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CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) – Después de varios meses de un juicio mediáticamente intenso, el martes nos enteramos del veredicto. El reconocido narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera purgará una pena que lo tendrá en prisión en Estados Unidos el resto de sus días. Parecería ser un escenario en el cual se reivindica la impartición de justicia y se castiga a quien infringió la ley. Sin embargo, el análisis es un poco más complejo y detallado.

La realidad de las cosas es que todo este circo, maroma y teatro no existirían de no ser por el enorme incentivo que representa la prohibición de las drogas en México. Nada de lo que vemos frente a nosotros en cuanto a volúmenes de operación, cantidades de dinero lavado, capacidad de corrupción, compra de armamento y de equipo de logística, y demás partes de este complicado entramado, podrían darse de no ser por el esquema de restricción legal que genera el enorme incentivo económico para la existencia de personajes como quien el martes fue sentenciado en una corte penal de los Estados Unidos.

Entonces la gran pregunta es si este veredicto realmente es tan exitoso como parece ser. La realidad apunta en una dirección distinta. La simple y sencilla razón es que seguirá habiendo relevos en el liderazgo de la organización criminal que, en su momento, comandó este ya famoso personaje conocido como “El Chapo”.

De esta manera, el juicio que recién culmina tendría que ser uno de muchos más que se mantienen pendientes, dado el inmediato interés de que se permita la aparición de nuevos capos que cumplan con la tarea de suplir a quien ya se sabe, pasará el resto de sus días tras las rejas. Un número interminable de juicios porque la fila no acabará mientras la prohibición subsista.

Entonces, la gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo como sociedad y país en esta pírrica guerra? Ya lo hemos expresado en muchas ocasiones, el desperdicio de recursos y tiempo es formidable cuando la lucha real tendría que pasar por eliminar el incentivo económico para delinquir y pasar esto a lo que nunca debió haber dejado de ser, un problema de salud pública con regulación eficiente.

Por último, no es posible entender que en nuestro país sigamos dispuestos a poner cadáveres y violencia a cambio de un nulo control para poder regular los procedimientos judiciales que deben ser ventilados en el extranjero. En este sentido, no solamente no estamos dispuestos a hacer ese cambio, sino que incluso la apuesta del gobierno actual es militarizar la seguridad pública. Vaya error tras error.

Parecería ser que vamos a ver muchos más de estos juicios con un común denominador: violencia acumulada, destrucción de instituciones, e impunidad y corrupción exacerbadas. Así nadie gana. Así perdemos todos.