Ciudad de México, 25 de julio de 2024. Ante la noticia de que el próximo 1 de agosto de 2024 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados celebrará a una sesión plenaria para discutir y dictaminar diversas iniciativas presentadas por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero, urgimos nuevamente a las y los legisladores a no aprobar el dictamen de reforma constitucional que militariza a la Guardia Nacional y quita el último candado que existe para limitar las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

La reforma de la GN busca eliminar el límite democrático que nuestra Constitución impone sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su disciplina, mismo que está expresado en el artículo 129 y limita su participación en tareas civiles como la seguridad pública. De aprobarse en sus términos, la reforma significará la militarización total y permanente de la seguridad pública a nivel federal, así como la profundización del proceso de militarización en México pues las FFAA podrán desempeñar cualquier tarea, aún sin ser de seguridad nacional.

Adicionalmente, la reforma busca modificar 12 artículos de la Constitución para poner a la GN bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa Nacional y con ello eliminar toda posibilidad de que la institución sea civil. Al hacerlo, la GN pasaría a formar parte de la Fuerza Armada Permanente del Estado mexicano junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Además, con esta reforma, la persona titular del Poder Ejecutivo podrá disponer de FFAA en tareas de seguridad de manera ordinaria, lo que contraviene con compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado. 

Preocupa también que la reforma concederá fuero militar a los elementos de la GN que cometan delitos y violaciones a derechos humanos. Esto porque expande la jurisdicción de los tribunales militares a una institución que está facultada para la investigación de los delitos del fuero federal civil, lo que representa un riesgo para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la GN. La justicia militar se caracteriza por ser opaca y en el pasado ha garantizado la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.  

México Unido Contra la Delincuencia y otras organizaciones civiles hemos documentado extensamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y marinos en su desempeño en tareas de seguridad, así como el proceso de enriquecimiento de las FFAA con motivo de la asignación de obras de infraestructura y otras funciones como la administración de empresas desde las que controlan aeropuertos, puertos, aduanas y otras actividades ajenas a la seguridad.

Preocupados por la rapidez con la que se pretende discutir cambios tan profundos en el diseño del Estado mexicano, desde MUCD hicimos llegar a las y los legisladores del Congreso de la Unión el análisis técnico que realizamos de la iniciativa. En él se detallan los puntos que consideramos más riesgosos no sólo para la seguridad sino para los derechos humanos y nuestro sistema democrático. Por ello, instamos al Poder Legislativo a desechar la iniciativa y a defender los plazos de retiro gradual de las FFAA en tareas de seguridad pública que ya están establecidos en la Constitución.

Consulta el análisis completo de la reforma en bit.ly/AnalisisReformaGN

Ciudad de México, 7 de febrero de 2024. Las y los diputados tienen en sus manos la posibilidad de detener el más reciente y radical intento de Andrés Manuel López Obrador para convertir a la Guardia Nacional (GN) en una institución absolutamente militar. Una grave propuesta que significa la militarización total y permanente de la seguridad federal al dotar a la GN de un carácter militar en su mando, composición, entrenamiento y régimen disciplinario.

Este 5 de febrero, el Ejecutivo presentó una iniciativa que modifica 12 artículos de la Constitución con los objetivos de: 1. Poner a la GN bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 2. reconocer a la GN formalmente como una nueva corporación de la Fuerza Armada Permanente, 3. facultar al presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad de manera ordinaria, 4. conceder la posibilidad de fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a derechos humanos y 5. eliminar a los últimos elementos civiles de la GN: los policías federales.

La reforma busca cerrar, de una vez por todas, la posibilidad de recuperar el carácter civil de la GN y, de hecho, integra formalmente a la GN como nueva corporación a la Fuerza Armada Permanente, junto al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.

Aprobar la iniciativa en sus términos implica que las FFAA jamás salgan de tareas de seguridad pública federal y deja finalmente nuestra seguridad a cargo de militares que no saben ni deben hacer prevención, investigación ni persecución del delito, y cuya función en realidad es la guerra. Una peligrosa agenda a la que la ciudadanía ha resistido desde hace dos sexenios.

