Bajo este contexto, se abre paso la justicia transicional que ha puesto sobre la mesa la próxima secretaria de gobernación. Esta es un tipo de justicia temporal y extraordinaria que se aplica en sociedades que se encuentran en situaciones postconflicto. Según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la justicia transicional abarca una gama de procesos que las sociedades emplean para hacer frente a las consecuencias de violaciones a derechos humanos del pasado y para lograr la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación. Para alcanzar estos objetivos, los esquemas de justicia transicional pueden incluir medidas como comisiones de la verdad, procesamiento penal, programas de reparaciones y reformas institucionales.
“La regulación de las drogas y la despenalización de conductas relacionadas a su uso son fundamentales en el marco de un proceso de paz”.
En el caso mexicano, como lo expresamos cientos de personas y decenas de organizaciones en una carta dirigida al virtual presidente electo, la regulación de las drogas y la despenalización de conductas relacionadas a su uso son fundamentales en el marco de un proceso de paz. Por fortuna, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero ha dejado claro que la justicia transicional debe ir acompañada de la regulación, de tal manera que se conforme un gran paquete de medidas dirigidas a lograr la paz teniendo siempre como eje los derechos de las víctimas.
Los detalles de nuestra justicia transicional se construirán durante los próximos meses y años. Además de los desafíos institucionales que se enfrentarán a lo largo de este proceso, quizá una de las batallas más grandes será la cultural y discursiva, aquella que nos invite a reemplazar poco a poco el lenguaje de enfrentamiento por el de reconciliación y construcción de paz.
Nota completa en: huffingtonpost.com.mx
