Ciudad de México, 29 de mayo de 2026. En un procedimiento acelerado y sin apertura al diálogo con sociedad civil y especialistas, el Congreso Federal aprobó una reforma constitucional que modifica las elecciones judiciales, tanto a nivel local como federal, pero sin hacer más accesible la justicia para quienes son parte de un proceso legal en México, ni garantizar que la participación en las votaciones judiciales sean más sencillas. 

La nueva reforma constitucional contempla que las siguientes elecciones judiciales se aplacen a 2028 para que no sean coincidentes con el proceso electoral de 2027, en donde se renovará toda la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos. Este aplazamiento es positivo y resultaba necesario para evitar la complejización y sobrecarga para la ciudadanía y la autoridad electoral. Sin embargo, la reforma omitió atender que esta coincidencia electoral problemática se repetirá en los procesos electorales de 2033 y 2036. 

Por otro lado, las y los legisladores desperdiciaron una oportunidad clave para realizar mejoras de fondo a la Reforma Judicial de 2024. Por ejemplo: si bien la reforma introduce mejoras sobre la homologación de criterios de idoneidad y disposiciones para la capacitación y actualización permanente de las personas juzgadoras, permanece un sistema de selección de candidaturas que, con estándares sumamente bajos de profesionalización y con comités de evaluación integrados al arbitrio de actores políticos, no asegura el nombramiento de perfiles preparados e independientes de la política partidista.

Por otro lado, al crear dos nuevas Secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma corrige el error de la eliminación de sus dos Salas en 2024, que tanto ha mermado la celeridad en la impartición de justicia. No obstante, se mantienen obstáculos para su operatividad, como la propensión al empate dentro de las nuevas Secciones, dada la disminución de la integración de la Corte a nueve ministros y ministras.

Finalmente, la reforma omite atender distintas problemáticas que surgieron con la reforma de 2024, como la habilitación de que juicios penales sean dirigidos y resueltos por jueces sin rostro (una figura opaca y violatoria de derechos humanos); la falta de garantías de probidad y capacidad para acceder a los distintos cargos jurisdiccionales; o el mismo mecanismo de integración de juzgados y tribunales que ha demostrado no ser ajeno a las lógicas partidistas e intereses particulares que no son compatibles con la justicia para las víctimas de delitos. 

Al respecto, ponemos a consideración de las y los legisladores, activistas y público en general, nuestro análisis técnico detallado en: https://www.mucd.org.mx/compartir/La-reforma-a-la-reforma-judicial-25-mayo/

Ciudad de México, 4 de febrero de 2026.  La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sobreseer el amparo promovido por MUCD contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República constituye una traición a las víctimas del delito y de otras violaciones a los derechos humanos por quienes deberían velar por sus derechos. El máximo tribunal se ha negado a analizar las fuertes restricciones impuestas a sus derechos desde 2021 y en su lugar ha optado por cerrar un caso que podría haber obligado a la Fiscalía General de la República a respetarlos.

La Ley de la Fiscalía General de la República, impulsada por Gertz Manero en 2021, eliminó y restringió derechos de las víctimas previamente reconocidos en la Ley Orgánica de 2018, afectando la posibilidad de las víctimas de coadyuvar en la investigación de sus casos, tener acceso a su carpeta de investigación, impugnar negativas de la FGR para atraer sus casos e investigarlos, acceder a medidas de protección y obligar a la fiscalía a coordinarse con otras dependencias en mecanismos nacionales clave, como el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Dichos derechos son importantes porque frente al actuar ineficiente, corrupto e indolente de los ministerios públicos (fiscalías), las víctimas necesitan coadyuvar en sus procesos de investigación para aportar pruebas, indicios o apurar acciones de búsqueda; porque ante la opacidad y falta de diligencia, requieren acceso ilimitado a sus carpetas de investigación para saber si las autoridades han avanzado en sus casos o no; y porque ante la falta de acción y contundencia de fiscalías locales, muchas veces las víctimas necesitan que la Fiscalía General atraiga sus casos para que alcancen justicia. Adicionalmente, el riesgo que supone defender derechos humanos como hacen las madres buscadoras vuelve indispensable que la FGR les dicte medidas de protección y que, frente a la magnitud de los fenómenos criminales y de desaparición, las instituciones deban obligatoriamente intercambiar información para resolver casos.