Además, otorga fuero militar a la GN, pese a que durante años, personas defensoras han documentado que los tribunales militares han dado protección e impunidad a los elementos que cometen delitos y violaciones a derechos contra personas civiles, por lo que esta reforma también significaba un gran retroceso en materia de acceso a la justicia.

En términos de empoderamiento para las FFAA, particularmente para la Sedena, la reforma aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos bajo su control y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la GN sean transferidos a la Sedena.

Otro aspecto grave es que se pretende dar al Presidente la libertad de usar a las FFAA en tareas de seguridad pública siempre que así lo quiera, sin los controles vigentes.

Adicionalmente, el texto elimina la prohibición para que las FFAA lleven a cabo tareas ajenas a la disciplina militar, una prohibición histórica que ha sido parte de nuestro orden constitucional desde que terminó la Revolución. Y es que sugiere modificar el artículo 129 para permitir que las FFAA sigan recibiendo funciones y presupuestos civiles para ensanchar su participación en diversas áreas de la vida pública del país, que nada  tienen que ver con la seguridad nacional, como son: construcción de infraestructura, gestión de la migración, protección del medio ambiente, salud, educación, entre otras.

La propuesta del Poder Ejecutivo incumple obligaciones internacionales en materia del uso de las FFAA y es un ataque frontal al Estado de derecho, a nuestro derecho de vivir en paz y acceder a la justicia sin barreras. Es la intención de conceder las credenciales siempre deseadas por las FFAA para avanzar en la consolidación de su poder político y económico en nuestro país. 

Las y los legisladores deben desechar la iniciativa y defender nuestros derechos a la seguridad y la justicia. Llamamos al Poder Legislativo a fungir como contrapeso a la agenda militarista, proponiendo iniciativas de seguridad ciudadana, medidas para el retiro de las FFAA y mecanismos de rendición de cuentas.

► Consulta el análisis técnico de la iniciativa aquí

• MUCD advierte un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares.

• Cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022. México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) presentó “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, un informe que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas (FFAA) entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.

Con el documento, MUCD demuestra que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las FFAA en niveles sin precedentes, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.

En dicho periodo, mientras los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana —como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)— han disminuido o desaparecido. Además, en el último sexenio, la Guardia Nacional (GN) pese a ser, en el papel, declarada de carácter civil, se ha convertido en un medio para incrementar el presupuesto de la Policía Militar y Naval, así como para financiar los cuarteles y compensaciones de los cuerpos castrenses.

El aumento presupuestal de las FFAA se ha concretado utilizando recursos no aprobados por la Cámara de Diputados a través de mecanismos como adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones civiles, fideicomisos públicos —el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)— y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información; así como el otorgamiento directo de recursos por parte del Poder Ejecutivo mediante el uso desmedido y sistemático de adecuaciones presupuestales.

En los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las FFAA[1], lo que equivale a aproximadamente $74,000 millones de pesos, aumentando los presupuestos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en detrimento de las de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de los fideicomisos que se han extinto en el último sexenio con el presidente López Obrador.

La transferencia de funciones, junto con las modificaciones presupuestarias y un alarmante nivel de sobreejercicio de recursos han sido posibles gracias a la laxitud de las normativas de vigilancia, control y rendición de cuentas, a la opacidad de las FFAA al clasificar y resguardar la información de su uso de recursos por un supuesto riesgo a la seguridad nacional, así como la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno.

Estos elementos, en su conjunto ponen en riesgo la eficiencia de la asignación del gasto público, permiten a las FFAA operar en casi completa opacidad, sin obligación real de rendición de cuentas y con altísimo riesgo de corrupción; además de provocar un desequilibrio en las relaciones de poder político y económico cívico-militares.

En una democracia el presupuesto público debe atender a los intereses y necesidades de la población de manera transparente y con rendición de cuentas; no hacerlo, aunado a la violación al principio de representación a la hora de asignación de recursos públicos, vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y se genera un desequilibrio tanto en las relaciones cívico-militares como entre los poderes ejecutivo y legislativo respecto a la asignación de presupuestos.

El riesgo incluso va más allá del uso y beneficio de recursos públicos: incrementar el poder económico de las FFAA corresponde a empoderarlas políticamente y aumentar su presencia en los espacios de toma de decisiones fundamentales para el país. Hoy mismo, han arrebatado ya funciones que constitucionalmente le corresponden a las autoridades electas democráticamente. Esto no puede continuar. La militarización y la transición al militarismo en México deben cesar.

