21/06/2019, El Popular, Puebla, Marcos Nucamendi

Luego de una violación, una menor de edad acude con su madre a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en Puebla capital, y es canalizada con el Ministerio Público Orientador. Existen al menos tres filtros este primer día: la narración de hechos al orientador jurídico, al Ministerio Público y al perito médico, quien sólo le hará un estudio general; la valoración especializada, que debería hacerse en el Hospital General, no se hará de inmediato, pues la madre de la víctima no recibe indicación alguna.

Tres días más tarde, el Ministerio Público solicita a la víctima que se presente a la Unidad, nuevamente, para iniciar la carpeta de investigación; la entrevista no se realiza, por problemas con el perito traductor. Tres semanas después, el Ministerio Público no se ha comunicado con ella, por lo que acude a la Unidad y a la sociedad civil para ejercer presión.

Medio mes después, un asunto importante se resuelve: personal ministerial realiza otra entrevista a la víctima y levanta la denuncia, esta vez con la presencia de un perito traductor adecuado; ni la madre ni su hija hablan bien español, pues pertenecen a una comunidad indígena de la Ciudad de Puebla que habla una variante específica del náhuatl.

Un mes ha pasado para iniciar la carpeta de investigación y la víctima, sin embargo, no ha acudido a un hospital para ser valorada por un perito médico. Cuando finalmente acude a un hospital, se da cuenta que está embarazada; sólo recibió la profilaxis (prevención, control de una infección) ante una posible exposición al VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Ante situaciones como ésta, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), esto para implementar un proyecto de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas que reduzca las irregularidades que tienen lugar durante el inicio de las carpetas de investigación, especialmente las que se refieren al tiempo de espera y a la necesidad de contar, desde el primer contacto del denunciante, con todas las personas que deben escuchar su declaración.

El monitoreo

Durante los próximos tres años, el MUCD y el CCSJ realizarán un monitoreo y una evaluación de las actuaciones del personal ministerial en tres agencias seleccionadas —de 9 de la mañana a 6 de la tarde—, con vistas a elaborar propuestas que entre otras cosas, mejoren la evaluación de las personas denunciantes, reduzcan las deficiencias procedimentales y consigan que las autoridades adopten las “recomendaciones de política pública que le den sostenibilidad a los impactos logrados para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia”.

Además de los objetivos generales, el convenio prevé que al finalizar el proyecto —una vez adoptadas las propuestas de mejora—, se reduzcan efectivamente los actos de ilegalidad y victimización secundaria, haciendo más “diligente y eficaz” el servicio que se le da a los denunciantes, así como la consolidación de “mecanismos eficientes de denuncia ciudadana y sanción de servidores públicos que incurran en actos de ilegalidad y/o corrupción”, se lee en el comunicado conjunto.

Hacia un modelo replicable

“Si esto nos sale bien, esperamos que, al tercer año de trabajo, podamos llegar al menos a un 50 por ciento de agencias del Ministerio Público con un modelo de gestión integral tipo”, comentó para El Popular, diario imparcial de Puebla Alfredo Peña, director de Cultura de la Legalidad de MUCD.

“La gradualidad con la que nos extenderemos va a depender, sobre todo, de las negociaciones que hagamos con la propia Fiscalía, y en particular con el nuevo o la nueva fiscal”, con quien espera tener una colaboración igual o incluso más productiva que con el actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal. En un máximo dos semanas, aseguró, MUCD, el CCSJ y la FGE estarán delimitando la muestra, para empezar el monitoreo a mediados de julio, iniciando así los trabajos al interior de las agencias del Ministerio Público.

Aunque los índices delictivos son un punto a considerar, Alfredo Peña detalló que antes de “ir a las urgencias” se debe atender “lo importante”, pues los criterios con los que se escogen las muestras tienen que ver más con que las agencias cuenten con la mayor cantidad de servicios: denuncias con y sin detenido, servicios periciales, policía de investigación, psicólogo y medicina forense; “entre más datos puedan obtenerse, mejor”, así podrá construirse un modelo “integral, replicable y escalable” a otras agencias del Ministerio Público que no estén necesariamente en la capital.

“Sé que esto (el tiempo y el alcance inicial) para las víctimas no son las mejores noticias, nosotros somos conscientes de eso; pero también sería una burla para ellas decir que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. El proceso de implementación del proceso de justicia penal no cumplió con los estándares mínimos, y en muchos casos incluso, generó deficiencias adicionales. Aun así, si podemos aspirar —luego de esos tres años— al 100 por ciento de alcance, ahí estaremos”, estimó.

