La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los subsidios a organizaciones de la sociedad civil mexicana que atienden a víctimas de la trata de personas, delito vinculado al tráfico de migrantes, fue cuestionado por varias dirigentes ciudadanas en entrevistas con Sputnik.
19/06/2019, Sputnik News, Víctor Flores García
“Cancelar los subsidios a las organizaciones civiles ha sido uno de error garrafal de este Gobierno, a partir de este año”, dijo a esta agencia Graciela Colin de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (Catwlac, en inglés),
La coordinadora del Sistema de Alerta Roja (SAT) de la asociación civil sin fines de lucro, con 16 años de lucha contra la esclavitud sexual y trata de mujeres, niñas, y adolescentes, asegura que la decisión del mandatario “afecta muchísimo a todas las víctimas y usuarios de los servicios sociales”.
Estima que son unos 50 casos que esa asociación no podrá atender correctamente por falta de recursos, que además se aplican como coinversiones con otras instituciones, inclusive internacionales.
Sociedad civil donde el Estado se ausenta
Por su parte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, lamentó la cancelación de las rondas de financiamiento del presupuesto federal a organizaciones con roles muy diferentes de atención a víctimas de distintos delitos.
La activista señala que el presidente limita el rol de las organizaciones ciudadanas a simples “intermediarias” entre el Gobierno y los beneficiarios de los programas sociales.
“En realidad la intermediación no ha sido el papel de la sociedad civil, si bien conforman un puente entre las instituciones de gobiernos y los beneficiarios finales de los programas”, responde Sánchez.
La directora de la entidad, que participa en influyentes colectivos ciudadanos como “Seguridad sin Guerra”, considera que “al contrario, las organizaciones se convierten muchas veces en vehículos de llegada y alcance hacia espacios donde no hay presencia estatal, justo donde este Gobierno tiene mayor debilidad, en su capacidad de llegar a la gente”.
López Obrador ha dicho en varias ocasiones, desde su campaña electoral, que desconfía de las organizaciones que se definen como “sociedad civil o iniciativas independientes”.
La activista que cuenta con un doctorado en la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, considera que “ese discurso es peligroso, porque las medidas de austeridad en el gasto público, en el largo plazo, terminan por desarticular la capacidad organizativa de la sociedad, sobre todo fuera de la capital”.
La experta que diseñó el Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de su organización, dijo que “ese enfoque debilita muchísimo las estructuras civiles que son verdaderamente comunitarias, fortaleciendo solo a las que tienen una capacidad de gestión superior”.
El mayor daño de esa política recae en organizaciones ciudadanas que ofrecen albergues a víctimas del tráfico o de personas.
Esas pequeñas organizaciones “tienen una menor capacidad para poder concursar por fondos de la cooperación internacional o hacer alianzas más grandes con sectores empresariales o académicos”, puntualizó Sánchez.
Lo público como monopolio del Gobierno
Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo a Sputnik que el presidente “tiene una concepción de lo público como monopolio del Gobierno y no como un espacio donde compiten diferentes sectores e ideas, con la misma legitimidad, con un sinfín de acuerdos”.
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