Precisamente en este mes, en que conmemoramos las luchas por la igualdad laboral, salarial y política de las mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por tener un evento con las Fuerzas Armadas en el Campo Militar Número 1. Ya habían dedicado todo el mes de febrero a dichas instituciones castrenses con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y el Día del Ejército Mexicano, en los que afirmó que estas instituciones tienen un “gen revolucionario” y una “esencia social”, y señaló: “les reconocemos, les admiramos y les agradecemos”. Incluso ha afirmado en otras ocasiones que las instituciones militares son constructoras de paz.

Resulta especialmente preocupante que, en el 8M, una fecha dedicada a visibilizar las violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres, la Presidenta y las mujeres de su Gabinete, hayan optado por cerrar filas con las Fuerzas Armadas.

Como feministas y defensoras de los derechos humanos de todas las mujeres, sabemos que las instituciones militares son profundamente patriarcales, machistas y sexistas en su interior y en su interacción con la población. Pese a que ahora hay mujeres en diversas áreas dentro de las instituciones militares, sabemos que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional no previenen, atienden ni reparan las violencias que ejercen sus integrantes hombres contra sus integrantes mujeres. Es más, cuando ellas buscan verdad, justicia y memoria se les suele perseguir, estigmatizar, criminalizar y revictimizar.

Después de más de dos décadas de políticas de militarización, sabemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles no ha sido efectiva para reducir la violencia que nos afecta y que, por el contrario, puede constituir un factor de riesgo para el ejercicio de nuestros derechos. Además ahora también enfrentamos una corporativización e integración militar con megaproyectos a cargo de empresas militares.

Estos procesos tienen impactos negativos, específicos y diferenciados, sobre las mujeres, especialmente, en aquellas que habitan y transitan los territorios irrumpidos militarmente por ellos.

En los últimos años hemos visto cómo las instituciones militares utilizan cada vez más la imagen de mujeres para legitimarse ante la población civil. Eso ya es cuestionable en sí, pero aparte, no podemos olvidar la historia reciente de América Latina ni la experiencia cotidiana de miles de personas —particularmente mujeres— que han tenido que enfrentar la presencia, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios. Tampoco podemos ignorar las denuncias actuales: tan sólo en la Ciudad de México existen decenas de carpetas de investigación por delitos sexuales contra mujeres en las que los presuntos responsables son elementos de las fuerzas armadas.

Quienes suscribimos este posicionamiento sostenemos que la seguridad ciudadana, el desarrollo y la erradicación de la violencia contra las mujeres no se garantizarán mediante el involucramiento de las Fuerzas Armadas, sino a través de instituciones civiles capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Presidenta tiene la oportunidad de hacer historia, no sólo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por adoptar una perspectiva verdaderamente feminista y de género sobre el gobierno en México. La igualdad sustantiva de las mujeres pasa por reconocer y revertir la violencia institucional, por prevenir y proteger efectivamente a las mujeres de posibles violaciones a derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como no estatales. Las Fuerzas Armadas no deben ser incuestionables o tratadas como superiores o excepcionales al resto de la administración pública. La Presidenta y su Gabinete deben poner límites claros –legales, presupuestales, operativos y simbólicos– a las Fuerzas Armadas y avanzar hacia estrategias efectivas centradas en los derechos humanos, la prevención, la justicia y la protección efectiva de las mujeres.

Organizaciones y colectivos firmantes:

Abogadas Con Glitter
Bajo tierra ediciones
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Centro de Estudios Ecuménicos
Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género, Nduva Ndandi A.C
Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
Colibrí por la Legítima Defensa A.C.
ControlaTuGobierno A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Fundación Ius Género, A.C.
Global Thought
Impunidad Cero
Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.
Justicia Pro Persona, A.C.
Lxs Hijxs de Isis
Magma Transfeminista
México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD)
Mujeres Libres COLEM A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Pandeo
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Raíces, Análisis de género para el desarrollo
Red Feminista Antimilitarista
Restauradoras con glitter
Tumbalacasa ediciones

