupos históricamente discriminados; así como una lógica centrada en el castigo que deja sin atender las causas estructurales de la violencia y las condiciones que hoy producen impunidad.

Asimismo, ¿Prevenir o sancionar? advierte que incluso el Programa Integral, pese a su enfoque preventivo, mantiene indicadores que privilegian el incremento de sentencias sobre la evaluación de las acciones dirigidas a prevenir la violencia feminicida, lo que puede generar incentivos institucionales que reproduzcan una visión centrada en la sanción y no en la garantía de derechos.

Frente a este escenario, MUCD, Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres llamamos a que estas propuestas de política pública coloquen verdaderamente a las víctimas en el centro. Esto implica  establecer obligaciones claras y exigibles para las autoridades; garantizar recursos suficientes para fortalecer fiscalías, servicios periciales y mecanismos de atención; hacer obligatorio el análisis de contexto en todas las investigaciones; establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas; incorporar una perspectiva interseccional que considere a niñas, adolescentes y mujeres de la diversidad sexual y de género; fortalecer los sistemas de información con protección de datos; y priorizar acciones orientadas a prevenir las violencias y reparar integralmente el daño en lugar de concentrar la respuesta estatal en el endurecimiento de las penas.

Tal como fue presentada, la iniciativa de Ley de Feminicidio apuesta por ampliar el poder punitivo del Estado, mientras deja sin resolver las condiciones institucionales que hoy generan impunidad y obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia. Mientras que el Programa Integral reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y plantea una ruta más preventiva e integral, pero requiere mayor claridad en su implementación y compromisos presupuestales efectivos.

México necesita una política pública capaz de transformar las condiciones que producen la violencia feminicida, no únicamente de sancionarla cuando ya ocurrió. Más castigo no significa más justicia para las mujeres

Firman:
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Balance A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres

Contacto con prensa:
Balance | xochitl@balancemx.org
MUCD| 55 1840 0457

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026. Con mucha emoción y responsabilidad, compartimos con nuestra querida comunidad que, tras 8 años al frente de nuestra organización, Lisa Sánchez concluirá su gestión como directora general de MUCD el próximo 31 de marzo, dando paso a una renovación generacional en la que, a partir del 1 de abril, Cristina Reyes Ortiz asumirá el liderazgo de nuestro equipo, continuando el trabajo en defensa de la seguridad, la justicia y la paz en México.

Lisa Sánchez se incorporó a MUCD hace más de 13 años y su paso por la organización estuvo marcado por importantes hitos: con ella inauguramos nuestro trabajo en política de drogas y entramos a agendas determinantes para el país como la militarización de la seguridad. Bajo su dirección, MUCD rediseñó su forma de trabajo, amplió sus metodologías e incrementó su alcance, abriendo nuevos procesos de investigación, litigio, incidencia pública y construcción de redes de seguridad ciudadana que sirvieron para consolidar a MUCD como una organización líder con fuerte presencia nacional e internacional. Satisfechas con lo logrado, nos entusiasma anunciar esta transición de liderazgo y dar la bienvenida a nuestra querida colega Cristina Reyes Ortiz como nueva directora. 

Cristina es una destacada abogada que se unió a nuestro equipo en 2018 y desde 2022 dirige el área de litigio estratégico, una herramienta que ha sabido consolidar en favor del cambio social y los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especialista en Sistema Penal Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho y maestrante en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera ha trabajado en la implementación del sistema penal acusatorio y se ha distinguido como defensora de los derechos humanos, particularmente de mujeres, infancias y víctimas del delito. En los últimos años, su trabajo se ha consolidado en agendas centrales para MUCD: la defensa de la legalidad institucional, la oposición a la militarización de la seguridad pública y la promoción de una política de drogas alternativa basada en derechos. En la organización también ha liderado el acompañamiento jurídico y la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo a colectivos de familias buscadoras. Su sensibilidad, trayectoria y compromiso serán fundamentales para dar continuidad a nuestro trabajo y liderar un equipo que ha sabido construir bases y perspectiva de futuro. 

En MUCD continuaremos impulsando acciones para la prevención, atención y reducción del delito; incidiendo en la creación de políticas de seguridad integrales y en beneficio de la ciudadanía; defendiendo personas y colectivos de víctimas del delito; así como fortaleciendo las instituciones, la legalidad y la promoción del Estado de derecho.

Ciudad de México, 4 de febrero de 2026.  La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sobreseer el amparo promovido por MUCD contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República constituye una traición a las víctimas del delito y de otras violaciones a los derechos humanos por quienes deberían velar por sus derechos. El máximo tribunal se ha negado a analizar las fuertes restricciones impuestas a sus derechos desde 2021 y en su lugar ha optado por cerrar un caso que podría haber obligado a la Fiscalía General de la República a respetarlos.

