13 de septiembre de 2022 – En la madrugada del 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma que le entrega a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional (GN). Esto, luego de que el 3 de septiembre dicha reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Con ello, las FFAA quedan a cargo del único cuerpo de seguridad pública federal y se hacen de un poder político y económico sin precedentes, lo que amenaza la primacía civil de nuestras instituciones.

Esta reforma hará permanente la conducción militar de la seguridad pública ignorando toda la evidencia sobre su fracaso como estrategia para reducir el delito y contener la violencia. Desde que en 2006 se recurrió al despliegue masivo de militares para “mejorar la seguridad” el homicidio se cuadruplicó, pasando de 8,000 víctimas anuales a más de 36,000 en 2021. Lo mismo sucedió con los delitos que más afectan a las personas: hoy en día tenemos más extorsión que nunca y las cifras de victimización e impunidad han aumentado de forma constante.

Ahora los militares ejecutarán tareas policiales para las que no están entrenados y podrán actuar en nuestra contra deteniéndonos, cateando nuestros domicilios y vehículos, interviniendo nuestras comunicaciones y hasta cometiendo abusos contra nosotros. En caso de cometer faltas en estos procesos, sus elementos solo serán presentados ante la justicia militar, violando nuestros derechos humanos y aumentando los riesgos de ser victimizados.

Al día de hoy, el 78% de los elementos de la GN son militares y desde 2021 la institución supera a la SEDENA en el número de quejas por violaciones a derechos humanos que se han presentado en su contra. Además, la letalidad de las FFAA ha aumentado en este gobierno, es decir, que cuando participan en operativos o tareas de seguridad pública matan a más personas de las que hieren o detienen. Actualmente, las FFAA tienen cifras de 4.15 muertos por cada herido en sus operativos, en comparación con 3.98 en la administración pasada.^[1]

La reforma también permite que se viole la constitución y que se someta a los gobiernos, poderes e instituciones civiles de seguridad a la voluntad militar. Desde ahora, ya no serán las FFAA quienes auxilien de manera excepcional a los civiles y actúen bajo su mando; serán los civiles quienes auxiliarán a las FFAA y habrán de aceptar la conducción militar de las decisiones y los operativos, en detrimento del desarrollo y la profesionalización de las verdaderas instituciones de seguridad pública.

Quienes aprobaron estas modificaciones legales mintieron diciendo que no se trata de una militarización de la GN o la seguridad pública, pues la reforma establece que los pocos miembros civiles de la corporación serán dados de baja y sustituidos por más militares. Esto dejará a la GN con menos personal capacitado para hacer labores de seguridad pública. Solo 15% de los elementos de la guardia tienen el Certificado Único Policial y el 84% de éstos lo obtuvieron siendo parte de la Policía Federal.^[2]

Finalmente, expresamos nuestra preocupación extrema por el aumento de recursos económicos y poder político que supone esta reforma y cuestionamos la motivación de aumentar presupuestos sin fortalecer los mecanismos de supervisión civil de las FFAA. Algo que claramente abre la puerta a la corrupción. En control de la Guardia Nacional, la SEDENA pasará a administrar un presupuesto total de $146 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a 5 veces el presupuesto asignado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ($30 mil 395 millones de pesos), mientras enfrentamos un desabasto de medicinas para tratamiento de cáncer infantil.

Desde MUCD, consideramos que esta reforma no es solo inconstitucional sino nociva para la seguridad de las personas y la prevalencia del carácter civil de nuestras instituciones de gobierno. Por ello, le exigimos a las y los legisladores de la minoría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentar de manera inmediata una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismo que a estados y municipios a presentar Controversias Constitucionales ante el mismo tribunal. A la SCJN le exigimos resolver todos los asuntos pendientes sobre militarización y analizar esta reforma de manera expedita. A la ciudadanía la invitamos a oponerse a una medida que no mejorará la seguridad y solo fortalecerá el control militar sobre el país.