Suscripciones individuales

Abril Castro
Agnes Mondragon
Aleida Hernández Cervantes
Alethia Fernández de la Reguera
Amalia De Montesinos
Amy Sanchez
Ana Castillo Espinosa
Ana Elena C
Ana María Sánchez Hernández
Ana Yeli Pérez Garrido
Andrea Villers
Andrés Sánchez Grobet
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Arturo Isidro Saucedo González
Arturo Sánchez
Ayla Diaz Salas
Berenice Vargas Ibañez
Brenda lara hernandez
Carlos Garza
Carlos H. Babún
Cerrucha
Christine Brault
Claudia Cecilia Rivera Carrera
Claudia Chávez Argüelles
Cristina Reyes Ortiz
Cynthia Isabel Hernández Esparza
Daira Arana Aguilar
Daniela Pascual Cáceres
Dawn Marie Paley
Emanuela Brozacchiello
Evangelina Flores Ceceña
Eliana García
Eréndira Gómez Gómez
Fabrizio Lorusso
Gabriela Rioja
Gizella Garciarena
Irasema Fernández
Irmgard (Gardi) Emmelhainz
Ishtar Laguna Monroy
Jannen Contreras Vargas
Jimena Guadalupe Sánchez Gochi
Joásil Pantoja
Julia Escalante De Haro
Julieta Cano Lujano
Karla Sandoval Mendoza
Laura Elena Sosa Cáceres
Liliana E. Vidó Zamora
Liliana Quintanar
Lorena Wolffer
Lourdes Enriquez
Lucía Alvarado Gonzalez
Lucia Melgar Palacios
Lucía Raphael
Magali Lara
Marcela Méndez
Maria Antonia Paz Cervera
Mariana Chavez Berron
Marisol Valdez Valdez
Mercedes Caso
Mirna Roldán
Nora Nagels
Pamela RG
Raquel Gutiérrez Aguilar
Sara San Martín R
Sofía Riojas Paz
Suhayla Bazbaz Kuri
Tabatta Salinas Caballero
Tania Islas
Víctor Manuel Juárez Martínez
Wilma Esquivel Pat
Xóchitl Rodríguez Quintero

Ciudad de México, 24 de junio de 2025. Ante la inminente aprobación del paquete de reformas legales enviado por la Presidenta de la República para armonizar al menos 9 leyes a la reforma constitucional de 2024 y concretar la conversión de la Guardia Nacional en una cuarta fuerza armada, desde MUCD expresamos nuestra profunda preocupación por numerosas disposiciones que ponen en riesgo los derechos, profundizan aún más la militarización y omiten establecer controles o regulaciones claras al uso de fuerzas armadas en seguridad pública. Por ello, instamos al Poder Legislativo en su conjunto a estudiar el proyecto de reformas y a corregir todos sus aspectos problemáticos a fin de respetar los derechos de las y los mexicanos y detener la aún mayor profundización de la militarización del país. 

Las modificaciones relativas a la Guardia Nacional, en concordancia con las reformas del sexenio anterior, eliminan todo carácter civil de esta corporación para formalizarla como la cuarta Fuerza Armada de México. Ahora, sus elementos sólo pueden provenir del Ejército o la Fuerza Aérea y requerirán tener formación militar, antes que completar una formación policial complementaria. Al convertirse en militares, los guardias nacionales responderán a un modelo de educación, reclutamiento, rangos, prestaciones y régimen de disciplina castrenses e incluso adquirirán la posibilidad de solicitar licencias para competir por cargos de elección popular, algo que se le otorgó a las Fuerzas Armadas desde 1986.

Las modificaciones enviadas al legislativo también amplían las facultades de esta corporación, autorizándoles, entre otras, intervenir las comunicaciones privadas para la persecución de delitos relacionados con hidrocarburos o realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, así como investigar los hechos que se deriven de estas operaciones. Lo anterior constituye un claro contrasentido con los principios de seguridad pública y civil que reservan la investigación del delito a autoridades civiles. Al transformar a la Guardia Nacional en fuerza armada pasamos de tener civiles investigando civiles, a tener militares investigando a civiles.

Llama la atención que, aunque los objetivos de este paquete de reformas debieron restringirse a la Guardia Nacional el dictamen aprobado en lo general en la Cámara de Diputados contiene otros cambios que otorgan otras facultades en materia de seguridad nacional para la Secretaría de la Defensa, particularmente en el ramo de inteligencia. Así, estarán facultados también para  procesar información a través de inteligencia, requerir información de seguridad nacional con el Consejo de Seguridad Nacional y coordinar acciones inmediatas para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

Adicionalmente, resulta preocupante que si bien el dictamen sí cumple con la homologación legal para convertir a la Guardia Nacional en una fuerza armada, omite totalmente dar cumplimiento a la obligación constitucional del Congreso de la Unión de emitir la legislación necesaria para regular el uso de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Esta obligación, que proviene directamente de la Reforma Constitucional de septiembre de 2024, debió haberse cumplido en un plazo no  mayor a 180 días, mismo que venció en marzo de 2025.

