Ciudad de México, 5 de enero de 2024. México Unido Contra la Delincuencia externa su preocupación ante la ausencia de documentos, informes o acciones oficiales que ordenen y demuestren que la Guardia Nacional (GN) dejó de estar bajo el control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para devolverlo a la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023, con su Acción de Inconstitucionalidad 137/2022.

A 5 días de vencido el plazo que dio el máximo tribunal para acatar la sentencia, las autoridades aún no han dado a conocer el proceso para que la SSPC retome el control de la GN y los informes públicos referentes al despliegue y acciones de la GN durante los actos oficiales de comunicación han estado a cargo del Secretario de Defensa Nacional.

Desde MUCD exigimos que se transparente el seguimiento a la resolución, con indicadores cuantificables y verificables que permitan conocer el proceso de transición del control del cuerpo de seguridad de una a otra secretaría así como los criterios de control y supervisión de la GN una vez vuelva a estar a cargo de la SSPC. Al tiempo que incumplir con la resolución de la SCJN deriva en consecuencias para las autoridades responsables.

En la misma Acción de Inconstitucionalidad, además de ordenar la adscripción, la SCJN destacó el carácter estrictamente temporal y no permanente de la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la Guardia Nacional, por lo que extendemos nuestro llamado al Gobierno Federal para que, en el inicio de este año, aclare cuál es la ruta para el tránsito a una GN civil más allá de su adscripción así como qué acciones están tomándose para que el Ejército regrese a sus cuarteles en 2028, en cumplimiento con la sentencia de la SCJN.

Hasta ahora, la configuración de la GN dista mucho de cumplir con el carácter civil que dicta la Constitución pues, desde su creación se ha conformado entre un 70% y 80% por elementos de las policías militar y naval; con un comandante, mandos regionales, estructura y entrenamiento militares. Esta y otras acciones que han profundizado la militarización en México sólo han derivado en cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, múltiples evidencias de abuso de la fuerza y su poca capacidad para atender, controlar y reducir la criminalidad.

Es sabida la intención ya anunciada del presidente Andrés Manuel López Obrador de devolver a la Sedena el control de la GN con una nueva iniciativa legislativa. En tanto, es su obligación acatar la resolución de la SCJN.

Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Ciudad de México, 7 de junio de 2023. El día de ayer, diversos medios de comunicación hicieron público el video de una cámara de seguridad en el que se aprecia la detención y ejecución extrajudicial de cinco civiles ocurrida a manos de miembros del Ejército Mexicano el 18 de mayo de 2023. En el vídeo, además, se puede observar la manera en la que, posteriormente, los militares manipulan el lugar de los hechos.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena enérgicamente este actuar ilegal y contrario a los derechos humanos, al tiempo que exige a las autoridades de procuración de justicia el completo esclarecimiento de los hechos y la debida asignación de responsabilidades en el fuero civil. 

Las ejecuciones sumarias, la alteración de la escena del crimen y la posterior falsedad de declaraciones en el informe correspondiente que concurren en este caso son pruebas contundentes de que, por su adiestramiento y estructura institucional, las Fuerzas Armadas (FFAA) no deberían llevar a cabo labores de seguridad pública. Sobre todo cuando no existen los mecanismos adecuados de regulación y supervisión democrática por parte de las autoridades civiles.

De darse las condiciones para una detención (flagrancia, orden de aprehensión o caso urgente), la autoridad debe presentar inmediatamente a las personas detenidas, sin importar de quiénes se trate, ante el Ministerio Público. Las instituciones deben respetar las protecciones contempladas por la Constitución para toda la ciudadanía con el fin de evitar abusos de autoridad y garantizar la integridad de los procesos penales.

Insistimos en que estas ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados. Por el contrario, son producto del proceso de militarización de la seguridad pública que se ha afianzado en el país desde 2006. Existe un claro patrón de reportar sucesos de esta naturaleza como enfrentamientos, evitando cualquier investigación de los hechos. Resulta especialmente preocupante la recurrencia de eventos relacionados con la fuerza letal militar en Tamaulipas, particularmente en el municipio de Nuevo Laredo.

