Ciudad de México, 16 de febrero de 2023. En menos de un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya perfila la segunda aprobación de un proyecto militarista en su pleno, con la posible declaración de constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Armada de México, una ley que se rehizo en el 2021 y fue utilizada para facultar a la Marina para perseguir delitos comunes sin límites claros a su actuación, sin subordinación a las autoridades civiles y sin obligación de rendir cuentas. Esta acción es absolutamente inaceptable en el contexto de creciente empoderamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA).

El proyecto que pretenden votar en los próximos días fue redactado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa -recientemente envuelta en acusaciones de plagio de su tesis de licenciatura- y contiene lamentables errores: carece de un análisis serio del marco jurídico nacional e internacional vigente, no soporta sus planteamientos con evidencia y no contiene argumentos de constitucionalidad sólidos respecto de la ley que pretende validar. Incluso vuelve a equiparar intencionadamente los conceptos de seguridad interior y seguridad pública, reviviendo el perverso intento de la de la Ley de Seguridad Interior (2017) de legalizar la intervención inconstitucional de las FFAA en tareas ajenas a su disciplina.

En concreto, el proyecto de la ministra Esquivel valida la ruta de militarización trazada por el gobierno federal, así como los peligrosos vacíos legales de la Ley Orgánica que le permiten a la Marina ejecutar tareas de seguridad pública más allá de sus competencias y hacerlo sin límites claros de cómo, cuándo, dónde y sobre qué delitos actuar, ni a quién o sobre qué rendir cuentas. Aprobar el proyecto permitiría que la corporación más letal de las Fuerzas Armadas* siga cometiendo acciones arbitrarias y abusos en total impunidad y siga acumulando poder en total opacidad.

De no rechazar este proyecto, la Corte se prestaría una vez más a ignorar lo dispuesto en nuestra Constitución, que establece que el actuar de las corporaciones militares en tareas de seguridad pública debe ser extraordinario, temporal, subordinado y complementario al trabajo de la policía civil; además, echa por la borda lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de limitar al máximo la participación de cuerpos castrenses en tareas ajenas a su disciplina.

Las y los ministros deben rechazar este proyecto y abrir la discusión pública sobre el tema de militarización para que la ciudadanía pueda conocer sus argumentos y tener certeza de que el máximo tribunal defenderá la Constitución. Llamamos a la ciudadanía a demostrar abiertamente su rechazo a proyectos militaristas en la Corte y participar de la exigencia de la construcción de una seguridad sin militares en México. 

 No permitiremos una #CorteCómplice

* El índice de letalidad es la razón de la cantidad de muertos entre la cantidad de heridos en los operativos. Fuente: Monitor Fuerza Letal. Informe México 2022. https://bit.ly/3YQE4JE

• La aprobación se configura como una decisión más que acrecienta el poder político y económico de las FFAA en detrimento del carácter civil y democrático que debe tener la resolución de problemas públicos como la inseguridad.

• Llamamos a las legislaturas de las entidades federativas a oponerse a esta reforma, y a la sociedad civil a continuar exigiendo el regreso de las FFAA a sus cuarteles.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2022. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados concretó la ampliación hasta 2028 del uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública. El dictamen de reforma aprobado ahora pasará a las legislaturas de los estados para convertirse en reforma constitucional.

Todos los poderes de la Unión —el Ejecutivo al enviar las iniciativas, el Legislativo al aprobarlas y el Judicial con su silencio cómplice— continúan agudizando la situación de violencia al socavar las vías democráticas para el contenimiento del poder militar. De tal forma, las FFAA continuarán actuando de manera autónoma, sin controles ni fiscalización civil y en total impunidad. Los tres poderes han montado el escenario perfecto para fortalecer a las instituciones castrenses y, a la vez, debilitar a las instituciones civiles.

El dictamen votado supuestamente contiene controles civiles y parlamentarios del actuar militar. No obstante, la negativa explícita del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de comparecer ante el Congreso de la Unión por el reciente hackeo a dicha institución es una muestra de que tales controles resultan insuficientes y habilitadores de la simulación. Lo anterior también es una muestra más del patente hecho de que las FFAA se gobiernan y regulan a sí mismas, lo que resulta incompatible con todo Estado Democrático de Derecho.

