El nuevo cuerpo de seguridad pública es la apuesta del presidente López Obrador para acabar con la guerra contra el narco y la crisis de violencia que vive el país.
30/06/2019, Político, ANNA PORTELLA
México celebra este domingo la puesta en marcha de su nuevo y polémico cuerpo de seguridad pública, la Guardia Nacional, en medio de críticas, recelos y dudas sobre si se trata de una institución de carácter civil o militar.
La Guardia Nacional encarna la estrategia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para poner fin a 12 años de guerra contra el narcotráfico y acabar con la crisis de violencia que vive el país.
Se trata de una institución armada intermedia inspirada en la Guardia Civil española o la Gendarmería Nacional francesa. La intención es que gradualmente sustituya hasta eliminar la actual Policía Federal en las labores de prevención de delitos, protección de la integridad y libertad de los ciudadanos y combate a la delincuencia en todo el territorio de la nación.
Su creación ha estado rodeada de críticas desde su planteamiento durante la campaña electoral del año pasado, porque expertos, activistas, políticos y ciudadanos veían en la Guardia Nacional el blanqueo del uso de militares para fines de seguridad pública.
La base constitucional para el despliegue militar
El presidente López Obrador no consiguió que la Constitución creara un cuerpo expresamente de carácter militar para combatir la delincuencia, como él quería. Pero en la práctica, podrá seguir disponiendo de la Fuerza Armada por cinco años, es decir, hasta que termine su mandato.
Expertos han visto en esta habilitación temporal una forma de perpetuar la militarización de la seguridad pública de México, es decir, una forma de legalizar lo que ya se venía haciendo desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, cuando se sacó a los militares a las calles sin contar con la habilitación legal para ello. Esto es así porque la ley prevé que la misión del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea — la Fuerza Armada mexicana — es defender la soberanía e independencia de la nación, no la seguridad de sus ciudadanos.
Pero, ¿qué problema hay con los militares?
La sociedad mexicana ha testimoniado torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones atribuidas a los militares desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles, en 2006, enviando al Ejército y a la Marina a combatir la narcoviolencia y detener a los capos de la droga.
“La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente”, afirma la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en un informe.
Según Semáforo Delictivo, en 2006 hubo 11.806 homicidios; en 2018, 28.816, con una tasa de crecimiento constante durante este periodo. El Instituto Belisario Domínguez, que forma parte del Senado, afirma que entre 2012 y 2016 hubo 5.830 denuncias contra las secretarías de Defensa Nacional y de la Marina; en el mismo período solo se iniciaron 505 investigaciones civiles contra militares por delitos y violaciones de derechos humanos, y se obtuvieron 16 sentencias contra militares por este asunto. Es decir, solo un 3.2% de las investigaciones de la fiscalía terminaron en sentencia. Y según la organización civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fuerza Armada fue la institución con más alto índice de comisión de violaciones graves.
“Los militares tienen la mentalidad de ganarle al enemigo y ganar territorio, no de disminuir la presión social, encontrar el delito y llevarlo ante el juez”, explica Pablo Girault, consejero de otra organización civil que ha seguido de cerca el desarrollo del nuevo cuerpo policial, México Unido Contra la Delincuencia.
Para calmar estas críticas, el gobierno federal firmó un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que acompañe el proceso de creación y capacitación de la Guardia Nacional con asesoría y asistencia técnica.
Con la ceremonia de este domingo, se desplegarán 70.000 agentes por 150 de las 266 regiones en las que el cuerpo tiene previsto operar antes de que acabe el sexenio. Cabrá esperar a ver cómo evoluciona y qué tan eficaz es en conseguir sus metas.
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