Ciudad de México, 16 de febrero de 2023. En menos de un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya perfila la segunda aprobación de un proyecto militarista en su pleno, con la posible declaración de constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Armada de México, una ley que se rehizo en el 2021 y fue utilizada para facultar a la Marina para perseguir delitos comunes sin límites claros a su actuación, sin subordinación a las autoridades civiles y sin obligación de rendir cuentas. Esta acción es absolutamente inaceptable en el contexto de creciente empoderamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA).

El proyecto que pretenden votar en los próximos días fue redactado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa -recientemente envuelta en acusaciones de plagio de su tesis de licenciatura- y contiene lamentables errores: carece de un análisis serio del marco jurídico nacional e internacional vigente, no soporta sus planteamientos con evidencia y no contiene argumentos de constitucionalidad sólidos respecto de la ley que pretende validar. Incluso vuelve a equiparar intencionadamente los conceptos de seguridad interior y seguridad pública, reviviendo el perverso intento de la de la Ley de Seguridad Interior (2017) de legalizar la intervención inconstitucional de las FFAA en tareas ajenas a su disciplina.

En concreto, el proyecto de la ministra Esquivel valida la ruta de militarización trazada por el gobierno federal, así como los peligrosos vacíos legales de la Ley Orgánica que le permiten a la Marina ejecutar tareas de seguridad pública más allá de sus competencias y hacerlo sin límites claros de cómo, cuándo, dónde y sobre qué delitos actuar, ni a quién o sobre qué rendir cuentas. Aprobar el proyecto permitiría que la corporación más letal de las Fuerzas Armadas* siga cometiendo acciones arbitrarias y abusos en total impunidad y siga acumulando poder en total opacidad.

De no rechazar este proyecto, la Corte se prestaría una vez más a ignorar lo dispuesto en nuestra Constitución, que establece que el actuar de las corporaciones militares en tareas de seguridad pública debe ser extraordinario, temporal, subordinado y complementario al trabajo de la policía civil; además, echa por la borda lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de limitar al máximo la participación de cuerpos castrenses en tareas ajenas a su disciplina.

Las y los ministros deben rechazar este proyecto y abrir la discusión pública sobre el tema de militarización para que la ciudadanía pueda conocer sus argumentos y tener certeza de que el máximo tribunal defenderá la Constitución. Llamamos a la ciudadanía a demostrar abiertamente su rechazo a proyectos militaristas en la Corte y participar de la exigencia de la construcción de una seguridad sin militares en México. 

 No permitiremos una #CorteCómplice

* El índice de letalidad es la razón de la cantidad de muertos entre la cantidad de heridos en los operativos. Fuente: Monitor Fuerza Letal. Informe México 2022. https://bit.ly/3YQE4JE