Exigimos una vez más el retiro gradual y definitivo de las FFAA de las funciones de seguridad pública, así como medidas tendientes a una fiscalización civil que evite la impunidad respecto a los abusos y violaciones a derechos humanos cometidas por militares.

En una democracia, las lógicas de la guerra no pueden ser trasladadas al ámbito de la prevención, investigación y sanción del delito. En este sentido, el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza letal no es una herramienta a disposición de las autoridades que realizan funciones de seguridad pública.

Ciudad de México, 5 de enero de 2023. México Unido Contra la Delincuencia condena los hechos violentos de este 5 de enero en Culiacán y otros municipios de Sinaloa sucedidos luego de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera y uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.

A lo largo de este jueves, ciudadanía y medios han reportado despojos, quemas de vehículos, bloqueos en la vía pública y enfrentamientos con la participación de grupos armados e integrantes de fuerzas de seguridad estatales y federales. La violencia ha sido tal que autoridades locales declararon, de facto, un estado de excepción y suspendieron actividades en varios puntos de la entidad, sin que al momento se conozcan los alcances, límites y controles existentes para garantizar la protección y vigencia de los derechos de las y los habitantes.

Resulta inaceptable que el Estado no considerara el grave impacto que este operativo tendría sobre la seguridad de la población ni estableciera medidas preventivas para protegerla. Es urgente que autoridades locales y federales realicen acciones tendientes a prevenir y detener los actos criminales desplegados en la entidad sin afectar a la sociedad civil y garantizando, en todo momento, que no exista abuso del uso de la fuerza pública y se restablezcan las condiciones para el ejercicio de todos los derechos.

El operativo realizado este día se realiza como parte de una política de drogas prohibicionista que, desde hace décadas, convirtió un problema de salud en uno de seguridad, y ha provocado un aumento exponencial de la inseguridad y la violencia, aunado a la militarización de la seguridad pública.

Esta política ha permitido el potencial empoderamiento de organizaciones criminales, garantizando la continuidad de un mercado negro que les es sumamente rentable, gestionando apenas el fenómeno y desatando enfrentamientos -como el de hoy- que no lograrán su eliminación. Se trata de una política generadora de violencia, centrada en exacerbar el conflicto y poner en peligro la integridad y seguridad de la ciudadanía.

El evento de este día no es aislado: estados como Michoacán, Jalisco y el propio Sinaloa han registrado olas de enfrentamientos que han marcado nuestra historia reciente, signos inequívocos de que es imprescindible que, de inmediato, el Gobierno Federal revise con seriedad estas políticas y opte por alternativas.

Exigimos reformar la política de drogas actual para transitar a la eliminación del mercado ilegal, la devolución del control civil sobre la seguridad pública, la priorización de mecanismos de seguridad ciudadana, la revisión de la política de control de armas y el fortalecimiento de las instituciones de justicia para, efectivamente, comenzar a reconstruir el tejido social.

• La aprobación se configura como una decisión más que acrecienta el poder político y económico de las FFAA en detrimento del carácter civil y democrático que debe tener la resolución de problemas públicos como la inseguridad.

• Llamamos a las legislaturas de las entidades federativas a oponerse a esta reforma, y a la sociedad civil a continuar exigiendo el regreso de las FFAA a sus cuarteles.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2022. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados concretó la ampliación hasta 2028 del uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública. El dictamen de reforma aprobado ahora pasará a las legislaturas de los estados para convertirse en reforma constitucional.

Todos los poderes de la Unión —el Ejecutivo al enviar las iniciativas, el Legislativo al aprobarlas y el Judicial con su silencio cómplice— continúan agudizando la situación de violencia al socavar las vías democráticas para el contenimiento del poder militar. De tal forma, las FFAA continuarán actuando de manera autónoma, sin controles ni fiscalización civil y en total impunidad. Los tres poderes han montado el escenario perfecto para fortalecer a las instituciones castrenses y, a la vez, debilitar a las instituciones civiles.

El dictamen votado supuestamente contiene controles civiles y parlamentarios del actuar militar. No obstante, la negativa explícita del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de comparecer ante el Congreso de la Unión por el reciente hackeo a dicha institución es una muestra de que tales controles resultan insuficientes y habilitadores de la simulación. Lo anterior también es una muestra más del patente hecho de que las FFAA se gobiernan y regulan a sí mismas, lo que resulta incompatible con todo Estado Democrático de Derecho.