MUCD ha advertido a lo largo de los últimos cuatro sexenios sobre los riesgos y los impactos negativos de la militarización. De la mano de víctimas, especialistas, organizaciones y activistas, ha documentado las violaciones a los derechos humanos producto de la participación de militares en seguridad pública y ha denunciado el aumento de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como de la violencia en general, señalando que la estrategia del sobre-uso de militares afecta también la prevención y atención del delitos, y abona a la impunidad. Al día de hoy, y dado que la expansión del poder militar no sólo abarca la seguridad, sino muchas otras tareas gubernamentales, a la denuncia sumamos también la erosión del gobierno civil y del Estado democrático de derecho.

Por eso hacemos un llamado enérgico a las y los legisladores a no aprobar esta reforma y a abrir espacios de diálogo para fortalecer la vía civil.

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2024. Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condenamos y  lamentamos profundamente la aprobación de la Reforma a la Guardia Nacional por parte del Senado de la República la mañana  de este miércoles. Se trata de la acción más radical de esta administración para la consolidación de un régimen militarista y una seguridad militarizada que no ha solucionado la crisis de violencia e  inseguridad, sino que nos ha dejado a cientos miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Esta reforma no solo perpetúa la militarización de la seguridad pública, sino que representa una grave amenaza para la democracia y el Estado de derecho en México, pues elimina la prohibición constitucional a la participación militar en asuntos civiles, que desde hace más de 160 años estaba establecido en el artículo 129 de la Constitución Federal y limitaba la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. Ahora podrán desarrollar cualquier tarea que se les encomiende más allá de las relacionadas con la seguridad pública. Esto rompe con la concepción de nación que asume que son las autoridades democráticamente electas las que deben encargarse del funcionamiento del gobierno y de la atención de los problemas públicos.

Con esta reforma, el Ejecutivo y Legislativo, no sólo entregan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sino que la reconocen formalmente como la cuarta -y nueva- institución de la Fuerza Armada Permanente, pese a que este cuerpo de seguridad originalmente se concibió como civil; otorgan a la o el presidente en turno la autorización de disponer de los militares en tareas de seguridad y sin candados; benefician con fuero militar a los guardias nacionales lo que propiciará mayor impunidad si violan derechos humanos; aumentan el poder político y económico (con presupuesto público transferido) a la SEDENA; eliminan el último rastro de personal civil de la Guardia Nacional e, insistimos: legalizan la posibilidad de que las Fuerzas Armadas -la institución más opaca y hermética del aparato de Estado- lleve cualquier tipo de tareas gubernamentales civiles ajenas a la disciplina militar.

Al igual que la reforma al Poder Judicial de la Federación, la aprobación de esta iniciativa ignoró totalmente la voz y las preocupaciones de la academia, organizaciones de la sociedad civil, activistas, organismos internacionales y víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Cerró todo canal de diálogo y revisión, pasó por encima de la memoria y el dolor de las innumerables víctimas de enfrentamientos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, abuso de autoridady tantas otras violaciones a derechos humanos registradas en el marco de la militarización nacional.

Aprobaron la reforma en el marco del 10 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que se perpetró con participación de militares, a quienes se les ha encubierto activamente para entorpecer la búsqueda de verdad y justicia. Es indignante. Reiteramos reiteramos nuestra solidaridad con las familias y su lucha por obtener verdad, justicia y reparación.

MUCD condena la aprobación de esta reforma. Expresa su más profunda preocupación por las consecuencias que tendrá para los derechos de todas y todas en México, incluido el de vivir en un Estado democrátivo. Ante un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, la ciudadanía se verá sumamente vulnerable ante actos arbitrarios que lleven a cabo los elementos de las FFAA. La ciudadanía toda es la gran perdedora con esta reforma, pues se ha demostrado que la estrategia de seguridad militar ha profundizado la violencia, la opacidad, la impunidad y la falta de justicia.

Hacemos un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Congreso de la Unión para garantizar los controles civiles no sólo de la seguridad, sino del sistema democrático del Estado Mexicano. Ante lo aprobado, será imperativo que la administración civil en todas las esferas de la vida pública sea absoluta y lo suficientemente sólida, transparente y eficaz, de lo contrario las autoridades democráticamente electas estarán sometidas al poder militar.  
En una democracia deben imperar los valores civiles y el respeto a los derechos humanos. La historia nos ha demostrado que el militarismo y la militarización les son contrarios. A las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas y víctimas de violaciones a sus derechos, les convocamos a no cesar en la defensa conjunta de la democracia y nuestros derechos.

Ciudad de México, 4 de abril de 2024. Condenamos que el Pleno del Congreso de Guerrero aprobara este 3 de abril la designación de un militar como Fiscal General de la entidad. Ayer, el coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda fue aprobado para el cargo sin ningún tipo de discusión sobre el nombramiento, con lo que el Congreso incumplió su papel de escrutinio para la designación de estos puestos y de contrapeso a la militarización de la función pública impulsada principalmente por Poderes Ejecutivos.

