Ciudad de México, 24 de enero de 2023. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

La ley, adoptada a raíz de la creación de la Guardia Nacional en 2019, buscaba atender la necesidad de contar con un registro fiable y actualizado en el que las instituciones de seguridad pública hicieran constar todas las detenciones que ocurrieran en el país, para  asegurar la integridad de las personas detenidas. 

En su momento, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil alertaron que la Ley Nacional del Registro de Detenciones no exige a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) los mismos controles contemplados para las policías civiles. Esto es grave porque las autoridades castrenses son las que cometen más irregularidades al momento de la detención.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, de las personas detenidas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), 31% y 30% expresaron haber sido golpeadas con un objeto contundente en su detención vs. 22% de los detenidos por policías municipales, 26% por estatales y 23% por federales.

Previo a esta discusión la ciudadanía no tuvo acceso a una versión pública del proyecto de sentencia. Esta omisión resulta preocupante, considerando que se trata de un asunto de gran importancia y trascendencia para los derechos humanos en México. La secrecía que rodea a la resolución de este caso es una muestra de la manera en la que la Corte ha tratado los asuntos relacionados con la militarización del país. La renovación de la presidencia de la Corte debió ser una oportunidad para dejar atrás prácticas institucionales que afectan negativamente la participación de la sociedad en la discusión de los temas que más impactan en la vida pública, como es la participación de las FFAA en labores de seguridad pública. 

Hasta el momento, continúan pendientes de resolución ocho casos sobre la militarización de la seguridad pública, por lo que llamamos a la SCJN para que éstos sean resueltos de la manera más transparente posible. 

Además, en noviembre de 2022, MUCD promovió una solicitud de audiencias públicas ciudadanas para democratizar el debate público sobre los asuntos relacionados con la militarización, así como aportar elementos para la emisión de sentencias que cumplan con los mayores estándares de derechos humanos y basados en evidencia.

Ante el avance acelerado de la militarización de la seguridad pública, la Corte debe ser un contrapeso que defienda los controles civiles que el orden constitucional exige para la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública. Para ello, el primer paso sería actuar de forma transparente y democrática, circulando todos los proyectos de sentencia cuya resolución y votación repercutan en el devenir nacional. 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022. Tras la suspensión temporal en el Senado de la República de la discusión de una iniciativa legislativa que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, es imprescindible que senadoras y senadores se opongan a las presiones políticas impuestas por el bloque legislativo oficialista y funjan como contrapeso para proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos de la ciudadanía.

Este 21 de septiembre, la Cámara Alta suspendió la discusión sobre un dictamen previamente  aprobado por la Cámara de Diputados que busca modificar el artículo Quinto Transitorio Constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de 2024 -como se establece actualmente- hasta 2028. Ante insuficiencia de votos, el bloque legislativo oficialista impuso la suspensión de la discusión, con el fin de articular todos sus recursos, recurrir a cabildeo y  conseguir los necesarios para lograr la aprobación.

El actuar de este bloque legislativo es profundamente antidemocrático pues, aún a sabiendas de que la propuesta es violatoria de la Constitución, pone en grave riesgo los derechos humanos de la población y no es respaldada por la mayoría legislativa, intenta forzar su aprobación. 

“Este proceso ha dejado ver que los intereses de las y los legisladores del bloque oficialista no están alineados con los de la población, a la que deberían representar, sino con los de un juego político y un gobierno federal que, mediante una agenda militarista, pretende aumentar la centralización del poder, dotar de más y diversificados recursos a los cuerpos militares y, finalmente, concretar la imposición trasnsexenal de esta agenda”, advirtió Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) recordamos que la política nacional de despliegue de militares y marinos en tareas de seguridad pública  impuesta los últimos 15 años ha sido altamente contraproducente y ha detonado el aumento de violaciones graves a derechos humanos, barreras de acceso a la justicia y de la impunidad. 

Además, se ha demostrado que el número de homicidios no se redujo con su participación: ahí donde los militares son desplegados para estas tareas, los asesinatos aumentan. Por cada enfrentamiento con participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en un municipio, los homicidios aumentan 8% en los siguientes tres meses y 3% en el largo plazo, de acuerdo con el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Por si fuera poco, a lo largo de este tiempo, las atribuciones de los cuerpos militares rebasaron el ámbito de la seguridad pública para expandirse a funciones civiles, como la construcción de obras públicas, la administración de puertos y aduanas y actividades relacionadas con ciencia y tecnología, medio ambiente, telecomunicaciones e incluso educación.

Todo esto ha minado el control que las autoridades civiles tienen sobre las instituciones militares y ha dotado a éstos últimos de mayor poder, autonomía y discrecionalidad, cediendo la capacidad de decisión de autoridades democráticamente electas al Ejército.  Esto pone en riesgo, sin duda, el propio sentido democrático del Estado mexicano.

Lo que el Poder Legislativo debería hacer es velar por el cumplimiento de los actuales supuestos del artículo Quinto Transitorio, aprobado desde 2019 por unanimidad partidista y respaldado por las legislaturas de las 32 entidades federativas, que establece, entre otras cosas, la construcción de una Guardia Nacional civil, de carácter policial, entrenada para coadyuvar con estados y municipios en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; así como la presentación de un plan de retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar que éstas regresen a los cuarteles para el 27 de marzo de 2024.