La Ley de la Fiscalía General de la República, impulsada por Gertz Manero en 2021, eliminó y restringió derechos de las víctimas previamente reconocidos en la Ley Orgánica de 2018, afectando la posibilidad de las víctimas de coadyuvar en la investigación de sus casos, tener acceso a su carpeta de investigación, impugnar negativas de la FGR para atraer sus casos e investigarlos, acceder a medidas de protección y obligar a la fiscalía a coordinarse con otras dependencias en mecanismos nacionales clave, como el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Dichos derechos son importantes porque frente al actuar ineficiente, corrupto e indolente de los ministerios públicos (fiscalías), las víctimas necesitan coadyuvar en sus procesos de investigación para aportar pruebas, indicios o apurar acciones de búsqueda; porque ante la opacidad y falta de diligencia, requieren acceso ilimitado a sus carpetas de investigación para saber si las autoridades han avanzado en sus casos o no; y porque ante la falta de acción y contundencia de fiscalías locales, muchas veces las víctimas necesitan que la Fiscalía General atraiga sus casos para que alcancen justicia. Adicionalmente, el riesgo que supone defender derechos humanos como hacen las madres buscadoras vuelve indispensable que la FGR les dicte medidas de protección y que, frente a la magnitud de los fenómenos criminales y de desaparición, las instituciones deban obligatoriamente intercambiar información para resolver casos.

Por eso desde MUCD promovimos este juicio de amparo y por eso litigamos durante 4 años para restablecer los derechos de las víctimas y mejorar su acceso a la justicia. Lamentablemente, con la resolución de hoy en la Corte, que avaló un proyecto del Ministro presidente Hugo Aguilar, todas estas necesidades, estos derechos, quedaron desprotegidos.

Con una votación de siete votos a favor y dos en contra, la mayoría del Pleno decidió que MUCD no cuenta con interés legítimo para impugnar la mencionada ley, argumentando que los artículos impugnados eran atribuciones internas de la Fiscalía que no generaban derechos exigibles. En otras palabras, la Corte redujo la votación a una cuestión abstracta de atribuciones institucionales y omitió deliberadamente que lo que se impugnó fue un rediseño regresivo que eliminó derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito.

Esta resolución confirma una tendencia preocupante del máximo tribunal: evitar el análisis de fondo de leyes que impactan la seguridad y la justicia mediante una interpretación cada vez más restrictiva del interés legítimo, particularmente cuando se trata de organizaciones de la sociedad civil. En los hechos, esta postura limita el acceso a la justicia constitucional y deja sin control normas que afectan de manera directa a quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad frente al Estado y quienes defendemos derechos.

Únicamente dos ministros votaron en contra de sobreseer el caso: Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que a la Corte no correspondía pronunciarse sobre la procedencia del juicio de MUCD, cuando ya era un tema resuelto por un Tribunal Colegiado; y Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo la necesidad de reconocer un interés legítimo amplio a las asociaciones civiles.

Desde MUCD rechazamos esta decisión, que implica dar la espalda a las víctimas del delito y cerrar espacios de exigencia y defensa de derechos en un contexto de impunidad. La SCJN decidió no escuchar a quienes las acompañan. Son las organizaciones civiles, las víctimas y los colectivos quienes empeñamos centrales esfuerzos en documentar y superar fallas estructurales del sistema de justicia.

Aunque esta resolución no pone fin a esta lucha, sí marca un momento crítico que obliga a reflexionar sobre el rumbo que está tomando el sistema de justicia.

Este día, la Corte decidió cerrar la puerta a un avance necesario y callar sobre una necesidad central de un país de fosas, de miles y miles de víctimas de delitos victimizantes, crímenes que roban la paz a familias enteras. Las y los ministros, privilegiaron la forma sobre los derechos, el silencio institucional sobre el dolor y esfuerzo de las víctimas.

Ciudad de México, 3 de febrero de 2026. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de resolución presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se discutirá este 4 de febrero y propone sobreseer el amparo promovido contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Este proyecto no sólo evade escuchar a las víctimas, sino que sienta un precedente peligroso para el acceso a la justicia de las organizaciones civiles, como MUCD, que por más de 27 años hemos acompañado a las víctimas del delito en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

La Ley de la FGR impulsada en 2021 eliminó y restringió derechos que las víctimas ya tenían reconocidos en la legislación de 2018. Entre ellos, se debilitaron mecanismos fundamentales como la participación activa de las víctimas a través de la coadyuvancia en la investigación, el acceso a la carpeta, la posibilidad de impugnar decisiones clave del Ministerio Público, la adopción de medidas de protección y el nivel de responsabilidad de la Fiscalía en el Mecanismo de Apoyo Exterior y el Sistema Nacional de Búsqueda. Estos cambios han dejado a las víctimas en una situación de mayor indefensión, profundizando una crisis de acceso a la justicia que arrastran desde hace años.