La reforma en cuestión también es una prueba de que las condiciones contenidas en el artículo quinto transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional no se verán respetadas. No existe garantía alguna de que la participación militar en tareas de seguridad pública llegue a ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada ni complementaria.

El aplazamiento del retiro de los militares de las calles ocurre dentro de un contexto en el que el Gobierno Federal ha resuelto asegurar la autonomía financiera de las autoridades castrenses, así como otorgarle una gran cantidad de facultades y tareas propias de la administración pública como el control migratorio, la construcción de infraestructura y la administración de aduanas. 

Tan sólo de 2006 a 2021, los recursos a cargo de la Sedena aumentaron en 163% y los de la Secretaría de Marina (Semar), en 119%. En los últimos 12 años, las instituciones civiles han transferido a las FFAA por lo menos 227 funciones civiles. Además, las recientes revelaciones del llamado #SedenaLeaks han demostrado que el Ejército ha participado de la redacción de al menos una decena de iniciativas de ley, incluida la iniciativa para entregar a la Sedena el control operativo de la Guardia Nacional.

De concretarse esta reforma, quedará eliminado el único límite a la presencia militar que quedaba, el de la temporalidad, y entregará el control de la seguridad a una institución que no acepta ni aceptará ningún tipo de supervisión civil, comenzando por la parlamentaria. Por ello, llamamos a las legislaturas de los estados y a la sociedad civil que se opongan a esta y a cualquier otra medida tendiente a aumentar el poder militar en detrimento de la democracia y del carácter civil de la administración de los asuntos públicos.

 #NoALaMilitarización

#MilitarizarNoEsPaz

• MUCD advierte un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares.

• Cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022. México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) presentó “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, un informe que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas (FFAA) entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.

Con el documento, MUCD demuestra que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las FFAA en niveles sin precedentes, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.

En dicho periodo, mientras los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana —como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)— han disminuido o desaparecido. Además, en el último sexenio, la Guardia Nacional (GN) pese a ser, en el papel, declarada de carácter civil, se ha convertido en un medio para incrementar el presupuesto de la Policía Militar y Naval, así como para financiar los cuarteles y compensaciones de los cuerpos castrenses.

El aumento presupuestal de las FFAA se ha concretado utilizando recursos no aprobados por la Cámara de Diputados a través de mecanismos como adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones civiles, fideicomisos públicos —el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)— y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información; así como el otorgamiento directo de recursos por parte del Poder Ejecutivo mediante el uso desmedido y sistemático de adecuaciones presupuestales.

En los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las FFAA[1], lo que equivale a aproximadamente $74,000 millones de pesos, aumentando los presupuestos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en detrimento de las de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de los fideicomisos que se han extinto en el último sexenio con el presidente López Obrador.

La transferencia de funciones, junto con las modificaciones presupuestarias y un alarmante nivel de sobreejercicio de recursos han sido posibles gracias a la laxitud de las normativas de vigilancia, control y rendición de cuentas, a la opacidad de las FFAA al clasificar y resguardar la información de su uso de recursos por un supuesto riesgo a la seguridad nacional, así como la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno.

Estos elementos, en su conjunto ponen en riesgo la eficiencia de la asignación del gasto público, permiten a las FFAA operar en casi completa opacidad, sin obligación real de rendición de cuentas y con altísimo riesgo de corrupción; además de provocar un desequilibrio en las relaciones de poder político y económico cívico-militares.

En una democracia el presupuesto público debe atender a los intereses y necesidades de la población de manera transparente y con rendición de cuentas; no hacerlo, aunado a la violación al principio de representación a la hora de asignación de recursos públicos, vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y se genera un desequilibrio tanto en las relaciones cívico-militares como entre los poderes ejecutivo y legislativo respecto a la asignación de presupuestos.

