• La aprobación se configura como una decisión más que acrecienta el poder político y económico de las FFAA en detrimento del carácter civil y democrático que debe tener la resolución de problemas públicos como la inseguridad.

• Llamamos a las legislaturas de las entidades federativas a oponerse a esta reforma, y a la sociedad civil a continuar exigiendo el regreso de las FFAA a sus cuarteles.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2022. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados concretó la ampliación hasta 2028 del uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública. El dictamen de reforma aprobado ahora pasará a las legislaturas de los estados para convertirse en reforma constitucional.

Todos los poderes de la Unión —el Ejecutivo al enviar las iniciativas, el Legislativo al aprobarlas y el Judicial con su silencio cómplice— continúan agudizando la situación de violencia al socavar las vías democráticas para el contenimiento del poder militar. De tal forma, las FFAA continuarán actuando de manera autónoma, sin controles ni fiscalización civil y en total impunidad. Los tres poderes han montado el escenario perfecto para fortalecer a las instituciones castrenses y, a la vez, debilitar a las instituciones civiles.

El dictamen votado supuestamente contiene controles civiles y parlamentarios del actuar militar. No obstante, la negativa explícita del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de comparecer ante el Congreso de la Unión por el reciente hackeo a dicha institución es una muestra de que tales controles resultan insuficientes y habilitadores de la simulación. Lo anterior también es una muestra más del patente hecho de que las FFAA se gobiernan y regulan a sí mismas, lo que resulta incompatible con todo Estado Democrático de Derecho.

La reforma en cuestión también es una prueba de que las condiciones contenidas en el artículo quinto transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional no se verán respetadas. No existe garantía alguna de que la participación militar en tareas de seguridad pública llegue a ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada ni complementaria.

El aplazamiento del retiro de los militares de las calles ocurre dentro de un contexto en el que el Gobierno Federal ha resuelto asegurar la autonomía financiera de las autoridades castrenses, así como otorgarle una gran cantidad de facultades y tareas propias de la administración pública como el control migratorio, la construcción de infraestructura y la administración de aduanas. 

Tan sólo de 2006 a 2021, los recursos a cargo de la Sedena aumentaron en 163% y los de la Secretaría de Marina (Semar), en 119%. En los últimos 12 años, las instituciones civiles han transferido a las FFAA por lo menos 227 funciones civiles. Además, las recientes revelaciones del llamado #SedenaLeaks han demostrado que el Ejército ha participado de la redacción de al menos una decena de iniciativas de ley, incluida la iniciativa para entregar a la Sedena el control operativo de la Guardia Nacional.

De concretarse esta reforma, quedará eliminado el único límite a la presencia militar que quedaba, el de la temporalidad, y entregará el control de la seguridad a una institución que no acepta ni aceptará ningún tipo de supervisión civil, comenzando por la parlamentaria. Por ello, llamamos a las legislaturas de los estados y a la sociedad civil que se opongan a esta y a cualquier otra medida tendiente a aumentar el poder militar en detrimento de la democracia y del carácter civil de la administración de los asuntos públicos.

 #NoALaMilitarización

#MilitarizarNoEsPaz

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022. México se encuentra ante el riesgo inminente de volver permanente e irreversible la militarización de la seguridad pública y el establecimiento de atribuciones inconstitucionales y desproporcionadas a las Fuerzas Armadas.

Esto, gracias a que en los últimos días, la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de Senado de la República aprobaron una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca entregar a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN) y con ello perpetuar una estrategia de seguridad fallida que, lejos de prevenir el delito y pacificar al país, ha agravado los problemas de violencia, impunidad, violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las autoridades civiles.

Aunque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador afirma que la GN seguirá siendo de carácter civil, como lo ordena la Constitución desde su creación, en los hechos le concede a la SEDENA un control total sobre la corporación y reduce a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a un cascarón. Entre otras cosas, la reforma faculta a militares a hacerse cargo de la seguridad pública de manera permanente y establece una GN militar enteramente controlada desde la SEDENA. Además, garantiza fuero militar a sus integrantes y faculta al Presidente de la República para disponer de ella como una institución auxiliar y complementaria de las Fuerzas Armadas. 

Se trata de un texto legislativo a todas luces inconstitucional, que contraviene los dispuesto en los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, que establecen que la seguridad pública debe ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La iniciativa viola también el Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, donde se permitió el uso excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024 en auxilio de la GN y no al revés.

Otro aspecto preocupante de la iniciativa del Presidente López Obrador, es que pone en riesgo el predominio civil sobre el Estado, pues fortalece de manera excesiva a las Fuerzas Armadas al entregarles poder, recursos y facultad política para tomar decisiones en materia de seguridad, por encima de las instituciones civiles establecidas para ello. Así, la reforma también representa el riesgo de disminuir el carácter democrático de nuestro gobierno, al reducir el control que las autoridades civiles democráticamente electas tienen sobre las militares. 

Desde hace por lo menos 15 años colectivos de víctimas, activistas y organizaciones de sociedad civil hemos alertado sobre los impactos negativos de la militarización y los graves riesgos que corremos como país al profundizarla. Hemos documentado el aumento de las detenciones arbirtrarias y su impunidad, el uso de tortura y malos tratos por parte de militares, el aumento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, así como el nulo impacto del despliegue militar en la reducción de los homicidios o de delitos como el secuestro y la extorsión.

Además, hemos denunciado cómo desde 2019 el gobierno ignoró la petición de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de construir una GN civil, lo que ha generado que casi el 80% de los elementos de la corporación pertenezcan a la Sedena o a la Semar y solo el 20% a la extinta Policía Federal. De aprobarse esta iniciativa, los pocos elementos de procedencia civil con los que cuenta la GN pasarían a formar parte de la Sedena eliminando toda posibilidad de crear una institución policial. 

La evidencia es contundente: militarizar la seguridad pública aumenta la violencia y pone en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos. Desde 2007, cuando en nombre de la llamada  “guerra contra las drogas” se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles, los homicidios se triplicaron. Y con la GN militarizada no ha sido diferente: en sus primeros 3 años de operación los asesinatos en México se han mantenido por encima de 35 mil casos anuales. Además, tan solo en 2021, la Guardia Nacional acumuló un total de 504 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos y, la Sedena, 436.

Aumentar el poder del Ejército no es la vía que nos conducirá a vivir con seguridad y en paz.  Este 6 de septiembre, la sociedad civil realizará una movilización pacífica para instar al Senado de la República a oponerse a esta iniciativa. Las y los senadores tienen la posibilidad de evitar el avance de una grave amenaza: deben votar en contra de esta propuesta, que implica la continuidad de una estrategia contraproducente y un abierto desdén por la Constitución y los mandatos de instancias internacionales especializadas en Derechos Humanos.

El carácter civil de la seguridad pública debería fortalecerse, no debilitarse. 

Por las víctimas y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada durante años.

 #MilitarizarNoEsPaz. 

Consulta nuestro análisis de la iniciativa

Tabla comparativa de la iniciativa

Iniciativa

Contacto con medios | p.ramos@mucd.org.mx | Cel. 55 39 50 09 82