• Capacitación Policial: Tenemos una enorme pulverización en sistemas policiacos municipales, estatales y federales, cuyo principal problema es que no cuentan con un programa homogéneo de entrenamiento, una buena remuneración por sus labores y mucho menos, una distribución ordenada de competencias.
  • Coordinación Policial: Además de que cuenten con una capacitación completa y eficiente, es importante que la policía disponga de un sistema de comunicación interna, de modo que en las investigaciones dirigidas a actos de procuración de justicia y, particularmente, en aquellos que resulten en resoluciones donde sea necesario el uso del Sistema Penal Acusatorio, prevengamos un eficiente funcionamiento del mismo.
  • Fiscalías Autónomas: Para que exista un funcionamiento correcto del sistema de procuración, es menester contar con fiscalías independientes y autónomas del poder público. Además, que estas trabajen armónicamente con la policía. De nada sirve tener la capacidad de generar datos o contar con inteligencia operativa, por parte de la policía, si esta no lo comparte y, además, trabaja en forma diligente con las personas encargadas de integrar las carpetas de investigación, para eventualmente someter a proceso a los presuntos responsables. Hoy esa interacción no existe, razón por la cual tenemos los niveles de impunidad, que en muchos casos están por encima del 90%, con las olvidadas consecuencias y nula expectativa de justicia que la gran mayoría de los ciudadanos hoy tienen.
  • Recuperación del Sistema Carcelario: Es urgente que el sistema penitenciario esté nuevamente en manos del estado y no de quienes gozan de un trato preferencial, esto debido a que las bandas delincuenciales desde ahí manejan todos sus negocios y ni siquiera les cuesta la renta. Nosotros los ciudadanos, que somos sus víctimas, les estamos subsidiando desde donde operan y no podrían ser objeto de sanción porque, presumiblemente, ya están en el lugar donde están purgando una pena por sus fechorías. En este sentido, lo realmente trágico es que no solamente no son castigados, sino que desde ahí expanden sus redes de corrupción y de ataque a la vida pacífica del país. Asimismo, reclutan a personas que son detenidas, en una buena suma, por el simple consumo de drogas, como si eso fuera realmente una situación que amerita ponerlos tras las rejas, a sabiendas de que, dentro de la cárcel, se convertirán en objeto de consumo obligado e incluso la probabilidad de encontrarse con una capacitación exhaustiva para convertirse en unos verdaderos delincuentes.
  • Eliminación de la Prohibición de Drogas: A pesar de que ya hay señalamientos e incluso iniciativas que apuntan a que finalmente el gobierno del nuevo sexenio cobre razón en devolverle al Estado la capacidad de regulación de todo tipo de drogas, el paso con el que se realicen estos cambios es directamente proporcional a la mejora en resultados con los que actualmente no contamos. Es decir, solamente en la medida en que el estado tenga la facultad regular la comercialización y un marco jurídico en torno a todo tipo de drogas, como ya lo hace con otras sustancias, como: tabaco, alcohol y medicinas legalmente aprobadas, podríamos aspirar a finalmente lograr mejores resultados. En caso de no debilitar las fuentes de financiamiento de la delincuencia, seremos testigos de cómo su poder se magnifica y simplemente se engulle en las instituciones políticas de estados y municipios, afectando sus capacidades en torno a resoluciones jurídicas, localidades que hoy no tienen un sustento de legalidad, y más bien viven en un infierno ante la violencia acumulada a lo largo de tantos años.

En resumidas cuentas, existe una situación de emergencia que amerita la toma de decisiones solventes, que deben estar sustentadas en las mejores técnicas y conocimientos, no en improvisación y mucho menos, en cambios inconsistentes que no denotan variación alguna.

*Consejero de México Unido Contra la Delincuencia A.C.

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