Fuente: NOROESTE, 28/01/2018
Alrededor de 20 organizaciones emitieron un posicionamiento, en el que rechazan “el uso discrecional de los recursos públicos” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en especifico, en el caso del Gobierno de Chihuahua, al que no le quiere depositar 900 millones de pesos de tres convenios firmados entre dicha entidad y el Poder Ejecutivo Federal.
El conflicto entre Chihuahua y la SHCP ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria”, señalaron las organizaciones, entre ellas Causa en común, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Ciudadanos Contra la Corrupción y Ciudadanos por la Transparencia.
“Los que firmamos este comunicado consideramos que esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación”, señalaron los firmantes, entre otros, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y los Consejos Cívicos de Instituciones de Coahuila y Nuevo León
“La SHCP tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales”, afirmaron Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas; Impunidad Cero, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y, Jalisco, ¿cómo vamos?.
Dichos mecanismos colocan a la SHCP “en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”, indicaron Más ciudadanía, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mexicanos Primero, México, ¿cómo vamos?, y, México Evalúa.
“Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, señalaron México SOS, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Sociedad en Movimiento y Transparencia Mexicana.
Nota completa en: noroeste.com.mx/
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