Ciudad de México, 5 de enero de 2023. México Unido Contra la Delincuencia condena los hechos violentos de este 5 de enero en Culiacán y otros municipios de Sinaloa sucedidos luego de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera y uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.

A lo largo de este jueves, ciudadanía y medios han reportado despojos, quemas de vehículos, bloqueos en la vía pública y enfrentamientos con la participación de grupos armados e integrantes de fuerzas de seguridad estatales y federales. La violencia ha sido tal que autoridades locales declararon, de facto, un estado de excepción y suspendieron actividades en varios puntos de la entidad, sin que al momento se conozcan los alcances, límites y controles existentes para garantizar la protección y vigencia de los derechos de las y los habitantes.

Resulta inaceptable que el Estado no considerara el grave impacto que este operativo tendría sobre la seguridad de la población ni estableciera medidas preventivas para protegerla. Es urgente que autoridades locales y federales realicen acciones tendientes a prevenir y detener los actos criminales desplegados en la entidad sin afectar a la sociedad civil y garantizando, en todo momento, que no exista abuso del uso de la fuerza pública y se restablezcan las condiciones para el ejercicio de todos los derechos.

El operativo realizado este día se realiza como parte de una política de drogas prohibicionista que, desde hace décadas, convirtió un problema de salud en uno de seguridad, y ha provocado un aumento exponencial de la inseguridad y la violencia, aunado a la militarización de la seguridad pública.

Esta política ha permitido el potencial empoderamiento de organizaciones criminales, garantizando la continuidad de un mercado negro que les es sumamente rentable, gestionando apenas el fenómeno y desatando enfrentamientos -como el de hoy- que no lograrán su eliminación. Se trata de una política generadora de violencia, centrada en exacerbar el conflicto y poner en peligro la integridad y seguridad de la ciudadanía.

El evento de este día no es aislado: estados como Michoacán, Jalisco y el propio Sinaloa han registrado olas de enfrentamientos que han marcado nuestra historia reciente, signos inequívocos de que es imprescindible que, de inmediato, el Gobierno Federal revise con seriedad estas políticas y opte por alternativas.

Exigimos reformar la política de drogas actual para transitar a la eliminación del mercado ilegal, la devolución del control civil sobre la seguridad pública, la priorización de mecanismos de seguridad ciudadana, la revisión de la política de control de armas y el fortalecimiento de las instituciones de justicia para, efectivamente, comenzar a reconstruir el tejido social.

• La reforma perpetúa la militarización de la seguridad pública más allá de este sexenio sin incorporar controles parlamentarios efectivos y pospone la inversión en policías al 2024.
• Llamamos a la ciudadanía a resistir esta militarización y exigimos a los Poderes de la Unión detener este y otros esfuerzos por perpetuar la presencia militar en tareas que no les corresponden. 

Ciudad de México, 4 de octubre de 2022. El Senado de la República aprobó este 4 de octubre ampliar hasta 2028 el plazo que permite a la fuerza armada permanente desempeñar tareas de seguridad pública a pesar de que un hackeo de magnitudes sin precedentes a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) revelara la participación de elementos militares en la comisión de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, y demostrara que las Fuerzas Armadas prevén aumentar aún más su poder político y económico participando de lucrativos negocios en sectores como el turismo.

El dictamen aprobado, modificado únicamente para incorporar controles parlamentarios ficticios, permitirá mantener el despliegue de elementos militares por todo el territorio nacional por cuatro años más, pese a la evidencia de que las corporaciones castrenses participaron en actos de encubrimiento, revictimización e impunidad frente a agresiones sexuales; rastreo y espionaje a activistas, periodistas, universidades y personas defensoras de derechos humanos; intromisión en el proceso judicial del Caso Ayotzinapa y otras conductas ilícitas.

Estas son las mismas Fuerzas Armadas que senadoras y senadores quieren mantener a cargo de nuestra seguridad.

Condenamos enérgicamente la abdicación del Senado y el resto de los Poderes de la Unión a su responsabilidad de regular el actuar de las Fuerzas Armadas y defender los límites constitucionales de su actuación y reprobamos la incapacidad de nuestras tomadoras y tomadores de decisión de cumplir con los criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso a México luego de varias sentencias condenatorias por el uso indebido de militares en tareas de seguridad. Lamentamos e impugnaremos la perpetuación de una estrategia que solo ha aumentado exponencialmente los homicidios, las violaciones graves a derechos humanos y la impunidad.

Informamos a la ciudadanía que la reforma aprobada incluyó, en sus modificaciones recientes, supuestos mecanismos de control civil sobre los militares que, en los hechos, no constituyen mayores ni mejores medidas de supervisión sobre sus acciones. Al contrario, se trata de medidas engañosas, como la presentación de informes semestrales voluntarios a una comisión bicameral, que no considera el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, no garantiza su fiscalización y supervisión civil ni establece mecanismos para transitar a la desmilitarización de la Guardia Nacional (GN) y de la seguridad.

La experiencia de los últimos 16 años debería ser suficiente para entender que la militarización no es la respuesta. Los homicidios han alcanzado las cifras más altas en este sexenio, mientras que la GN ya ha superado a la Sedena en quejas por violaciones a derechos humanos.Ante ello, hacemos un urgente llamado a la ciudadanía a resistir la creciente militarización del país haciendo uso de todos los medios legítimos a su alcance; a los congresos locales a que rechacen la ratificación de una medida que no traerá paz ni seguridad a las y los ciudadanos; a la Cámara de Diputados a que rechace la nueva minuta; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a actuar de manera urgente y congruente para detener este y otros esfuerzos por perpetuar la presencia militar en tareas que no les corresponden. ¡La vía militar no es la respuesta!  