Esto ocurre por solicitud de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de destituir a la anterior Fiscal, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, tras del asesinato del normalista de Ayotiznapa Yanqui Kothan Gómez Peralta ocurrido el 7 de marzo. Ya desde la designación de Sandra Valdovinos en 2021, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los riesgos de su nombramiento por ser una militar en activo. 

Este tipo de designaciones responden al modelo federal que incrementa indiscriminadamente el poderío militar al darles el control de diversos sectores de la vida pública del país. Es especialmente indignante que ocurran en una  entidad que ha sido históricamente agredida por las fuerzas castrenses con episodios sumamente violentos contra la población, su vida, sus derechos y sus territorios; todos cometidos y encubiertos por el Estado a través de las instituciones militares.

Naturalmente, el nombramiento de elementos castrenses frente a las instituciones de justicia vulnera gravemente la independencia e imparcialidad al momento de juzgar e investigar. Las Fuerzas militares no deben estar frente a ninguna institución de origen civil; no es el papel que legalmente les corresponde y, por tanto, no cuentan con formación y conocimientos técnicos sobre la justicia civil, lo que sin duda afectará la garantía de los derechos humanos y el debido proceso. Pese a ello, se ha nombrado nuevamente a un militar en activo al frente de la Fiscalía guerrerense.

La destitución de la teniente y el nombramiento del coronel se da junto con la renuncia del Secretario de Seguridad y del Secretario de Gobierno de la entidad a mediados de marzo, después de las manifestaciones detonadas por la fuga del policía acusado de asesinar al normalista Yanqui Kothan. A la par, en el municipio de Taxco aumenta el clima de violencia ante la falta de capacidades de las autoridades para investigar y resolver el caso del feminicidio de Camila, una niña de 8 años, cuya presunta agresora fue sustraída de su domicilio y golpeada por varias personas, concluyendo en su muerte.

Ante la crisis de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero, es urgente que el gobierno local presente una estrategia que atienda integralmente las necesidades de justicia y paz de su población, que garantice la independencia y el carácter civil de sus instituciones en lugar de sumar al incremento del poderío e impunidad militar.

Ciudad de México, 6 de marzo de 2024. México Unido Contra la Delincuencia presenta la segunda edición de su informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, que revela que las Fuerzas Armadas (FFAA) se han convertido en una nueva cúpula política y económica, administradora de jugosas partidas presupuestales y pieza clave en el uso y control de los recursos e ingresos de proyectos insignia de la actual administración; sin fiscalización ni transparencia.

El informe revela que la participación de las FFAA en la vida pública se convirtió en un rentable negocio que las ha hecho operar prácticamente bajo una lógica empresarial; un fenómeno que va en detrimento directo del Estado de derecho y la democracia en nuestro país, pues debilita a las instituciones y presupuestos civiles.

Si bien es cierto que el empoderamiento de las instituciones militares inició hace dos sexenios, con la declaración de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, fue en la actual administración federal en la que se les otorgaron los mayores beneficios a través de diversos mecanismos a modo:

• Dueñas y operadoras de empresas estatales. La participación de las FFAA en empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM) era inexistente hasta antes de este sexenio. Fue a partir de diciembre de 2020 y hasta agosto de 2023, que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) comenzaron a acumular un total de 30 EPEM.
• Más dinero, nuevas ganancias, mucha discrecionalidad. Ahora las FFAA son administradoras de gran parte de los recursos públicos, provenientes de los impuestos de la ciudadanía: 142 mil 730 millones de pesos del presupuesto aprobado a la Sedena en 2024 corresponden al Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano. Al manejar las FFAA empresas que funcionan bajo una lógica de ganancias estas no son reportadas dentro de las cuentas nacionales, lo que deja a discrecionalidad de las FFAA el ejercicio y destino de estos recursos.
• Los fideicomisos desaparecieron, pero no para las FFAA. Pese al discurso federal que ha abogado por la extinción de los fideicomisos, el de la Sedena suma un monto de 69 mil 193 millones de pesos para finales de 2023, lo que la convierte en la segunda institución del país con mayor participación en el total de los montos de fideicomisos sin estructura orgánica. El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) pasó de tener un monto disponible de entre 830 millones y 6 mil millones de pesos, a contar con entre 20 mil y 72 mil millones de pesos.
• “Todo” el presupuesto, desviando recursos civiles. El presupuesto aprobado de la Sedena ha aumentado 138% desde el inicio del sexenio; mientras que el de Semar, 71% en el mismo periodo. El aumento exponencial de las asignaciones presupuestales a las Fuerzas Armadas responde principalmente a la usurpación de tareas originalmente asignadas a otras instituciones civiles por parte de las FFAA. Con la transferencia de funciones y presupuestos de origen civil, de 2018 a 2022 han recibido al menos 69 mil 124 millones de pesos. Sólo en 2024, las FFAA concentran el 3.7% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
• Uso discrecional y derroche del dinero público. Luego de que el Poder Legislativo asigna los presupuestos en PEF, las FFAA los han reasignado de manera discrecional para actividades ajenas a la disciplina militar: en el caso de la Sedena, el 40% de sus recursos terminan en un destino distinto del aprobado en el PEF, mientras que para la Semar suman el 30%. Y encima, sólo entre 2019 y 2023 las instituciones militares sobre ejercieron 153 mil 000 millones de pesos
• Convenios para obtener más recursos. Como si lo anterior no fuera suficiente, las FFAA también han podido acceder a dinero adicional a través de convenios de reasignación de recursos con instituciones de gobiernos federal y locales, los cuales no siempre son reportados en la Cuenta Pública. Mediante convenios, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, se han transferido al menos 23 mil 166 millones de pesos de instituciones federales a las FFAA, mientras que en el caso de estados y municipios la cifra alcanza mil 650 millones de pesos.