Por eso desde MUCD promovimos este juicio de amparo y por eso litigamos durante 4 años para restablecer los derechos de las víctimas y mejorar su acceso a la justicia. Lamentablemente, con la resolución de hoy en la Corte, que avaló un proyecto del Ministro presidente Hugo Aguilar, todas estas necesidades, estos derechos, quedaron desprotegidos.

Con una votación de siete votos a favor y dos en contra, la mayoría del Pleno decidió que MUCD no cuenta con interés legítimo para impugnar la mencionada ley, argumentando que los artículos impugnados eran atribuciones internas de la Fiscalía que no generaban derechos exigibles. En otras palabras, la Corte redujo la votación a una cuestión abstracta de atribuciones institucionales y omitió deliberadamente que lo que se impugnó fue un rediseño regresivo que eliminó derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito.

Esta resolución confirma una tendencia preocupante del máximo tribunal: evitar el análisis de fondo de leyes que impactan la seguridad y la justicia mediante una interpretación cada vez más restrictiva del interés legítimo, particularmente cuando se trata de organizaciones de la sociedad civil. En los hechos, esta postura limita el acceso a la justicia constitucional y deja sin control normas que afectan de manera directa a quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad frente al Estado y quienes defendemos derechos.

Únicamente dos ministros votaron en contra de sobreseer el caso: Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que a la Corte no correspondía pronunciarse sobre la procedencia del juicio de MUCD, cuando ya era un tema resuelto por un Tribunal Colegiado; y Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo la necesidad de reconocer un interés legítimo amplio a las asociaciones civiles.

Desde MUCD rechazamos esta decisión, que implica dar la espalda a las víctimas del delito y cerrar espacios de exigencia y defensa de derechos en un contexto de impunidad. La SCJN decidió no escuchar a quienes las acompañan. Son las organizaciones civiles, las víctimas y los colectivos quienes empeñamos centrales esfuerzos en documentar y superar fallas estructurales del sistema de justicia.

Aunque esta resolución no pone fin a esta lucha, sí marca un momento crítico que obliga a reflexionar sobre el rumbo que está tomando el sistema de justicia.

Este día, la Corte decidió cerrar la puerta a un avance necesario y callar sobre una necesidad central de un país de fosas, de miles y miles de víctimas de delitos victimizantes, crímenes que roban la paz a familias enteras. Las y los ministros, privilegiaron la forma sobre los derechos, el silencio institucional sobre el dolor y esfuerzo de las víctimas.

Ciudad de México, 3 de febrero de 2026. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de resolución presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se discutirá este 4 de febrero y propone sobreseer el amparo promovido contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Este proyecto no sólo evade escuchar a las víctimas, sino que sienta un precedente peligroso para el acceso a la justicia de las organizaciones civiles, como MUCD, que por más de 27 años hemos acompañado a las víctimas del delito en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

La Ley de la FGR impulsada en 2021 eliminó y restringió derechos que las víctimas ya tenían reconocidos en la legislación de 2018. Entre ellos, se debilitaron mecanismos fundamentales como la participación activa de las víctimas a través de la coadyuvancia en la investigación, el acceso a la carpeta, la posibilidad de impugnar decisiones clave del Ministerio Público, la adopción de medidas de protección y el nivel de responsabilidad de la Fiscalía en el Mecanismo de Apoyo Exterior y el Sistema Nacional de Búsqueda. Estos cambios han dejado a las víctimas en una situación de mayor indefensión, profundizando una crisis de acceso a la justicia que arrastran desde hace años.

