Artículo publicado en Animal Político

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó sus datos preliminares de homicidios del año 2022, que sugieren una disminución nacional en homicidios, con una ponderación de 25 por cada 100 mil habitantes, la tasa a nivel nacional más baja desde 2017. 

Sin retraso, el Gobierno Federal se apresuró a asegurar que su estrategia nacional de seguridad -militarizada, por supuesto- trajo como fruto estos resultados. Planteó una victoria. Lo cierto es que, reconociendo que el crecimiento de este delito en años recientes se ha detenido, los absolutos siguen siendo tremendamente altos como para alegrarse: 32 mil homicidios al año no se celebran como una victoria.

Ante la anticipada celebración política del gobierno federal, es urgente colocar análisis y evidencia de valor, para no permitirnos olvidar que falta mucho -mucho- para lograr transitar a un país cuyas cifras de homicidios se reduzcan significativamente y su comisión se prevenga y atienda adecuadamente.

Este 2023, en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) impulsamos cuatro spaces de Twitter en los que participaron 13 especialistas para analizar las causas de la violencia homicida en México y acciones para su reducción en cuatro estados prioritarios identificados en nuestro Atlas de Homicidios México 2021: Baja California, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato; entidades que, desde 2015, han sido las que presentan el mayor número de víctimas. Aquí compartimos cuatro premisas sobre violencia homicida que derivaron de estos diálogos que sirven para analizar la violencia letal de nuestro país ante el reciente anuncio del INEGI y anticipado grito de victoria del gobierno federal.

1. El crimen organizado no es la única causa de la violencia letal y, por tanto, no es el único factor a atender. Edgar Chaparro, Fiscal de Distrito Zona Occidente de Chihuahua, confirmó que en su estado una proporción significativa de los homicidios cometidos con arma de fuego se vinculan con la delincuencia organizada, pero es importante recordar que este factor no es causa única de la violencia homicida, sino una consecuencia de condiciones estructurales e históricas  que han consolidado relaciones sociales profundamente desiguales.

La violencia homicida está arraigada además a una cultura de la violencia  a decir de Óscar Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF): una “cultura del terror, del sacrificio y del castigo”, donde el mismo Estado hace parte al vincularse con actores criminales; configurándose así en un “Estado perverso”, como lo nombró Marlene Solís, también investigadora del COLEF.

Tampoco debemos olvidar que los homicidios suceden en un contexto que potencia la impunidad en un Estado patriarcal no pocas veces vinculado a los actores criminales violentos. Precisamente sobre ello, Carla Miranda, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, hizo énfasis en que apenas 10% de los casos judicializados por homicidio doloso terminan en una condena.

• La violencia homicida es distinta en cada territorio y debe atenderse de manera focalizada. En las cifras preliminares del INEGI para 2022 destacan tres entidades por tener preocupante crecimiento en asesinatos: Colima, con +43%, Hidalgo, con +32% y Nuevo León, con +30%. Mientras que Campeche y Colima presentaron máximos históricos.

En las discusiones aquí citadas que MUCD mantuvo con especialistas, se enfatizó que, en efecto, existen diferencias regionales en la dinámica de la violencia homicida. De ahí que la segunda premisa derivada de estos diálogos sea que, para comprender la expresión diferenciada de la violencia letal en México, es imperativo realizar análisis a nivel subnacional.

Para los casos de la violencia homicida en Baja California y Chihuahua, por ejemplo, Marlene Solís y Óscar Hernández recalcaron la importancia de estudiar la “condición fronteriza” como variable clave para comprender diversos fenómenos, como el tráfico de armas, un tema también expuesto por Zulia Orozco, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

• La violencia homicida se expresa de forma diferenciada entre diversos grupos sociales. Al exponer los datos sobre defunciones por homicidio que publica INEGI, Daniela Osorio, investigadora de MUCD, compartió la importancia de contar con indicadores sobre la dinámica de los homicidios, como el lugar de la agresión y el tipo de arma empleada; así como el perfil de las víctimas, fundamentalmente su sexo y edad. 

Claramente no todas las personas son asesinadas en las mismas condiciones, de hecho, algunas de ellas son incluso criminalizadas y “deshumanizadas” en función de una estigmatización sobre ellas, como lo expuso Elizabeth Aristizábal, doctora de la UNAM, que advirtió sobre estigmas en las representaciones de los homicidios en las caricaturas de la prensa de Tijuana.

Un marcador social fundamental para comprender la dinámica diferenciada de la violencia letal es el género. Al respecto, Marlene Solís y Lydia Cordero, de Casa Amiga A.C. en Ciudad Juárez, coincidieron en que la estructura social patriarcal y los modelos violentos de masculinidad son factores estructurales de la violencia homicida y feminicida, aspecto en el que hay que prestar particular atención.

Entonces, es necesario ver más allá de la disminución general de la tasa de homicidios en el año 2022: ¿dónde se cometieron los asesinatos?, ¿con qué armas?, ¿cuál era el género y edad de las víctimas?

• Urgen políticas públicas basadas en evidencia, con participación ciudadana. La cuarta premisa que nos aportaron los diálogos sostenidos con especialistas permite guardar esperanza aún en un contexto de incertidumbre: sí es posible reducir la violencia homicida en México.
  
  Para lograrlo, es necesario emprender políticas fundadas en evidencia, que incorporen la participación de la sociedad -Rocío Hernández, socióloga con experiencia de trabajo territorial en Ecatepec, Estado de México, ejemplificó la importancia de las redes comunitarias de solidaridad ante la violencia multifactorial-, así como mejorar los procesos de investigación, prevención y reacción de las instituciones de seguridad y justicia.
  

