Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022. México se encuentra ante el riesgo inminente de volver permanente e irreversible la militarización de la seguridad pública y el establecimiento de atribuciones inconstitucionales y desproporcionadas a las Fuerzas Armadas.

Esto, gracias a que en los últimos días, la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de Senado de la República aprobaron una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca entregar a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN) y con ello perpetuar una estrategia de seguridad fallida que, lejos de prevenir el delito y pacificar al país, ha agravado los problemas de violencia, impunidad, violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las autoridades civiles.

Aunque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador afirma que la GN seguirá siendo de carácter civil, como lo ordena la Constitución desde su creación, en los hechos le concede a la SEDENA un control total sobre la corporación y reduce a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a un cascarón. Entre otras cosas, la reforma faculta a militares a hacerse cargo de la seguridad pública de manera permanente y establece una GN militar enteramente controlada desde la SEDENA. Además, garantiza fuero militar a sus integrantes y faculta al Presidente de la República para disponer de ella como una institución auxiliar y complementaria de las Fuerzas Armadas. 

Se trata de un texto legislativo a todas luces inconstitucional, que contraviene los dispuesto en los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, que establecen que la seguridad pública debe ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La iniciativa viola también el Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, donde se permitió el uso excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024 en auxilio de la GN y no al revés.

Otro aspecto preocupante de la iniciativa del Presidente López Obrador, es que pone en riesgo el predominio civil sobre el Estado, pues fortalece de manera excesiva a las Fuerzas Armadas al entregarles poder, recursos y facultad política para tomar decisiones en materia de seguridad, por encima de las instituciones civiles establecidas para ello. Así, la reforma también representa el riesgo de disminuir el carácter democrático de nuestro gobierno, al reducir el control que las autoridades civiles democráticamente electas tienen sobre las militares. 

Desde hace por lo menos 15 años colectivos de víctimas, activistas y organizaciones de sociedad civil hemos alertado sobre los impactos negativos de la militarización y los graves riesgos que corremos como país al profundizarla. Hemos documentado el aumento de las detenciones arbirtrarias y su impunidad, el uso de tortura y malos tratos por parte de militares, el aumento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, así como el nulo impacto del despliegue militar en la reducción de los homicidios o de delitos como el secuestro y la extorsión.

Además, hemos denunciado cómo desde 2019 el gobierno ignoró la petición de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de construir una GN civil, lo que ha generado que casi el 80% de los elementos de la corporación pertenezcan a la Sedena o a la Semar y solo el 20% a la extinta Policía Federal. De aprobarse esta iniciativa, los pocos elementos de procedencia civil con los que cuenta la GN pasarían a formar parte de la Sedena eliminando toda posibilidad de crear una institución policial. 

La evidencia es contundente: militarizar la seguridad pública aumenta la violencia y pone en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos. Desde 2007, cuando en nombre de la llamada  “guerra contra las drogas” se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles, los homicidios se triplicaron. Y con la GN militarizada no ha sido diferente: en sus primeros 3 años de operación los asesinatos en México se han mantenido por encima de 35 mil casos anuales. Además, tan solo en 2021, la Guardia Nacional acumuló un total de 504 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos y, la Sedena, 436.

Aumentar el poder del Ejército no es la vía que nos conducirá a vivir con seguridad y en paz.  Este 6 de septiembre, la sociedad civil realizará una movilización pacífica para instar al Senado de la República a oponerse a esta iniciativa. Las y los senadores tienen la posibilidad de evitar el avance de una grave amenaza: deben votar en contra de esta propuesta, que implica la continuidad de una estrategia contraproducente y un abierto desdén por la Constitución y los mandatos de instancias internacionales especializadas en Derechos Humanos.

El carácter civil de la seguridad pública debería fortalecerse, no debilitarse. 

Por las víctimas y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada durante años.

 #MilitarizarNoEsPaz. 

Consulta nuestro análisis de la iniciativa

Tabla comparativa de la iniciativa

Iniciativa

Contacto con medios | p.ramos@mucd.org.mx | Cel. 55 39 50 09 82

• Pablo Girault de México Unido Contra la Delincuencia
• José Monroy, Analista Político
• Ixchel Cisneros de El Día Después
• Miroslava Ortiz del Observatorio Nacional Ciudadano.

09/07/2019, Fronteras Desk, Rodrigo Cervantes

Just a few weeks ago, the Mexican National Guard began to operate not only against organized crime but also detaining undocumented immigrants. But experts and members of the Federal Police are concerned with the guard’s protocols and duties.

Thousands of agents from Mexico’s Federal Police are taking over their own headquarters while suing the government. They say they’re being transferred to the new National Guard with uncertainty and losing rights.

Lisa Sánchez is an analyst and executive director of the nonprofit Mexico United Against Crime (México Unido Contra La Delincuencia). She’s concerned of an eventual militarization.

“It is unconstitutional to use the military for public security tasks,” Sánchez said. ”The federal police will disappear, because the National guard will absorb all of its elements.”

Sánchez explained the National Guard was supposed to help the police with a civilian command. Instead, it’s led by the military, while army can be used for public security in the next five years.

“He (president Andrés Manuel López Obrador) created the fantasy of a new corporation when the same elements from the past are being deployed, but wearing a different hat. About 75% of members of the National Guard are coming from army, led by a general, which also violates the constitution,” Sánchez said.

In addition, the National Guard is running tasks that could be considered unconstitutional, like border security, as they have a mandate on migratory affairs.