En junio de 2021, MUCD promovió este amparo, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, precisamente para denunciar el carácter regresivo de dichas reformas, en contravención directa al principio constitucional y convencional de progresividad de los derechos humanos. Es decir, la prohibición de restringir derechos que ya han sido reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, como el derecho de las víctimas a participar plenamente en la investigación y proceso judicial de sus casos. En julio de 2025, un Tribunal Colegiado reconoció de manera expresa nuestro interés legítimo, atendiendo a nuestro objeto social y a nuestra labor sostenida de acompañamiento a víctimas, y remitió el asunto a la SCJN para que se analizara el fondo de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Sin embargo, el proyecto del Ministro Hugo Aguilar elige una interpretación excesivamente formal: sostiene que los artículos impugnados sólo regulan asuntos internos de la Fiscalía y afirma que no causan un impacto directo en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. Con ello, la SCJN no sólo evita entrar al fondo del asunto, sino que deja la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas al arbitrio de la FGR.

Esta interpretación es inaceptable, pues no es jurídicamente válido desconocer el principio de no regresividad ni negar el interés legítimo cuando se han eliminado mecanismos que materializaban derechos. La Corte no puede afirmar que no existe afectación cuando se han cerrado espacios de participación, control y acceso a la verdad para las víctimas. Hacerlo implica negar la realidad que enfrentan miles de personas en este país.

Con este proyecto, la SCJN le da la espalda al pueblo y, en particular, a las víctimas de la violencia y la impunidad. Pretende negarle a nuestra organización la posibilidad de defender derechos frente a un sistema de justicia que sistemáticamente le falla a las víctimas. Esta decisión cierra la puerta del acceso a la justicia constitucional, no solo para MUCD, sino para las personas a las que representamos.

Desde México Unido Contra la Delincuencia exigimos que la Suprema Corte asuma su responsabilidad constitucional y entre al fondo del asunto. Las víctimas llevan demasiado tiempo en estado de indefensión. Ignorar el carácter regresivo de la ley y negar el interés legítimo de nuestra organización para defender estos derechos -ya reconocido previamente- significa consolidar un precedente que niega derechos, debilita la rendición de cuentas de la Fiscalía, consolida la restricción de derechos para las víctimas del delito y profundiza la crisis de impunidad en el país.

Las víctimas merecen ser escuchadas. La Corte no puede seguir evadiendo esa obligación.

Consulta más información al respecto aquí.

El asunto corresponde al amparo promovido por MUCD contra la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en mayo de 2021, que sustituyó a la Ley Orgánica de 2018 y redujo de manera significativa derechos previamente reconocidos a las víctimas del delito como: el derecho de ayudar a la autoridad y participar efectivamente en los procesos de investigación de sus casos, el acceso ilimitado a sus carpetas de investigación, la posibilidad de que la FGR atraiga casos del fuero local y el derecho a que la FGR les dicte medidas de protección a testigos y víctimas. Esta ley, además, eliminó la obligación de la FGR a coordinarse con mecanismos nacionales clave para dar justicia a las víctimas como el Mecanismo de Apoyo exterior, el Sistema Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En junio de 2021, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, MUCD promovió un amparo al considerar que estos cambios constituyen una medida regresiva y contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, y que afectan de manera directa a las víctimas del delito, así como nuestra labor de acompañamiento a víctimas y defensa de derechos.

Tras un largo recorrido judicial, un Tribunal Colegiado reconoció expresamente que MUCD cuenta con interés legítimo para impugnar la ley y ordenó que el caso fuera analizado por la Suprema Corte. Sin embargo, el proyecto de resolución listado para discutirse este 4 de febrero, elaborado bajo la ponencia del ministro Hugo Aguilar Morales, propone sobreseer el juicio, al considerar que los artículos impugnados son meramente “orgánico-competenciales”, es decir, que son simples atribuciones internas de la Fiscalía y no generan derechos exigibles.

Este enfoque resulta preocupante y pone en absoluto riesgo la posibilidad de restablecer derechos a las víctimas del delito, ya que reduce el debate a una cuestión formal y omite analizar el impacto real de la ley en el acceso a la justicia, pues ignora que se eliminaron mecanismos de control, participación y coadyuvancia que estaban directamente vinculados a derechos de las personas que buscan justicia por un delito.

De aprobarse este proyecto, la SCJN evitaría pronunciarse sobre el fondo del asunto, negando el acceso a la justicia constitucional y dejando sin respuesta la pregunta central: si es constitucional que una ley debilite derechos de las víctimas y elimine derechos adquiridos.