El riesgo incluso va más allá del uso y beneficio de recursos públicos: incrementar el poder económico de las FFAA corresponde a empoderarlas políticamente y aumentar su presencia en los espacios de toma de decisiones fundamentales para el país. Hoy mismo, han arrebatado ya funciones que constitucionalmente le corresponden a las autoridades electas democráticamente. Esto no puede continuar. La militarización y la transición al militarismo en México deben cesar.

Por una seguridad pública y gobierno civiles, digamos no a #ElNegocioDeLaMilitarización

[1] “Inventario Nacional de lo Militarizado”, Plataforma de Proyección de Datos Abiertos, Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD), recuperado el 9 de febrero de 2012. https://bit.ly/3v0kgXG

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022. Tras la suspensión temporal en el Senado de la República de la discusión de una iniciativa legislativa que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, es imprescindible que senadoras y senadores se opongan a las presiones políticas impuestas por el bloque legislativo oficialista y funjan como contrapeso para proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos de la ciudadanía.

Este 21 de septiembre, la Cámara Alta suspendió la discusión sobre un dictamen previamente  aprobado por la Cámara de Diputados que busca modificar el artículo Quinto Transitorio Constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de 2024 -como se establece actualmente- hasta 2028. Ante insuficiencia de votos, el bloque legislativo oficialista impuso la suspensión de la discusión, con el fin de articular todos sus recursos, recurrir a cabildeo y  conseguir los necesarios para lograr la aprobación.

El actuar de este bloque legislativo es profundamente antidemocrático pues, aún a sabiendas de que la propuesta es violatoria de la Constitución, pone en grave riesgo los derechos humanos de la población y no es respaldada por la mayoría legislativa, intenta forzar su aprobación. 

“Este proceso ha dejado ver que los intereses de las y los legisladores del bloque oficialista no están alineados con los de la población, a la que deberían representar, sino con los de un juego político y un gobierno federal que, mediante una agenda militarista, pretende aumentar la centralización del poder, dotar de más y diversificados recursos a los cuerpos militares y, finalmente, concretar la imposición trasnsexenal de esta agenda”, advirtió Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) recordamos que la política nacional de despliegue de militares y marinos en tareas de seguridad pública  impuesta los últimos 15 años ha sido altamente contraproducente y ha detonado el aumento de violaciones graves a derechos humanos, barreras de acceso a la justicia y de la impunidad. 

Además, se ha demostrado que el número de homicidios no se redujo con su participación: ahí donde los militares son desplegados para estas tareas, los asesinatos aumentan. Por cada enfrentamiento con participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en un municipio, los homicidios aumentan 8% en los siguientes tres meses y 3% en el largo plazo, de acuerdo con el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Por si fuera poco, a lo largo de este tiempo, las atribuciones de los cuerpos militares rebasaron el ámbito de la seguridad pública para expandirse a funciones civiles, como la construcción de obras públicas, la administración de puertos y aduanas y actividades relacionadas con ciencia y tecnología, medio ambiente, telecomunicaciones e incluso educación.

Todo esto ha minado el control que las autoridades civiles tienen sobre las instituciones militares y ha dotado a éstos últimos de mayor poder, autonomía y discrecionalidad, cediendo la capacidad de decisión de autoridades democráticamente electas al Ejército.  Esto pone en riesgo, sin duda, el propio sentido democrático del Estado mexicano.

Lo que el Poder Legislativo debería hacer es velar por el cumplimiento de los actuales supuestos del artículo Quinto Transitorio, aprobado desde 2019 por unanimidad partidista y respaldado por las legislaturas de las 32 entidades federativas, que establece, entre otras cosas, la construcción de una Guardia Nacional civil, de carácter policial, entrenada para coadyuvar con estados y municipios en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; así como la presentación de un plan de retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar que éstas regresen a los cuarteles para el 27 de marzo de 2024.

Esta reforma debe rechazarse. De lo contrario, estaríamos ante la demostración del sometimiento de la voluntad de las y los integrantes del poder legislativo a los intereses de una política nacional basada en la militarización, preocupada por complacer los intereses políticos propios y no de velar por la ciudadanía. 

Senadoras y senadores: no pueden pasar por alto su papel fundamental en un Estado verdaderamente democrático: la representación y protección de los intereses y los derechos de su pueblo. ¡Nuestros derechos humanos no son objeto de negociación!