El proceso de empoderamiento de las Fuerzas Armadas no es reciente, pero se aceleró de manera exponencial y preocupante durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora las FFAA se ocupan de ejercer, administrar y gestionar estratégicamente gran parte del dinero público, con profunda opacidad, alta discrecionalidad y nula rendición de cuentas.

Estamos ante un escenario sin precedentes altamente riesgoso para los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, pues todos los recursos y ganancias transferidos, administrados y aprovechados por los uniformados se restan directamente al dinero y capacidades que el Estado debería destinar para proteger nuestros derechos. La participación cada vez mayor de las FFAA en actividades que nada tienen que ver con la disciplina militar minan el papel democrático de instituciones civiles: las FFAA ya juegan un papel estratégico en el gobierno, fortalecidas por un trato ventajoso frente a las instituciones civiles, por lo que el poder civil pierde cada vez más fuerza frente a la imposición del poder militar.

Ante este panorama que vulnera nuestra seguridad, democracia y Estado de Derecho, es urgente y necesario que se revierta la tendencia de incrementar su poder económico y político, mediante el fortalecimiento de las instituciones civiles reasignándoles las tareas que de origen les corresponden; establecer mecanismos efectivos de control y fiscalización de recursos para que las FFAA sean transparentes y rindan cuentas sobre cómo y en qué gastan nuestros impuestos; establecer lineamientos para la utilización de los recursos generados por las empresas y proyectos gubernamentales a favor del desarrollo social, no sólo el enriquecimiento de las élites militares y, ante todo, apuntar hacia el retiro gradual de las FFAA de la seguridad y la vida pública.

La militarización no sólo es un negocio: es un grave riesgo para el Estado de derecho y la democracia.

Revive la transmisión en vivo de la presentación.

Ciudad de México, 22 de enero de 2024. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)  condena los actos violentos ocurridos el pasado 16 de enero en el ejido Nueva América, en Chicomuselo, Chiapas, en los que elementos del Ejército amenazaron y amedrentaron a pobladores de la localidad, detuvieron a dos personas y destruyeron vehículos particulares. Los pobladores, por sus propios medios, han decidido defender su derecho a vivir con seguridad ante el embate y avance impune del crimen organizado en la zona. 

De acuerdo con un comunicado emitido por sociedad civil, aquel día, “cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos” de los municipios Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia comenzaron a huir de sus hogares y tierras ante el ingreso del Ejército y GN, quienes, lejos de velar por la seguridad local -acusaron- violentan a la sociedad civil organizada que resguarda sus comunidades, mientras dejan en impunidad a los grupos criminales.

En los últimos años, muchos municipios de Chiapas han sido acorralados y controlados por grupos del crimen organizado, creando un ambiente de terror e impunidad. La población, en actos de resistencia y de autodeterminación, se han opuesto a esta situación, sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha sido la represión y la militarización. Chiapas es una de las entidades más afectadas por el proceso de militarización del país. En la entidad hay al menos 18 cuarteles de la GN, muchos de los cuales han sido construidos en tierras de propiedad ejidal o indígena, sin previa consulta informada.

