11/02/2019, ANIMALPOLITICO.COM, Redacción

La hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) privó de la libertad mediante arraigos, sin pruebas de que fueran realmente culpables de un delito y sin someterlas a un juicio, a más de 12 mil personas entre los años 2004 y 2018. En la mayoría de los casos, en una instalación denominada Centro Federal de Investigaciones, en la colonia Doctores. Por lo menos 1 de cada 10 de esas personas eran inocentes.

Aunque también durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fueron arraigadas casi mil personas.

La directora de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, dijo que tan solo en 2010 se ordenaron 1 mil 679 arraigos por crimen organizado, pero apenas hubo 148 condenas por ese tipo, lo que demuestra que no solo era un recurso que violaba derechos humanos, sino que además era ineficaz.

El 12% de las personas que fueron arraigadas en los últimos años quedaron en libertad inmediata.

Esto luego de arraigos que por ley debieron ser de 40 días, pero que en dos terceras partes de los casos superaron ese tiempo. A todo ellos se sumarían los que sí fueron procesados pero que, a la postre, también quedaron en libertad por falta de elementos.

Las cifras del abuso

Animal Político solicitó a la PGR (hoy Fiscalía General) conocer el total de personas que fueron sometidas a medidas de arraigo desde que se creó esta figura hasta la fecha.

La dependencia dijo que solo cuenta con registros oficiales desde 2004. Esto pese a que especialistas advierten que la Procuraduría comenzó a utilizar de forma indiscriminada este recurso desde la década de los 90.

Los datos proporcionados indican que de 2004 a 2018 la cifra total fue de 12 mil 71 personas mantenidas bajo arraigo, aunque las diferencias por año son notables.

Por regla el arraigo de una persona, de acuerdo con el ya abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, debía de ser por un máximo de 40 días, y solo en situaciones excepcionales podría ampliarse.

Pero los datos muestran que de las 12 mil 71 personas arraigadas solo 4 mil 756, que equivalen al 39%, permanecieron 40 días o menos. Los 7 mil 315 restantes, el 61% del total, estuvieron arraigados más de 40 días.

Entre los casos de arraigo más prolongados está el de 3 mil 990 personas que estuvieron privadas de su libertad 80 días; y el de 1 mil 660 personas que permanecieron bajo arraigo 90 días.

La información proporcionada vía transparencia por PGR arroja que al 73% de las más de 12 mil personas arraigadas se les aplicó esta medida por petición de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Es decir, fueron personas arraigadas bajo la supuesta sospecha de colaborar con la delincuencia organizada.

De ese total, el 12% fueron personas que tras concluir el periodo de arraigo quedaron en libertad, luego de que la PGR no encontró indicio alguno de que hubieran cometido un delito.

¿Confinamiento domiciliario o cárcel sin juicio?

El Código Federal de Procedimientos Penales definía al arraigo como un arraigo “domiciliario”, es decir, el confinamiento de la persona a su domicilio o casa. Pero la realidad era distinta.

El 100% de las personas que fueron sometidas al arraigo por sospechas de colaborar con crimen organizado fueron enviadas al Centro de Investigaciones Federales en la colonia Doctores, en
Ciudad de México.

Esto sucedía así aun cuando los “sospechosos” fueran detenidos en otros estados del país.

De las instalaciones interiores nunca se han dado características de forma pública pero se sabe que tenía capacidad hasta para 120 personas, cifra que se vio rebasada sobretodo entre 2009 y 2011, donde fueron encerradas ahí casi 5 mil personas.

Organismos de derechos humanos y especialistas en la materia calificaron a este sitio como una cárcel de facto para personas señaladas de cometer algún delito, pero sin que se les iniciara un juicio o proceso penal.

Herencia vergonzosa y ¿riesgo de repetición?

El abogado especializado en el manejo de casos que vulneran derechos humanos, Juan López Villanueva, calificó al arraigo como una “aberración jurídica” y una “herencia vergonzosa” propia de un sistema penal que por muchas décadas privilegió el encarcelamiento de las personas antes que la investigación.

“Como no sabíamos investigar pues se inventó el arraigo. Se sospechaba que eras tú el culpable de un delito pero sin pruebas. Era totalmente violatorio del principio de presunción de inocencia y del debido proceso”, dijo.

Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, dijo que en el año 2010, en el apogeo del uso del arraigo, el número de personas bajo esa medida por crimen organizado era 10 veces mayor que el de sentenciados por este delito, lo que evidenciaba el fracaso en esta figura en la investigación.

“La medida se autorizaba bajo la lógica de que arrestar a la gente por periodos largos y sin necesidad de acusación formal permitiría investigar mejor, y ser más eficientes en las condenas. Pero la realidad demostró que no, que únicamente fue un régimen de excepción donde no aplican las garantías procesales más básicas, y eso no tiene impacto en el número de crímenes ni en la impartición de justicia”, dijo.

Nota completa en: animalpolitico

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Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.

07/02/2019, Cámara de Diputados, Boletín N°. 03 (Bol. 1001). El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que, desde la perspectiva de los estándares internacionales, la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.

Consideró que “el Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta; más que discutir la eventual extensión, tendría que estar planteando la eliminación de ese tipo de reclusión”.

Al participar en la Mesa 2 “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”, de las Audiencias Públicas sobre este tema, explicó que el planteamiento no es derogar la prisión preventiva justificada, ni dejar a todas las personas imputadas libres, pero hay que entender que la prisión oficiosa es automática, obligatoria y supone la privación de garantías procesales básicas.

Añadió que este tipo de reclusión aumenta el riesgo de tortura y no abona a superar la impunidad. “El denominador común de la arbitrariedad y del encarcelamiento injusto de inocentes es la mala investigación, y es importante señalar que esta medida no abona a que la indagación mejore”.

Jan Jarab dijo que determinar la prisión preventiva oficiosa sólo depende de la autoridad investigadora y de cómo califica el supuesto delito; es decir, decide si el imputado va a pasar largo tiempo recluido en espera de sentencia. Sin embargo, en un Estado de derecho, es el Poder Judicial el que tendría que resolver, de manera individual, si el imputado debe ser privado de su libertad bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.

Agregó que la impunidad en México coincide con la alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles, y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa –en muchas ocasiones de manera indebida– está en la lista de prisión preventiva oficiosa.

Recomendó estipular en la Constitución un catálogo de delitos en los que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva.

Al dar la bienvenida a los participantes, el diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES), moderador de esta mesa, destacó que se trata de un tema relevante por el contexto social que conlleva la minuta, por lo que hoy se busca conocer las posturas de expertos que contribuyan en la discusión.

“De eso se trata el parlamento abierto; que su opinión lleve a los diputados a tomar una decisión en favor de los mexicanos”, expresó.

Subrayó la importancia de la participación de los especialistas y sus aportaciones en estas mesas de trabajo, “pero necesitamos las propuestas que ustedes nos hagan para sacar adelante una reforma que ayude a combatir la criminalidad, pues los delitos van a la alza en todo el país”.

El ciudadano exige respuestas y estamos obligados a dárselas, por eso estas mesas de trabajo son adecuadas y les pedimos que nos ayuden y “tengan la seguridad de que tomaremos la decisión más responsable”, enfatizó.

Cristina Reyes, colaboradora de México Unido Contra la Delincuencia, exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado. “Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”.

Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.

Nota completa en: LXIV Legislatura Boletín N°. 03 (Bol. 1001)

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