En junio de 2021, MUCD promovió este amparo, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, precisamente para denunciar el carácter regresivo de dichas reformas, en contravención directa al principio constitucional y convencional de progresividad de los derechos humanos. Es decir, la prohibición de restringir derechos que ya han sido reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, como el derecho de las víctimas a participar plenamente en la investigación y proceso judicial de sus casos. En julio de 2025, un Tribunal Colegiado reconoció de manera expresa nuestro interés legítimo, atendiendo a nuestro objeto social y a nuestra labor sostenida de acompañamiento a víctimas, y remitió el asunto a la SCJN para que se analizara el fondo de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Sin embargo, el proyecto del Ministro Hugo Aguilar elige una interpretación excesivamente formal: sostiene que los artículos impugnados sólo regulan asuntos internos de la Fiscalía y afirma que no causan un impacto directo en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. Con ello, la SCJN no sólo evita entrar al fondo del asunto, sino que deja la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas al arbitrio de la FGR.

Esta interpretación es inaceptable, pues no es jurídicamente válido desconocer el principio de no regresividad ni negar el interés legítimo cuando se han eliminado mecanismos que materializaban derechos. La Corte no puede afirmar que no existe afectación cuando se han cerrado espacios de participación, control y acceso a la verdad para las víctimas. Hacerlo implica negar la realidad que enfrentan miles de personas en este país.

Con este proyecto, la SCJN le da la espalda al pueblo y, en particular, a las víctimas de la violencia y la impunidad. Pretende negarle a nuestra organización la posibilidad de defender derechos frente a un sistema de justicia que sistemáticamente le falla a las víctimas. Esta decisión cierra la puerta del acceso a la justicia constitucional, no solo para MUCD, sino para las personas a las que representamos.

Desde México Unido Contra la Delincuencia exigimos que la Suprema Corte asuma su responsabilidad constitucional y entre al fondo del asunto. Las víctimas llevan demasiado tiempo en estado de indefensión. Ignorar el carácter regresivo de la ley y negar el interés legítimo de nuestra organización para defender estos derechos -ya reconocido previamente- significa consolidar un precedente que niega derechos, debilita la rendición de cuentas de la Fiscalía, consolida la restricción de derechos para las víctimas del delito y profundiza la crisis de impunidad en el país.

Las víctimas merecen ser escuchadas. La Corte no puede seguir evadiendo esa obligación.

Consulta más información al respecto aquí.

El asunto corresponde al amparo promovido por MUCD contra la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en mayo de 2021, que sustituyó a la Ley Orgánica de 2018 y redujo de manera significativa derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito como: el derecho de ayudar a la autoridad y participar efectivamente en los procesos de investigación de sus casos, el acceso ilimitado a sus carpetas de investigación, la posibilidad de que la FGR atraiga casos del fuero local y el derecho a que la FGR les dicte medidas de protección a testigos y víctimas. Esta ley, además, eliminó la obligación de la FGR a coordinarse con mecanismos nacionales clave para dar justicia a las víctimas como el Mecanismo de Apoyo exterior, el Sistema Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En junio de 2021, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, MUCD promovió un amparo al considerar que estos cambios constituyen una medida regresiva y contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, y que afectan de manera directa a las víctimas del delito, así como nuestra labor de acompañamiento a víctimas y defensa de derechos.

Tras un largo recorrido judicial, un Tribunal Colegiado reconoció expresamente que MUCD cuenta con interés legítimo para impugnar la ley y ordenó que el caso fuera analizado por la Suprema Corte. Sin embargo, el proyecto de resolución listado para discutirse este 4 de febrero, elaborado bajo la ponencia del ministro Hugo Aguilar Morales, propone sobreseer el juicio, al considerar que los artículos impugnados son meramente “orgánico-competenciales”, es decir, que son simples atribuciones internas de la Fiscalía y no generan derechos exigibles.

Este enfoque resulta preocupante y pone en absoluto riesgo la posibilidad de restablecer derechos a las víctimas del delito, ya que reduce el debate a una cuestión formal y omite analizar el impacto real de la ley en el acceso a la justicia, pues ignora que se eliminaron mecanismos de control, participación y coadyuvancia que estaban directamente vinculados a derechos de las personas que buscan justicia por un delito.

De aprobarse este proyecto, la SCJN evitaría pronunciarse sobre el fondo del asunto, negando el acceso a la justicia constitucional y dejando sin respuesta la pregunta central: si es constitucional que una ley debilite derechos de las víctimas y elimine derechos adquiridos.