Esta reforma debe rechazarse. De lo contrario, estaríamos ante la demostración del sometimiento de la voluntad de las y los integrantes del poder legislativo a los intereses de una política nacional basada en la militarización, preocupada por complacer los intereses políticos propios y no de velar por la ciudadanía. 

Senadoras y senadores: no pueden pasar por alto su papel fundamental en un Estado verdaderamente democrático: la representación y protección de los intereses y los derechos de su pueblo. ¡Nuestros derechos humanos no son objeto de negociación!

 #NoALaMilitarización

13 de septiembre de 2022 – En la madrugada del 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma que le entrega a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional (GN). Esto, luego de que el 3 de septiembre dicha reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Con ello, las FFAA quedan a cargo del único cuerpo de seguridad pública federal y se hacen de un poder político y económico sin precedentes, lo que amenaza la primacía civil de nuestras instituciones.

Esta reforma hará permanente la conducción militar de la seguridad pública ignorando toda la evidencia sobre su fracaso como estrategia para reducir el delito y contener la violencia. Desde que en 2006 se recurrió al despliegue masivo de militares para “mejorar la seguridad” el homicidio se cuadruplicó, pasando de 8,000 víctimas anuales a más de 36,000 en 2021. Lo mismo sucedió con los delitos que más afectan a las personas: hoy en día tenemos más extorsión que nunca y las cifras de victimización e impunidad han aumentado de forma constante.

Ahora los militares ejecutarán tareas policiales para las que no están entrenados y podrán actuar en nuestra contra deteniéndonos, cateando nuestros domicilios y vehículos, interviniendo nuestras comunicaciones y hasta cometiendo abusos contra nosotros. En caso de cometer faltas en estos procesos, sus elementos solo serán presentados ante la justicia militar, violando nuestros derechos humanos y aumentando los riesgos de ser victimizados.

Al día de hoy, el 78% de los elementos de la GN son militares y desde 2021 la institución supera a la SEDENA en el número de quejas por violaciones a derechos humanos que se han presentado en su contra. Además, la letalidad de las FFAA ha aumentado en este gobierno, es decir, que cuando participan en operativos o tareas de seguridad pública matan a más personas de las que hieren o detienen. Actualmente, las FFAA tienen cifras de 4.15 muertos por cada herido en sus operativos, en comparación con 3.98 en la administración pasada.^[1]

La reforma también permite que se viole la constitución y que se someta a los gobiernos, poderes e instituciones civiles de seguridad a la voluntad militar. Desde ahora, ya no serán las FFAA quienes auxilien de manera excepcional a los civiles y actúen bajo su mando; serán los civiles quienes auxiliarán a las FFAA y habrán de aceptar la conducción militar de las decisiones y los operativos, en detrimento del desarrollo y la profesionalización de las verdaderas instituciones de seguridad pública.

Quienes aprobaron estas modificaciones legales mintieron diciendo que no se trata de una militarización de la GN o la seguridad pública, pues la reforma establece que los pocos miembros civiles de la corporación serán dados de baja y sustituidos por más militares. Esto dejará a la GN con menos personal capacitado para hacer labores de seguridad pública. Solo 15% de los elementos de la guardia tienen el Certificado Único Policial y el 84% de éstos lo obtuvieron siendo parte de la Policía Federal.^[2]

Finalmente, expresamos nuestra preocupación extrema por el aumento de recursos económicos y poder político que supone esta reforma y cuestionamos la motivación de aumentar presupuestos sin fortalecer los mecanismos de supervisión civil de las FFAA. Algo que claramente abre la puerta a la corrupción. En control de la Guardia Nacional, la SEDENA pasará a administrar un presupuesto total de $146 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a 5 veces el presupuesto asignado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ($30 mil 395 millones de pesos), mientras enfrentamos un desabasto de medicinas para tratamiento de cáncer infantil.

Desde MUCD, consideramos que esta reforma no es solo inconstitucional sino nociva para la seguridad de las personas y la prevalencia del carácter civil de nuestras instituciones de gobierno. Por ello, le exigimos a las y los legisladores de la minoría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentar de manera inmediata una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismo que a estados y municipios a presentar Controversias Constitucionales ante el mismo tribunal. A la SCJN le exigimos resolver todos los asuntos pendientes sobre militarización y analizar esta reforma de manera expedita. A la ciudadanía la invitamos a oponerse a una medida que no mejorará la seguridad y solo fortalecerá el control militar sobre el país.

^[1] Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. CNDH. https://bit.ly/3U2Y7Tt ; Daen, Arturo. “Es engañoso este dicho de AMLO, letalidad del Ejército en su sexenio ha sido más alta que con EPN”. Animal Político, 13 de mayo de 2022. https://bit.ly/3RCLvAP.

^[2] Arista, Lidia. “Solo 15% de la Guardia Nacional está certificada para labores de seguridad”. ADNPolítico, 12 de enero de 2022. https://bit.ly/3RIwtcP