Seguridad sin perspectiva de género
En línea de continuidad con las dos administraciones pasadas, López Obrador busca la permanencia de fuerzas armadas en dichas labores. Sin embargo, su plan tiene una enorme diferencia: propone modificar la Constitución para que estas continúen participando bajo la figura de la Guardia Nacional. Al margen de los peligros que esta iniciativa puede representar para el régimen constitucional en términos de federalismo y convencionalidad, en este artículo pretendo poner énfasis en uno de los grandes temas ausentes: la incorporación de una perspectiva de género en las discusiones y formulación de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno y, en concreto, en la propuesta de Guardia Nacional. Sostengo que los problemas que enfrentan de manera particular las mujeres, ante el contexto de violencia y la presencia de las fuerzas armadas, han sido prácticamente ignorados en al menos tres momentos: en el diagnóstico, en la formulación y en la deliberación.
De los operativos conjuntos a la Guardia Nacional
Con el objetivo original de luchar contra el crimen organizado y así evitar “que las drogas lleguen a tus hijos”, Felipe Calderón emprendió una estrategia de combate frontal. Con la reforma a una serie de ordenamientos en 2008, al mismo tiempo que se lograba la creación del sistema penal acusatorio, se creó un régimen de excepción que da un tratamiento diferenciado a la delincuencia organizada.1 Pese a esto y a la evidencia de los efectos negativos que la estrategia demostró tener en aumento de la violencia y surgimiento de nuevas organizaciones del crimen organizado a causa del descabezamiento de sus estructuras, el gobierno de Enrique Peña Nieto no rompió con dicha dinámica e intentó respaldar esta participación a través de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que buscaba dar sustento legal a la presencia militar mediante una confusión conceptual entre seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.
Frente al revés que la Suprema Corte de Justicia dio a la LSI argumentando la inconstitucionalidad de la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública,2 López Obrador ha ido más allá de lo que pudieron lograr sus antecesores proponiendo al Congreso una iniciativa para constitucionalizar la participación militar en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Mediante su propuesta, López Obrador busca perpetuar la presencia militar a pesar de haber declarado el fin oficial de la guerra contra el crimen organizado.3 Esto significa que, aunque la entrada en escena de las fuerzas armadas en tareas de seguridad se dio en nombre de la guerra contra las drogas, la actuación de estas continuará más allá de la misma.
El caso mexicano no es aislado. En un informe, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) documenta cómo la guerra contra el narcotráfico ha puesto en marcha el uso interno del poder militar en gran parte de América Latina.4 En este contexto, México ejemplifica perfectamente los riesgos de que la presencia militar se extienda aun cuando, al menos en el discurso, se haya declarado el fin de la lucha contra el narcotráfico.
Las afectaciones a las mujeres a causa de las políticas prohibicionistas en materia de drogas y su intensificación mediante la aplicación de leyes y políticas de mano dura, han sido ampliamente documentadas. La discriminación y estigmatización de la que son objeto mujeres que usan drogas; el encarcelamiento masivo por su participación en delitos menores de drogas; su criminalización por participar como eslabón más débil en las cadenas de tráfico (mal llamadas “mulas”), ya sea por necesidad, presión o roles de género; las sentencias desproporcionadas que reciben por cometer los mismos delitos que los hombres; las cargas de cuidado adicionales que recaen en ellas, son solo algunos tipos de impacto en nuestro país y en la región.5
En la formulación de leyes y políticas de seguridad, habría que sumar los efectos que la presencia militar en labores de seguridad y la creciente violencia han ocasionado en el caso particular de México. Sin embargo, como explico a continuación, dichas problemáticas han quedado prácticamente al margen de la discusión del plan de seguridad y de la Guardia Nacional. La falta de perspectiva de género es notoria en al menos tres aspectos: ausencia en el diagnóstico, ausencia en la formulación y ausencia en la deliberación.
* Directora del Programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia.
Artículo completo en: revista.vozyvoto
Referencias
1 Los costos del combate comenzaban a permear en nuestro régimen constitucional en al menos tres dimensiones: restricción de derechos fundamentales, conflación de funciones de distintos órganos de gobierno y centralización del régimen federal. Véase Madrazo, Alejandro (2011). Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas. México: CIDE.
2 Comunicado de prensa “La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior en su totalidad”, 15 de noviembre de 2018. Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5794
3 “AMLO dice que ‘oficialmente’ México ya no está en guerra contra el narcotráfico”, CNN, 31 de enero de 2019. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/31/amlo-dice-que-oficialmente-mexico-ya-no-esta-en-guerra-contra-el-narcotrafico/
4 Según el informe, “el despliegue de estrategias de ‘combate’ ha probado no ser eficaz para reducir el narcotráfico ni la violencia asociada a comportamientos delictivos. Por el contrario, estas medidas tienden a reproducir las dinámicas de violencia social e institucional que caracterizan a la región”. CELS (2018). “La guerra interna. Cómo la lucha contra las drogas está militarizando América Latina”, Argentina, pág. 13. Disponible en: http://fileserver.idpc.net/library/laguerrainterna.pdf
5 Véase, por ejemplo, OSF (2015). “El impacto de las políticas de drogas en las mujeres”. Disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/impact-drug-policy-women-sp-20160928.pdf