Desde MUCD hacemos un llamado enérgico a la Corte a no sobreseer el caso, a no darle la espalda a las víctimas, sino a garantizar mecanismos que faciliten su acceso a la justicia.

Sin las víctimas no

Conoce de qué va el proyecto que discutirán en nuestro análisis completo https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/Analisis-proyecto-de-resolucion-RPJ.pdf

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2024. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) expresa su rechazo ante la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, la madrugada y mañana de este miércoles, con 357 votos a favor, 130 votos en contra y 0 abstenciones; para ser turnada al Senado de la República.

La propuesta de Reforma avanza en el Poder Legislativo sin tomar en cuenta los análisis,  múltiples manifestaciones y protestas tanto de personas trabajadoras y juzgadoras del Poder Judicial como de estudiantes, así como diversos posicionamientos nacionales e internacionales de distintos sectores -incluidos gobiernos de otros países, agencias de las Naciones Unidas, bancos de inversión y calificadoras crediticias-, que advierten de los riesgos de la iniciativa para la impartición de justicia la división de poderes, los derechos humanos, la estabilidad económica y la democracia misma.

Desde MUCD, reiteramos nuestra especial preocupación por el impacto de esta reforma a las víctimas de delitos, pues la iniciativa supone el riesgo de que los procesos penales federales tengan que ser pausados en cualquier etapa en que se encuentren, pues los jueces y magistrados que se encargan de ellos también serán sujetos a elección. Los procesos penales federales abiertos bajo el nuevo sistema penal acusatorio corren el riesgo de tener que reiniciarse. Esto incluye casos de delincuencia organizada, trata de personas, desaparición y secuestro, así como delitos cometidos por funcionarios públicos. Por el alto perfil de estos casos, la reposición del proceso pone en juego la disponibilidad de las pruebas, la seguridad de testigos y los derechos de las víctimas.

La reforma también pone trabas irreparables a la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos, pues limita al máximo mecanismos para ampliar los beneficios de los juicios de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, dos recursos constantemente utilizados por organizaciones y personas defensoras para protegerse ante acciones de autoridad que violen nuestros derechos humanos. 

Esto se suma a un tercer aspecto extremadamente negativo para la justicia: la reforma es una estocada a la independencia del Poder Judicial, pues la elección por voto popular de sus integrantes politizará su operación y aquellos que no respondan al poder en turno, podrán ser perseguidos, sancionados e incluso separados de sus cargos con el nuevo Tribunal disciplinario. 

Realizamos un llamado enérgico a las y los Senadores a escuchar estos argumentos, a considerar seriamente la gravedad e impacto de esta reforma y no votar el dictamen en sus términos.

Conoce más sobre #QuéConLaReforma aquí

Ciudad de México, 5 de enero de 2024. México Unido Contra la Delincuencia externa su preocupación ante la ausencia de documentos, informes o acciones oficiales que ordenen y demuestren que la Guardia Nacional (GN) dejó de estar bajo el control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para devolverlo a la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023, con su Acción de Inconstitucionalidad 137/2022.

A 5 días de vencido el plazo que dio el máximo tribunal para acatar la sentencia, las autoridades aún no han dado a conocer el proceso para que la SSPC retome el control de la GN y los informes públicos referentes al despliegue y acciones de la GN durante los actos oficiales de comunicación han estado a cargo del Secretario de Defensa Nacional.

Desde MUCD exigimos que se transparente el seguimiento a la resolución, con indicadores cuantificables y verificables que permitan conocer el proceso de transición del control del cuerpo de seguridad de una a otra secretaría así como los criterios de control y supervisión de la GN una vez vuelva a estar a cargo de la SSPC. Al tiempo que incumplir con la resolución de la SCJN deriva en consecuencias para las autoridades responsables.

En la misma Acción de Inconstitucionalidad, además de ordenar la adscripción, la SCJN destacó el carácter estrictamente temporal y no permanente de la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la Guardia Nacional, por lo que extendemos nuestro llamado al Gobierno Federal para que, en el inicio de este año, aclare cuál es la ruta para el tránsito a una GN civil más allá de su adscripción así como qué acciones están tomándose para que el Ejército regrese a sus cuarteles en 2028, en cumplimiento con la sentencia de la SCJN.

