• La aprobación se configura como una decisión más que acrecienta el poder político y económico de las FFAA en detrimento del carácter civil y democrático que debe tener la resolución de problemas públicos como la inseguridad.

• Llamamos a las legislaturas de las entidades federativas a oponerse a esta reforma, y a la sociedad civil a continuar exigiendo el regreso de las FFAA a sus cuarteles.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2022. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados concretó la ampliación hasta 2028 del uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública. El dictamen de reforma aprobado ahora pasará a las legislaturas de los estados para convertirse en reforma constitucional.

Todos los poderes de la Unión —el Ejecutivo al enviar las iniciativas, el Legislativo al aprobarlas y el Judicial con su silencio cómplice— continúan agudizando la situación de violencia al socavar las vías democráticas para el contenimiento del poder militar. De tal forma, las FFAA continuarán actuando de manera autónoma, sin controles ni fiscalización civil y en total impunidad. Los tres poderes han montado el escenario perfecto para fortalecer a las instituciones castrenses y, a la vez, debilitar a las instituciones civiles.

El dictamen votado supuestamente contiene controles civiles y parlamentarios del actuar militar. No obstante, la negativa explícita del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de comparecer ante el Congreso de la Unión por el reciente hackeo a dicha institución es una muestra de que tales controles resultan insuficientes y habilitadores de la simulación. Lo anterior también es una muestra más del patente hecho de que las FFAA se gobiernan y regulan a sí mismas, lo que resulta incompatible con todo Estado Democrático de Derecho.

La reforma en cuestión también es una prueba de que las condiciones contenidas en el artículo quinto transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional no se verán respetadas. No existe garantía alguna de que la participación militar en tareas de seguridad pública llegue a ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada ni complementaria.

El aplazamiento del retiro de los militares de las calles ocurre dentro de un contexto en el que el Gobierno Federal ha resuelto asegurar la autonomía financiera de las autoridades castrenses, así como otorgarle una gran cantidad de facultades y tareas propias de la administración pública como el control migratorio, la construcción de infraestructura y la administración de aduanas. 

Tan sólo de 2006 a 2021, los recursos a cargo de la Sedena aumentaron en 163% y los de la Secretaría de Marina (Semar), en 119%. En los últimos 12 años, las instituciones civiles han transferido a las FFAA por lo menos 227 funciones civiles. Además, las recientes revelaciones del llamado #SedenaLeaks han demostrado que el Ejército ha participado de la redacción de al menos una decena de iniciativas de ley, incluida la iniciativa para entregar a la Sedena el control operativo de la Guardia Nacional.

De concretarse esta reforma, quedará eliminado el único límite a la presencia militar que quedaba, el de la temporalidad, y entregará el control de la seguridad a una institución que no acepta ni aceptará ningún tipo de supervisión civil, comenzando por la parlamentaria. Por ello, llamamos a las legislaturas de los estados y a la sociedad civil que se opongan a esta y a cualquier otra medida tendiente a aumentar el poder militar en detrimento de la democracia y del carácter civil de la administración de los asuntos públicos.

 #NoALaMilitarización

#MilitarizarNoEsPaz

• MUCD advierte un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares.

• Cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022. México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) presentó “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, un informe que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas (FFAA) entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.

Con el documento, MUCD demuestra que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las FFAA en niveles sin precedentes, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.

En dicho periodo, mientras los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana —como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)— han disminuido o desaparecido. Además, en el último sexenio, la Guardia Nacional (GN) pese a ser, en el papel, declarada de carácter civil, se ha convertido en un medio para incrementar el presupuesto de la Policía Militar y Naval, así como para financiar los cuarteles y compensaciones de los cuerpos castrenses.

El aumento presupuestal de las FFAA se ha concretado utilizando recursos no aprobados por la Cámara de Diputados a través de mecanismos como adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones civiles, fideicomisos públicos —el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)— y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información; así como el otorgamiento directo de recursos por parte del Poder Ejecutivo mediante el uso desmedido y sistemático de adecuaciones presupuestales.

En los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las FFAA[1], lo que equivale a aproximadamente $74,000 millones de pesos, aumentando los presupuestos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en detrimento de las de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de los fideicomisos que se han extinto en el último sexenio con el presidente López Obrador.

La transferencia de funciones, junto con las modificaciones presupuestarias y un alarmante nivel de sobreejercicio de recursos han sido posibles gracias a la laxitud de las normativas de vigilancia, control y rendición de cuentas, a la opacidad de las FFAA al clasificar y resguardar la información de su uso de recursos por un supuesto riesgo a la seguridad nacional, así como la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno.

Estos elementos, en su conjunto ponen en riesgo la eficiencia de la asignación del gasto público, permiten a las FFAA operar en casi completa opacidad, sin obligación real de rendición de cuentas y con altísimo riesgo de corrupción; además de provocar un desequilibrio en las relaciones de poder político y económico cívico-militares.

En una democracia el presupuesto público debe atender a los intereses y necesidades de la población de manera transparente y con rendición de cuentas; no hacerlo, aunado a la violación al principio de representación a la hora de asignación de recursos públicos, vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y se genera un desequilibrio tanto en las relaciones cívico-militares como entre los poderes ejecutivo y legislativo respecto a la asignación de presupuestos.

El riesgo incluso va más allá del uso y beneficio de recursos públicos: incrementar el poder económico de las FFAA corresponde a empoderarlas políticamente y aumentar su presencia en los espacios de toma de decisiones fundamentales para el país. Hoy mismo, han arrebatado ya funciones que constitucionalmente le corresponden a las autoridades electas democráticamente. Esto no puede continuar. La militarización y la transición al militarismo en México deben cesar.

Por una seguridad pública y gobierno civiles, digamos no a #ElNegocioDeLaMilitarización

[1] “Inventario Nacional de lo Militarizado”, Plataforma de Proyección de Datos Abiertos, Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD), recuperado el 9 de febrero de 2012. https://bit.ly/3v0kgXG