16 de febrero de 2017
A ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Desde el Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300 organizaciones y personas, hemos trabajado para colocar en el centro del debate público, la discusión de un modelo de seguridad ciudadana que ponga fin a la guerra de más de 11 años.
La promulgación de la Ley de Seguridad Interior ha complicado el camino. Los espacios de diálogo para que sociedad y tomadores de decisiones construyéramos conjuntamente las soluciones a nuestra crisis de seguridad, fueron negados en el Congreso. De igual manera se ignoró el exhorto que hiciera el Presidente de la República, a no aprobar la Ley sin escuchar a la sociedad civil.
A pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales, la Ley está hoy vigente y el análisis de su constitucionalidad está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Enrique Peña Nieto, antes de promulgarla, dijo que esperaría a que la SCJN calificara su constitucionalidad sin emitir una declaratoria de Seguridad Interior; sin embargo, desde #SeguridadSinGuerra, hemos dicho que el propio ordenamiento permite la ejecución de acciones que vulneran derechos humanos, aun sin la emisión de declaratoria alguna.
Pero la espera del análisis de la Suprema Corte, por parte del Ejecutivo Federal, no ha sido paciente, pues advertimos que han existido presiones y acciones que parecieran ser una represalia a quienes han presentado las Controversias Constitucionales ante nuestro Alto Tribunal.
Es el caso del municipio de San Pedro Cholula, Puebla. La Secretaría de la Defensa Nacional canceló el convenio de colaboración que tenían para la vigilancia de carreteras, y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio, según informó el propio alcalde, José Juan Espinosa, el 19 de enero.
Desde #SeguridadSinGuerra condenamos estas acciones que pueden traducirse en afectaciones a la seguridad y derechos de las personas y manifestamos nuestro respaldo a los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; Morelia, Michoacan; Tepeyahualco, Puebla; Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Oxchuc, Chiapas. Estas autoridades municipales asumieron su responsabilidad de controvertir ante la Suprema Corte, una Ley que pretende perpetuar el fracasado modelo de seguridad pública e invadir competencias entre entidades, tras haber vivido el año más violento del sexenio.
Asimismo, respaldamos plenamente la Controversia Constitucional presentada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no solo por ser el único mandatario que lo hizo, sino porque las razones expuestas en su demanda, fundamentan plenamente la invasión que la Ley impone a la soberanía de los estados por las autoridades federales; la vulneración de la autonomía presupuestaria y financiera de las entidades; y la violación de todo el articulado de la Ley a la Constitución.
Estaremos particularmente atentos de la situación en los municipios que acudieron a la Suprema Corte y en el Estado de Chihuahua. El ejercicio del legítimo derecho que tienen para controvertir, no debe ser inhibido ni castigado por nadie, mucho menos, si de por medio se vulnera la seguridad y la vida de los gobernados. Reconocemos el valor y la congruencia de quienes, desde los cargos públicos que ostentan, están cumpliendo con su responsabilidad al defender el orden constitucional y el sistema federalista de gobierno. Es esperanzador saber que aún hay funcionarios que están dispuestos a cumplir con su deber, aún en un entorno político hostil y a pesar de las presiones que, desde distintos espacios, buscan socavar el orden constitucional en nombre de una estrategia fallida que nos tiene sumidos en una epidemia de violencia sin precedentes.
#SEGURIDADSINGUERRA