 #NoALaMilitarización

13 de septiembre de 2022 – En la madrugada del 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma que le entrega a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional (GN). Esto, luego de que el 3 de septiembre dicha reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Con ello, las FFAA quedan a cargo del único cuerpo de seguridad pública federal y se hacen de un poder político y económico sin precedentes, lo que amenaza la primacía civil de nuestras instituciones.

Esta reforma hará permanente la conducción militar de la seguridad pública ignorando toda la evidencia sobre su fracaso como estrategia para reducir el delito y contener la violencia. Desde que en 2006 se recurrió al despliegue masivo de militares para “mejorar la seguridad” el homicidio se cuadruplicó, pasando de 8,000 víctimas anuales a más de 36,000 en 2021. Lo mismo sucedió con los delitos que más afectan a las personas: hoy en día tenemos más extorsión que nunca y las cifras de victimización e impunidad han aumentado de forma constante.

Ahora los militares ejecutarán tareas policiales para las que no están entrenados y podrán actuar en nuestra contra deteniéndonos, cateando nuestros domicilios y vehículos, interviniendo nuestras comunicaciones y hasta cometiendo abusos contra nosotros. En caso de cometer faltas en estos procesos, sus elementos solo serán presentados ante la justicia militar, violando nuestros derechos humanos y aumentando los riesgos de ser victimizados.

Al día de hoy, el 78% de los elementos de la GN son militares y desde 2021 la institución supera a la SEDENA en el número de quejas por violaciones a derechos humanos que se han presentado en su contra. Además, la letalidad de las FFAA ha aumentado en este gobierno, es decir, que cuando participan en operativos o tareas de seguridad pública matan a más personas de las que hieren o detienen. Actualmente, las FFAA tienen cifras de 4.15 muertos por cada herido en sus operativos, en comparación con 3.98 en la administración pasada.^[1]

La reforma también permite que se viole la constitución y que se someta a los gobiernos, poderes e instituciones civiles de seguridad a la voluntad militar. Desde ahora, ya no serán las FFAA quienes auxilien de manera excepcional a los civiles y actúen bajo su mando; serán los civiles quienes auxiliarán a las FFAA y habrán de aceptar la conducción militar de las decisiones y los operativos, en detrimento del desarrollo y la profesionalización de las verdaderas instituciones de seguridad pública.

Quienes aprobaron estas modificaciones legales mintieron diciendo que no se trata de una militarización de la GN o la seguridad pública, pues la reforma establece que los pocos miembros civiles de la corporación serán dados de baja y sustituidos por más militares. Esto dejará a la GN con menos personal capacitado para hacer labores de seguridad pública. Solo 15% de los elementos de la guardia tienen el Certificado Único Policial y el 84% de éstos lo obtuvieron siendo parte de la Policía Federal.^[2]

Finalmente, expresamos nuestra preocupación extrema por el aumento de recursos económicos y poder político que supone esta reforma y cuestionamos la motivación de aumentar presupuestos sin fortalecer los mecanismos de supervisión civil de las FFAA. Algo que claramente abre la puerta a la corrupción. En control de la Guardia Nacional, la SEDENA pasará a administrar un presupuesto total de $146 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a 5 veces el presupuesto asignado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ($30 mil 395 millones de pesos), mientras enfrentamos un desabasto de medicinas para tratamiento de cáncer infantil.

Desde MUCD, consideramos que esta reforma no es solo inconstitucional sino nociva para la seguridad de las personas y la prevalencia del carácter civil de nuestras instituciones de gobierno. Por ello, le exigimos a las y los legisladores de la minoría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentar de manera inmediata una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismo que a estados y municipios a presentar Controversias Constitucionales ante el mismo tribunal. A la SCJN le exigimos resolver todos los asuntos pendientes sobre militarización y analizar esta reforma de manera expedita. A la ciudadanía la invitamos a oponerse a una medida que no mejorará la seguridad y solo fortalecerá el control militar sobre el país.

^[1] Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. CNDH. https://bit.ly/3U2Y7Tt ; Daen, Arturo. “Es engañoso este dicho de AMLO, letalidad del Ejército en su sexenio ha sido más alta que con EPN”. Animal Político, 13 de mayo de 2022. https://bit.ly/3RCLvAP.

