La construcción de una Fiscalía autónoma está en riesgo
Lunes 5 de noviembre de 2018
La construcción de una Fiscalía autónoma está en riesgo
● El proyecto de ley orgánica que se presentará en los próximos días, no es el resultado del trabajo
entre sociedad civil y el equipo de transición.
● Pedimos a legisladores e integrantes del nuevo gobierno que el proceso de aprobación siga el
formato de Parlamento abierto.
El pasado 10 de septiembre los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPormás, el CIDE y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal,
y la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentamos un proyecto de Ley Orgánica
para crear una nueva Fiscalía autónoma e independiente, que fue el resultado de 15 mesas de trabajo entre
organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición del próximo gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en días pasados, legisladores de la coalición con mayoría en ambas Cámaras han informado
que esta semana se iniciará el proceso de dictaminación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, distinto al
proyecto trabajado y presentado hace dos meses.
Desde #FiscalíaQueSirva advertimos que, de aprobarse el proyecto de dictamen que ha trascendido,
implicaría serios retrocesos con respecto al modelo de Fiscalía que se construyó previamente, y que ponía
en el centro a las víctimas, los ciudadanos y el combate a la impunidad.
La iniciativa que estaría por aprobarse, presenta, entre otros, los siguientes problemas:
1. No garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficiencia y malas prácticas de
la actual Procuraduría General de la República.
2. No garantiza la independencia de los fiscales para investigar.
3. Posterga el plazo previsto para que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General de la República
desarrolle el proceso de consulta ciudadana orientado a promover cambios estructurales en la
procuración de justicia.
4. Reduce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que viven en el extranjero.
5. No brinda garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el
presupuesto necesario para contribuir a reducir los niveles de impunidad en el país.
6. Duplica las funciones de investigación al otorgarle a la Coordinación General funciones que son
propias de la Coordinación de Investigación y de Persecución Penal, generando así estructuras que
tornarán ineficiente el funcionamiento de la Fiscalía General de la República.
7. Limita la transparencia y auditoría social sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas
institucionales.
8. Desnaturaliza el Plan de Persecución Penal al suprimir su categoría de instrumento público, eficaz
para la rendición de cuentas de la Fiscalía.
En respuesta a estas preocupaciones, hicimos llegar varias propuestas en una carta entregada tanto a
líderes de bancada como al equipo de transición, y refrendamos que la construcción de una Fiscalía que sea
verdaderamente independiente de todo poder político y económico ha sido un trabajo colectivo en el que se
han escuchado todas las voces y se han creado espacios propicios para el debate y los acuerdos.
Además, consideramos que el proceso legislativo debe llevarse a cabo en el formato de Parlamento abierto,
sin dejar fuera a las víctimas y a la ciudadanía que han trabajado por transformar el actual sistema de justicia,
por lo que hacemos un exhorto a los legisladores y al próximo gobierno a continuar con el diálogo para
construir las instituciones que el país necesita