Edgar Chaparro, por su parte, recordó que son tres los ejes de la investigación de los homicidios que deben consolidarse: 1) la policía investigadora , 2) el Ministerio Público y 3) los servicios periciales; mientras que Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) puntualizó que no sólo las policías ministeriales, sino también las policías preventivas locales tienen una importante función para la prevención y reacción ante la violencia homicida, implementando esquemas como la disuasión focalizada.

No hay, pues, victoria. Es ciertamente positivo que los homicidios registrados para 2022 hayan presentado -preliminarmente- una disminución, sin duda, pero es necesario tomarlo con perspectiva: tanto el análisis y como la respuesta institucional a este problema ameritan voltear los ojos a las víctimas para evitar que más de 30 mil se sumen cada año.

Ciudad de México, 25 de julio de 2023. Según datos preliminares del INEGI, este 2022 México registró la tasa de homicidios a nivel nacional más baja desde 2017, con 25 por cada 100 mil habitantes, lo que corresponde a un total de 32,223 homicidios, es decir: 10% menos que en 2021.

Tomando en cuenta que estos valores pueden cambiar al momento de publicarse las cifras definitivas, en octubre, los datos presentados hoy nos muestran un panorama general presumiblemente alentador pero, pese a estas posibles reducciones, los mismos datos arrojan que la estrategia actual de seguridad sigue teniendo como resultado el aumento de la violencia a nivel local, como en los casos de Colima y Guanajuato.

En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) destacamos la urgente necesidad de no perder de vista aspectos de fondo que perpetúan la continuidad de una grave crisis de inseguridad y violencia, vinculada directamente a contexto de alta impunidad.

• Urge establecer estrategias de seguridad a nivel local para reducir los asesinatos

Para 2022, a nivel estatal, Colima fue la entidad con la tasa más alta de homicidios: 113 por cada 100 mil habitantes, seguida por Zacatecas, con 87, Baja California, con 70 y Guanajuato, con 68. Se trata de cuatro estados que, por lo menos los últimos dos años (2021-2022) se han mantenido entre las 5 entidades federativas más letales para su población.

Adicionalmente, destacan tres entidades federativas que presentaron un preocupante crecimiento en la cantidad de casos de asesinatos: Colima, con +43%, Hidalgo, con +32% y Nuevo León, con +30%. Mientras que Campeche y Colima presentaron los máximos históricos de casos de homicidios de sus respectivas poblaciones, con 110 y 867 casos respectivamente.

En MUCD entendemos que la violencia letal se expresa de forma distinta en cada territorio y es diversa dependiendo de las víctimas, por lo que cada demarcación requiere políticas preventivas basadas en evidencia para garantizar que se atienden sus necesidades específicas.

En el caso de cada entidad es necesario evaluar la efectividad real de las políticas de seguridad actuales, tendientes a la militarización, pues lo que se requiere, sin duda, son políticas de seguridad ciudadana que prioricen la prevención del delito, así como su adecuada investigación, persecución y sanción; en las que se priorice el bienestar de las personas y sus comunidades, así como el adecuado funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

• El uso de armas de fuego para asesinar en México es alarmante: 7 de cada 10 homicidios son con armas de fuego

En 2022, 68% de homicidios registrados fueron cometidos por disparo de arma de fuego, esto incluye las categorías del INEGI: Agresión con disparo de arma corta; agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga; agresión con material explosivo y, abrumadoramente: agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas. 

Como lo hemos advertido antes: la amplia e indiscriminada disponibilidad de armas de fuego y municiones es uno de los principales determinantes de la inseguridad, la incidencia delictiva y la violencia en México. 

Es urgente una estrategia nacional de reducción de la violencia armada que incluya registros de armas de fuego confiables que permitan conocer la magnitud del problema; mecanismos efectivos y profesionales de coordinación para el control de armas; políticas públicas de prevención de la violencia armada diseñadas con base en evidencia; y más y mejores programas de desarme.

• Se requiere evaluar la evidencia sobre disminuciones en violencia letal  

Las cifras publicadas este martes por el INEGI ofrecen elementos para realizar un primer análisis que evalúe cuáles fueron las medidas relacionadas con la reducción -hasta ahora preliminar- de la violencia letal en México.

Mientras que las entidades con mayores disminuciones en el número de casos de asesinatos en su territorio fueron Tamaulipas 37%, Veracruz 32% y Ciudad de México 31%; siete entidades registraron mínimos históricos en el total de casos registrados: Ciudad de México, con 742 casos; Coahuila, con 169; Durango, con 125; Guerrero, con 1,378; Sinaloa, con 558; Tamaulipas, con 467 y Veracruz, con 641.

Es momento de que la sociedad civil, en conjunto con los gobiernos locales y federal, replanteen la política de seguridad pública, con enfoque ciudadano, para reforzar las medidas preventivas que efectivamente contribuyen a la disminución de la violencia e inseguridad en el país. En MUCD, estamos ciertas de que una vía necesaria y urgente para continuar con esta disminución de los homicidios y el uso de armas de fuego, es el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. 

La permanencia de las FFAA en estas tareas ha demostrado que su participación no ha contribuido a disminuir la inseguridad ni la violencia. 

Las cifras hoy mostradas por el INEGI deben ser analizadas con cautela, pues México aún vive una crisis de violencia y seguridad alarmantes. Las propuestas que realizan las organizaciones de la sociedad civil deben ser consideradas para cambiar el rumbo de la actual política de seguridad, pues la militarización ha demostrado no ser la solución. ¡Se requiere un enfoque de seguridad ciudadana!