La reforma en cuestión también es una prueba de que las condiciones contenidas en el artículo quinto transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional no se verán respetadas. No existe garantía alguna de que la participación militar en tareas de seguridad pública llegue a ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada ni complementaria.

El aplazamiento del retiro de los militares de las calles ocurre dentro de un contexto en el que el Gobierno Federal ha resuelto asegurar la autonomía financiera de las autoridades castrenses, así como otorgarle una gran cantidad de facultades y tareas propias de la administración pública como el control migratorio, la construcción de infraestructura y la administración de aduanas. 

Tan sólo de 2006 a 2021, los recursos a cargo de la Sedena aumentaron en 163% y los de la Secretaría de Marina (Semar), en 119%. En los últimos 12 años, las instituciones civiles han transferido a las FFAA por lo menos 227 funciones civiles. Además, las recientes revelaciones del llamado #SedenaLeaks han demostrado que el Ejército ha participado de la redacción de al menos una decena de iniciativas de ley, incluida la iniciativa para entregar a la Sedena el control operativo de la Guardia Nacional.

De concretarse esta reforma, quedará eliminado el único límite a la presencia militar que quedaba, el de la temporalidad, y entregará el control de la seguridad a una institución que no acepta ni aceptará ningún tipo de supervisión civil, comenzando por la parlamentaria. Por ello, llamamos a las legislaturas de los estados y a la sociedad civil que se opongan a esta y a cualquier otra medida tendiente a aumentar el poder militar en detrimento de la democracia y del carácter civil de la administración de los asuntos públicos.

 #NoALaMilitarización

#MilitarizarNoEsPaz

• MUCD advierte un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares.

• Cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022. México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) presentó “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, un informe que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas (FFAA) entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.

Con el documento, MUCD demuestra que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las FFAA en niveles sin precedentes, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.

En dicho periodo, mientras los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana —como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)— han disminuido o desaparecido. Además, en el último sexenio, la Guardia Nacional (GN) pese a ser, en el papel, declarada de carácter civil, se ha convertido en un medio para incrementar el presupuesto de la Policía Militar y Naval, así como para financiar los cuarteles y compensaciones de los cuerpos castrenses.

El aumento presupuestal de las FFAA se ha concretado utilizando recursos no aprobados por la Cámara de Diputados a través de mecanismos como adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones civiles, fideicomisos públicos —el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)— y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información; así como el otorgamiento directo de recursos por parte del Poder Ejecutivo mediante el uso desmedido y sistemático de adecuaciones presupuestales.

En los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las FFAA[1], lo que equivale a aproximadamente $74,000 millones de pesos, aumentando los presupuestos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en detrimento de las de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de los fideicomisos que se han extinto en el último sexenio con el presidente López Obrador.

La transferencia de funciones, junto con las modificaciones presupuestarias y un alarmante nivel de sobreejercicio de recursos han sido posibles gracias a la laxitud de las normativas de vigilancia, control y rendición de cuentas, a la opacidad de las FFAA al clasificar y resguardar la información de su uso de recursos por un supuesto riesgo a la seguridad nacional, así como la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno.

Estos elementos, en su conjunto ponen en riesgo la eficiencia de la asignación del gasto público, permiten a las FFAA operar en casi completa opacidad, sin obligación real de rendición de cuentas y con altísimo riesgo de corrupción; además de provocar un desequilibrio en las relaciones de poder político y económico cívico-militares.

En una democracia el presupuesto público debe atender a los intereses y necesidades de la población de manera transparente y con rendición de cuentas; no hacerlo, aunado a la violación al principio de representación a la hora de asignación de recursos públicos, vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y se genera un desequilibrio tanto en las relaciones cívico-militares como entre los poderes ejecutivo y legislativo respecto a la asignación de presupuestos.

El riesgo incluso va más allá del uso y beneficio de recursos públicos: incrementar el poder económico de las FFAA corresponde a empoderarlas políticamente y aumentar su presencia en los espacios de toma de decisiones fundamentales para el país. Hoy mismo, han arrebatado ya funciones que constitucionalmente le corresponden a las autoridades electas democráticamente. Esto no puede continuar. La militarización y la transición al militarismo en México deben cesar.

