Será una Guardia Nacional con menos Ejército y más elementos civiles. El polémico proyecto de creación de un nuevo cuerpo de seguridad que defiende el Presidente y la mayoría morenista en las Cámaras no aguantó las críticas de la oposición y de la sociedad civil. El jueves pasado, el Senado modificó la esencia misma del texto aprobado anteriormente por la Cámara de Diputados: en vez de mando militar, la futura Guardia Civil estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional.

Con más de 34 000 homicidios, el año 2018 ha sido el año más peligroso de la historia reciente del país, un 15% más que en 2017, año que ostentaba el récord de violencia hasta ahora. Desde 2006, con el inicio de la guerra contra el narco, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, cada sexenio es más letal que el anterior. Para las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, reunidos en una inédita plataforma llamada #SeguridadSinGuerra, la militarización de la seguridad es en buena parte responsable de ese panorama desolador.

Abundan los interrogantes sobre la formación de la Guardia

Pero para las organizaciones que conforman la plataforma #SeguridadSinGuerra no hay que cantar victoria antes de tiempo. “Hay un marco de interpretación amplio que nos preocupa dentro de la ley”, sostiene Alberto Solís, director de Serapaz, una organización de defensa de derechos humanos. El presidente López Obrador le dio la razón cuando declaró, un día después de la histórica votación, que el jefe de la Guardia nacional “podrá ser un civil o un militar retirado o en activo”.

Otro interrogante: en la forma, poco se sabe del reclutamiento, de la capacitación o de la formación de los 150.000 integrantes que conformarán la Guardia Nacional a finales del sexenio. Las fuerzas armadas tendrán que ceder de manera temporal elementos de la Policía Naval y Militar para iniciar con la formación de los nuevos guardias nacionales. Los nuevos integrantes no podrán ser parte del Ejército, pero sí podrán ser exmilitares.

“Pero, ¿cómo le das una capacitación y formación distintas a personas que ya vienen operando con un esquema militar, con esa práctica de combate directo, que ha generado las grandes violaciones a derechos humanos?”, cuestiona Alberto Solís.

Pero el aspecto más polémico sigue siendo el tema de la presencia militar en la seguridad del país. Según el dictamen sobre la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas seguirán en las calles durante los cinco próximos años. Esa realidad la viven los mexicanos desde 2006 y el inicio de la guerra contra el narco de Calderón, con unas consecuencias sangrientas bien documentadas: letalidad desproporcionada, violaciones a derechos humanos, ejecuciones arbitrarias, tortura.

La creación de la Guardia Nacional supondrá la desaparición de la Policía Federal

Aun así, “no se puede sacar a los militares en un instante”, explica Juan Francisco Torres Landa. “Hay municipios donde ya no hay policías y son puros militares”, agrega. Ahí está la paradoja de la seguridad en México: ¿cómo regresar los soldados a sus cuarteles, mientras han sido, y siguen siendo, fundamentales para la seguridad del país? Hasta ahora, el Plan Nacional de Paz y Seguridad no menciona ninguna estrategia de repliegue, ni tampoco se menciona el papel de los policías.

“La Guardia Nacional no servirá de nada si no hay un reforzamiento institucional, con el apoyo de las instituciones civiles”, asegura Juan Francisco, que considera fundamental eliminar la prohibición de las drogas, llevar a cabo una profunda reforma penal, y “reforzar a los policías”.

Ahí está el problema de fondo: las graves carencias de la institución policial en general y la ausencia de voluntad política para mejorarla. Peor: la creación de la Guardia Nacional supone la desaparición progresiva de la Policía Federal, creada en 1999. “¿Por qué eliminar una institución en la cual el país invirtió muchísimo?”, critica Juan Francisco, quien denuncia “una conducta incongruente y equivocada”.

Pero la peor hemorragia radica en los policías municipales y estatales, apenas mencionados en Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo Gobierno. “Son tachadas de corruptas e ineficientes, pero la primera causa de esa ineficiencia, es por abandono”, señala Landa. “Los gobernadores dejaron de invertir en la policía municipal y prefieren inversiones a corto plazo, más visibles para las próximas elecciones”.

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