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Fuente: REPORTE ÍNDIGO, 14/08/2018, Ernesto Santillán

Fiscales de la discordia

El plan del próximo gobierno de llegar al 1 de diciembre con los nombramientos de los nuevos fiscales definidos se contrapone con la intención de las Ongs de reformar primero el artículo 102 que garantice la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Así lo anunció la semana pasada al llegar al aeropuerto de Ciudad Juárez, desde donde inauguró el primero de los foros para la pacificación del país.

Sin embargo, el tabasqueño no ofreció ningún detalle sobre la ruta jurídica o parlamentaria que implementará para realizar estas designaciones en la fecha prometida.

De concretarse estas acciones, se pondría fin a un largo proceso que comenzó hace cuatro años con la aprobación del Congreso para la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y de una Fiscalía General autónoma que sustituya a la hoy Procuraduría General de la República.

El problema es que en ambos casos, la LXIII Legislatura fue incapaz de generar los acuerdos necesarios tanto para realizar los nombramientos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción como para aprobar las leyes y reformas secundarias que darían vida a la Nueva Fiscalía General como la Ley Orgánica y las modificaciones al artículo 102 Constitucional, el cual garantizaría la autonomía e independencia del próximo titular de este organismo.

Las exigencias de las ONG´s

El foco de atención respecto a la creación de una nueva Fiscalía General de la República que cuente con autonomía del poder Ejecutivo ha estado centrado en cómo se llevará a cabo la designación de la persona que encabezará dicho organismo.

Sin embargo, hay muchos temas que han pasado a un segundo término y que deben atenderse antes de siquiera poder pensar en llevar a cabo un nombramiento.

A través de distintos colectivos más de 300 organizaciones no gubernamentales han buscado hacer entender al nuevo gobierno la importancia de garantizar que los próximos fiscales se nombren de manera transparente, que sean independientes y que cuenten con autonomía

Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, asociación que forma parte del colectivo Fiscalía Que Sirva y la cual ha estado involucrada directamente en las mesas que se establecieron con algunos de los integrantes del próximo gobierno como Tatiana Clouthier, Zoé Robledo y Mario Delgado, explica que lo primero que tiene que quedar en claro es que sin la aprobación de la Ley Orgánica que dé vida a la nueva Fiscalía General de la República no se puede llevar a cabo el nombramiento del Fiscal.

“Hoy lo único que pueden nombrar es al Procurador en funciones y a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, pues hasta que no se apruebe la Ley Orgánica, la Fiscalía General no puede entrar en vigor y mucho menos se puede nombrar al encargado de encabezar este organismo”, indica Girault.

El objetivo de la Ley Orgánica es reglamentar la forma de organización, funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y otras disposiciones aplicables.

Una vez que esto se logre, Girault indica que se podría pasar a ver el método en el que se llevaría a cabo el nombramiento del Fiscal General, procedimiento para el cual se ha pedido precisamente la reforma del artículo 102 Constitucional, pues de mantenerse como está, sería muy difícil poder garantizar que la persona que encabece este nueve organismo sea completamente autónoma e independiente.

Actualmente, de acuerdo con el artículo 102 Constitucional, el Presidente de la República designará al Fiscal General y este nombramiento será ratificado por el Senado

Sin embargo, Pablo Girault relata que lo que buscan los colectivos que han luchado por este cambio es que se utilice un mecanismo donde también participe la sociedad civil en conjunto con el poder Ejecutivo, el legislativo y que no dependa exclusivamente del presidente.

“El método que nosotros hemos propuesto es que quienes quieran participar para convertirse en Fiscal General se inscriban y que el Senado nombre a un grupo de personas de la sociedad civil para que los auxilie a hacer un análisis de capacidades técnicas de estas personas. Al igual que el proceso para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

Después se eligen a 10 de las personas que cumplen con todos los requisitos y se le envían al presidente para que él elija a tres y finalmente el Senado determine al ganador”, dice Girault.

El consejero de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia también ve otra serie de problemas que podrían suscitarse en caso de que el próximo gobierno se niegue a escucharlos y a implementar los cambios que han sugerido.

Cuando se planteó la reforma original en el año 2014 se incluyeron dos artículos transitorios, uno que ya logró modificarse, que es en el que se permitía que el procurador en funciones se convertiría en el primer Fiscal, y el otro que sigue vigente, que dice que todo el personal que labora en la PGR se pasaría directo a la Fiscalía.

“Si no logramos que el próximo gobierno entienda la importancia de realizar todas estas modificaciones legales y constitucionales, la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General simplemente sería un cambio de membrete.

Eso nos preocupa mucho porque se heredarían todos los vicios con los que actualmente cuenta la PGR y no habría un cambio real en la manera de aplicar justicia.

No quiere decir que no haya personal ahí dentro que valga la pena porque sí lo hay, pero hay otros que no y hay redes de complicidades que fomentan la corrupción y en donde el poder político aún pesa mucho, cuestiones que no nos gustaría que llegaran a la Fiscalía”, comenta.

Por ese motivo, Pablo Girault, añade que dentro de las mesas que se han organizado para discutir el tema con el gobierno entrante han propuesto que en lo que se logra crear la Nueva Fiscalía General de la República desde cero, se mantenga por un breve periodo de tiempo a la PGR.

“Lo que estamos proponiendo es una manera de enfrentar el problema que es muy amplia, distinta y cuyo objetivo está enfocado en la creación de una institución que funcione, más que en llevar a cabo un nombramiento.

Por ello estamos buscando que se inicie una nueva institución que pueda existir por un tiempo en paralelo con la PGR, para que cuando llegue el nuevo Fiscal deveras pueda hacer cosas.

“Queremos una institución nueva que comience con un personal muy bien seleccionado, con nuevos procedimientos, nuevas instalaciones, con autonomía. Mientras vas trayendo al personal de la PGR que valga la pena”

Nota completa: reporteindigo.com