Viernes 7 de junio de 2019
GUARDIA NACIONAL EN LA FRONTERA SUR:
MILITARIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN
El anuncio de la militarización de la frontera sur mediante el despliegue de 6,000 elementos, se inscribe en un contexto de creciente militarización de las funciones del Estado y una continuada tendencia a usar los recursos públicos para defender intereses de gobiernos extranjeros en detrimento de los intereses de ciudadanos mexicanos. Hasta ahora, había sido la guerra contra las drogas la principal justificación para la militarización de amplios aspectos de la función pública. El principal objetivo de esa guerra ha sido incautar las drogas que, a través de nuestro territorio, van destinadas al mercado ilícito estadounidense. Como resultado se ha incrementado la violencia y los abusos de autoridad -como la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y otras prácticas inaceptables- que padecemos los mexicanos. Hoy, el anuncio de la cancillería parece una forma de profundizar la subordinación de las instituciones mexicanas a la agenda estadounidense, dando una excusa para mantener la militarización de la vida pública, justo cuando México y el mundo comienzan a transitar de la prohibición a la regulación de las drogas.
La aprehensión y criminalización de Irineo Mujica y Cristobal Sánchez, defensores de migrantes que fueron detenidos el 5 de junio, tuvo lugar en el marco de los encuentros de la delegación mexicana que negocia en Washington la no imposición de aranceles a productos nacionales. A la luz de las presiones norteamericanas para que México se convierta en tercer país seguro, esto no puede ser entendido como casualidad. Ahora, pareciera, somos los defensores de derechos humanos quienes somos ofrecidos como ficha de cambio en el proceso de militarización y subordinación a la agenda estadounidense. Desde hace semanas, diversas organizaciones e instituciones académicas han denunciado la creciente presencia de militares a lo largo de la ruta migratoria y en las inmediaciones de los diversos centros de detención migratoria y demás espacios de privación de libertad habilitados por el gobierno para la contención de la población migrante y solicitante de asilo a lo largo de la frontera sur de México.
El colectivo #SeguridadSinGuerra condena enérgicamente que la militarización, la criminalización de personas en movilidad con necesidades de protección internacional y de defensores de migrantes y refugiadas, sean moneda de cambio por la que podrían derivarse violaciones a derechos humanos, tomando en cuenta el estado de desprotección que la recién aprobada legislación secundaria dejó para las personas migrantes y la posibilidad de que la Guardia Nacional les detenga. Estamos presenciando, una vez más, el trato de problemas que no son de seguridad pública, a través de las instituciones represivas del Estado. Antes fue un problema de salud el que fue abordado como un problema de seguridad; hoy se busca atender una crisis humanitaria con el uso del ejército –extirpando facultades a las instituciones políticas (SEGOB) para entregarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana militarizada en los hechos-.
Exhortamos a todas las autoridades –y en especial al Presidente de la República– a mantener la prudencia y congruencia en las medidas que llevan al uso de la fuerza, especialmente contra las personas más vulnerables. La fuerza amenaza con ganarle a la razón cuando nuestro país emula medidas como las que el gobierno estadounidense ha determinado para militarizar su frontera sur.
La retórica de la unidad nacional no debe servir para justificar el poner en riesgo la vida. seguridad, dignidad y libertad de las personas. Mucho menos para satisfacer propósitos políticos ni intereses extranjeros.
#SeguridadSinGuerra