Nota vía: elpopular.mx

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15/06/2019, 20 Minutos (de Notimex)

México Unido Contra la Delincuencia AC (MUCD) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado a favor de la transparencia. Con ello, se implementará el proyecto “Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la Fiscalía General del Estado de Puebla” durante los próximos tres años, se informó en comunicado.

El acuerdo, signado la víspera, tiene como objetivo mejorar el servicio y evitar irregularidades durante el inicio de las carpetas de investigación, apuntó.

Para lograr la meta, ambas organizaciones no gubernamentales llevarán a cabo actividades de monitoreo y evaluación de las actuaciones del personal ministerial y, elaborarán y darán seguimiento a propuestas de mejora, agregó.

Al final del proyecto, añade, se espera incrementar la calificación ciudadana sobre la calidad del servicio en las agencias donde se intervenga; reducir los actos de ilegalidad y victimización secundaria y que se adopten e implementen exitosamente las propuestas de mejora.

En la firma del acuerdo participaron Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Armando Gerardo García Pedroche, presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, y Alfredo Peña López, director de Cultura de la Legalidad en México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Nota completa en: 20minutos

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En el estado de Puebla cuatro de cada diez hogares han sido víctimas de la delincuencia; mientras que cada familia independientemente si ha sufrido algún acto delictivo o no pierde hasta 5 mil pesos al año. Lo anterior fue revelado por el director de cultura de legalidad de México Unido Contra la Delincuencia, Alfredo Peña López, al reiterar que el 93 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad poblana no se denuncian.

Nota completa en: newsweekespanol

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El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) y la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) evidenciaron fallas en la calidad de la atención otorgada a los usuarios, tiempo excesivo de espera y para iniciar una carpeta de investigación, así como solicitud de dádivas y negación del servicio por parte de los agentes de los Ministerios Públicos en Puebla.

De acuerdo al “Monitoreo Ciudadano en Agencias del Ministerio Público de Puebla”, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició con una calificación reprobatoria el inicio del estudio, obteniendo una calificación de 4.9 puntos de 10, la cual al final del periodo de prueba se incrementó a 7.5.

“El objetivo del programa de monitoreo es contribuir a mejorar el servicio que le brinda la Fiscalía General del estado a la ciudadanía, en las unidades de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Atención Temprana Metropolitana y de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, a través de propuestas y exigencias de mejora basadas en datos e información que recopilamos de manera presencial, a través de monitores ciudadanos, quienes aplican encuestas de percepción a los denunciantes y guías de observación”, manifestaron los especialistas.

Nota completa en: diariocambio

Descarga los resultados completos aquí

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El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) y México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD) presentan resultados semestrales de la implementación del programa monitoreo ciudadano en agencias del Ministerio Público

• CCSJ y MUCD presentaron el balance semestral sobre la calidad del servicio, teniendo como base cerca de 1,000 encuestas de percepción ciudadana aplicadas en la Fiscalía General del Estado de Puebla.
• Se evidencian fallas en la calidad de la atención otorgada a los usuarios, destacando los excesos en el tiempo de espera y el tiempo de atención para iniciar una carpeta de investigación.
• Durante el período de monitoreo, se detectaron actos de ilegalidad como solicitud de dádivas y negación del servicio.
• La calificación inicial de la calidad del servicio de la Fiscalía General fue reprobatoria con un 4.9 en una escala de 0 a 10.

Puebla, Puebla. – El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) y México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD), como parte de su programa Cultura de la Legalidad en agencias del Ministerio Público en Puebla [1], presentan el primer balance sobre el monitoreo ciudadano realizado en: 1) la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, 2) la Unidad de Atención Temprana Metropolitana y 3) la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos. Dicho balance contiene el resultado de la aplicación de cerca de 1,000 encuestas de percepción ciudadana sobre la calidad del servicio, aplicadas en el período de marzo a octubre de 2018.

El objetivo del programa de monitoreo es contribuir a mejorar el servicio que le brinda la Fiscalía General del estado a la ciudadanía, en las unidades mencionadas, a través de propuestas y exigencias de mejora basadas en datos e información que recopilamos de manera presencial, a través de monitores ciudadanos, quienes aplican encuestas de percepción a los denunciantes y guías de observación.