Hasta ahora, la configuración de la GN dista mucho de cumplir con el carácter civil que dicta la Constitución pues, desde su creación se ha conformado entre un 70% y 80% por elementos de las policías militar y naval; con un comandante, mandos regionales, estructura y entrenamiento militares. Esta y otras acciones que han profundizado la militarización en México sólo han derivado en cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, múltiples evidencias de abuso de la fuerza y su poca capacidad para atender, controlar y reducir la criminalidad.

Es sabida la intención ya anunciada del presidente Andrés Manuel López Obrador de devolver a la Sedena el control de la GN con una nueva iniciativa legislativa. En tanto, es su obligación acatar la resolución de la SCJN.

Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Esta solicitud se fundamenta en el menosprecio evidente hacia la decisión previa del Senado de desechar la primera terna. La inclusión de dos personas de la terna anterior: Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, quienes reconocieron en sus entrevistas su alta cercanía con el presidente de la República y el partido en el poder, se contrapone con el principio de ser y parecer independiente. Además, la tercera persona postulada, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, es actualmente funcionaria del Gobierno Federal, lo que también compromete la independencia de su perfil.

En la reciente discusión de la terna pasada, tanto el pleno del Senado como la Comisión de Justicia se centraron en darle trámite, sin siquiera ratificar el cumplimiento de los requisitos de cada persona aspirante y mucho menos se apegaron a estándares internacionales de idoneidad para la designación de personas operadoras de justicia, establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión, en un acto mínimo de seriedad legislativa, pedimos que el Acuerdo y la metodología establezcan criterios objetivos y rigurosos para evaluar la independencia y los perfiles de las personas que integran esta segunda terna; así como mecanismos de participación ciudadana efectivos y vinculantes en el marco de una deliberación amplia sobre su idoneidad.

Cabe rememorar que, desde el colectivo La Justicia Que Queremos (@LaJusticiaQQ), hemos apuntado que este proceso de designación es irregular, al surgir de la renuncia de Arturo Zaldívar –aprobada por el Ejecutivo y el Senado–, sin que se hubiesen acreditado las causas graves que debieron sustentarla. Con ella, se vulnera el diseño constitucional de nombramientos escalonados en la Suprema Corte, toda vez que ésta es la quinta designación de una persona ministra por parte del actual presidente, dos de ellas por renuncias no justificadas, lo cual es un atropello al diseño que procura la no concentración de nombramientos en un solo periodo presidencial.

El fortalecimiento del máximo tribunal del país depende crucialmente por la designación de personas operadoras de la justicia independientes, precisamente para garantizar que su actuación sea imparcial y no responda a lealtades pactadas ni intereses particulares. Es nuestro derecho que la justicia sea pareja para todas las personas. Por ello, desde el colectivo La Justicia Que Queremos, hacemos un enérgico llamado al Senado de la República para que ¡RECHACEN LA TERNA!

#SinIndependenciaNoHayJusticia

#LaJusticiaQueQueremos

#SinCuotasNiCuates[ninja_form id=]

La Justicia Que Queremos es un colectivo de 27 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, colectivos y personas que trabajamos para que la impunidad deje de ser costumbre y para que la justicia sea pareja y proteja los derechos de todas las personas. Se compone por las siguientes organizaciones nacionales: Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), BORDE, Búscame – Buscando Desaparecidos México, Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara), Colectivo Buscadoras Guanajuato, Colectivo Justicia y Esperanza, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana, Derechos humanos y litigio estratégico mexicano (DLM), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Fundación para la Justicia (FJEDD), Impunidad cero, Instituto de Justicia Procesal Penal AC, Justicia Pro Persona A.C., Justicia Transicional en México (JTMX), Magistrada Ya, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Mexiro A.C., Observatorio de Designaciones Públicas (ODP), Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Sin Fronteras IAP; así como las siguientes organizaciones internacionales: Cyrus R. Vance Center for International Justice, Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Ciudad de México, 8 de agosto de 2023. Este miércoles 9 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos decidir el futuro de los fondos de apoyo a víctimas.
La Sala discutirá el amparo en revisión 675/2022 promovido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en contra de una modificación realizada en 2020 por el Congreso de la Unión a la fracción I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas (LGV), mediante la que se eliminó la obligación de aportar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la atención a víctimas y la prohibición legal de que estos recursos se emplearan para otro fin distinto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas. Dicho monto fijo fue eliminado por el Congreso con la justificación de que la reducción del presupuesto era necesaria para atender la contingencia sanitaria por COVID-19.