^[1] Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. CNDH. https://bit.ly/3U2Y7Tt ; Daen, Arturo. “Es engañoso este dicho de AMLO, letalidad del Ejército en su sexenio ha sido más alta que con EPN”. Animal Político, 13 de mayo de 2022. https://bit.ly/3RCLvAP.

^[2] Arista, Lidia. “Solo 15% de la Guardia Nacional está certificada para labores de seguridad”. ADNPolítico, 12 de enero de 2022. https://bit.ly/3RIwtcP

ANTE EL SILENCIO Y LA OPACIDAD:
PARLAMENTO ABIERTO CIUDADANO

En total opacidad, un grupo de senadores ha estado preparando, en los últimos días, el paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, para ser aprobadas esta misma semana.

Su prisa es falsa, pues la reforma constitucional fijó como plazo para su aprobación el 25 de mayo, en el caso de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y para la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones a más tardar el 24 de junio, por lo que este intento de aprobación fast track solo puede entenderse como un intento de desaparecer del debate público las voces de organizaciones internacionales, académicos, sociedad civil y de las propias víctimas que han padecido los efectos del abuso de la fuerza y de una guerra que no termina.

La semana pasada, desde #SeguridadSinGuerra, exhortamos al Senado a establecer un modelo de Parlamento Abierto para la construcción de estas leyes, pero nuestra petición corrió la misma suerte que las de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la del Comité Internacional de la Cruz Roja: el silencio absoluto y el anuncio de la imposición en perjuicio la deliberación en democracia.

A las peticiones de sociedad civil y organismos internacionales, hoy se suma la de las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos y la Comisión Nacional que, en la Declaración de Zacatecas, manifestaron que la discusión sobre estas leyes debe ser amplia y abierta especialmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Ante lo mucho que dice el silencio de la Junta de Coordinación Política del Senado y con la finalidad de poner la experiencia y a las víctimas en el centro de la construcción de leyes que podrían abrir una oportunidad para erradicar las peores prácticas en el uso y abuso de la fuerza, desde el colectivo #SeguridadSinGuerra realizaremos un ejercicio de Parlamento Abierto Ciudadano, los próximos 15 y 16 de mayo, en la propia sede del Senado, para discutir los elementos mínimos indispensables que deben tener las referidas leyes a la luz de la Constitución y las mejores prácticas internacionales.

Este ejercicio está abierto para ser adoptado formalmente por los legisladores y legisladoras a quienes exigimos no aprobar leyes al vapor y lejos de la ciudadanía.

Hay tiempo suficiente para rectificar y construir en democracia, más aún, si ni siquiera se ha presentado ninguna iniciativa formalmente en el pleno.

Adjuntamos el cartel del Parlamento Abierto Ciudadano y reiteramos nuestra disposición a colaborar en todo lo encaminado a acabar con la crisis de derechos humanos e impunidad que azota el país.

#SeguridadSinGuerra

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08/04/2019, Comunicación Senado, Boletín 1642

Al inaugurar el Foro “Hacía una política de regulación de la Cannabis”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la voluntad de los legisladores para escuchar todas las voces y tomar una decisión sensata que le permita al país avanzar por el camino correcto.

Estamos aquí escuchándolos y deliberado, para que cuando concluyan este tipo de audiencias, en las comisiones redactoras de Justica, Salud y Puntos Constitucionales habremos de emitir un dictamen, aprobable o no, sobre la despenalización y legalización del uso de la marihuana.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, indicó que la eliminación, prohibición o despenalización de la marihuana en su uso, implica regular la producción, distribución, comercialización, consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales o cualquier otra mercancía. El propósito, que el producto cumpla controles de calidad, no dañe la ecología, ni la salud.