Desde MUCD hacemos un llamado enérgico a la Corte a no sobreseer el caso, a no darle la espalda a las víctimas, sino a garantizar mecanismos que faciliten su acceso a la justicia.

Sin las víctimas no

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2025. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) nos sumamos a la condena por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido este 1° de noviembre en un evento público, rodeado de su comunidad. Instamos a las autoridades del estado y de la federación a no dar solamente con los autores materiales de este hecho, sino a desarticular a las redes criminales responsables de la violencia que aqueja a Michoacán, a partir de investigaciones criminales sistémicas que identifiquen tanto al resto de los actores criminales involucrados como a sus redes de complicidad y protección.

El asesinato de funcionarios públicos es un delito cuyas consecuencias trascienden a la agresión contra la víctima, pues constituye un atentado contra las instituciones del Estado que además impacta negativamente la confianza que la ciudadanía tiene en sus autoridades. Son precisamente la propagación del miedo y la imposibilidad de recurrir a medios legales e institucionales para denunciar y sancionar el delito lo que permite la instalación de formas de gobernanza criminal en el territorio. Por eso, hechos como este no deben ser normalizados, sino vigorosamente rechazados, y la respuesta de los gobiernos locales, estatales y federal debe ser contundente, reforzando el trabajo conjunto que permita dar una pronta solución a la crisis de inseguridad no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional.

Ante hechos como estos, insistimos en la urgencia de recuperar la fortaleza y profesionalización de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia para que sean éstas quienes, con el apoyo subsidiario de la federación, puedan garantizar las condiciones de seguridad en las comunidades y asegurar la correcta prevención, persecución y sanción del delito, terminando con la impunidad. Es urgente salir de las lógicas reactivas y centralizadoras y, en su lugar, apostar por el fortalecimiento de capacidades policiales y ministeriales, así como por la profesionalización de sus estándares de actuación y la adopción de enfoques sistémicos de investigación que nos permitan des-capturar al Estado y reducir significativa y sosteniblemente la actividad criminal.

Esfuerzos como los de Carlos Manzo a su llegada a la municipalidad son los que deben mantenerse y escalarse; es el caso de la promoción de la denuncia, la investigación de colusiones institucionales con la delincuencia o el fortalecimiento de las capacidades y los salarios policiales que son la base de cualquier política de seguridad seria. La crisis de inseguridad en Michoacán no podrá solucionarse si la entidad sigue teniendo uno de los salarios policiales más bajos del país (29 de 32), con un ingreso promedio de $13,154.08 mensuales¹, y si la acción federal en su territorio no se usa para la investigación y desarticulación del crimen organizado sino para la persecución del delito común².

Desde MUCD instamos a las autoridades de todos los niveles a apostar por iniciativas integrales con enfoque local para disminuir la inseguridad y la violencia en nuestras comunidades. Esta perspectiva implica profundizar la coordinación entre niveles y órdenes de gobierno; estudiar los desafíos particulares de cada entidad y utilizar las capacidades locales y federales adecuadamente; capacitar y fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia locales para terminar con la impunidad y fortalecer la investigación y persecución del delito con enfoque sistémico para atender el fenómeno de violencia y criminalidad en su actual magnitud.

1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2025). Informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, 20 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025.  ︎
2. Almanaque 2024, Balance de la Justicia Penal en México. World Justice Project ︎

Ciudad de México, 6 de marzo de 2024. México Unido Contra la Delincuencia presenta la segunda edición de su informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, que revela que las Fuerzas Armadas (FFAA) se han convertido en una nueva cúpula política y económica, administradora de jugosas partidas presupuestales y pieza clave en el uso y control de los recursos e ingresos de proyectos insignia de la actual administración; sin fiscalización ni transparencia.

El informe revela que la participación de las FFAA en la vida pública se convirtió en un rentable negocio que las ha hecho operar prácticamente bajo una lógica empresarial; un fenómeno que va en detrimento directo del Estado de derecho y la democracia en nuestro país, pues debilita a las instituciones y presupuestos civiles.

Si bien es cierto que el empoderamiento de las instituciones militares inició hace dos sexenios, con la declaración de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, fue en la actual administración federal en la que se les otorgaron los mayores beneficios a través de diversos mecanismos a modo:

• Dueñas y operadoras de empresas estatales. La participación de las FFAA en empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM) era inexistente hasta antes de este sexenio. Fue a partir de diciembre de 2020 y hasta agosto de 2023, que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) comenzaron a acumular un total de 30 EPEM.
• Más dinero, nuevas ganancias, mucha discrecionalidad. Ahora las FFAA son administradoras de gran parte de los recursos públicos, provenientes de los impuestos de la ciudadanía: 142 mil 730 millones de pesos del presupuesto aprobado a la Sedena en 2024 corresponden al Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano. Al manejar las FFAA empresas que funcionan bajo una lógica de ganancias estas no son reportadas dentro de las cuentas nacionales, lo que deja a discrecionalidad de las FFAA el ejercicio y destino de estos recursos.
• Los fideicomisos desaparecieron, pero no para las FFAA. Pese al discurso federal que ha abogado por la extinción de los fideicomisos, el de la Sedena suma un monto de 69 mil 193 millones de pesos para finales de 2023, lo que la convierte en la segunda institución del país con mayor participación en el total de los montos de fideicomisos sin estructura orgánica. El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) pasó de tener un monto disponible de entre 830 millones y 6 mil millones de pesos, a contar con entre 20 mil y 72 mil millones de pesos.
• “Todo” el presupuesto, desviando recursos civiles. El presupuesto aprobado de la Sedena ha aumentado 138% desde el inicio del sexenio; mientras que el de Semar, 71% en el mismo periodo. El aumento exponencial de las asignaciones presupuestales a las Fuerzas Armadas responde principalmente a la usurpación de tareas originalmente asignadas a otras instituciones civiles por parte de las FFAA. Con la transferencia de funciones y presupuestos de origen civil, de 2018 a 2022 han recibido al menos 69 mil 124 millones de pesos. Sólo en 2024, las FFAA concentran el 3.7% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
• Uso discrecional y derroche del dinero público. Luego de que el Poder Legislativo asigna los presupuestos en PEF, las FFAA los han reasignado de manera discrecional para actividades ajenas a la disciplina militar: en el caso de la Sedena, el 40% de sus recursos terminan en un destino distinto del aprobado en el PEF, mientras que para la Semar suman el 30%. Y encima, sólo entre 2019 y 2023 las instituciones militares sobre ejercieron 153 mil 000 millones de pesos
• Convenios para obtener más recursos. Como si lo anterior no fuera suficiente, las FFAA también han podido acceder a dinero adicional a través de convenios de reasignación de recursos con instituciones de gobiernos federal y locales, los cuales no siempre son reportados en la Cuenta Pública. Mediante convenios, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, se han transferido al menos 23 mil 166 millones de pesos de instituciones federales a las FFAA, mientras que en el caso de estados y municipios la cifra alcanza mil 650 millones de pesos.

El proceso de empoderamiento de las Fuerzas Armadas no es reciente, pero se aceleró de manera exponencial y preocupante durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora las FFAA se ocupan de ejercer, administrar y gestionar estratégicamente gran parte del dinero público, con profunda opacidad, alta discrecionalidad y nula rendición de cuentas.

Estamos ante un escenario sin precedentes altamente riesgoso para los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, pues todos los recursos y ganancias transferidos, administrados y aprovechados por los uniformados se restan directamente al dinero y capacidades que el Estado debería destinar para proteger nuestros derechos. La participación cada vez mayor de las FFAA en actividades que nada tienen que ver con la disciplina militar minan el papel democrático de instituciones civiles: las FFAA ya juegan un papel estratégico en el gobierno, fortalecidas por un trato ventajoso frente a las instituciones civiles, por lo que el poder civil pierde cada vez más fuerza frente a la imposición del poder militar.

Ante este panorama que vulnera nuestra seguridad, democracia y Estado de Derecho, es urgente y necesario que se revierta la tendencia de incrementar su poder económico y político, mediante el fortalecimiento de las instituciones civiles reasignándoles las tareas que de origen les corresponden; establecer mecanismos efectivos de control y fiscalización de recursos para que las FFAA sean transparentes y rindan cuentas sobre cómo y en qué gastan nuestros impuestos; establecer lineamientos para la utilización de los recursos generados por las empresas y proyectos gubernamentales a favor del desarrollo social, no sólo el enriquecimiento de las élites militares y, ante todo, apuntar hacia el retiro gradual de las FFAA de la seguridad y la vida pública.

La militarización no sólo es un negocio: es un grave riesgo para el Estado de derecho y la democracia.

Revive la transmisión en vivo de la presentación.

Fundada en 1998 por Josefina Ricaño Bandala, MUCD surgió como una iniciativa ciudadana sin precedentes a partir del cual las víctimas del delito en México no volverían a estar solas.

Junto con un puñado de personas nuestra fundadora se enfrentó a las autoridades de seguridad y justicia a la vez que ponía en marcha la primera organización de la sociedad civil en su tipo. Desde entonces, México Unido Contra la Delincuencia se convertiría en la organización pionera en el acompañamiento a víctimas del delito, dando inicio a un incansable e ininterrumpido trabajo de dos décadas y media de acciones de contención, orientación, atención y acompañamiento a quienes debían vivir el viacrucis de buscar justicia.