Entre los efectos de la militarización en el estado se encuentran la privación de la vida, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, despojos, asesinatos, violencia de género, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desplazamiento interno. El fenómeno del desplazamiento en el estado es preocupante: tan sólo en 2021, de acuerdo con la CMPDH, 7,117 personas en Chiapas fueron desplazadas forzadamente por violencia de grupos armados, violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. Hoy, la incursión de fuerzas militares se suma a las razones de desplazamiento.

MUCD condena la consecución de los actos implementados por elementos de la Sedena y de la GN en Chicomuselo y todo Chiapas pues no contribuyen a que exista seguridad ciudadana ni atienden a las necesidades y problemáticas de violencia e inseguridad de la población desde un enfoque de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad. Exigimos que la presencia de elementos castrenses sea contrarrestada en las comunidades afectadas por la creciente violencia en Chiapas, así como en otras entidades del país, al tiempo que se establecen acciones inmediatas para frenar el avance de grupos del crimen organizado; eliminar su presencia y garantizar un retorno seguro a las y los pobladores.

Ciudad de México, 5 de enero de 2024. México Unido Contra la Delincuencia externa su preocupación ante la ausencia de documentos, informes o acciones oficiales que ordenen y demuestren que la Guardia Nacional (GN) dejó de estar bajo el control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para devolverlo a la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023, con su Acción de Inconstitucionalidad 137/2022.

A 5 días de vencido el plazo que dio el máximo tribunal para acatar la sentencia, las autoridades aún no han dado a conocer el proceso para que la SSPC retome el control de la GN y los informes públicos referentes al despliegue y acciones de la GN durante los actos oficiales de comunicación han estado a cargo del Secretario de Defensa Nacional.

Desde MUCD exigimos que se transparente el seguimiento a la resolución, con indicadores cuantificables y verificables que permitan conocer el proceso de transición del control del cuerpo de seguridad de una a otra secretaría así como los criterios de control y supervisión de la GN una vez vuelva a estar a cargo de la SSPC. Al tiempo que incumplir con la resolución de la SCJN deriva en consecuencias para las autoridades responsables.

En la misma Acción de Inconstitucionalidad, además de ordenar la adscripción, la SCJN destacó el carácter estrictamente temporal y no permanente de la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la Guardia Nacional, por lo que extendemos nuestro llamado al Gobierno Federal para que, en el inicio de este año, aclare cuál es la ruta para el tránsito a una GN civil más allá de su adscripción así como qué acciones están tomándose para que el Ejército regrese a sus cuarteles en 2028, en cumplimiento con la sentencia de la SCJN.

Hasta ahora, la configuración de la GN dista mucho de cumplir con el carácter civil que dicta la Constitución pues, desde su creación se ha conformado entre un 70% y 80% por elementos de las policías militar y naval; con un comandante, mandos regionales, estructura y entrenamiento militares. Esta y otras acciones que han profundizado la militarización en México sólo han derivado en cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, múltiples evidencias de abuso de la fuerza y su poca capacidad para atender, controlar y reducir la criminalidad.

Es sabida la intención ya anunciada del presidente Andrés Manuel López Obrador de devolver a la Sedena el control de la GN con una nueva iniciativa legislativa. En tanto, es su obligación acatar la resolución de la SCJN.

Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Artículo publicado en Animal Político

El 14 de noviembre de 2018, todavía como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024, presentado como un nuevo paradigma de seguridad pública y mediante el que su gobierno entrante se comprometía a erradicar las causas estructurales de la violencia del país, es decir, las desigualdades sociales, bajo el eslogan “por el bien de México, primero los pobres”. En esa ocasión, Obrador declaró: “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, […] el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”. Con estas frases y la promesa central de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles, la autoproclamada Cuarta Transformación hizo creer a un pueblo lastimado por la “guerra contra el narco” que era posible terminar con la pesadilla iniciada en 2007.

El anuncio de un cambio de paradigma en seguridad pública se reafirmó en su toma de protesta, el 1° de diciembre de 2018, cuando Obrador anunció en el Zócalo capitalino sus 100 compromisos de gobierno, de los que cuatro estaban directamente relacionados con la seguridad pública.

El compromiso 84 establecía la reunión del Gabinete de Seguridad todos los lunes; el 85 anunciaba la conformación de la Guardia Nacional (GN) “si el pueblo de México y el Poder Legislativo lo aprobaban”; en el 86 preveía la construcción de 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el territorio nacional a cargo de la GN; y en el 87 se comprometía a no utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en contra del pueblo, así como a terminar con la guerra y promover la construcción de la paz. De hecho la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 en materia de GN, estableció el carácter civil de esta.

Ya desde entonces, discursivamente, la estrategia de seguridad del presidente se condensó en su célebre frase: “abrazos no balazos”. A cinco años de su gobierno, ésta no pudo distar más de lo originalmente planteado: una orientada a perpetuar la presencia militar pero ya no nada más en la seguridad pública, sino en toda la vida pública.