^[2] Arista, Lidia. “Solo 15% de la Guardia Nacional está certificada para labores de seguridad”. ADNPolítico, 12 de enero de 2022. https://bit.ly/3RIwtcP

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022. México se encuentra ante el riesgo inminente de volver permanente e irreversible la militarización de la seguridad pública y el establecimiento de atribuciones inconstitucionales y desproporcionadas a las Fuerzas Armadas.

Esto, gracias a que en los últimos días, la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de Senado de la República aprobaron una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca entregar a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN) y con ello perpetuar una estrategia de seguridad fallida que, lejos de prevenir el delito y pacificar al país, ha agravado los problemas de violencia, impunidad, violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las autoridades civiles.

Aunque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador afirma que la GN seguirá siendo de carácter civil, como lo ordena la Constitución desde su creación, en los hechos le concede a la SEDENA un control total sobre la corporación y reduce a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a un cascarón. Entre otras cosas, la reforma faculta a militares a hacerse cargo de la seguridad pública de manera permanente y establece una GN militar enteramente controlada desde la SEDENA. Además, garantiza fuero militar a sus integrantes y faculta al Presidente de la República para disponer de ella como una institución auxiliar y complementaria de las Fuerzas Armadas. 

Se trata de un texto legislativo a todas luces inconstitucional, que contraviene los dispuesto en los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, que establecen que la seguridad pública debe ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La iniciativa viola también el Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, donde se permitió el uso excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024 en auxilio de la GN y no al revés.

Otro aspecto preocupante de la iniciativa del Presidente López Obrador, es que pone en riesgo el predominio civil sobre el Estado, pues fortalece de manera excesiva a las Fuerzas Armadas al entregarles poder, recursos y facultad política para tomar decisiones en materia de seguridad, por encima de las instituciones civiles establecidas para ello. Así, la reforma también representa el riesgo de disminuir el carácter democrático de nuestro gobierno, al reducir el control que las autoridades civiles democráticamente electas tienen sobre las militares. 

Desde hace por lo menos 15 años colectivos de víctimas, activistas y organizaciones de sociedad civil hemos alertado sobre los impactos negativos de la militarización y los graves riesgos que corremos como país al profundizarla. Hemos documentado el aumento de las detenciones arbirtrarias y su impunidad, el uso de tortura y malos tratos por parte de militares, el aumento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, así como el nulo impacto del despliegue militar en la reducción de los homicidios o de delitos como el secuestro y la extorsión.

Además, hemos denunciado cómo desde 2019 el gobierno ignoró la petición de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de construir una GN civil, lo que ha generado que casi el 80% de los elementos de la corporación pertenezcan a la Sedena o a la Semar y solo el 20% a la extinta Policía Federal. De aprobarse esta iniciativa, los pocos elementos de procedencia civil con los que cuenta la GN pasarían a formar parte de la Sedena eliminando toda posibilidad de crear una institución policial. 

La evidencia es contundente: militarizar la seguridad pública aumenta la violencia y pone en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos. Desde 2007, cuando en nombre de la llamada  “guerra contra las drogas” se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles, los homicidios se triplicaron. Y con la GN militarizada no ha sido diferente: en sus primeros 3 años de operación los asesinatos en México se han mantenido por encima de 35 mil casos anuales. Además, tan solo en 2021, la Guardia Nacional acumuló un total de 504 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos y, la Sedena, 436.

Aumentar el poder del Ejército no es la vía que nos conducirá a vivir con seguridad y en paz.  Este 6 de septiembre, la sociedad civil realizará una movilización pacífica para instar al Senado de la República a oponerse a esta iniciativa. Las y los senadores tienen la posibilidad de evitar el avance de una grave amenaza: deben votar en contra de esta propuesta, que implica la continuidad de una estrategia contraproducente y un abierto desdén por la Constitución y los mandatos de instancias internacionales especializadas en Derechos Humanos.

El carácter civil de la seguridad pública debería fortalecerse, no debilitarse. 

Por las víctimas y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada durante años.

 #MilitarizarNoEsPaz. 

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