Con la fuerza de una legítima movilización de personas preocupadas por la situación de inseguridad MUCD logró sentar los cimientos de las instituciones encargadas de atender a las víctimas del delito, obligando al Estado a crear unidades, mecanismos y fiscalías especializadas para brindar atención adecuada.

Más de 30 mil víctimas de secuestro, extorsión, homicidio y violación accedieron a la justicia gracias al acompañamiento de MUCD. Y más de 500 mil fueron orientadas sobre sus derechos ante el sistema de justicia.

Para profundizar este trabajo y atender integralmente las causas y consecuencias de la criminalidad y la injusticia, y sin dejar de trabajar en la causa que nos dio origen, abrimos y lideramos nuevas agendas con la intención de fomentar una ciudadanía participativa, exigente y respetuosa de las normas, capaz de fomentar entornos pacíficos y fortalecer el Estado de derecho.

Caminamos con víctimas, gobiernos, comunidades, escuelas, padres y madres de familia, juventudes, organizaciones sociales y empresas… Con uno u otro proyecto llegamos a los 32 estados de México: formando en las aulas, impulsando proyectos de impacto social, activando a las juventudes, creando nuevas redes comunitarias, estableciendo espacios de diálogo y participación, sensibilizando al sector privado…

En ese entonces nuestra organización fraguó el primer y único esfuerzo en su tipo para fomentar una cultura de la legalidad hacia el fortalecimiento del Estado de derecho en cada rincón del país.

Más de 6 millones de estudiantes de segundaria se formaron en cultura de la legalidad en 10 mil 558 escuelas de los 32 estados de la República, junto a 20 mil 997 docentes. Otros 6 millones más de personas fueron beneficiadas con proyectos de empoderamiento comunitario en 13 entidades y 42 comunidades del territorio nacional.

734 mil 434 personas se beneficiaron con programas de cultura de la legalidad en más de 120 empresas nacionales y 231 mil 553 personas más fueron beneficiarias de 115 proyectos creados por líderes juveniles en 5 entidades federativas.

Ambiciosos en este cometido, hicimos posible también que cualquier ciudadano, el ciudadano común, dejara de ser un simple espectador y usuario de los sistemas de procuración de justicia para convertirse en una pieza clave en la mejora de la atención a las víctimas de delitos y generamos un modelo de monitoreo ciudadano de la justicia cívica y penal. Cambiamos la forma de impartir justicia.

Aún cuando en 25 años de historia podemos demostrar que nuestro esfuerzo ha traído mejoras concretas para la gente, sabemos que los problemas que tenemos están lejos de ser resueltos.

El México de hoy no sólo enfrenta el problema del delito victimizante que nos vio nacer. A él se suma el de la violencia que alcanza ya dimensiones de un conflicto armado interno, con el añadido de la doble victimización que supone las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, producto de la aplicación de políticas que, lejos de resolver el problema, lo han agravado. Por si fuera poco, en estos años hemos tenido que añadir a la ecuación, la existencia de un ambiente político caracterizado por el constante ataque al Estado democrático de derecho y al debilitamiento de las instituciones que tanto tiempo tomó construir.

Frente a este contexto, México Unido ha tenido que adaptarse y reconocer que además de ser ciudadanas y ciudadanos activistas luchando por un país más seguro, más justo y en paz, somos también defensores del Estado democrático de derecho y de la permanencia del gobierno civil.

Para responder a este mandato, hemos desarrollado nuevas agendas, y también hemos tenido que idear más y mejores formas de accionar, de exigir, de influir y de impulsar el cambio social. Sin abandonar nuestras causas históricas, el México Unido actual se ha dado a la tarea de liderar y defender las agendas que consideramos más apremiantes y más necesarias de la vida pública, aún si éstas se perciben contramayoritarias o contraintuitivas:

Si hoy el país se enfrenta a los riesgos derivados de la ampliación del poder militar, México Unido está al frente de la lucha contra la militarización, y la defensa de la vía civil y la seguridad ciudadana.
Si hoy el país sufre los estragos de la violencia armada, México Unido abandera la causa del control de armas de fuego y la reforma de la política de drogas.
Si hoy nuestro país enfrenta una crisis de legalidad, México Unido no sólo mantiene intacto su compromiso por promover una cultura de la legalidad que fortalezca el Estado de derecho sino que lleva a juicio aquellos actos de autoridad que violan la constitución.

Como no podría ser de otra manera, en este proceso de cambio dejamos de caminar solos y nos tomamos de la mano de colectivos, organizaciones aliadas, activistas, academia y ciudadanía para crear más de un espacio de resistencia civil, a quienes agradecemos enormemente su compromiso y solidaridad. Desde ahí, hoy visibilizamos los riesgos y los impactos diferenciados de la inseguridad, la injusticia y la ilegalidad y acercamos nuestras causas a grupos diversos como las juventudes, las mujeres, los colectivos de víctimas y el público en general.