 #NoALaMilitarización

#MilitarizarNoEsPaz

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022. Tras la suspensión temporal en el Senado de la República de la discusión de una iniciativa legislativa que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, es imprescindible que senadoras y senadores se opongan a las presiones políticas impuestas por el bloque legislativo oficialista y funjan como contrapeso para proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos de la ciudadanía.

Este 21 de septiembre, la Cámara Alta suspendió la discusión sobre un dictamen previamente  aprobado por la Cámara de Diputados que busca modificar el artículo Quinto Transitorio Constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de 2024 -como se establece actualmente- hasta 2028. Ante insuficiencia de votos, el bloque legislativo oficialista impuso la suspensión de la discusión, con el fin de articular todos sus recursos, recurrir a cabildeo y  conseguir los necesarios para lograr la aprobación.

El actuar de este bloque legislativo es profundamente antidemocrático pues, aún a sabiendas de que la propuesta es violatoria de la Constitución, pone en grave riesgo los derechos humanos de la población y no es respaldada por la mayoría legislativa, intenta forzar su aprobación. 

“Este proceso ha dejado ver que los intereses de las y los legisladores del bloque oficialista no están alineados con los de la población, a la que deberían representar, sino con los de un juego político y un gobierno federal que, mediante una agenda militarista, pretende aumentar la centralización del poder, dotar de más y diversificados recursos a los cuerpos militares y, finalmente, concretar la imposición trasnsexenal de esta agenda”, advirtió Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) recordamos que la política nacional de despliegue de militares y marinos en tareas de seguridad pública  impuesta los últimos 15 años ha sido altamente contraproducente y ha detonado el aumento de violaciones graves a derechos humanos, barreras de acceso a la justicia y de la impunidad. 

Además, se ha demostrado que el número de homicidios no se redujo con su participación: ahí donde los militares son desplegados para estas tareas, los asesinatos aumentan. Por cada enfrentamiento con participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en un municipio, los homicidios aumentan 8% en los siguientes tres meses y 3% en el largo plazo, de acuerdo con el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Por si fuera poco, a lo largo de este tiempo, las atribuciones de los cuerpos militares rebasaron el ámbito de la seguridad pública para expandirse a funciones civiles, como la construcción de obras públicas, la administración de puertos y aduanas y actividades relacionadas con ciencia y tecnología, medio ambiente, telecomunicaciones e incluso educación.

Todo esto ha minado el control que las autoridades civiles tienen sobre las instituciones militares y ha dotado a éstos últimos de mayor poder, autonomía y discrecionalidad, cediendo la capacidad de decisión de autoridades democráticamente electas al Ejército.  Esto pone en riesgo, sin duda, el propio sentido democrático del Estado mexicano.

Lo que el Poder Legislativo debería hacer es velar por el cumplimiento de los actuales supuestos del artículo Quinto Transitorio, aprobado desde 2019 por unanimidad partidista y respaldado por las legislaturas de las 32 entidades federativas, que establece, entre otras cosas, la construcción de una Guardia Nacional civil, de carácter policial, entrenada para coadyuvar con estados y municipios en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; así como la presentación de un plan de retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar que éstas regresen a los cuarteles para el 27 de marzo de 2024.

Esta reforma debe rechazarse. De lo contrario, estaríamos ante la demostración del sometimiento de la voluntad de las y los integrantes del poder legislativo a los intereses de una política nacional basada en la militarización, preocupada por complacer los intereses políticos propios y no de velar por la ciudadanía. 

Senadoras y senadores: no pueden pasar por alto su papel fundamental en un Estado verdaderamente democrático: la representación y protección de los intereses y los derechos de su pueblo. ¡Nuestros derechos humanos no son objeto de negociación!

 #NoALaMilitarización

• Pablo Girault de México Unido Contra la Delincuencia
• José Monroy, Analista Político
• Ixchel Cisneros de El Día Después
• Miroslava Ortiz del Observatorio Nacional Ciudadano.

09/07/2019, La Verdad Noticias, Aguascalientes.

08/07/2019, 24 Horas,  DANIELA WACHAUF / JORGE X. LÓPEZ

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), dijo que hay omisiones las que hoy en día están generando problemas de integración, “faltó oficio político y no se hizo el trabajo de campo necesario”.

El politólogo y académico de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, consideró que uno de los errores que cometió esta administración fue la falta de sensibilidad para explicar con claridad y con apego a derechos de los policías cuáles serían las nuevas condiciones de trabajo en la GN.

Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), expresó que el conflicto de la PF no afectará los planes de la administración, ya que el partido que gobierna tiene el control de las decisiones legislativas.

Comentó que la situación de la PF no afectará la integración de la Guardia, ya que, si no se integran los miembros de la Policía, existe la posibilidad del reclutamiento de civiles; y si este es menor al esperado, entonces se incorporarán más militares y marinos, ya que es la base y fuerza de la Guardia.

Nota completa en: 24-horas

04/07/2019, Canal 14, Polémica en Redes

01/07/2019, El Sol de México, Gabriel Xantomila

La confianza del consumidor durante los primeros siete meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en niveles altos, con un nivel bajo de inflación, contrario a los números de seguridad, que mantienen la tendencia al alza en delitos.