Fuente: LA JORNADA, 16/01/2018, Emir Olivares Alonso

Una treintena de organizaciones civiles y especialistas manifestaron su rechazo a las iniciativas de las leyes Nacional de Salud Mental y General del Sistema Nacional contra las Adicciones, ya que atentan contra los derechos humanos considerados a escala internacional.

Ambas propuestas se presentaron la Cámara de Diputados en abril y septiembre, respectivamente, del año pasado.

En conferencia indicaron que ambas normas dejan de lado a las personas con problemas de adicciones y con discapacidad sicosocial, al arrebatarles capacidad jurídica y otorgando a otros la obligación de elegir por ellos. También reafirman el estigma contra estas personas y, en el caso de los adictos, se les criminaliza.

Víctor Gutiérrez, de México Unido contra la Delincuencia, advirtió que la propuesta de Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones criminaliza a los consumidores. Retoma el enfoque de criminalización, en el que una persona que realiza el consumo de una sustancia puede ser internado en un inicio, sin evaluación médica propia, durante tres días. (Pero) estos plazos podrán ser extendidos hasta 30 días, y nos preocupa demasiado la similitud con lo que se aplica en el sistema penal; tiene una similitud sorprendente con la privación de la libertad.

En cuanto a la iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental, Víctor Lizama, de Documenta, señaló que ésta no se armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Enfatizó que la propuesta sigue considerando a las personas con discapacidad como enfermos que deben recibir tratamiento, por lo que se tendrían que hacer a un lado sus derechos humanos y limitar su capacidad jurídica.

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