En tiempos marcados por la polarización, la impunidad y la violencia, convencer a la ciudadanía de que la seguridad debe ser civil y ciudadana, y no venganza, arbitrariedad o “mano dura”, es una labor enorme. También lo es exigir a la autoridad que apueste por la construcción de paz sin debilitar a las instituciones civiles.

Hoy, refrendamos nuestro compromiso con esta causa y asumimos nuestro rol de ciudadanos activistas. Frente al tamaño de este desafío, estamos conscientes de que, la sociedad toda, nos necesitamos. Agradecemos este andar y pedimos que sigan caminando con nosotras y que nos permitan seguir haciendo de esta lucha una realidad. Queda mucho por hacer, pero podemos hacerlo juntos.

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Artículo publicado en Animal Político

El 14 de noviembre de 2018, todavía como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024, presentado como un nuevo paradigma de seguridad pública y mediante el que su gobierno entrante se comprometía a erradicar las causas estructurales de la violencia del país, es decir, las desigualdades sociales, bajo el eslogan “por el bien de México, primero los pobres”. En esa ocasión, Obrador declaró: “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, […] el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”. Con estas frases y la promesa central de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles, la autoproclamada Cuarta Transformación hizo creer a un pueblo lastimado por la “guerra contra el narco” que era posible terminar con la pesadilla iniciada en 2007.

El anuncio de un cambio de paradigma en seguridad pública se reafirmó en su toma de protesta, el 1° de diciembre de 2018, cuando Obrador anunció en el Zócalo capitalino sus 100 compromisos de gobierno, de los que cuatro estaban directamente relacionados con la seguridad pública.

El compromiso 84 establecía la reunión del Gabinete de Seguridad todos los lunes; el 85 anunciaba la conformación de la Guardia Nacional (GN) “si el pueblo de México y el Poder Legislativo lo aprobaban”; en el 86 preveía la construcción de 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el territorio nacional a cargo de la GN; y en el 87 se comprometía a no utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en contra del pueblo, así como a terminar con la guerra y promover la construcción de la paz. De hecho la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 en materia de GN, estableció el carácter civil de esta.

Ya desde entonces, discursivamente, la estrategia de seguridad del presidente se condensó en su célebre frase: “abrazos no balazos”. A cinco años de su gobierno, ésta no pudo distar más de lo originalmente planteado: una orientada a perpetuar la presencia militar pero ya no nada más en la seguridad pública, sino en toda la vida pública.

Para Obrador, las FFAA son pueblo uniformado, altamente eficientes e incorruptibles. En cínica contraposición al sufrimiento de innumerables víctimas, para él las FFAA no violan derechos humanos porque, presume, durante su administración no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos. 

De hecho, recientemente, durante su quinto informe de gobierno, destacó que “en materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento; el homicidio, en 17 por ciento; el robo, en 26 por ciento; el feminicidio, en 29 por ciento; el robo de vehículo, en 44 por ciento y el secuestro, en 80 por ciento”.

Si bien es cierto que las cifras oficiales destacan algunas disminuciones, es necesario analizar esto con perspectiva, porque, entre otras cosas, éstas demuestran, por un lado, avances más bien modestos, ante la magnitud de la crisis de inseguridad y violencia. Esto es más evidente a partir del análisis detallado de distintos delitos. 

Por ejemplo, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se documentaron las siguientes cifras -también con base en fuentes oficiales- que para homicidio doloso y feminicidio se registraron 18,102 víctimas a nivel nacional en los primeros siete meses de 2023, es decir, una leve disminución de 3% respecto al mismo periodo de 2022; para delitos contra la libertad personal hubo 19,854 víctimas en el mismo periodo, lo que significó un aumento de 14% al comparar con el mismo periodo de 2022 y, para el delito de extorsión, hablamos de 6,423 víctimas, con -4% al comparar con el mismo periodo de 2022, pero con una de las cifras mensuales de este año más altas.

Al mismo tiempo, la presentación parcial de cifras positivas contrasta, sin lugar a dudas, con la dolorosa y compleja realidad que atraviesa a miles de familias en México. Por ejemplo, afirmar que ya no se desaparecen personas es invisibilizar el sufrimiento y lucha en los hogares de las 111,681 personas señaladas como desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta atroz cifra demuestra que la crisis continúa y, de hecho, gracias a factores de entre los que destaca la perpetuación del actuar de las FFAA en tareas de seguridad.

Al respecto, en su visita en abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresó que el enfoque militarizado de la seguridad pública implica un riesgo en materia de derechos humanos, pues, “según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada”. En otras palabras, las FFAA sí desaparecen personas en México, por más que el presidente insista en que ya no es así.