De acuerdo con los resultados de las encuestas de percepción ciudadana, las Unidades monitoreadas obtuvieron los siguientes resultados:

• La Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales obtuvo en el mes de marzo una calificación reprobatoria de 4.9 y para el mes de octubre llegó hasta un 6.7 de calificación en una escala de 0 a 10.
• La Unidad de Atención Temprana Metropolitana pasó de 4.75 a 7.6 en el mismo período.
• La Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos inicialmente obtuvo 5.1 y pasó a un 7.5 de calificación.

Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran:

• Tiempo excesivo de espera y atención a víctimas. El inicio de una carpeta de investigación en la Unidad de Delitos Sexuales puede tomar hasta 15 días.
• Falta de personal ministerial y especializado para la atención de los usuarios. No se cuenta con suficientes Agentes del Ministerio Público, Orientadores Jurídicos, peritos, Policías de Investigación, etc.
• Victimización secundaria. No se aplican mecanismos para proteger a las víctimas de agresiones sexuales. Los usuarios deben relatar lo sucedido como mínimo a 4 servidores públicos distintos, entre ellos: el Orientador jurídico, Agente del Ministerio Público, psicólogo forense, médico forense, policía de investigación; reviviendo una y otra vez la agresión de la que fueron víctimas. Además, no se cuenta con un espacio idóneo en el que se garantice su privacidad.
• Insuficientes Asesores jurídicos.
• Carencia de información básica para las víctimas del delito durante el inicio de la carpeta de investigación y el procedimiento. Durante y después de iniciar la carpeta de investigación, el personal adscrito a las Unidades no informa a las víctimas sobre los derechos que les asisten ni sobre los trámites necesarios para integrar correctamente la carpeta de investigación para lograr una indagatoria exitosa.
• Insumos insuficientes.
• Falta de capacidad de depósitos oficiales para la recuperación de vehículos.
• Ineficiente sistema de localización de vehículos recuperados.
• Opacidad en el trámite de liberación de vehículos.
• Recepción de dádivas a cambio del servicio.

Por lo anterior, el CCSJ y MUCD exigen que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla se comprometa a resolver los siguientes temas:

1. Disminuir tiempos de espera y atención.
2. Dotar de personal suficiente y con perfiles adecuados a las Unidades para la atención de los usuarios.
3. Proporcionar acompañamiento a las víctimas con especial atención a víctimas de delitos sexuales.
4. Agilizar el proceso de investigación. Los usuarios perciben una investigación y persecución de los delitos lenta. Constantemente se le generan citas (espaciadas) a los usuarios, para aparentemente informarles el avance de la investigación; sin embargo, cuando llegan a las citas se dan cuenta de que no hay avances.
5. Dar solución a cobros excesivos en depósitos particulares, si bien no es su completa responsabilidad es un hecho que le atañe.
6. Inhibir y sancionar la solicitud de dádivas a cambio del servicio al interior de sus Unidades.
7. Asignar recursos para contar con los insumos materiales necesarios.
8. Impulsar la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que permita la autonomía en la actuación de los Asesores jurídicos públicos.

Boletin-InformeSemestral-MPsPuebla-2018

Resultados-MonitoreoMPsPuebla-Marzo-Octubre-2018

Acerca del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla 

Ser una instancia ciudadana de análisis, opinión y recomendación en materia de seguridad ciudadana; procuración y administración de justicia; reinserción social; cultura de la legalidad; prevención de la violencia y la delincuencia; y atención a las víctimas del delito, así como de promoción de la paz, la justicia y los derechos humanos en Puebla.

Contacto Prensa: Raúl Zapata rzapata@ccsjpuebla.org Cel. 2228132037

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Acerca de México Unido Contra la Delincuencia A.C.:

Es una organización civil sin fines de lucro, laica y apartidista, con más de 20 años trabajando a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad en México. atención a víctimas, cultura de la legalidad y política de drogas en México.

Contacto Prensa: Octavio Arroyo o.arroyo@mucd.org.mx Cel. 5516565050

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[1] El programa Cultura de la Legalidad en agencias del Ministerio Público, consiste en la instalación de módulos ciudadanos en 3 unidades asignadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde monitores capacitados en Cultura de la Legalidad, Derecho Penal y Monitoreo Ciudadano brindan información y orientación a los ciudadanos sobre sus derechos y el proceso de la denuncia, además de aplicarles una encuesta de salida sobre la calidad de la atención, actos de ilegalidad e irregularidades y las condiciones internas y externas de las unidades para brindar un servicio adecuado. También invitan a los ciudadanos a reportar a los servidores públicos que operen de manera corrupta, ineficiente o incorrecta.