La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México no es reciente, por lo menos desde la década de 1940 éstas fueron utilizadas para la erradicación de los cultivos ilícitos de drogas, siendo el incremento de la presencia y control militar sobre asuntos civiles particularmente significativo en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, resaltan ciertas particularidades del uso de las corporaciones castrenses en la actual administración de López Obrador (2008-2020): primero, se ha logrado institucionalizar la militarización de la seguridad pública, y; segundo, se ha confiado como nunca a las fuerzas armadas tareas que no están relacionadas estrechamente con la seguridad, sino que abarcan una variedad de materias, desde la distribución de vacunas, hasta la construcción de un aeropuerto.
Mientras no se dé efectividad a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las fuerzas armadas seguirán actuando en México en completa opacidad y sin regulación –ya no únicamente en funciones de seguridad, sino en una multiplicidad de funciones–. Para lograr un México seguro, justo y en paz, necesitamos desmilitarizar la seguridad pública y la vida pública del país.