Para Obrador, las FFAA son pueblo uniformado, altamente eficientes e incorruptibles. En cínica contraposición al sufrimiento de innumerables víctimas, para él las FFAA no violan derechos humanos porque, presume, durante su administración no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos. 

De hecho, recientemente, durante su quinto informe de gobierno, destacó que “en materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento; el homicidio, en 17 por ciento; el robo, en 26 por ciento; el feminicidio, en 29 por ciento; el robo de vehículo, en 44 por ciento y el secuestro, en 80 por ciento”.

Si bien es cierto que las cifras oficiales destacan algunas disminuciones, es necesario analizar esto con perspectiva, porque, entre otras cosas, éstas demuestran, por un lado, avances más bien modestos, ante la magnitud de la crisis de inseguridad y violencia. Esto es más evidente a partir del análisis detallado de distintos delitos. 

Por ejemplo, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se documentaron las siguientes cifras -también con base en fuentes oficiales- que para homicidio doloso y feminicidio se registraron 18,102 víctimas a nivel nacional en los primeros siete meses de 2023, es decir, una leve disminución de 3% respecto al mismo periodo de 2022; para delitos contra la libertad personal hubo 19,854 víctimas en el mismo periodo, lo que significó un aumento de 14% al comparar con el mismo periodo de 2022 y, para el delito de extorsión, hablamos de 6,423 víctimas, con -4% al comparar con el mismo periodo de 2022, pero con una de las cifras mensuales de este año más altas.

Al mismo tiempo, la presentación parcial de cifras positivas contrasta, sin lugar a dudas, con la dolorosa y compleja realidad que atraviesa a miles de familias en México. Por ejemplo, afirmar que ya no se desaparecen personas es invisibilizar el sufrimiento y lucha en los hogares de las 111,681 personas señaladas como desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta atroz cifra demuestra que la crisis continúa y, de hecho, gracias a factores de entre los que destaca la perpetuación del actuar de las FFAA en tareas de seguridad.

Al respecto, en su visita en abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresó que el enfoque militarizado de la seguridad pública implica un riesgo en materia de derechos humanos, pues, “según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada”. En otras palabras, las FFAA sí desaparecen personas en México, por más que el presidente insista en que ya no es así.

En el marco de esta calculada presentación de resultados en materia de seguridad, López Obrador dedicó especiales felicitaciones a las FFAA “por sus labores en beneficio del pueblo de México”, de quienes destacó su participación en innumerables labores ajenas a la seguridad pública:  “La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex; en la construcción de 2 mil 564 sucursales del Banco del Bienestar; en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas; en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit…”. 

Y las funciones que enlistó se quedaron cortas. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado más de 340 funciones y presupuestos civiles han sido transferidas a las FFAA desde 2007 de las que un ¡42%! han ocurrido este sexenio. Algo que, sin duda, debe alertarnos como ciudadanía porque estamos presenciado un proceso de militarización de la vida pública.

Desde MUCD hemos advertido que “el proceso de militarización que estamos presenciando en México está siguiendo la ideología del militarismo en por lo menos cuatro principales aspectos: la promoción de discursos por el gobierno que enfatizan la superioridad de los valores, estructuras y cuerpos militares; la aceptación entre la población de estos discursos, al punto de apoyar una posible intervención militar en el gobierno; la asignación de funciones de administración pública a los militares bajo el argumento de que éstos son más capaces y menos corruptos; y la creciente autonomía de los militares para ser un actor político que defiende sus propios intereses”.

Esa es la herencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado al país: el empoderamiento sistemático y cada vez más presente de las FFAA en todas las esferas de la vida pública. El uso del fuego “amigo” no solo es administrado por el Estado, también es aplaudido por sus fieles partidarios, esos que algunas vez expresaron su preocupación sobre la estrategia de seguridad, pero que ahora son omisos ante las atrocidades que vivimos porque son diferentes.

Resta un año para que concluya su mandato y es claro que utilizará todo su capital político para afianzar todavía más su estrategia militarista, pues ha anunciado, por ejemplo, su intención de que se apruebe una reforma constitucional que garantice el control de la GN por parte de la Sedena. En tanto, a cinco años de gobierno, ya hemos atestiguado una mayor militarización que nos presenta las posibilidades de pacificación y reducción de la violencia como verdaderamente lejanas, al mismo tiempo que la militarización de la vida pública resulta sumamente peligrosa para la democracia, la defensa y promoción de los derechos humanos y para la calidad del gobierno civil, con un gobierno cada vez más reducido en funciones y presupuesto en comparación con las FFAA, cuya llama crece cada vez más, con más poder económico y político.

