Organizaciones, especialistas y familiares exigimos #PrisiónConLey
18 de junio de 2018
Organizaciones, especialistas y familiares exigimos #PrisiónConLey
El Sistema Penitenciario mexicano está en una situación crítica: hacinamiento, autogobierno violencia, corrupción, falta de personal y deficiencia en el acceso a servicios, se volvieron la norma. Estas condiciones afectan de forma especial a ciertos grupos: mujeres, niñas y niños que viven con ellas, comunidad LGBTTI, personas con discapacidad, personas indígenas, y sus familias.
El 16 de junio de 2016, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) en el Diario Oficial de la Federación, para garantizar la gobernabilidad y mejorar las condiciones de vida en los centros penitenciarios, a través de un cambio profundo del paradigma penitenciario y la creación de un sistema de ejecución, independiente del proceso penal, que garantice los derechos de las personas privadas de libertad sin importar su situación jurídica, económica o social.
Desafortunadamente, a dos años de su aprobación, el proceso de implementación se enfrentó a un sinfín de obstáculos: carencia en materia de capacitación, falta de recursos humanos y presupuestales, retraso en la creación de las comisiones intersecretariales y elaboración de los protocolos. Así como a la negativa de las y los jueces de ejecución para reconocer su vigencia, no aceptar su competencia en asuntos relativos a condiciones de internamiento o traslados y, por negarse en atender solicitudes de personas en prisión preventiva, o sentenciadas en el sistema anterior.
Esto perpetúa las malas prácticas que propician violencia, corrupción, extorsión a las familias e impunidad en el sistema penitenciario. Peor aún, se impulsaron iniciativas legislativas que, sin fortalecer la impartición de justicia, buscan limitar el acceso a varios artículos de la Ley a aquellas personas sentenciadas por delitos contra la salud, entre otros. Lo que representaría un retroceso en la protección de derechos humanos.
La campaña #PrisiónConLey reúne a familiares de personas privadas de libertad, organizaciones civiles e integrantes de la academia, quienes le apostamos al fortalecimiento del Sistema Penitenciario basado en los derechos humanos, desde nuestras distintas trayectorias de trabajo.
Quienes firmamos el presente comunicado consideramos que la LNEP está plenamente vigente, por lo que exigimos:
- Que los Consejos de la Judicatura eliminen cualquier acuerdo que limite las facultades de juezas(es) de ejecución;
- Que se designen a juezas(es), ministerios públicos y defensoras(es) en número suficiente, capacitadas en ejecución penal e independientes del proceso penal en todas las entidades de la República;
- Que las juezas(es) se comprometan con las facultades que les fueron conferidas y apliquen la LNEP;
- Que la Secretaría de Hacienda asigne presupuesto suficiente y etiquetado para la adecuación y equipamiento de los centros de reclusión y la capacitación de su personal;
- Que se diseñen planes de actividades personalizados, que permiten el desarrollo laboral y educativo, y faciliten la integración laboral post penal de las personas;
- Que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emita y haga públicos los protocolos de actuación que ordena el artículo 33 de la Ley;
- Que las autoridades corresponsables[1] diseñen e implementan políticas publicas penitenciarias y post penales, con perspectiva de derechos humanos y presupuesto etiquetado;
- Que se creen y fortalezcan mecanismos de coordinación y colaboración entre las autoridades penitenciarias y las organizaciones de la sociedad civil.
Recordamos a los poderes ejecutivos y judiciales, que la falta de recursos económicos no puede justificar ninguna violación a los derechos humanos por parte del Estado[2]. El plazo está por concluir y es crucial que lo establecido en la LNEP se traduzca en hechos, para que prevalezca la legalidad, dignidad y transparencia en los centros penitenciarios. Exigimos una #PrisiónConLey.
Firmantes:
Almas Cautivas A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.; Colectivo Forjando Caminos; Colectivo de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Noroeste A.C.; Documenta A.C.; Doctora Elena Azaola; Equis: Justicia para las Mujeres A.C.; Institución Renace A.B.P.; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla; Instituto Internacional De Justicia Restaurativa y Derecho; Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.; Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur; México Unido Contra la Delincuencia A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México A.C.; Reinserta Un Mexicano A.C.
Contacto: Corina del Carmen Arriola / corina@documenta.org.mx / (55) 5652 7366
[1] El artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal designa como autoridades corresponsables a “las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México.”
[2] Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diez. Serie C. No. 218, párr. 198; Corte I.D.H.