Se trata, agregó, de arrebatarle al narcotráfico, a las bandas del crimen organizado, el control de este proceso productivo, distributivo. Que en la actualidad se realiza en una atmosfera irremediablemente violenta, corrupta, sin control ni calidad, ni gravámenes fiscales, en una situación de riesgo para el consumidor, que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y a poder ser privado de su libertad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar, subrayó la urgencia de regular la producción, distribución y consumo de la Cannabis, ya que las implicaciones no son únicamente para consumo lúdico, sino que representa una opción para quienes la utilizan con fines medicinales y la participación del Estado.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló a su vez que México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de las drogas. La política prohibicionista seguida en los últimos años, ha incrementado la violencia en el país, dijo.

“Esta estrategia ha fallado para proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los consumidores”, comentó. Lejos de inhibir el problema, apuntó, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales, derivado del aumento en el consumo internacional y nacional del cannabis y otras drogas.

Indicó que este tema debe analizarse desde una óptica de salud pública, que establezca el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor, como ejes rectores.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que el mayor reto que enfrenta cualquier modelo de regulación es equilibrar el enfoque de salud pública con los intereses comerciales.

Planteó un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana, que tome en cuenta: proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo; respetar la autonomía de las personas; promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de consumo.

Durante el foro también participaron representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, de México Unido Contra la Delincuencia, Padres Activos por la Discapacidad, ProCanna, Familias y Retos Extraordinarios, el Instituto RIA y ReverdeSer.

Nota completa: comunicacion.senado.gob.mx

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Nota completa: uniradioinforma

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07/11/2018, EL SIGLO DE TORREÓN, Redacción

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy un proyecto de decreto de ley en el Senado para la regulación del cannabis, contemplando su siembra y comercialización para fines terapéuticos, farmacéuticos y lúdicos.

“El modelo que se propone impulsar es el modelo de regulación legal estricta. Es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, explica el proyecto, publicado en la página oficial del Senado.

La próxima ministra de Gobernación y actual senadora, Olga Sánchez Cordero, presentó la iniciativa para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis en la Cámara Alta, donde Morena tiene 59 de los 128 escaños.

Esta ley busca “minimizar riesgos y daños relacionados con el consumo de cannabis” y a la vez “promover su uso para obtener mayores ganancias”.

Entre las características del mercado “estrictamente regulado” se destaca que será “legal” y monitoreado “en toda la cadena de valor”.

Así, se llevará a cabo la creación de un padrón o registro de volúmenes de producción y se coordinarán los distintos organismos de gobierno encargados.

Pese a su comercialización, se buscará la prohibición de la promoción, patrocinio y publicidad de cannabis y sus derivados para uso personal.

La ley se basa en el interpretación de la Constitución que permite que cada individuo “elija su propio plan de vida” y donde el Estado debe “respetar la autonomía” personal pero evitar “que dicha autonomía afecte a los demás”.

Esta iniciativa llega luego de que el 31 de octubre la Suprema Corte estableciera jurisprudencia para el consumo recreativo de marihuana al dictaminar, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

Para el secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Juan Francisco Torres Landa, la iniciativa supone “oxígeno” en materia de regulación de drogas.

No obstante, este abogado manifestó a Efe su expectativa de que solo sea el inicio de un camino “más radical” hacia la regulación de todas la drogas.

Positivamente, consideró que de aprobarse esta iniciativa impactará en el narcotráfico, que tiene en la siembra y venta de marihuana uno de sus principales mercados.

Sin embargo, alertó que no se ha de apostar por un libre mercado que, por ejemplo, termine potenciando a la industria farmacéutica.

Torres Landa, que en 2015 recibió un amparo para cultivar y consumir marihuana con fines lúdicos, recordó que Morena tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Además, la iniciativa es presentada por Sánchez Cordero, exmagistrada de la Suprema Corte y considerada mano derecha de López Obrador.

Todo ello redundaría en que la iniciativa prosperara con facilidad en ambas cámaras, siendo aprobada en las próximas semanas, estimó el experto.

Nota completa en: elsiglodetorreon

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