“They’re not saving anybody; they are reinforcing a very stringent policy against undocumented migrants,” Sánchez said.

Mexico’s Human Rights Commission has warned that the National Guard could end up violating certain civil rights, but López Obrador has disdained those claims, as well as the Federal Police protests, even by claiming that the conflict has been solved.

Nota e imagen vía: fronterasdesk.org

09/07/2019, La Verdad Noticias, Aguascalientes.

08/07/2019, 24 Horas,  DANIELA WACHAUF / JORGE X. LÓPEZ

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), dijo que hay omisiones las que hoy en día están generando problemas de integración, “faltó oficio político y no se hizo el trabajo de campo necesario”.

El politólogo y académico de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, consideró que uno de los errores que cometió esta administración fue la falta de sensibilidad para explicar con claridad y con apego a derechos de los policías cuáles serían las nuevas condiciones de trabajo en la GN.

Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), expresó que el conflicto de la PF no afectará los planes de la administración, ya que el partido que gobierna tiene el control de las decisiones legislativas.

Comentó que la situación de la PF no afectará la integración de la Guardia, ya que, si no se integran los miembros de la Policía, existe la posibilidad del reclutamiento de civiles; y si este es menor al esperado, entonces se incorporarán más militares y marinos, ya que es la base y fuerza de la Guardia.

Nota completa en: 24-horas

04/07/2019, Canal 14, Polémica en Redes

Al respecto, mira a Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia A.C.; a Gustavo Fondevila del CIDE.

27/06/2019. Un trabajo de periodistas de AJ+ Español: Ángel Plascencia, Mónica Cruz y Eduardo Carmona

150 mil muertos y 40 mil desaparecidos después, el gobierno mexicano insiste en militarizar las calles. Ahora con la nueva Guardia Nacional.

¿Qué podría salir mal?

Te lo cuentan @Angel_pc @MonicaCruzR @edd_carmona @lismarybaby en @ajplusespanol

pic.twitter.com/36sIkxE9u7

— Alba Mora Roca (@albamoraroca) June 27, 2019

GUARDIA NACIONAL EN LA FRONTERA SUR:
MILITARIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN

El anuncio de la militarización de la frontera sur mediante el despliegue de 6,000 elementos, se inscribe en un contexto de creciente militarización de las funciones del Estado y una continuada tendencia a usar los recursos públicos para defender intereses de gobiernos extranjeros en detrimento de los intereses de ciudadanos mexicanos. Hasta ahora, había sido la guerra contra las drogas la principal justificación para la militarización de amplios aspectos de la función pública. El principal objetivo de esa guerra ha sido incautar las drogas que, a través de nuestro territorio, van destinadas al mercado ilícito estadounidense. Como resultado se ha incrementado la violencia y los abusos de autoridad -como la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y otras prácticas inaceptables- que padecemos los mexicanos. Hoy, el anuncio de la cancillería parece una forma de profundizar la subordinación de las instituciones mexicanas a la agenda estadounidense, dando una excusa para mantener la militarización de la vida pública, justo cuando México y el mundo comienzan a transitar de la prohibición a la regulación de las drogas.

La aprehensión y criminalización de Irineo Mujica y Cristobal Sánchez, defensores de migrantes que fueron detenidos el 5 de junio, tuvo lugar en el marco de los encuentros de la delegación mexicana que negocia en Washington la no imposición de aranceles a productos nacionales. A la luz de las presiones norteamericanas para que México se convierta en tercer país seguro, esto no puede ser entendido como casualidad. Ahora, pareciera, somos los defensores de derechos humanos quienes somos ofrecidos como ficha de cambio en el proceso de militarización y subordinación a la agenda estadounidense. Desde hace semanas, diversas organizaciones e instituciones académicas han denunciado la creciente presencia de militares a lo largo de la ruta migratoria y en las inmediaciones de los diversos centros de detención migratoria y demás espacios de privación de libertad habilitados por el gobierno para la contención de la población migrante y solicitante de asilo a lo largo de la frontera sur de México.

El colectivo #SeguridadSinGuerra condena enérgicamente que la militarización, la criminalización de personas en movilidad con necesidades de protección internacional y de defensores de migrantes y refugiadas, sean moneda de cambio por la que podrían derivarse violaciones a derechos humanos, tomando en cuenta el estado de desprotección que la recién aprobada legislación secundaria dejó para las personas migrantes y la posibilidad de que la Guardia Nacional les detenga. Estamos presenciando, una vez más, el trato de problemas que no son de seguridad pública, a través de las instituciones represivas del Estado. Antes fue un problema de salud el que fue abordado como un problema de seguridad; hoy se busca atender una crisis humanitaria con el uso del ejército –extirpando facultades a las instituciones políticas (SEGOB) para entregarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana militarizada en los hechos-.

Exhortamos a todas las autoridades –y en especial al Presidente de la República– a mantener la prudencia y congruencia en las medidas que llevan al uso de la fuerza, especialmente contra las personas más vulnerables. La fuerza amenaza con ganarle a la razón cuando nuestro país emula medidas como las que el gobierno estadounidense ha determinado para militarizar su frontera sur.

La retórica de la unidad nacional no debe servir para justificar el poner en riesgo la vida. seguridad, dignidad y libertad de las personas. Mucho menos para satisfacer propósitos políticos ni intereses extranjeros.

#SeguridadSinGuerra

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