Por una seguridad pública y gobierno civiles, digamos no a #ElNegocioDeLaMilitarización

[1] “Inventario Nacional de lo Militarizado”, Plataforma de Proyección de Datos Abiertos, Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD), recuperado el 9 de febrero de 2012. https://bit.ly/3v0kgXG

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022. México se encuentra ante el riesgo inminente de volver permanente e irreversible la militarización de la seguridad pública y el establecimiento de atribuciones inconstitucionales y desproporcionadas a las Fuerzas Armadas.

Esto, gracias a que en los últimos días, la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de Senado de la República aprobaron una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca entregar a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN) y con ello perpetuar una estrategia de seguridad fallida que, lejos de prevenir el delito y pacificar al país, ha agravado los problemas de violencia, impunidad, violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las autoridades civiles.

Aunque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador afirma que la GN seguirá siendo de carácter civil, como lo ordena la Constitución desde su creación, en los hechos le concede a la SEDENA un control total sobre la corporación y reduce a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a un cascarón. Entre otras cosas, la reforma faculta a militares a hacerse cargo de la seguridad pública de manera permanente y establece una GN militar enteramente controlada desde la SEDENA. Además, garantiza fuero militar a sus integrantes y faculta al Presidente de la República para disponer de ella como una institución auxiliar y complementaria de las Fuerzas Armadas. 

Se trata de un texto legislativo a todas luces inconstitucional, que contraviene los dispuesto en los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, que establecen que la seguridad pública debe ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La iniciativa viola también el Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, donde se permitió el uso excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024 en auxilio de la GN y no al revés.

Otro aspecto preocupante de la iniciativa del Presidente López Obrador, es que pone en riesgo el predominio civil sobre el Estado, pues fortalece de manera excesiva a las Fuerzas Armadas al entregarles poder, recursos y facultad política para tomar decisiones en materia de seguridad, por encima de las instituciones civiles establecidas para ello. Así, la reforma también representa el riesgo de disminuir el carácter democrático de nuestro gobierno, al reducir el control que las autoridades civiles democráticamente electas tienen sobre las militares. 

Desde hace por lo menos 15 años colectivos de víctimas, activistas y organizaciones de sociedad civil hemos alertado sobre los impactos negativos de la militarización y los graves riesgos que corremos como país al profundizarla. Hemos documentado el aumento de las detenciones arbirtrarias y su impunidad, el uso de tortura y malos tratos por parte de militares, el aumento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, así como el nulo impacto del despliegue militar en la reducción de los homicidios o de delitos como el secuestro y la extorsión.

Además, hemos denunciado cómo desde 2019 el gobierno ignoró la petición de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de construir una GN civil, lo que ha generado que casi el 80% de los elementos de la corporación pertenezcan a la Sedena o a la Semar y solo el 20% a la extinta Policía Federal. De aprobarse esta iniciativa, los pocos elementos de procedencia civil con los que cuenta la GN pasarían a formar parte de la Sedena eliminando toda posibilidad de crear una institución policial. 

La evidencia es contundente: militarizar la seguridad pública aumenta la violencia y pone en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos. Desde 2007, cuando en nombre de la llamada  “guerra contra las drogas” se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles, los homicidios se triplicaron. Y con la GN militarizada no ha sido diferente: en sus primeros 3 años de operación los asesinatos en México se han mantenido por encima de 35 mil casos anuales. Además, tan solo en 2021, la Guardia Nacional acumuló un total de 504 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos y, la Sedena, 436.

Aumentar el poder del Ejército no es la vía que nos conducirá a vivir con seguridad y en paz.  Este 6 de septiembre, la sociedad civil realizará una movilización pacífica para instar al Senado de la República a oponerse a esta iniciativa. Las y los senadores tienen la posibilidad de evitar el avance de una grave amenaza: deben votar en contra de esta propuesta, que implica la continuidad de una estrategia contraproducente y un abierto desdén por la Constitución y los mandatos de instancias internacionales especializadas en Derechos Humanos.

El carácter civil de la seguridad pública debería fortalecerse, no debilitarse. 

Por las víctimas y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada durante años.

 #MilitarizarNoEsPaz. 

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