#SinDatosSinDerechos

Ciudad de México, 19 de junio de 2019. – En enero pasado diversas organizaciones y personas expresamos nuestra preocupación por el anuncio del INEGI sobre la cancelación de proyectos,
encuestas y un censo nacional. A través de un comunicado manifestamos que contar con datos públicos, fiables y oportunos, constituye un eje toral de la acción del gobierno y que la información es útil para conocer las necesidades de la ciudadanía, brindan el contexto y soporte necesario para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y para la evaluación de la gestión de las instituciones.[1]

Asimismo, expresamos nuestra preocupación porque la cancelación de los proyectos se relaciona con información relevante para monitorear la situación de poblaciones discriminadas y en condición de vulnerabilidad, como campesinos, personas en situación de pobreza, usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad. Y con relación a la
ENPOL, personas privadas de la libertad.

También se señaló que la cancelación promueve su invisibilización al no permitir contar con información y datos actualizados sobre su situación, las posibles vulneraciones a sus derechos y las causas de ellas, lo que perjudica el desarrollo y evaluación de las políticas públicas.

Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso para que el Poder Judicial de la Federación analice el amparo presentado por el Instituto de Justicia Procesal Penal A. C. con una perspectiva de derechos humanos, a la luz de los principios de progresividad, uso máximo de recursos disponibles y de la prohibición de regresión, al no justificarse la existencia de un interés estatal permisible, el carácter imperioso de la cancelación de la ENPOL o de la adopción de cursos de acción alternativos menos restrictivos que evitaran una cancelación absoluta de la encuesta, y favorezca una interpretación amplia del derecho de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad, del derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público, y el derecho a la promoción de los derechos humanos.

#SinDatosSinDerechos

Organizaciones

Article 19, Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal)
BORDE Jurídico
Causa en Común A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Circulo Feminista de Análisis Jurídico
Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas
Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Data Cívica A.C.
Documenta, Análisis y Acción Para la Justicia Social A.C.
Encuentro Ciudadano Lagunero
Espacio Progresista A.C.
Equis Justicia para las Mujeres
Fundación Find
Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C.
Fundación Reintegra
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. (INSADE)
Institución Renace A.B.P.
Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana, Puebla
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE)
Impunidad Cero
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.
Laguneros por la Paz
Legalidad por México A.C.
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)
Movimiento de Diversidad Progresista A.C.
ONEA (Organización Nacional Anticorrupción)
Observatorio Designaciones Públicas
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Pulso DH
Red por los Derechos de la Infancia (REDIM)
Reinserta A.C.
Renacer Lagunero
Sabuesos Guerreras A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Tojil. Estrategia contra la impunidad

Personas

Alberto Athié
Alejandro Espriú Guerra
Alfredo Lecona Martínez
Arnoldo Cuella
Arturo Huicochea
Carlos Alberto Galindo López
Carlos de la Rosa Xochitiotzi
Carlos Garza Falla
Catalina Pérez Correa
Catalina Reyes
Cecilia Real
Chrístel Rosales Vargas
Eliana García
Enrique Bouchot
Erík E. Gutiérrez Muñoz
Daniel Serrano de Rejil
Denise Dresser
Gabriela Ortiz Quintero
Jimena Candano
Jorge Javier Romero
Juan Manuel Estrada Juárez
Lizbeth Pérez
Luis Daniel Vázquez
Luz Marcela Villalobos Andrade
Mara Hernández Estrada
María Elena Morera
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Garza
Miguel Sarre
Paola Zavala Saeb
Paul Firssard Martínez
Ruth Zenteno López
Saskia Niño de Rivera
Susana Camacho Maciel
Tania Luna
Violeta Maltos Rodríguez

[1] Comunicado, Urgimos al INEGI a transparentar los criterios detrás de la cancelación de estudios que generan datos estadísticos de relevancia, 25 de enero de 2019.

29/01/2019, ADNPOLITICO.COM, Caleb Ordóñez

Una polémica reciente y creciente para el naciente gobierno es la reducción de presupuestos que promueve para el Instituto Nacional Electoral (INE), de 950 millones de pesos (mdp); y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 500 mdp, así como la suspensión de 14 proyectos de encuestas que son importantes para organizaciones civiles especializadas en periodismo, la lucha contra la corrupción o desinformación.

Lee: El INEGI suspende 13 encuestas y un censo por recorte presupuestal

Más de 80 organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Documenta, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia y el Grupo de Información en Reproducción Asistida, entre otras, pidieron formalmente al INEGI una explicación clara sobre los recortes al presupuesto y la cancelación de las encuestas.

La segunda es que algunos proyectos cancelados permitían monitorear la situación de poblaciones discriminadas, como los campesinos, las personas en situación de pobreza, las personas privadas de la libertad, usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, entre otros.

Por último, la cancelación de las encuestas promueve invisibilidad de los grupos vulnerables, pues no se contará con datos sobre su situación, ni sobre las posibles vulneraciones a sus derechos lo que perjudicará el desarrollo de políticas públicas que garanticen sus derechos humanos.

Nota completa en: adnpolitico

Comunicado #SinDatosSinDerechos