Esta reforma implicó la supresión de una garantía que tenía como finalidad la protección y defensa del derecho humano a una reparación integral del daño. En ese sentido, el litigio no se oponía a la eliminación del fideicomiso, sino de la afectación a estas otras garantías tan relevantes para la protección de las miles de víctimas en nuestro país, quienes a más de 10 años de la creación de la LGV, siguen sin contar con un verdadero sistema de atención eficiente para atender sus necesidades.

El proyecto de resolución que la Sala discutirá mañana está a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha propuesto otorgar la protección constitucional al Centro ProDH y revertir la modificación legislativa para garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación continúe respetando la existencia del fondo de asistencia para víctimas. Resulta relevante que el Ministro reconoce que el Fondo de Asistencia existe como una respuesta del Estado Mexicano ante su responsabilidad de prevenir la criminalidad, pues ante dicha responsabilidad debe restituir a las personas que son víctimas.

MUCD celebra el proyecto del Ministro y solicita públicamente a la Primera Sala que vote favorablemente este proyecto.

Es inaceptable que, mientras que la Administración Pública y el Congreso de la Unión justificaron la reducción del fondo de atención a víctimas por la contingencia sanitaria, a las Fuerzas Armadas no se les redujo ni un sólo peso del presupuesto. Los recursos para la asistencia y atención a víctimas deberían ser una prioridad para el Estado Mexicano y estar garantizados.

La decisión que tome la Sala respecto de este asunto será fundamental para el acceso a la justicia de víctimas y la reparación del daño de las mismas. Acompañamos y celebramos al Centro ProDH en su lucha por el derecho de las víctimas.

Ciudad de México, 23 de junio de 2023. El próximo 28 de junio de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá un importante caso en el que familiares de víctimas de una ejecución extrajudicial ocurrida en Nuevo León reclaman la responsabilidad patrimonial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los hechos ocurridos hace trece años. La Sedena niega su responsabilidad argumentando que el reclamo se hizo seis años después, por lo que el plazo de dos años señalado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ya había vencido. 

La responsabilidad patrimonial del Estado implica una indemnización a las personas que sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de las autoridades. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen el derecho de exigir el reconocimiento de dicha responsabilidad como una forma de acceso a la justicia. Su uso para reparar a familiares de víctimas de una ejecución extrajudicial por personal militar, como en este caso, implica que el Estado reconozca y enmiende el daño por la actuación indebida del personal castrense realizando tareas de seguridad. 

De acuerdo con el proyecto elaborado por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el plazo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado –al que la Sedena apela en su intento de liberarse de esta responsabilidad–, no aplica en casos en los que el bien perjudicado haya sido la vida y a causa de violaciones graves a los derechos humanos. Por lo tanto se debe entender que en esos casos el plazo no vence y la responsabilidad patrimonial del Estado puede reclamarse en cualquier momento.

Esta interpretación de la norma, de acuerdo con palabras de la Ministra, “busca preservar la memoria de las personas fallecidas y proteger los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los familiares de las víctimas”, así como entender a la responsabilidad patrimonial de manera más amplia, sin limitarse a lo económico

México Unido Contra la Delincuencia celebra que el proyecto elaborado por la Ministra Ríos Farjat priorice la protección de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, por encima de formalidades del procedimiento que, claramente, no estaban pensadas por los legisladores para que sean aplicadas en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Así también, encomendamos a las demás integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte para que aprueben el proyecto propuesto, pues establece un precedente importante para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de las atrocidades cometidas por militares en funciones ajenas a la disciplina militar.