Por una seguridad pública y gobierno civiles, digamos no a #ElNegocioDeLaMilitarización

[1] “Inventario Nacional de lo Militarizado”, Plataforma de Proyección de Datos Abiertos, Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD), recuperado el 9 de febrero de 2012. https://bit.ly/3v0kgXG

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022. Tras la suspensión temporal en el Senado de la República de la discusión de una iniciativa legislativa que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, es imprescindible que senadoras y senadores se opongan a las presiones políticas impuestas por el bloque legislativo oficialista y funjan como contrapeso para proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos de la ciudadanía.

Este 21 de septiembre, la Cámara Alta suspendió la discusión sobre un dictamen previamente  aprobado por la Cámara de Diputados que busca modificar el artículo Quinto Transitorio Constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de 2024 -como se establece actualmente- hasta 2028. Ante insuficiencia de votos, el bloque legislativo oficialista impuso la suspensión de la discusión, con el fin de articular todos sus recursos, recurrir a cabildeo y  conseguir los necesarios para lograr la aprobación.

El actuar de este bloque legislativo es profundamente antidemocrático pues, aún a sabiendas de que la propuesta es violatoria de la Constitución, pone en grave riesgo los derechos humanos de la población y no es respaldada por la mayoría legislativa, intenta forzar su aprobación. 

“Este proceso ha dejado ver que los intereses de las y los legisladores del bloque oficialista no están alineados con los de la población, a la que deberían representar, sino con los de un juego político y un gobierno federal que, mediante una agenda militarista, pretende aumentar la centralización del poder, dotar de más y diversificados recursos a los cuerpos militares y, finalmente, concretar la imposición trasnsexenal de esta agenda”, advirtió Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) recordamos que la política nacional de despliegue de militares y marinos en tareas de seguridad pública  impuesta los últimos 15 años ha sido altamente contraproducente y ha detonado el aumento de violaciones graves a derechos humanos, barreras de acceso a la justicia y de la impunidad. 

Además, se ha demostrado que el número de homicidios no se redujo con su participación: ahí donde los militares son desplegados para estas tareas, los asesinatos aumentan. Por cada enfrentamiento con participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en un municipio, los homicidios aumentan 8% en los siguientes tres meses y 3% en el largo plazo, de acuerdo con el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Por si fuera poco, a lo largo de este tiempo, las atribuciones de los cuerpos militares rebasaron el ámbito de la seguridad pública para expandirse a funciones civiles, como la construcción de obras públicas, la administración de puertos y aduanas y actividades relacionadas con ciencia y tecnología, medio ambiente, telecomunicaciones e incluso educación.

Todo esto ha minado el control que las autoridades civiles tienen sobre las instituciones militares y ha dotado a éstos últimos de mayor poder, autonomía y discrecionalidad, cediendo la capacidad de decisión de autoridades democráticamente electas al Ejército.  Esto pone en riesgo, sin duda, el propio sentido democrático del Estado mexicano.

Lo que el Poder Legislativo debería hacer es velar por el cumplimiento de los actuales supuestos del artículo Quinto Transitorio, aprobado desde 2019 por unanimidad partidista y respaldado por las legislaturas de las 32 entidades federativas, que establece, entre otras cosas, la construcción de una Guardia Nacional civil, de carácter policial, entrenada para coadyuvar con estados y municipios en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; así como la presentación de un plan de retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar que éstas regresen a los cuarteles para el 27 de marzo de 2024.

Esta reforma debe rechazarse. De lo contrario, estaríamos ante la demostración del sometimiento de la voluntad de las y los integrantes del poder legislativo a los intereses de una política nacional basada en la militarización, preocupada por complacer los intereses políticos propios y no de velar por la ciudadanía. 

Senadoras y senadores: no pueden pasar por alto su papel fundamental en un Estado verdaderamente democrático: la representación y protección de los intereses y los derechos de su pueblo. ¡Nuestros derechos humanos no son objeto de negociación!

 #NoALaMilitarización