El pasado domingo 22 de febrero, nuestro país sintió con mucha más fuerza e intensidad la violencia y la creciente vulnerabilidad de nuestras vidas. Si bien en muchos territorios del país la situación de violencia se ha “normalizado”, después del domingo se ha tenido una sensación generalizada de miedo y desesperanza.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y el posterior abatimiento de otros líderes de dicha organización criminal, desencadenó una intensa ola de violencia en por lo menos 22 estados del país, lo que demuestra el poderío y capacidad organizativa del CJNG.

Una situación que no se ha abordado en los medios de comunicación y en los análisis realizados tras los hechos ha sido el tema de las armas de fuego. Tras el operativo se incautaron siete armas largas, así como cartuchos, cargadores y un par de lanzacohetes de uso militar de fabricación rusa y bélica. Sin embargo, tal incautación no toca ni la estructura ni el flujo constante de armamento de índole militar hacia y dentro del país.

La estimación más conservadora sobre la cantidad de armas de fuego que se trafican desde Estados Unidos a México cada año es de 135,000, es decir, 369 armas por día. Esto sugiere que, mientras el operativo contra Oseguera logró la incautación de siete, ese mismo día cruzaron al menos 369 armas ilegales por la frontera norte. Los grupos del crimen organizado en México utilizan cientos de miles de armas compradas en armerías estadounidenses autorizadas, y el 82% de ellas son confiscadas en entidades mexicanas donde predomina la presencia del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, de acuerdo con autoridades mexicanas, cerca de la mitad de los cartuchos calibre .50 que se han asegurado a los cárteles desde 2012 han sido rastreados hasta una planta de municiones ubicada en las afueras de Kansas City, Misuri, la cual pertenece al gobierno de Estados Unidos.

Además de sumarnos a las preocupaciones e indignación de toda la sociedad mexicana contra el aumento de la violencia y la inseguridad en diversas localidades del país, la Alianza Binacional Desarmando el Miedo hace un llamado a que los gobiernos de México y Estados Unidos cooperen de manera efectiva para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego. En el caso del gobierno mexicano, también lo instamos a que garantice las condiciones materiales y de seguridad para el regreso a la cotidianidad en las diversas regiones.

Dentro de la tragedia que nos aqueja como sociedad, se abre una oportunidad única para trabajar una política integral de control de armas en el país, pues cada día nos recuerda que las armas de fuego son el principal instrumento de la violencia. Trabajar en la pacificación y el desarme del país requiere de la cooperación entre México y Estados Unidos, pero también del involucramiento de todos los actores políticos y sociales de ambos lados de la frontera que tengan la capacidad para generar propuestas concretas, basadas en los derechos humanos y con el fin último de contener el flujo de las armas de fuego.

05 de junio de 2025. El día de hoy, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió desestimar la demanda interpuesta por el Estado mexicano en 2021 contra siete empresas dedicadas a la manufactura de armas de fuego. En su demanda, el Gobierno de México argumentaba que, como lo han acreditado diversas investigaciones, dichas compañías incurren en prácticas comerciales negligentes que facilitan e instigan el tráfico ilícito de armas hacia su territorio.

Nuestras organizaciones lamentan profundamente la decisión adoptada por la Corte. Respetuosamente, consideramos que esta resolución representa una oportunidad perdida para avanzar en la adopción de medidas que disminuyan la violencia, el sufrimiento y fortalezcan la paz y la seguridad ciudadana en las comunidades de ambos lados de la frontera.

La demanda presentada por el Estado mexicano constituyó un esfuerzo sin precedentes por emplear los mecanismos legales en favor de la seguridad transfronteriza. En este sentido, reconocemos y valoramos el trabajo de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como la labor de sus asesores, Jonathan Lowy y Steve Shadowen, por encabezar este litigio estratégico en favor de la seguridad, la justicia y la paz.

Instamos a los gobiernos de México y Estados Unidos a continuar explorando vías legales y de cooperación que garanticen la rendición de cuentas y protejan la vida y la seguridad de las personas. En particular, hacemos un enérgico llamado a incrementar y mejorar los esfuerzos en materia de trazabilidad y rastreo de armas de fuego, así como a fortalecer la transparencia respecto a la información relacionada con su comercio y circulación. Estos elementos son indispensables para la construcción informada de respuestas estatales eficaces.

Reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia armada en ambos lados de la frontera. Asimismo, reafirmamos nuestra convicción en la necesidad de promover políticas públicas que regulen efectivamente el sector de las armas de fuego en Estados Unidos y, en el caso de México, que avancen hacia una política integral de control de armas de fuego.

Atentamente

Alianza Desarmando el Miedo

Artículo 19

Centro de Estudios Ecuménicos (CEE)

Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)

Data Cívica

Global Exchange

Intersecta

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Stop U.S. Arms to Mexico