En el marco de esta calculada presentación de resultados en materia de seguridad, López Obrador dedicó especiales felicitaciones a las FFAA “por sus labores en beneficio del pueblo de México”, de quienes destacó su participación en innumerables labores ajenas a la seguridad pública:  “La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex; en la construcción de 2 mil 564 sucursales del Banco del Bienestar; en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas; en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit…”. 

Y las funciones que enlistó se quedaron cortas. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado más de 340 funciones y presupuestos civiles han sido transferidas a las FFAA desde 2007 de las que un ¡42%! han ocurrido este sexenio. Algo que, sin duda, debe alertarnos como ciudadanía porque estamos presenciado un proceso de militarización de la vida pública.

Desde MUCD hemos advertido que “el proceso de militarización que estamos presenciando en México está siguiendo la ideología del militarismo en por lo menos cuatro principales aspectos: la promoción de discursos por el gobierno que enfatizan la superioridad de los valores, estructuras y cuerpos militares; la aceptación entre la población de estos discursos, al punto de apoyar una posible intervención militar en el gobierno; la asignación de funciones de administración pública a los militares bajo el argumento de que éstos son más capaces y menos corruptos; y la creciente autonomía de los militares para ser un actor político que defiende sus propios intereses”.

Esa es la herencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado al país: el empoderamiento sistemático y cada vez más presente de las FFAA en todas las esferas de la vida pública. El uso del fuego “amigo” no solo es administrado por el Estado, también es aplaudido por sus fieles partidarios, esos que algunas vez expresaron su preocupación sobre la estrategia de seguridad, pero que ahora son omisos ante las atrocidades que vivimos porque son diferentes.

Resta un año para que concluya su mandato y es claro que utilizará todo su capital político para afianzar todavía más su estrategia militarista, pues ha anunciado, por ejemplo, su intención de que se apruebe una reforma constitucional que garantice el control de la GN por parte de la Sedena. En tanto, a cinco años de gobierno, ya hemos atestiguado una mayor militarización que nos presenta las posibilidades de pacificación y reducción de la violencia como verdaderamente lejanas, al mismo tiempo que la militarización de la vida pública resulta sumamente peligrosa para la democracia, la defensa y promoción de los derechos humanos y para la calidad del gobierno civil, con un gobierno cada vez más reducido en funciones y presupuesto en comparación con las FFAA, cuya llama crece cada vez más, con más poder económico y político.

Sobre el autor

Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.

Ciudad de México, 8 de agosto de 2023. Este miércoles 9 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos decidir el futuro de los fondos de apoyo a víctimas.
La Sala discutirá el amparo en revisión 675/2022 promovido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en contra de una modificación realizada en 2020 por el Congreso de la Unión a la fracción I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas (LGV), mediante la que se eliminó la obligación de aportar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la atención a víctimas y la prohibición legal de que estos recursos se emplearan para otro fin distinto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas. Dicho monto fijo fue eliminado por el Congreso con la justificación de que la reducción del presupuesto era necesaria para atender la contingencia sanitaria por COVID-19.

Esta reforma implicó la supresión de una garantía que tenía como finalidad la protección y defensa del derecho humano a una reparación integral del daño. En ese sentido, el litigio no se oponía a la eliminación del fideicomiso, sino de la afectación a estas otras garantías tan relevantes para la protección de las miles de víctimas en nuestro país, quienes a más de 10 años de la creación de la LGV, siguen sin contar con un verdadero sistema de atención eficiente para atender sus necesidades.

El proyecto de resolución que la Sala discutirá mañana está a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha propuesto otorgar la protección constitucional al Centro ProDH y revertir la modificación legislativa para garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación continúe respetando la existencia del fondo de asistencia para víctimas. Resulta relevante que el Ministro reconoce que el Fondo de Asistencia existe como una respuesta del Estado Mexicano ante su responsabilidad de prevenir la criminalidad, pues ante dicha responsabilidad debe restituir a las personas que son víctimas.

MUCD celebra el proyecto del Ministro y solicita públicamente a la Primera Sala que vote favorablemente este proyecto.

Es inaceptable que, mientras que la Administración Pública y el Congreso de la Unión justificaron la reducción del fondo de atención a víctimas por la contingencia sanitaria, a las Fuerzas Armadas no se les redujo ni un sólo peso del presupuesto. Los recursos para la asistencia y atención a víctimas deberían ser una prioridad para el Estado Mexicano y estar garantizados.

La decisión que tome la Sala respecto de este asunto será fundamental para el acceso a la justicia de víctimas y la reparación del daño de las mismas. Acompañamos y celebramos al Centro ProDH en su lucha por el derecho de las víctimas.