Sobre el autor

Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.

Ciudad de México, 23 de junio de 2023. El próximo 28 de junio de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá un importante caso en el que familiares de víctimas de una ejecución extrajudicial ocurrida en Nuevo León reclaman la responsabilidad patrimonial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los hechos ocurridos hace trece años. La Sedena niega su responsabilidad argumentando que el reclamo se hizo seis años después, por lo que el plazo de dos años señalado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ya había vencido. 

La responsabilidad patrimonial del Estado implica una indemnización a las personas que sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de las autoridades. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen el derecho de exigir el reconocimiento de dicha responsabilidad como una forma de acceso a la justicia. Su uso para reparar a familiares de víctimas de una ejecución extrajudicial por personal militar, como en este caso, implica que el Estado reconozca y enmiende el daño por la actuación indebida del personal castrense realizando tareas de seguridad. 

De acuerdo con el proyecto elaborado por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el plazo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado –al que la Sedena apela en su intento de liberarse de esta responsabilidad–, no aplica en casos en los que el bien perjudicado haya sido la vida y a causa de violaciones graves a los derechos humanos. Por lo tanto se debe entender que en esos casos el plazo no vence y la responsabilidad patrimonial del Estado puede reclamarse en cualquier momento.

Esta interpretación de la norma, de acuerdo con palabras de la Ministra, “busca preservar la memoria de las personas fallecidas y proteger los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los familiares de las víctimas”, así como entender a la responsabilidad patrimonial de manera más amplia, sin limitarse a lo económico

México Unido Contra la Delincuencia celebra que el proyecto elaborado por la Ministra Ríos Farjat priorice la protección de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, por encima de formalidades del procedimiento que, claramente, no estaban pensadas por los legisladores para que sean aplicadas en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Así también, encomendamos a las demás integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte para que aprueben el proyecto propuesto, pues establece un precedente importante para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de las atrocidades cometidas por militares en funciones ajenas a la disciplina militar.    

Pasaron tres años para resolver el asunto, originalmente del conocimiento de la Segunda Sala, después elevado al Pleno y finalmente returnado a la Segunda Sala, donde fue resuelto sin un análisis de fondo. Tras hacer públicos distintos proyectos, la Ministra Ortiz Ahlf omitió analizar nuestro argumento principal: el carácter militarista de la configuración de la Guardia Nacional. En su lugar, únicamente argumentó que MUCD no contaba con interés para reclamar en un juicio de amparo la inconstitucionalidad de la Ley de Guardia Nacional. 

El proyecto aprobado por la Segunda Sala niega a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de formular sus exigencias ante actos que son violatorios de la Constitución y los derechos humanos, bajo el argumento de que el juicio de amparo sólo puede tener efectos que beneficien a quien acude al juicio. Lo anterior, a pesar de que existen múltiples precedentes en los que el juicio de amparo ha tenido efectos de carácter general. Con este argumento la Corte evita analizar si el diseño institucional de la Guardia Nacional contraviene el artículo 21 constitucional que ordena que dicha institución debe tener carácter civil.

Lamentamos la postura de la Segunda Sala, pues teniendo la oportunidad de analizar de fondo nuestro reclamo, optó por ignorar que la Guardia Nacional es, en los hechos, militar: a finales de 2022 ésta contaba con un 85% de elementos provenientes de Sedena y Semar, 14% de la Policía Federal y apenas 1% nuevos reclutas civiles. Lamentablemente, las consecuencias de utilizar al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública se han traducido en violaciones graves a los derechos humanos y en el aumento de la violencia en todo el país. 

Con esta resolución la Suprema Corte se ha negado una vez más, como lo ha hecho en diversas resoluciones el último semestre, a imponer límites constitucionales contundentes a la participación castrense en actividades ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz y, aún más: obstaculiza a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil para cuestionar normas que contravienen derechos humanos a través de juicios de amparo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que exija a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva los dos casos que tiene pendientes sobre militarización de manera transparente, teniendo en cuenta el contexto de violaciones graves a los derechos humanos y con un debate abierto a la ciudadanía. 

Pese a las estrategias sistemáticas de las autoridades para desestimar las exigencias de la sociedad civil organizada respecto de la desmilitarización de la seguridad y la función pública, en México Unido Contra la Delincuencia refrendamos nuestro compromiso con la lucha por un país cuya seguridad tenga enfoque ciudadano, sea respetuosa de los derechos humanos y, nunca más, vuelva a tener a militares desplegados en nuestras calles violando impunemente nuestros derechos.